Un grupo de 100 ciudadanos se reunió durante los días pasados para solicitar que se permita publicar sus ideas sin censura previa. Uno de los manifestantes le señaló a este medio que “el abuso de control que V.E. lleva a cabo sobre la libertad de expresión es un crimen”.
Luego agregó que si alguna persona se sintiese ofendida, su acusación corresponde a los interesados. En cambio, los interesados serán todos los ciudadanos si la publicación “compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica, entre otras”.
De acuerdo a los solicitantes, las autoridades respectivas deberán imponer el castigo según las leyes.
“Los autores son responsables de sus obras o los impresores no haciendo constar a quien pertenecen”, finalizaron los ciudadanos.
La Real Imprenta de Niños Expósitos es el único lugar habilitado para llevar adelante la difusión masiva a través de la prensa. En estos momentos, el gobierno la utiliza como un instrumento adecuado para difundir noticias, bandos y proclamas.
Por otro lado, el Correo de Comercio, cuyo primer número salió el 3 de marzo de este año, fue primer periódico editado por un porteño gracias a Manuel Belgrano.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación analizará la "admisibilidad" del recurso del Gobierno nacional para poner en marcha la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, suspendida por una medida cautelar de la Justicia Federal de Mendoza.
Un punto no menor en este caso es que el máximo tribunal sólo se ocupa de cuestiones de fondo provenientes de sentencias definitivas de juzgados inferiores y no sobre la procedencia de una medida provisoria.
En este caso particular, el Poder Ejecutivo alegó "gravedad institucional", ya que una medida cautelar suspendió todo el procedimiento de sanción de una ley aprobada en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, algunos opositores cuestionaron ante la Justicia, entre otras cosas, que no se respetaron los tiempos legislativos para analizar el proyecto de una manera adecuada.
Si la Corte considerara inadmisible el recurso porque "no se dirige contra una sentencia definitiva", la ley quedaría frenada hasta que hubiera pronunciamientos judiciales sobre el "fondo de la cuestión", es decir si la ley es constitucionalmente válida o no.
El miércoles 19 de mayo, la Corte giró la causa a la Procuración General de la Nación a fin de que expida su dictamen, lo cual podría demorar un mes más el fallo del Superior Tribunal.