Después de varios meses de controversia, la Audiencia y Cancillería Real de Buenos Ayres decidió un caso sobre la trata de esclavos a favor de Don Alberto López y Loria, quien había sido demandado por Don Carlos Sánchez de Azcuénaga.
De acuerdo al máximo órgano judicial Don Sánchez de Azcuénaga le compró cinco esclavos a Don Alberto López que, al poco tiempo comenzaron a mostrar síntomas de viruela.
El demandante dijo que “los morenos habían contraído la enfermedad en su viaje en barco desde África pero la desarrollaron una vez instalados en su casa”, ubicada a trescientos metros de la Plaza Mayor. El Dr. Cosme Argerich trató a los pacientes y pudo salvar a dos de ellos.
Don Sánchez de Azcuénaga demandó un resarcimiento por los daños sufridos. Don López y Loria negó los cargos y sostuvo que en la ley XII del título V del libro VII sobre las leyes de indias se prohíbe a los morenos circular fuera de la casa de su amo durante la noche y como Sánchez de Azcuénaga lo permitió, la demanda debía ser rechazada.
La Real Audiencia sostuvo que no había pruebas suficientes para condenar a Don López y Loria por lo que éste fue absuelto.

A pesar de que pasaron casi 200 años desde que la asamblea de 1813 dictó la libertad de vientres y más de 150 años desde que la Constitución de la Nación Argentina de 1853, dio por abolida completamente la esclavitud, ésta aun persiste en nuestros días. Se calcula que en la Argentina hay entre 150 mil y 200 mil trabajadores textiles que no están registrados, cuyas jornadas laborales superan las 12 horas diarias.
De acuerdo a estimaciones privadas, en la provincia de Buenos Aires hay no menos de 12 mil talleres clandestinos y en la Capital Federal hay más de 3.000.
La mayoría de los trabajadores son de nacionalidad boliviana, y en muchos casos, pernoctan en las fábricas y reciben un sueldo que apenas roza los $1.000. En este aspecto, en promedio, suelen percibir dos pesos por prenda confeccionada y la misma puede llegar a valer hasta 100 veces más en el precio de venta al público.
Como si esto fuera poco, no sólo se encuentran ante el problema de la clandestinidad laboral, lo que los deja afuera del círculo de las prestaciones de la seguridad social sino que la desprotección puede llegar a terminar con sus vidas, ya que un accidente en los lugares de trabajo puede llegar a ser fatal porque las fábricas están ubicadas en sótanos no aptos para la actividad industrial.
Los fallos judiciales y las inspecciones de las autoridades no fueron suficientes para terminar con este flagelo.