Recordar password

   Suplementos
  home
  » jurisprudencia
  » doctrina
  » editorial
  » notas bibliográficas
  penal

   Suplementos
  administrativo
  ambiental
  constitucional
  consumidor
  contravencional
  económico
  internac. privado 
  penal
  procesal
  propiedad industrial
  público
  seguros
  tributario
  Edición Córdoba

   Servicios

  cómo anunciar??
  elDial.com
  elDial.Express
  boletín oficial
  guía de profesionales
  ver expedientes
  portal jurídico
  seminarios
  estudiantes
  contacto

 elDial.Express

 elDial.com
 editorial albrematica
 Te. 4371-2806 y rot.
 Fax: 4371-2806 int.11
 Tucumán 1440 (1050)
 Bs. As. - Argentina 
  e-mail
 quienes somos>>

 
   EDICION CORDOBA - SUPLEMENTO PENAL - Jurisprudencia Penal   
   
REGLA DEL CASO

La obligación de pagar los honorarios profesionales a los abogados y procuradores, cuando no han sido regulados, prescribe a los dos años a contar desde que el pleito fenece por sentencia o transacción notificada a los profesionales.

DATOS

Cont..Adm. 1ª Nom.,A.I. n° 243 del 11/06/2004.

SUMARIOS

DERECHO CIVIL. HONORARIOS DE ABOGADOS. PRESCRIPCIÓN. PLAZO BIENAL. COMIENZO DEL COMPUTO.

1. El art. 4032, inc. 1 C.C. establece que se prescribe por dos años la obligación de pagar a los abogados y procuradores, sus honorarios o derechos y dicha normativa se aplica a los estipendios devengados en toda clase de procedimientos judiciales, pero limitada a los casos en que aquellos no han sido regulados, aunque exista condena en costas, si en la sentencia se omitió fijarlos.

2. La prescripción bienal corre desde que el pleito fenece por sentencia o transacción notificada a los profesionales.

3. La cuestión debe ser también enfocada desde la óptica del deudor, quien ante el transcurso del tiempo y la inactividad de su acreedor puede razonablemente considerar que su obligación ha quedado extinguida por prescripción. Que por ello no resulta intrascendente el anoticiamiento del deudor respecto de la actitud asumida por su acreedor. Así, un importante sector de la doctrina y jurisprudencia sostiene que para tener efectos interruptivos de la prescripción, la demanda debe ser notificada. Así, se ha resuelto que La demanda debe ser notificada para que produzca la interrupción de la prescripción, ya que dicho efecto no es causado por el solo hecho de haberla presentado ante los estrados judiciales.

4. En el mismo sentido, el segundo párrafo del art. 3986 del Código Civil admite la suspensión de la prescripción, por un máximo de un año, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica, es decir, de modo que permita tener certeza de la veracidad del emplazamiento.

5. Si una de las condiciones para que se cumpla la prescripción liberatoria es el silencio o inacción del acreedor (además del transcurso del lapso legal), debe entenderse que una manifestación de voluntad suficiente para desvirtuar la presunción de abandono de su derecho inducida de ese silencio o inacción, realizada por el acreedor, debe ser equiparada a la demanda. Que tal manifestación de voluntad tanto puede exteriorizarse mediante demanda contra el deudor, entendida en el sentido técnico procesal, como por cualquier acto preparatorio que demuestre en forma auténtica que el acreedor no ha abandonado su crédito y que su propósito es no hacerlo. Ello así, debe entenderse que el pedido de prueba anticipada tiene virtualidad suficiente para interrumpir el curso de la prescripción. Si bien tales actos preparatorios merecen ser equiparados a la demanda en cuanto a los efectos interruptivos de la prescripción, no pueden tales efectos extenderse más allá del acto interruptivo mismo, debiendo concluir en la misma fecha de su producción, después de lo cual se inicia el cómputo de un nuevo plazo bienal. 
TEXTO COMPLETO

AUTO NUMERO:243
Córdoba,11 de junio de dos mil cuatro.
Y VISTOS:
Estos autos caratulados: "BISIO, JOSÉ ARMANDO C/ MDAD. DE CÓRDOBA - C.A - REHACE EXPED." (expte. letra "B", N° 17, iniciado con fecha 1 de octubre de 1992) en los que:
1. A fs. 208 y vta. las Dras. Julia D´Amico y María Soledad Molina, por apoderado, solicitan regulación de honorarios por las tareas cumplidas en la presente causa.
A fs. 210 y vta. amplían la solicitud, destacando que la base para practicar las regulaciones de que se trata está compuesta por las diferencias salariales, cuyo pago fue demandado por el actor condenado en costas, desde el momento en que fueron peticionadas y hasta la fecha de la sentencia definitiva; es decir, desde enero de 1984 y hasta abril de 2000, lo que asciende a la suma de $ 54.371,76. Que, a tal efecto, acompañan planilla de cálculos al 7/11/02 (fs. 212/213 vta.).
Estiman sus honorarios en la suma de $ 11.961.
2. Impreso al presente el trámite de juicio abreviado, a fs. 216/217 el obligado al pago opone excepción de prescripción y defensa de falta de acción.
Manifiesta que se encuentra vencido el plazo útil con el que contaban las letradas intervinientes para solicitar la regulación de sus honorarios. Que, en efecto, la sentencia recaída en autos data del 17400, habiéndose notificado el incidente regulatorio en forma recién con fecha 15503, esto es, después de más de 3 años.
Destaca que la doctrina más calificada sostiene que el cómputo para la prescripción debe hacerse desde la notificación y no desde la interposición del recurso. Que a pesar de ello, si se tuviera en cuenta la fecha de la interposición del incidente en debida forma, también se encontraría prescripto, pues éste se dedujo con fecha 261102.
Subsidiariamente, interpone defensa de falta de acción fundada en que las diferencias de haberes que las letradas procuran tomar como base no han sido materia de la sentencia que la demandada aceptó en todos sus términos, por lo que no pueden pretender que sean base de una regulación de honorarios, ya que en tal caso se violaría el principio de cosa juzgada.
Hace reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
3. Corrida vista a la contraria de la excepción interpuesta, la evacua a fs. 219/220, presentación a la que no se hizo lugar por extemporánea atento lo previsto por los arts. 510 y 516 del C.P.C.C.
4. Dictado el decreto de autos (fs. 228) y una vez firme, quedan los presentes en estado de resolver.
5. A fs. 233 se requiere asesoramiento técnico del Departamento de Actuaciones Judiciales a los fines de que proceda a calcular el interés que devengaron, mes por mes, las diferencias de haberes entre las categorías 21 y 23 detalladas en el informe de fs. 204/205, de acuerdo al criterio sentado por este tribunal en autos "Rial ..." (sentencia N°50 de fecha 17603)
6. A fs. 235/238 la Cra. Patricia Loforte evacua el informe manifestando que los cálculos de las diferencias consignadas en la planilla obrante a fs. 212/213 son correctos hasta marzo de 1991, surgiendo diferencias a partir de allí como resultado de la aplicación de las diferentes tasas de interés. Así, el importe de la planilla elaborada por la perita asciende, al 71102, a la suma de pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres con setenta y ocho centavos ($ 47.493,78), correspondiendo a diferencias salariales la suma de pesos quince mil trescientos trece con veintinueve centavos ($ 15.313,29) y a intereses la suma de pesos treinta y dos mil ciento ochenta con cuarenta y nueve centavos ($ 32.180,49).
Y CONSIDERANDO:
1. Que siendo el responde del incidente regulatorio la oportunidad procesal para oponer la defensa de prescripción, corresponde ingresar en su análisis.
2. Que el art. 4032, inc. 1, del Código Civil establece que se prescribe por dos años la obligación de pagar a los abogados y procuradores, sus honorarios o derechos.
3. Que dicha normativa se aplica a los estipendios devengados en toda clase de procedimientos judiciales, pero limitada a los casos en que aquellos no han sido regulados, aunque exista condena en costas, si en la sentencia se omitió fijarlos. 
4. Que la prescripción bienal corre desde que el pleito fenece por sentencia o transacción notificada a los profesionales. Que en el caso de autos, la sentencia data del 17400, fecha a partir de la cual debe contarse el término, atento haber sido dictada en audiencia pública.
5. Que si bien el pedido de regulación de honorarios es de fecha 261102 (fs. 210 y vta.), es decir, posterior a los dos años establecidos en la citada norma, con fecha 21100 (fs. 198) las letradas solicitantes habían requerido prueba anticipada con el propósito de establecer la base económica a los fines de promover el incidente de regulación de sus honorarios profesionales, pidiendo se oficiara a la Dirección de Personal de la demandada para que informara el monto percibido por un agente con cargo profesional categoría 221 y 223, ambos por el período comprendido entre enero de 1984 y abril de 2000. Que dicha respuesta fue incorporada al expediente con fecha 121200.
6. Que el art. 3986 del Código Civil establece que la prescripción se interrumpe por demanda contra el deudor. Que si una de las condiciones para que se cumpla la prescripción liberatoria es el silencio o inacción del acreedor (además del transcurso del lapso legal), debe entenderse que una manifestación de voluntad suficiente para desvirtuar la presunción de abandono de su derecho inducida de ese silencio o inacción, realizada por el acreedor, debe ser equiparada a la demanda. Que tal manifestación de voluntad tanto puede exteriorizarse mediante demanda contra el deudor, entendida en el sentido técnico procesal, como por cualquier acto preparatorio que demuestre en forma auténtica que el acreedor no ha abandonado su crédito y que su propósito es no hacerlo. 
7. Que ello así, debe entenderse que el pedido de prueba anticipada de fs. 198 (formulado el 21100) tuvo virtualidad suficiente para interrumpir el curso de la prescripción. 
8. Que sentado ello, la cuestión debe ser también enfocada desde la óptica del deudor, quien ante el transcurso del tiempo y la inactividad de su acreedor puede razonablemente considerar que su obligación ha quedado extinguida por prescripción.
Que por ello no resulta intrascendente el anoticiamiento del deudor respecto de la actitud asumida por su acreedor. Así, un importante sector de la doctrina y jurisprudencia sostiene que para tener efectos interruptivos de la prescripción, la demanda debe ser notificada. Así, ha resuelto la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de esta ciudad que "La demanda debe ser notificada para que produzca la interrupción de la prescripción, ya que dicho efecto no es causado por el solo hecho de haberla presentado ante los estrados judiciales" (La Ley Córdoba, año 2000 pág. 1067).
Que en el mismo sentido, el segundo párrafo del art. 3986 del Código Civil admite la suspensión de la prescripción, por un máximo de un año, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica, es decir, de modo que permita tener certeza de la veracidad del emplazamiento.
Que por ello, si bien tales actos preparatorios merecen ser equiparados a la demanda en cuanto a los efectos interruptivos de la prescripción, no pueden tales efectos extenderse más allá del acto interruptivo mismo, debiendo concluir en la misma fecha de su producción (el 21100), después de lo cual se inicia el cómputo de un nuevo plazo bienal, que en consecuencia venció a las 24 hs. del 21102 (arts. 24, 25, 27 y 4032, inc. 1, del Código Civil). 
9. Que por lo expresado el incidente regulatorio, promovido el 261102 (fs. 210 y vta.), ha sido interpuesto luego de expirado el plazo de prescripción, lo que impone acoger la excepción opuesta a su progreso.
10. Que atento el resultado de la excepción analizada, resulta innecesario pronunciarse respecto de la falta de acción opuesta en forma subsidiaria por el obligado al pago.
11. Que las costas del incidente deben ser impuestas por el orden causado atento lo resuelto por la mayoría del tribunal en autos "Córdoba, Elvio y otros c/ Municipalidad de Jesús María - plena jurisdicción", auto 129/04, debiendo diferirse la regulación de honorarios de los Dres. Marissa Servato, Félix López Amaya y Alejandro José Barilari hasta tanto manifiesten y/o acrediten los extremos del art. 25 bis de la ley 8226. 
Por todo ello y normas legales citadas,
SE RESUELVE:
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por el obligado al pago.
2. Costas por el orden causado, difiriendo la regulación de honorarios Dres. Marissa Servato, Félix López Amaya y Alejandro José Barilari hasta tanto manifiesten y/o acrediten los extremos del art. 25 bis de la ley 8226.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.

Copyright © elDial.com - editorial albrematica

 
 

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

 
   

Directora: Dra. Natalia González - Propietario: Albrematica S.A. - Política de Privacidad - Aviso de derecho de autor - Defensa del Consumidor
Copyright 1997 - 2009 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) Cap. Fed.
Telfax (5411) 4371-2806 - E-Mail: info@albrematica.com.ar