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   EDICION CORDOBA - SUPLEMENTO PENAL - Jurisprudencia Penal   
   
REGLA DEL CASO

El usuario del servicio público de telefonía tiene legitimación activa para exigir de la empresa prestataria del mismo información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del mismo, pudiendo -en caso de no serle brindada- reclamarlo judicialmente por la vía de acción de rendición de cuentas.

DATOS

Juzg. 1ª Inst. y 19ª Nom. CyC, Córdoba. Sent. 103 del 24.03/2003 (firme).

SUMARIOS

DERECHOS DEL CONSUMIDOR. SERVICIOS PÚBLICOS. RENDICIÓN DE CUENTEAS. SERVICIO DE TELEFONÍA. DERECHO A INFORMACIÓN. PROCEDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. La rendición de cuentas tiene por finalidad: a) poner en conocimiento del dueño de los bienes, asuntos o intereses administrados, todo lo que se ha ejecutado, cumplido, percibido o gestado por su cuenta, es decir historiar el desarrollo de las gestiones efectuadas; b) determinar y establecer la situación respectivas de las partes con referencia a los bienes, intereses o asuntos administrados o gestionados, esto es, precisar quien revestir, respecto de ellos, el carácter de deudor o acreedor; c) determinar el saldo deudor o acreedor que, en definitiva, resulte en favor o en contra del que administró o gestionó los bienes o intereses.

2. Son múltiples los casos que se presentan tanto en la relaciones privadas como en las comerciales, en que una persona (física o jurídica) tenga que rendir cuentas a otra de una gestión realizada que generalmente es de orden económico, pero también, las leyes prevén casos específicos en que la rendición de cuentas constituye una obligación, así es como encuentra su génesis en la órbita del Código Civil, entre otros casos a los tutores, curadores, albaceas testamentarios, administrador de sociedades, mandatarios, gestores de negocios, como así también en materia mercantil, pero ello no es taxativo, basta que, en honor a los supuestos expuestos, se hayan administrado bienes, gestionado negocios, ejecutado un hecho que involucre un interés ajeno, etc., para que surja la obligación de rendir cuentas.

3. El art. 25 de la ley 24.240 exige a las empresas prestadoras de servicios públicos (en este caso Telecom), la entrega al usuario de "constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes ...". En concordancia con esta norma, el art. 4 señala expresamente que quienes presten servicios, entre otros, deben suministrar a los consumidores o usuarios "en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos".

4. El derecho a la "información" por parte del consumidor o usuario, cobra una vital importancia en la contratación, afirmándose doctrinariamente que "ha venido a convertirse en una nota característica del objeto de los contratos", con fundamento y en virtud de que "este derecho no es otro que la desigualdad de conocimientos que los contratantes presentan en una relación jurídica privada".

5. El "interés" del accionante radica esencialmente en el derecho que él tiene a que se le brinde una información "veraz y detallada" del porqué del monto establecido en un rubro de la factura, para que, una vez concretada la misma sepa con claridad y sin duda alguna, que es lo que abonó y si dicho monto está bien discriminado en la factura o no. Información ésta que constituye una obligación legal que no puede ser desconocida por la prestadora del servicio y mucho menos darla por cumplida porque se dispuso devolver "la suma correspondiente al concepto cuestionado" y dar así por cerrada de manera unilateral, atendiendo a razones comerciales.

6. El art. 52 de la Ley 24.240 señala que "el consumidor o usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectado o amenazados". En el sub-examen, conforme lo analizado existe un "interés" afectado en el consumidor o usuario accionante, quién se encuentra legitimado en función de lo dispuesto por el art. 1 de la citada norma legal, resultando obligado y legitimado pasivo la accionada en virtud de lo dispuesto por el art. 2.
TEXTO COMPLETO

SENTENCIA NUMERO: ciento tres
Córdoba, veinticuatro de marzo de dos mil tres.---------
Y VISTOS: Estos autos caratulados "JIMENEZ VILLADA TOMÁS EDUARDO C/ TELECOM ARG. STET FRANCE TELECOM S.A. -RENDICIÓN DE CUENTAS-" en los que a fs. 28/41 comparece el señor Tomás Eduardo Jiménez Villada promoviendo demanda en contra de la empresa Telecom Argentina S.A. Stet France Telecom S.A. persiguiendo se condene a la demandada a rendir cuentas de la gestión llevada a cabo, con la descripción pormenorizada de las operaciones contables técnicas realizadas, fórmulas de facturación conforme información y datos considerados y la documentación fehaciente que compruebe, de las facturaciones que menciona, los conceptos que la contienen, en base a las consideraciones que expone. Solicita costas.------------------
Que desde una fecha que no puede precisar, pero que tuvieron origen en la estatal Entel, y siguen siendo en forma monopólica hasta el presente por la demandada, tiene contratados servicios telefónicos a través del número 03543 - 42-1435. Que con posterioridad obtuvo una línea dedicada a Internet con el Número 44-5965. Que el servicio prestado en las líneas es conceptuado como abono general casa de familia, en ambas líneas pero con distintos importes. Que desde fecha que no puede precisar, se comenzó a incluir en la facturación el rubro mencionado como Servicios de terceros no Telecom. Que al recibir la factura por servicios emitida el 08/11/99 Nro. 8202-00294366, con vencimiento en diciembre de 1999, fue sorpresivo el exagerado monto facturado por el concepto mencionado que ascendía a la suma de $ 71,75. Que llamó la atención pues, ante facturas anteriores con altos importes en este concepto, se había dispuesto un especial cuidado en las llamadas a telefonía celular. Que el vencimiento de la factura se operó antes de recibida, por lo que se procedió a abonarla de inmediato, siendo advertido por el cajero que en el margen constaba la prórroga del vencimiento, no existiendo constancia de segundo vencimiento con cargo de intereses, como es reglamentario. Ambas violaciones legales y reglamentarias. Que resultó que se estaban facturando llamadas en exceso, no sólo en importe, sino en la cantidad de las mismas.----------------
Que por tal razón formula reclamo ante la CNC y la demandada a través del Número 112 de servicio al cliente, a raíz de ello, la demandada emite recibo Nro. 0002-05-020164 el 15/12/99 estableciendo el pago a cuenta de $ 284,16 de la factura mencionada, ya que se restaba el concepto reclamado por $ 71,75. Manifiesta que el recibo de pago, fija como fecha de vencimiento, el feriado 25/12/99, e imponen extorsivo apercibimiento de tener por desistido el reclamo, ante el no pago en fecha del recibo, aspecto no previsto en el RGCSBT que se incluye en las guías telefónicas. Que incumplir plazos arbitrariamente fijados por la propia demandada implica pérdida irremediable de derechos como consumidor afectado. Que al haber pagado ese importe reclamado el 14/12/99, no causó preocupación tan autoritario e ilegal apercibimiento, violatorio de elementos consagrados en las leyes de fondo y que la CNC no verifica. Que demostrando falta de respeto por el cliente y la reglamentación a su cargo, indudablemente por su carácter de prestador monopólico del servicio, a los tres meses, impuso mediante envío simple en el correo, la respuesta al reclamo, por el que se le hace saber que "... de acuerdo a verificaciones practicadas existe un crédito a su favor por el importe de $ 71,75 ...".--------------------------------------
Que en el mes de abril había recibido un informe de su reclamo efectuado en la CNC, y con tal motivo formuló una nueva presentación en término (10/05/00), y la reiteración de pedido de investigación al órgano de contralor sobre el hecho concreto. Que hasta el día de presentación de la demanda no recibió ninguna comunicación de la CNC sobre todos los aspectos puntuales expuestos sobre rubros "terceros no Telecom" facturados. Que en marzo fue determinado el crédito y recién en la factura de servicios prestados el mes de mayo, se incluyó el mismo. Que tres meses después se concreta la devolución de lo mal facturado y cobrado, según su propia verificación. Que antes su negativa a reconocer la legitimidad del crédito, se comunica con el servicio de atención al cliente y solicita instrucciones para abonar la factura incluyendo el mismo. Que le informa la imposibilidad de la petición. Que finalmente abonó la factura tal como había llegado.------------------------------------------------------
Que en febrero de dos mil uno y ante la falta de noticias de la CNC a su reclamo en el domicilio indicado en las facturas y personalmente al Presidente de Telecom, se intimó a rendir cuentas de la totalidad de los fondos que le fueran entregados a su representada en administración y como gestión d negocios, conforme los importes liquidados, facturados y percibidos en la totalidad de las facturas emitidas por la demandada bajo el rubro servicios de terceros no Telecom y especialmente a la factura impugnada específicamente. Que si la demandada verificó la improcedencia de la totalidad del importe facturado por la suma de $ 71,75 implicó un irregular proceder de su parte o de sus representados. Que así surge de la sábana de llamadas emanada de la demandada, en la que constan llamadas realizadas desde su teléfono a celulares que reconoce han sido efectuadas pero no su cantidad al número de su esposa, con el que aún se cuenta. Que ante esa irregularidad y nula seriedad que revela la verificación efectuada, se desprenden dos circunstancias fundamentales vinculadas con la relación jurídica generada en relación a los derechos del consumidor que surgen de la relación contractual con la demandada. La primera está referida a los mecanismos de determinación de los importes integrantes del concepto "servicios de terceros" y la segunda que si ello había ocurrido una vez, podía haber ocurrido en otras oportunidades de las distintas facturaciones. Que su seguridad como cliente dejó de existir y se transformó en una relación de administración de fondos de dudosa transparencia.-------------
Que la formal intimación efectuada fue recibida por el destinatario, en su respuesta del 06/04/01 se reconoce haber satisfecho su reclamo y acreditado el importe, y por ello carecen de sustento sus pretensiones e impugnaciones efectuadas por su parte. Que la demandada puede donar el importe del reclamo al reclamante, sin que tenga otros alcances y consecuencias y así, da por concluida unilateralmente la situación jurídica generada, reclamada y no satisfecha. Que no existió la rendición de cuentas solicitada. Que se informa la existencia de una supuesta verificación, cuyas características se desconoce, y a que se ignora si es técnica, legal, contable, etc. Que no sabe si se refiere al específico reclamo de la factura con vencimiento en diciembre de 1999, tampoco sabe si se refiere a la totalidad de los distintos importes facturados y reclamados. Que tampoco rinde cuentas por los últimos sesenta días corridos, anteriores al 28 de febrero de 2001, que se recibió el reclamo por el concepto en cuestión. Que la supuesta verificación sumada a la generación del crédito no reúne los alcances de la rendición de cuentas, según se ha detallado.----------------------------
Que la respuesta de la demandada debe ser interpretada como una cesión gratuita de un crédito y a esa cesión se juzga como donación. Manifiesta asimismo que no acepta y rechaza la cesión de créditos efectuada, no sólo por la expresa manifestación de voluntada, sino por lo expresado ante la autoridad de control y previo a efectivizarse el crédito, todo ello conforme a las razones que expresa.----------------------
Que la demandada presta un servicio básico telefónico domiciliario de neto carácter monopólico, que se constituye en una indudable relación contractual de consumo, regulado por el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico. Que son de aplicación normas de derecho de fondo, en tanto y en cuanto la propia demandada hace constar que es conforme a detalle por cuenta y orden de terceros. Que cualquiera sea la relación jurídica existente con los terceros no Telecom como al manejo de fondos del consumidor cautivo, obliga a la demandada a entregar a este pagador las facturas acorde a los hechos y derecho vigente, para saber en qué consiste lo efectivamente pagado y cómo se administró. Que no hacerlo implicaría el manejo de verdaderas fortunas sin instrumentos legales que blanqueen los fondos instrumentados por este concepto, no sólo vinculados con los intervinientes, sino con relación a la Afip, ante la omisión de facturas por esos importes y ante el millonario número de clientes de la demandada y los fabulosos importes que significan.------------
Que semejante situación jurídica, no puede ser reemplazada con la cesión de créditos o donación, con la que alegremente pretende la demandada desentenderse del problema, involucrándose en una actividad que no está dispuesto a consentir ni participar.--------------------------------------
Que también se configura una violación a la Ley 24.240, art. 25, sobre información al usuario, que obliga a las empresas a entregar constancia escrita de las condiciones de la prestación, de los derechos y obligaciones de ambas partes y también, que deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público. Que en oportunidad del primer reclamo, la respuesta es violatoria del reglamento básico en sus arts. 28 y 29 del anexo I. Es así, pues la respuesta dada es absolutamente irregular en términos reglamentarios. Que no informa nada sobre los importes cuestionados, limitándose a la utilización de una formula informática "efectuadas las verificaciones". Que con independencia de rechazar su reclamo documentado, el presidente de Telecom debió hacerle entrega, como consumidor, al menos la descripción de la operatoria, con los derechos y obligaciones de cada uno de los intervinientes y los alcances pertinentes. Pero, sostiene que la carta documento de rechazo, sólo se limitó a vaguedades más desinformadoras y a negar dolosamente, el reclamo concreto por los sesenta días anteriores a la intimación. Que es la propia conducta de la demandada la que lo obliga a interponer la presente acción de rendición de cuentas como cliente cautivo y consumidor obligado de sus servicios, ante los incumplimientos legales y reglamentarios en que incurre. Que no solo no informa por los sesenta días que reconoce, sino que incumple la normativa vigente.------------------------------------------------------
Cita el art. 25 de la Ley 24.240 el que transcribe. Que la norma es inobservada por la demandada, como surge de las facturas adjuntas. Que no existe en las oficinas de atención al público ni es informada en la línea 112 de atención al cliente. Que la situación coloca en infracción e imposibilitada de invocar su propia torpeza para beneficiarse con una supuesta facturación en forma como manifiesta en su respuesta a su reclamo. Que semejante violación a los derechos del consumidor, pretendió ser lavada con la cesión de créditos o donación, coartando el derecho a reclamar indemnización alguna. Que la inconducta de la demandada al no rendir cuentas, imposibilita el control de su parte sobre las obligaciones legales impuestas a esos prestadores y niega sus derechos como consumidor, a poder controlar, eficaz y fehacientemente, la facturación que deberían efectuar. Si es que ésta existe, y si le son transferidos, efectiva y totalmente, los importes percibidos.--------------------------
Que luce como una irreverencia pretender ocultar las violaciones formales cometidas, consagrados constitucional y legalmente, bajo el pretexto de una norma reglamentaria, que también se viola y se interpreta arbitrariamente, y una donación, llegando al absurdo de pretender así, la derogación de todo un sistema jurídico institucional, configurado por la C. Nacional, el Código civil, Ley de defensa del consumidor, Leyes Fiscales y Penales Tributarias. Que le resulta aplicable la doctrina de los actos propios.-----------------------------
Cita el art. 37 de la ley 24.240 el que transcribe. Que la desnaturalización de obligaciones o cláusulas que importen renuncias de derechos, como sería la imposibilidad reglamentaria de exigir la rendición de cuentas de los pagos efectuados, ceden frente al orden público y tienen su plena vigencia. Que el plazo para reclamar la rendición de cuentas, será la de la prescripción de las obligaciones contractuales de consumo. Que la interpretación más favorable el plazo prescribe a los diez años.------------------------------------
Cita el art. 68 del C. de Comercio, que impone a la demandada el deber de asentar en los libros todas las cuentas que se lleven a cabo. Que su parte sólo pretende que las obligaciones impuestas por el C. de Comercio, sean hechas conocer mediante el procedimiento, conforme los derechos de consumidor antes descriptos, y en función de la gestión llevada a cabo por la demandada. Cita asimismo el art. 19 de la ley 24.240 sobre modalidades de prestación de servicios el que transcribe.-----
Que es demostrativo de la falta de respeto de la legislación, es que ante el reclamo por el importe de una comunicación internacional, no se conciben la cantidad de irregularidades cometidas, tales como una demora de más de 30 días, no explicitan los motivos del reclamo, no se fundamenta el contenido de la respuesta, se utiliza el pretexto del historia del cliente y criterios comerciales, para la donación del reclamo, se pretende hacer creer que la facturación es correcta, pero ante su criterio donan el importe, no se ofrece el pago como se impone y unilateralmente la demandad dispone la acreditación en próxima facturación, omiten la indemnización que corresponde ante los importes indebidamente facturados.---------------------------------------------------
Que la maliciosa negativa de la demandada, disponiendo de los más adelantados progresos tecnológicos, más maliciosa resultaría la facturación. Que la contabilidad está perfectamente organizada y controlada, en base a programas informáticos adecuados para manejar su desenvolvimiento técnico, económico, financiero y contable, adecuado a la dimensión de la corporación, conforme los más de cinco millones de clientes que posee. Que su equipamiento como sus programas, revelan una categoría superlativa, por la velocidad, efectividad y prestaciones que demuestra en su favor. Que el 14/12/99 se reclama la factura, al día siguiente se expide recibo de pago a cuenta, con vencimiento a diez días corridos, con el insólito vencimiento del 25 de diciembre que es feriado, demostrativo de una estructura informatizada. Que los días de vencimiento, las demoras en los pagos, los recargos, las llamadas recordando la demora en el pago, el corte automático del servicio, insistiendo en las obligaciones del consumidor cautivo que las ha incumplido que las ha incumplido, funcionan a la perfección conforme los adelantos tecnológicos expuestos y las rutinas del software utilizado.--
Que cuando los derechos del consumidor en juego, comienza a fallar la informática, y en una suerte de túnel del tiempo, nos retrotraemos a las épocas de la privatizada Entel. Que son tres meses para verificar un reclamo y tres meses para acreditarlo. Que muy escuetamente, manifiestan una negativa irrazonable de los hechos y el derecho que motiva esta demanda. Que si el funcionamiento operativo de la demandada estaba basado, en su información no tiene lógica que no se pueda llevar a cabo la rendición solicitada. Que la base de datos, podrá informar con precisión el día, el recibo o factura, cheque y número y hasta quienes ordenar la confección, cuando se abonó a los terceros en cada oportunidad y cuanto, por ejemplo. Que esta circunstancia no ocurre cuando el reclamo directo es del consumidor cautivo de esta monopólica empresa, imponiendo términos fatales con pérdidas de derechos, o que lo obligan a desistir por cansancio, ante los largos tiempos que dejan transcurrir, pese a su violación sistemática de los derechos del consumidor, o imponen plazos fatales de exigua brevedad y neto carácter extorsivo, para tornar ilusorios los derechos de sus clientes.----------------
Manifiesta que demostrará que toda la operatoria cuestionada y vinculada con el concepto "servicios de terceros no Telecom", y que también es aplicable a gran número los rubros que factura regularmente la demandada a sus consumidores cautivos, obedece a un indudable manejo deliberado de datos. Que es informáticamente imposible, que el supuesto error que contienen las facturas cuestionadas, no hayan sido inducidos por personal especializado en la materia. Que la sábana de detalle de llamadas efectuadas, tiene diferencias con las informadas en el rubro cuestionado de la factura. Que no puede ser error casual, que el mayor número de llamadas facturadas, efectuadas a telefonía celular, lo fueron a aparatos de la compañía Telecom Personal S.A. de propiedad de la demandada. Que tampoco puede ser error casual, que el número de llamadas a Telecom Personal facturadas, superen en importante porcentaje a las que existen listadas en el detalle. Que tampoco es error casual, que efectuada la impugnación, aparezca la generosidad de la demandada donando ese importe. Que lo mismo que en la llamada internacional. Que en ambos casos, una indudable malicia sin retorno que exhiben y pretenden justificar con la donación de los créditos. Que si la facturación fuera manual a cada cliente, se podrían imputar falencias a errores humanos, pero que ello no ocurre.---------
Que en informática no ocurren casualidades, sobre todo en sistemas de tecnología de última generación como dispone la demandada. Cita ejemplos. Sostiene que informáticamente no se reconoce como error la facturación en exceso. La respuesta es un formulario informatizado al que sólo se le agrega el importe reclamado. Lo insólito y descabellado, es que tiene por cancelado el mismo, por su historial como cliente y criterios comerciales.----------------------------------------
Formula consideraciones finales, manifestando que quedaría probadas las circunstancias fácticas y su fundamento jurídico, para formular la pretensión de rendición de cuentas, de la totalidad de las facturaciones efectuadas por la demandada Telecom bajo el concepto cuestionado. Que el modus operandi demostrado, quedará perfeccionado con la prueba que eventualmente deberá producirse oportunamente, en caso de negar el derecho a exigir la rendición de cuentas y no llevarla a cabo. Que ello clarificará el manejo discrecional y arbitrario que lleva a cabo como prestataria de un servicio público privatizado, totalmente antirreglamentario y violatorio de leyes de fondo. Que en la rendición de cuentas, que deberá ajustarse al reglamento, a la ley de defensa del consumidor y normas de fondo, quedarán aclaradas todas las circunstancias de hecho que rodean las facturaciones que deberán ser absolutamente equivalentes en cuanto a tarifas ofertadas y aprobadas por la CNC, tiempos de duración de las llamadas, cantidad de llamadas. Cita otro ejemplo. Que todos los usuarios del servicio resultan víctimas de los manejos informáticos de la demandada, violatorios de elementales derechos de propiedad y consumidor y de la reglamentación emanada y "supuestamente" verificada por su órgano de contralor, la CNC. Que cualquier cliente que no haya tenido la preocupación de analizar las facturaciones recibidas, puede ser, y es víctima de alguna de las innumerables maniobras que se pueden llevar a cabo mediante el software utilizado en la forma de efectuar facturaciones y liquidar los importes que percibe la demandada de los mismos.---------------------------
Ofrece pruebas consistentes en: documental; confesional; prueba de libros; pericial e informativa. Formula reservas de derechos. Solicita en definitiva que se condene a la demandada a rendir cuenta documentada en legal forma y mediante comprobantes fehacientes de la totalidad de los rubros facturados bajo la denominación de "servicios de terceros no Telecom", desde la implantación del sistema.------------------
Impreso el trámite de ley a fs. 89/102 de autos la empresa demandada, por intermedio de sus apoderados contestan la demanda. Oponen en primer término la defensa "sine actione agit", toda vez que no se dan ninguno de los requisitos para la viabilidad de la pretensión ejercida. Que debe comprobarse por parte del sentenciante, no sólo la existencia de aptitud procesal sino también la legitimación sustancial activa, esto es, establecer si quien introduce la pretensión cuenta con el título jurídico invocado como justificante de la misma. Que no existe legitimación activa por lo que el actor carece del derecho de requerir la rendición de cuentas. Que ello es así porque está obligada rendir cuentas toda persona que haya administrado bienes, gestionado negocios total o parcialmente ajenos, aunque sean comunes del administrador o gestor con otra persona; ejecutando un hecho que suponga el manejo de fondos o bienes que no le pertenecen en propiedad exclusiva y no por el simple hecho de mediar un contrato, aunque el mismo suponga la ejecución sucesiva de prestaciones y medie o haya mediado alguna controversia sobre el cumplimiento de alguna de las prestaciones previstas en el mismo. Que la rendición de cuentas puede ser exigida por los que tengan interés en el negocio, es decir, el dueño del mismo o quién ha encomendado a otro una gestión y respecto de quién ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta o en interés de un tercero.------------------------------------------------------
Que la rendición de cuentas es una obligación de hacer que pesa, sobre los tutores y curadores cuando acaba la tutela o curatela, en el término en que el Juez lo orden; mandatarios; administrador de una sociedad y los socios que la representan, gestores de negocios, comisionistas; socios gestores de una sociedad accidental o en participación; administrador de bienes en condominio; acreedor anticresista; heredero beneficiario; albacea; depositario autorizado a vender en caso de mora; el administrador judicial; el poseedor de mala fe al titular del dominio que reivindica su inmueble por los frutos percibidos. Que la enumeración no es taxativa porque la obligación de rendir cuentas alcanza a todos los que administran bienes total o parcialmente ajenos, realizando actos o gestiones a su nombre, por cuenta, en cargo o delegación de otra persona, supuestos en los que corresponde aplicar analógicamente las reglas del mandato.----------------
Que el accionado no reviste ninguna de las condiciones que lo habiliten, respecto de la demandada, a pedir la rendición de cuentas. Que la relación jurídica establecida con la demandada Telecom, cuya naturaleza y régimen jurídico explicita. Que la relación entre la empresa y el cliente es de índole contractual, regida por el contrato de suministro del servicio básico telefónico, cuyas condiciones esenciales han sido predispuestas por la autoridad regulatoria. Que se trata de servicios telefónicos, de una relación contractual entre dos sujetos de derecho privado. Que Telecom Argentina es titular de una licencia de explotación otorgada por el Estado. Que se debe tener presente que las disposiciones legales del proceso de privatización, distinguen entre servicio básico y telefónico y servicios en régimen de competencia. Que las empresas telefónicas licenciatarias del servicio básico no podían prestar los servicios en competencia, salvo que lo hicieran por sociedades separadas. Que el servicio básico telefónico, según la definición del pliego consiste en la provisión de los enlaces fijos de telecomunicaciones que forman parte de la red pública o que estén conectados a dicha red y la provisión por estos medios del servicio de telefonía urbana, interurbana e internacional de voz viva. Que el monopolio supone la supresión de la concurrencia en el mercado de distintos operadores respecto de un servicio o producto determinado. Que en el caso de las telecomunicaciones, no se impidió la participación en el mercado de operadores que prestaran las mismas, siempre que no constituyeran servicios de telefonía básica. Que las personas podían sustituir el servicio por otro. Que la exclusividad estaba ampliamente justificada por las exigencias rigurosas en orden a inversiones, especialmente las referidas a la maduración de la red, establecidas en el pliego. Que el servicio se prestó en forma exclusiva hasta el día 08/11/99, pero también lo es que se pusieron en cabeza de las empresas licenciatarias metas muy gravosas, particularmente con relación a la prestación universal. Que el mentado monopolio no ha sido más que una exclusividad en la prestación de uno de los servicios de telecomunicaciones y absolutamente regulado, de manera tal que no pudieron nunca existir los efectos más perniciosos de un régimen de esa índole, como son la fijación de precios por la sola voluntad del operador o la determinación unilateral de las condiciones de la prestación, en tanto ambos extremos, absolutamente relevantes son fijados por el Estado.-----------
Que en el contrato el cliente ejerce su derecho y cumple con sus obligaciones. Que en dicha normativa, ni se establece la obligación de la licenciataria de rendir cuentas, ni surge dicha obligación en forma implícita la obligación de rendir cuentas. Que el Reglamento establece el procedimiento observar por las partes en los casos en que median reclamos por facturación, que los mismos pueden ser hechos hasta los 60 días corridos contados de la fecha de vencimiento de la factura. Que en el concepto cuestionado se incluyen servicios prestados por extraños a la empresa licenciataria del servicio básico, como son los prestadores del servicio de telefonía celular.------------------------------------------------------
Que la modalidad consiste en que el abonado o usuario que origina la llamada paga adicionalmente a la tarifa del prestador de origen, el precio correspondiente a la terminación de la llamada en la red de destino. Que el art. 3 del reglamento prescribe que las licenciatarias del servicio básico y los operadores independientes, facturarán los importes resultantes de la modalidad "abonado llamante paga" por cuenta y orden de los prestadores de servicios móviles, discriminando el importe por tal concepto. Que además de lo facturado en concepto de terminación de la llamada en la red de destino corresponde íntegramente al prestador que brinda el servicio móvil, debiendo éste acordar con las operadoras que efectúen la facturación y cobranza, la compensación correspondiente por tal servicio. Que la facturación de estos servicios motivó la queja del actor. Que el reclamo fue tomado en cuenta por la compañía telefónica, enviando de inmediato una comunicación al cliente. Que se le remitió un formulario para el pago a cuenta de los servicios no cuestionados. Que Telecom optó así por el sistema previsto en el punto b) del artículo 27 del mismo, cobrar el abono y la parte de la factura no cuestionada por el cliente. Que en el caso, dicha opción no era operativa por cuanto el cliente había pagado íntegramente la factura. Situación desconocida por Telecom al aceptar el reclamo y tramitarlo. Que una vez formulada esa contestación por parte del servicio de atención al cliente, y atento a que el reclamo implicaba desconocer llamadas a celular o su duración, correspondía efectuar un estudio en los planteles utilizados para la comunicación y verificaciones en las centrales. Que el trámite, debido a la época de lluvias que impone a los equipos revisadores arduas tareas de reparación, se excedió el plazo de 15 días previsto por el art. 28 del Reglamento y teniendo en cuenta el perfil comercial del actor se dispuso atender en forma favorable el reclamo y disponer la restitución de la suma del rubro cuestionado. Que decisiones de ésta índole se adoptan en muchas ocasiones atendiendo a razones comerciales que la empresa puede adoptar dentro de sus atribuciones, por lo que la cuestión quedó cerrada.------------------------------------------------------
Se pregunta qué se persigue con la rendición de cuentas solicitada, que el interés debe estar definido perfectamente y ser además actual aunque verse sobre la protección de derechos eventuales o futuros. Que el actor, no tiene un interés digno de tutela jurídica. Que no ha explicado en su demanda ni surge de elemento alguno cuál es la prestación que requiere de la accionada como consecuencia de la rendición de cuentas si lo que, en todo caso, debía darle ya se lo dio, como se extrae de los propios términos del libelo inicial. Que la declaración de rendir cuentas está sujeta a la comprobación por parte del juez no sólo de la existencia de la situación jurídica en virtud de la cual el demandado se halle obligado a la misma. Que no toda relación jurídica origina la obligación de rendir cuentas. Que el adquirente de una mercadería cualquiera puede requerir al vendedor en caso de incumplimiento, la entrega de ella o, en su caso, el cumplimiento de cualquier obligación que le es ajena, como por ejemplo, el otorgamiento de las garantías a que se había comprometido, pero no a requerir se le rinda cuentas respecto de las prestaciones esenciales o secundarias incumplidas, como por ejemplo, sobre las bonificaciones no otorgadas. Que es bien claro que Telecom es la empresa obligada a facturar por el servicio, conforme a las normas que menciona y que le imponen el cargo de hacerlo por cuenta y orden de los operadores de telefonía móvil. Que la exigencia para el usuario se ha cumplido acabadamente. Que Telecom factura a sus clientes cargos por cuenta y orden de terceros. Que esto ocurre no solamente en punto a la utilización de la red de destino de la llamada. Que también se da por otros servicios prestados por terceros. Que en la factura telefónica, se incluyen operaciones realizadas con el correo, servicio de valor agregado como son los juegos televisivos e inclusive la liquidación de impuestos municipales y provinciales. Que tales cargos se factura a los clientes en forma discriminada y con la mayor información posible, como da cuenta la documentación acompañada por el actor. Que la argumentación del actor no tiene en cuenta la regulación legal. Que las licenciatarias del servicio básico están obligadas a facturar a sus clientes y en beneficio de las empresas prestadoras de los servicios móviles los cargos por las llamadas. Que el accionante no puede alegar ignorancia respecto de la regulación del servicio porque efectivamente se comunican a los usuarios el cuadro tarifario y las condiciones de prestación del servicio. Que el usuario no está obligado a usarlo y si lo hace, antes, debe imponerse de las condiciones y tarifas del mismo y para ello tiene disponible toda la información. Que además, el servicio de atención al cliente, despeja cualquier duda sobre las condiciones de uso.----------
Que carece de asidero sostener que Telecom no cumple con la obligación de información al usuario prevista en el art. 25. Que la información de los usuarios se brinda a través de canales habituales y las tarifas han sido fijadas por el Estado. Que el reclamo fue resuelto como correspondía y el monto facturado le fueron informadas acabadamente con la factura. Que el actor no ha demostrado en la demanda en qué reside su interés de que le sean rendidas cuantas y qué efecto tendría con ello. Que las empresas telefónicas no están obligadas a insertar la leyenda del art. 25 de la ley 24.240 dado que el contenido de la factura responde a la regulación propia prevista en el reglamento que establece una obligación superior, cuál es la de incluir las normas previstas en el mismo, referidas al sistema de reclamos, tal como resulta de la documentación agregada por el actor. Que esta norma prevalece sobre la invocada por el actor. Que si el actor estimaba o estima que se han vulnerado sus derechos como cliente debió demandar el cumplimiento de las prestaciones incumplidas, o en su caso, requerir alguna reparación, si la misma procediera, y no requerir una insólita rendición de cuentas. Que no nace la obligación por el hecho de no haberse incluido la leyenda sobre la posibilidad de reclamar una indemnización si se le facturan conceptos indebidos o se le reclama el pago de facturas ya abonadas. Que tampoco el presunto incumplimiento constituye una inconducta y al no rendir las cuentas pretendidas se imposibilita el control de su parte sobre las obligaciones legales impuestas a los operadores, como así también que no pueda controlar la facturación que deben efectuar si son transferidos los importes percibidos. Que el actor tiene derecho a que le facturen correctamente cualquier concepto que proceda conforme haya sido devengado y que la facturación contenga la información mínima prevista en las reglamentaciones vigentes.-
Que el actor no tiene facultad de control sobre hechos o situaciones a las que es ajeno y que en todo caso es de interés de quiénes forman parte de la relación jurídica. Que a pesar del intento, el accionante no ha logrado no sólo justificar jurídicamente su pretensión, sino que no ha podido demostrar cuál es su interés. Que en modo alguno Telecom Argentina actúa por cuenta y orden del actor. Que no ha hecho nunca una gestión en su nombre.-------------------------------
Que al facturar conceptos por cuenta y orden de terceros, no hace otra cosa que facturar y cobrar las llamadas CPP realizadas por un abonado fijo que a la vez es su cliente. En eso consiste toda la gestión. Que por ende Telecom tiene obligación de rendir cuentas y la tiene respecto de quien le ha encomendado la misma, es decir, los operadores del servicio de telefonía móvil con los que ha celebrado el convenio de facturación y cobranzas. Que con respecto a esta relación jurídica el actor es completamente ajeno y por cierto ningún interés tiene respecto de sus resultados.---------------------
Que lo concreto es que los dos reclamos formulados por el actor fueron resueltos favorablemente sin entrar a indagar sobre su procedencia sustancial. Que esto supone que se han atendido cuestiones de índole comercial en la resolución del reclamo y es lícito hacerlo así. Cita ejemplos. Que tanto uno como en otro reclamo, la demandada actuó conforme a derecho. Que si el actor consideraba que no se contempló su interés debió demandar el cumplimiento de las prestaciones que consideraba insatisfechas y no una rendición de cuentas no solamente improcedente, sino inútil y absurda.----------------
Que el sistema informático de Telecom es realmente moderno y permite una adecuada gestión. Que en base al mismo se proporciona a los clientes una información muy amplia y detallada sobre la facturación e inclusive sobre las llamadas. Que es factible conservar un archivo con las salientes y entrantes. Que en modo alguno el sistema perjudica a los usuarios.-----------------------------------------------------
Sostiene que no hay ningún error en las facturas cuestionadas. Que en la mayoría de los casos en que se declara procedente el reclamo por razones sustanciales, no obedece a un error del sistema informático sino a situaciones vinculadas con la indemnidad del plantel respecto de terceros. Que en aquellas circunstancias en que se verifican con la inspección estas situaciones, se resuelve en forma favorable al cliente. Que la investigación de este aspecto es la que se pretendía realizar con el reclamo del actor y que se decidió, dado el tiempo transcurrido desde el reclamo, cancelar.----------------------
Que el sistema informático funciona correctamente. Que todas las llamadas se registran en el sistema y solamente las cursadas, como así también las demás circunstancias relevantes para su facturación. Que no existe casos de conceptos reclamados resueltos en forma favorable al cliente que se deriven de errores en el sistema informático. Que la carga responde a la realidad: la llamada partió de la línea del cliente. Lo que puede ocurrir es que dicha línea en casos en el plantel exterior esté expuesto, sea tomada por terceros. Que no es llamativo que existan diferencias en el número de llamadas realizadas a teléfonos celulares, ya que depende del uso de los propios clientes. Que en algunas facturas, se da la situación inversa a la que se observa en la factura del actor.--------------------------------------------------------
Que la decisión de cancelar los conceptos reclamados se adopta en el ámbito de una relación jurídica bilateral y supone la cancelación parcial de una de las obligaciones de la otra parte, respondiendo a un reclamo de ésta.---------------------
Niega todas las aseveraciones del líbelo inicial que no hayan sido expresamente reconocidas en el responde. Que Telecom facturó al cliente las llamadas efectivamente realizadas. Que también existió un reclamo y que el mismo se tramitó en forma regular, resolviéndose a favor del reclamante, sin entrar a considerar sustancialmente sus fundamentos. Que no existiendo de manera alguna facturación indebida, ni en cuanto a la existencia de las llamadas, o su precio o duración. Que los procedimientos seguidos por la empresa obedecen a parámetros ajustados a las leyes y a la rectitud y honestidad comercial.-
Solicita en definitiva el rechazo de la demanda. Formula reserva del caso federal. Ofrece prueba.----------------------
Diligenciada la prueba a fs. 142/144 de autos la Sra. Fiscal en lo civil interviniente en autos emite su dictamen. Dictado y firme el decreto de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.-----------------------------------------------------
Y CONSIDERANDO: I) Que Tomás Eduardo Jiménez Villada, por derecho propio, interpone formal demanda de Rendición de Cuentas en los términos del art. 769 del C. de P.C. en contra de la Empresa Telecom Argentina Stet France Telecom S.A., para que, previos los trámites de ley, condene a la nombrada a rendir cuentas acabadas de la gestión llevada a cabo, con la descripción pormenorizada de las operaciones contables y técnicas realizadas (especialmente informáticas vinculadas y fórmulas empleadas, de acuerdo al Software utilizado, propio o licenciado y lenguaje adoptado, con sus rutinas y subrutinas), fórmulas de facturación conforme información y datos considerados y la documentación fehaciente que la compruebe, de las facturaciones que se mencionan y los conceptos que la contienen, en base a las consideraciones de hecho y derecho expuestos en el escrito inicial que abre la instancia obrante a fs. 28/41 de autos y cuyos fundamentos han sido transcriptos en la relación de causa que antecede a las que me remito por razones de brevedad. A fs. 89/102 la demandada a través de sus apoderados contestan la demanda, oponen excepción de falta de acción y solicita en definitiva el rechazo de la demanda, todo ello en base a los argumentos puestos de manifiesto en su escrito y que también han sido descriptos en la relación de causa, a los que me remito por idénticos motivos que el anterior.-----------------------------------------------------
II) Fundamento y Finalidad de la acción: Antes de ingresar al análisis de la cuestión a resolver considero conveniente señalar previamente el fundamento y la finalidad que se persigue con el Pedido de Rendición de Cuentas. Couture define a la Rendición de Cuentas como la "Acción y efecto de presentar al conocimiento de quién corresponda, para su examen y verificación los saldos y operaciones debidamente justificados, provenientes de un encargo de administración o gobierno" (Couture, Eduardo J. - Vocabulario Jurídico - Pag. 516 - Ed. Depalma - Dic. 1988), en este sentido cabe destacar que, quien ha administrado bienes o gestionado negocios ajenos, ya sea en forma total o parcial y que ha manejado fondos y bienes que no le pertenecen, se encuentra obligado a rendir cuentas de tal administración o gestión, nos dice Tinti:"La rendición de cuentas es la obligación de hacer, que pesa sobre quien ha administrado bienes, gestionado negocios, percibido o pagado sumas de dinero por un tercero ... La Cámara Nacional Civil lo ha definido como "la operación por la cual toda persona que actúa por cuenta de otra o en interés ajeno le da a éste razón de su cometido, detallando los actos cumplidos en su nombre, mediante la exposición de todo el proceso económico y jurídico propio de ellos y estableciendo el resultado final" ... (Tinti Pedro León. Comentario al Código Procesal Civil y Comercial-Ley 8465.Juicio de cuentas-pag.329. Ed Foro de Córdoba). La rendición de cuentas tiene por finalidad siguiendo a Ramacciotti: "a)poner en conocimiento del dueño de los bienes, asuntos o intereses administrados, todo lo que se ha ejecutado, cumplido, percibido o gestado por su cuenta, es decir historiar el desarrollo de las gestiones efectuadas; b)determinar y establecer la situación respectivas de las partes con referencia a los bienes, intereses o asuntos administrados o gestionados, esto es, precisar quien revestir, respecto de ellos, el carácter de deudor o acreedor; c) determinar el saldo deudor o acreedor que, en definitiva, resulte en favor o en contra del que administró o gestionó los bienes o intereses" (Ramacciotti; Hugo - Compendio de Derechos Procesal Civil y Comercial de Córdoba - Tomo II - Pag. 203/204 - Ed. Depalma). Es decir que, son múltiples los casos que se presentan tanto en la relaciones privadas como en las comerciales, en que una persona (física o jurídica) tenga que rendir cuentas a otra de una gestión realizada que generalmente es de orden económico, pero también, las leyes prevén casos específicos en que la rendición de cuentas constituye una obligación, así es como encuentra su génesis en la órbita del Código Civil, entre otros casos a los tutores, curadores, albaceas testamentarios, administrador de sociedades, mandatarios, gestores de negocios, como así también en materia mercantil, pero ello no es taxativo, basta que, en honor a los supuestos expuestos, se hayan administrado bienes, gestionado negocios, ejecutado un hecho que involucre un interés ajeno, etc., para que surja la obligación de rendir cuentas. Nos dice la doctrina al respecto:"se ha sentenciado en la actualidad que la obligación de rendición de cuentas, no requiere de una indispensable caracterización jurídica de la relación que liga a las partes o la ubicación de ella en algunos de los contratos típicamente contemplados en la ley; en rigor, basta, a tal fin, la existencia de negociaciones en las cuales se hayan administrado bienes, gestionado negocios total o parcialmente ajenos, ejecutado un hecho que suponga manejo de fondos ajenos o de bienes que no le pertenezcan en propiedad o involucren un interés ajeno (el resaltado me pertenece)" (Ferreyra de De La Rúa, Angelina - González de la Vega de Opl, Cristina - Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba Ley 8465 - Tomo III - Pag. 1212 - Ed. La Ley - Octubre 2000).---------------------------------------
III) Siguiendo el orden de ideas expuesto precedentemente, paso al análisis de la cuestión traída a conocimiento y decisión. Tanto del contenido y fundamentos de la demanda, como de los elementos probatorios documentales incorporados a la causa, los que, por otra parte no han sido impugnado, adquiriendo por ende plena autenticidad (art. 192 del C. de P.C.), se desprende con absoluta claridad que la misma persigue el cumplimiento de una obligación de hacer (rendir cuentas) por parte de la demandada prestadora del servicio, para que brinde una información veraz y detallada de la facturación por ellos emitida, requerida en su momento y no brindada, con sustento en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. La accionada, por su parte, advierte que el accionante no reviste ninguna de las condiciones que lo habiliten, respecto de la demandada, a pedir la rendición de cuentas, sosteniendo que la relación jurídica establecida entre el actor y Telecom lo autoriza, en los términos y condiciones del contrato de suministro del servicio telefónico, a cuestionar una factura pero no ha requerir respecto de uno o varios de los conceptos incluidos en la misma, la rendición de cuentas, porque por dicho contrato no se convierte en dueño de ningún negocio, mandante o titular de una gestión o administración encargada a otra, ni siquiera de una cuenta constituida en virtud de esa relación jurídica. Planteada así la litis, sobre el particular, cabe señalar en primer término que el art. 25 de la ley 24.240 exige a las empresas prestadoras de servicios públicos (en este caso Telecom), la entrega al usuario de "constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes ...". En concordancia con esta norma, el art. 4 señala expresamente que quienes presten servicios, entre otros, deben suministrar a los consumidores o usuarios "en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". De tales imposiciones legislativas se desprende con nitidez que el derecho a la "información" por parte del consumidor o usuario, cobra una vital importancia en la contratación, afirmándose doctrinariamente que "ha venido a convertirse en una nota característica del objeto de los contratos", con fundamento y en virtud de que "este derecho no es otro que la desigualdad de conocimientos que los contratantes presentan en una relación jurídica privada" (Vázquez Ferreyra, Roberto - Romaera Oscar Eduardo - Los Principios Informantes de la Ley de Defensa del Consumidor - Pag. 103 - Derecho del Consumidor - 4 - Dir. Gabriel A. Stiglitz - Ed. Juris - 1994). En el sub-examen, el accionante afirma al demandar, que no se le brindó ninguna información, sobre los importes cuestionados en la factura, no obstante haberla abonado, emitida el 8-nov-1999 Nro.8202-00294366 con vencimiento en diciembre de 1999 y específicamente el rubro nominado como "servicios de terceros no Telecom", debido a que le resultaba "sorpresivo el exagerado monto facturado" y que sólo recibió como respuesta una notificación haciéndole saber que "... de acuerdo a las VERIFICACIONES PRACTICADAS, existe un crédito a su favor por el importe de $ 71,75 ...", monto éste que, específicamente comprendía el rubro en cuestión y que no obstante ser rechazado dicho crédito y reiterado el pedido de investigación al órgano de contralor, en la factura de servicios prestados en el mes de mayo se incluyó el mismo, sin obtener respuesta a sus reiterados reclamos de información, lo que motivó elevar el mismo al Presidente de Telecom Sr. Juan Carlos Masjoan, sin obtener respuesta. Frente a estas afirmaciones, la accionada sostiene que teniendo en cuenta el perfil comercial del cliente se dispuso atender en forma favorable el reclamo y disponer la restitución de la suma correspondiente al concepto cuestionado. Agrega que en la demanda no se le pide a Telecom el pago de una suma de dinero sino una rendición de cuentas, sin indicarse claramente, ni menos justificarse jurídicamente, cual es el motivo o el interés por ello perseguido, por lo que en verdad, sostiene, no tiene un interés digno de tutela jurídica. Sobre éste nudo central de la cuestión, debo decir, teniendo en cuenta los lineamiento de las normativas analizadas y la naturaleza jurídica de la rendición de cuentas, que la accionada se equivoca cuando sostiene que no debe rendir cuentas y que el accionante carece de interés legítimo para accionar, en virtud de los fundamentos que a continuación expongo: En primer lugar porque no se aprecia un obrar especulativo por parte del accionante tendiente a demorar o cuestionar una factura de servicio telefónico para no pagarla, ya que la misma fue abonada en su totalidad, incluido el rubro cuestionado. Tal circunstancia determina que el "interés" del accionante radica esencialmente en el derecho que él tiene a que se le brinde una información "veraz y detallada" del porqué del monto establecido en un rubro de la factura, para que, una vez concretada la misma sepa con claridad y sin duda alguna, que es lo que abonó y si dicho monto está bien discriminado en la factura o no. Información ésta que constituye una obligación legal que no puede ser desconocida por la prestadora del servicio y mucho menos darla por cumplida porque se dispuso devolver "la suma correspondiente al concepto cuestionado" y dar así por cerrada de manera unilateral, atendiendo a razones comerciales. Obsérvese que la propia accionada en su responde (ver específicamente a fs. 94), en referencia al reclamo de la actora, sostiene que, como el mismo implicaba desconocer las llamadas a celular o su duración "correspondía efectuar un estudio en los planteles utilizados para la comunicación (cableado de acceso al cliente, en particular) y verificaciones en las centrales, tanto de Telecom, como de las prestadoras móviles" y que este trámite implicaba arduas tareas de reparación, razón por la cual se optó por la devolución de la suma correspondiente al concepto cuestionado, sin brindar la información requerida. No, ello no es así, lo que el consumidor o usuario está reclamado y exigiendo, porque así lo establecen las normas pertinentes y hace a su obligación contractual, es pagar lo que a él le corresponde por el servicio prestado, ni mas ni menos y es ésta la razón por la cual tiene un legítimo "interés" en su reclamo. Reclamo éste que no sólo encuentra sustento en las mencionadas normas, sino que también lo dispone de manera expresa el art. 42 de la Constitución Nacional. Que hubiera sucedido si no efectuaba el reclamo de información? nada. Efectuado el reclamo, ¿obtuvo la información requerida o necesaria para aclarar sus dudas? no. Entonces, la seguridad del actor en cuanto a la información específica, como cliente y consumidor de un servicio público, en este caso, deja de existir, llevándolo a acudir al reclamo judicial de marras para obtener la misma, ya que toda la actividad extrajudicial desplegada y que dan cuenta las documentales acompañadas no le brindaron las respuestas que correspondían, conforme a derecho. En este sentido, el art. 52 de la Ley 24.240 señala que "el consumidor o usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectado o amenazados". En el sub-examen, conforme lo analizado existe un "interés" afectado en el consumidor o usuario accionante, quién se encuentra legitimado en función de lo dispuesto por el art. 1 de la citada norma legal, resultando obligado y legitimado pasivo la accionada en virtud de lo dispuesto por el art. 2.- Por todo ello, teniendo en cuenta que la acción intentada puede satisfacer los requerimientos de la actora en cuanto a que se le brinde una información pertinente, veraz y detallada, la misma debe ser acogida y rechazarse la excepción de falta de acción interpuesta por la accionada.---------------------------------
IV) Que se le ha dado intervención a la Señora Agente Fiscal Civil en los términos del art. 52 de la Ley 24.240, quién en su dictamen de fs. 142/143, señala concretamente que "De los propios términos de las facturaciones llevadas a cabo por la accionada en el rubro "servicios de terceros no Telecom", se desprende la procedencia sustancial de esta acción, desde que la misma en autos y conforme el reconocimiento posterior de aquella "en función de verificaciones efectuadas", permiten indudablemente generar dudas en relación a su contenido. Es la propia conducta de la demandada, quien a través de su proceder genera el reclamo en autos como forma de resguardar el impetrante, sus intereses afectados", dictaminando en definitiva que debe hacerse lugar a la demanda.---------------V) Costas: Atento el resultado arribado a la presente litis y lo dispuesto por el art. 130 del C. de P.C., las costas se imponen a la accionada.- Por lo expuesto y normas legales citadas y los arts. 26, 28, 29, 34, 47 de la ley 8226---------
RESUELVO:-----------------------------------------------------
I) Hacer lugar a la demanda incoada por Tomas Eduardo Jiménez Villada en contra de Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. y en consecuencia condenar a la mencionada accionada a rendir cuentas acabadas de la gestión llevada a cabo, con la descripción pormenorizada de las operaciones contables y técnicas realizadas (especialmente informáticas vinculadas y fórmulas empleadas, de acuerdo al Software utilizado, propio o licenciado y lenguaje adoptado, con sus rutinas y subrutinas), fórmulas de facturación conforme información y datos considerados y la documentación fehaciente que la compruebe, de la totalidad de los rubros facturados bajo la denominación de "servicios de terceros no Telecom", desde la implantación de este sistema, en el término de treinta días, bajo apercibimiento de ley.---------------------
II) Costas: Las costas se imponen a la accionada, debiendo diferirse la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes Dres. Gonzalo Echenique Frías, Carlos Mancini y Maria Silvina Salduna, para cuando exista base para practicarlos.- Protocolícese, hágase saber y dese copia.

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