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Finalmente,
el Máximo Tribunal de la Nación, declaró la
inconstitucionalidad de las restricciones oportunamente
dispuestas para el retiro de los depósitos bancarios. El
fallo ha sido calificado, por medios periodísticos y hasta
por el mismo Poder Ejecutivo, como una suerte de
“detonante” de la “bomba” que representa, según
expresiones del Presidente, el denominado “corralito”.
Intentar
un análisis del fallo evidencia, una vez más, que el
Derecho no es sólo normas. En efecto, desde una óptica
estrictamente jurídica y exenta de valoración económica y
social, aparece claramente que las restricciones
implementadas conforman una vulneración definitiva de
derechos constitucionalmente reconocidos. Más allá de la
“emergencia”; más allá de que la “modalidad” impuesta
sea la normal y habitual para otros países, denominados
“desarrollados”.
Es
que el fallo no es estrictamente jurídico, entendido el
calificativo bajo la ya mentada y perimida visión de la
normatividad. El fallo es político; con mayor precisión: agonalmente
político. Viene a reflejar una lucha de poderes que hoy,
lamentablemente, no está limitada a los Poderes
Institucionalizados, sino que está expandida a todo el
contexto social y a todos sus integrantes.
La
Corte se “ajusta” a las “normas”, respondiendo con
ello al reclamo de los ahorristas caceroleros y a los
políticos que promueven su destitución. Los medios de
información y el propio gobierno, otorgan al fallo mayor
trascendencia de la que efectivamente tiene: la resolución
de un caso concreto y sin importar una modificación de las
facultades de las que goza el Banco Central de la República
Argentina. Huelga resaltar que, aún después del fallo, en
poco o nada se modifica la crisis financiera (en algunos
casos económica) por la que atraviesan las entidades
bancarias; así como tampoco los ahorristas obtendrán los
fondos depositados. Es decir, todo sigue reducido a la etapa
agonal de la política, aclarando que agonal debe
identificarse con “lucha”, pero que no hace sino
reflejar la “agonía”.
Es
que mientras los operadores políticos (incluyendo a la
Corte) disputan “su lucha”, la comunidad argentina está
agónica, próxima a la muerte y sin medicamentos para
curarla.
La
cura no surgirá de una “fórmula mágica”, ni de
“apoyo” externo, ni de destituciones o juicios políticos;
así como tampoco de cacerolazos. Hoy la comunidad argentina
está desintegrada. En una desintegración donde los
integrantes y sus representantes se dedican a “luchar”
por su porción de poder. En contradicción, enseña Finnis,
que “se ha de decir que existe un grupo, en el sentido
relevante, trátese de un equipo, un club, una sociedad, una
empresa, una corporación o una comunidad, dondequiera que
haya, por un lapso de tiempo apreciable, una coordinación
de actividad entre un cierto número de personas, bajo
formas de interacciones, y con vistas a un objetivo
compartido”.
La
gravedad de la situación sólo está disimulada por su no
aceptación. No lo acepta el Gobierno, promoviendo juicios
políticos y no proponiendo un plan factible y creíble; no
lo acepta la Corte, resolviendo sin valorar los efectos
expansivos de su decisión; no lo acepta la “gente”,
reclamando soluciones que hoy no son posibles.
La
“lucha” actual, sólo conducirá a más “lucha”.
Para evitarla, es menester que se depongan las actitudes
hostiles y se comparta un objetivo, de tal manera que todos
los miembros de la comunidad coordinen su actuación hacia
al mismo. En tanto ello no ocurra y se mantenga la
preferencia por los intereses individuales, continuará la
desintegración; de allí a la guerra hay sólo un paso.
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