|
En este mismo número de la Edición Córdoba de elDial.com, el Dr. PALACIO LAJE hace una cruda descripción de lo que él denomina, acertadamente, "La devaluación del Derecho". Esa visión crítica de la realidad genera escepticismo. Y ese sentimiento es el que está prevaleciendo, por sobradas razones.
Aún cuando con simpleza se suele referir que el punto de partida para analizar el Derecho es aceptar que en el mundo, naturalmente, las cosas están repartidas entre los hombres. Es decir, por naturaleza, todos tenemos asignado lo nuestro, lo de cada uno, lo suyo. Precisamente, esas cosas representan nuestros derechos. Sin embargo, por diversos acontecimientos, se producen modificaciones en el estado originario y así lo nuestro pasa a poder de otros, generándose a partir de allí una relación jurídica, reconociéndose tres fundamentales tipos: la conmutativa, que refiere a lo debido entre las personas; la distributiva, que tiene por objeto lo debido por la comunidad a las personas; y la legal, que traduce lo debido por las personas a la comunidad.
Entonces, conforme lo anterior, existe como primero el derecho (lo suyo) y luego opera el acto segundo que es la Justicia, cuya fórmula consiste, precisamente, en dar a cada uno lo suyo. De allí que pueda afirmarse que el fin de la Justicia es el derecho, para que se entregue, restituya, reconozca y haga efectiva esa acción de darle a cada uno lo que le corresponde, lo suyo, su derecho. Esta explicación simple encierra la esencia de la Justicia y de su objeto, el derecho. Si bien nace desde una concepción iusnaturalista, bien puede ser trasladada al ámbito del derecho positivo, donde siempre la Justicia consistirá en dar a cada uno lo suyo. En efecto, eso es lo que persigue el ciudadano que ocurre ante un tribunal: reclama que la Justicia le reconozca su derecho, que está siendo desconocido por la contraparte. Quienes conocen el cuánto, el cómo, a quién y dónde debe darse lo suyo son, precisamente, los artistas del Derecho: jueces y abogados. No obstante, como virtud cardinal, la justicia compete a todos los hombres por igual, pues es nuestro deber natural (y legal, si se quiere) respetar lo suyo de los demás, sea no entorpeciéndolo, sea reconociéndolo, sea restituyéndolo. En tanto, los legisladores quedan fueran del ámbito estricto del arte de lo jurídico, pues la función de ellos está enmarcada dentro de lo político. Pese a ello, no pueden desconocer, pues ya se dijo que es una virtud cardinal, a la Justicia como voluntad de dar a cada uno lo suyo, sin perjuicio -además- del contexto normativo de rango superior que delimita las posibilidades legislativas de estos operadores políticos.
En nuestro país, consecuencia de las ya recurrentes emergencias económicas, los legisladores (sean del Poder Legislativo propiamente, o del Poder Ejecutivo, merced a facultades fundadas en la necesidad y urgencia que afrentan contra la republicana división de los poderes) han sido proclives a paralizar la acción que denota la aludida fórmula de la justicia. Es decir, se congela o suspende, en algunos ámbitos y respecto de determinados derechos, el dar a cada uno lo suyo. Incluso, hasta se limita la posibilidad de que los ciudadanos reclamen a los artistas jurídicos que se le dé lo suyo. Históricamente, siempre dentro del ámbito nacional, existen numerosos ejemplos que evidencian tal realidad. Pero hoy, en esta situación de crisis económica terminal en la que se encuentra la sociedad argentina, la paralización de la Justicia ha llegado a su extremo; los argentinos estamos en nuestro extremo: más allá del mismo, sólo hay vacío.
Por decretos y leyes (actividad política, como se dijo) se han sustraído a sus legítimos dueños los ahorros; se suspende la promoción de acciones judiciales tendientes a obtener el reconocimiento y disposición de lo suyo de cada uno; se impide temporariamente rescindir un contrato de trabajo; se impide pedir la quiebra de un deudor en estado de cesación de pagos; se impide ejecutar judicialmente al moroso; se impone recibir por las obligaciones pactadas en una determinada moneda, otra devaluada y acorralada; etc. Podría argumentarse que estas medidas, dictadas en un marco de extrema necesidad y emergencia, tienden a paliar de algún modo los efectos de esa crisis. Puede ser cierto, pero no por ello es posible dejar de advertir que las consecuencias de tales medidas impeditivas y limitativas pueden resultar aún más graves.
Cuando las personas se sienten despojadas; cuando comprenden que sus ahorros difícilmente serán restituidos y, en su caso, lo serán devaluados; cuando se impide reclamar por las vías institucionales el reconocimiento y obtención de los derechos; cuando se vislumbra que el Estado no podrá hacer frente a sus obligaciones (jubilaciones, sueldos de docentes, deudas con proveedores, etc.) porque está en quiebra y que esa falencia se transfiere a los particulares (que en definitiva no son otra cosa que el Estado); se llega al extremo.
Hace algunos años se decía, con relación a un régimen militar, que el mismo contenía, simultáneamente, a un sistema políticamente autoritario con liberalismo económico. Hoy pareciera existir un sistema democrático, con libertades políticas, inmerso en un autoritarismo económico. De todas maneras, lo real es que no es posible ninguna de las confluencias señaladas, pues no hay divisibilidad alguna dentro de tales conceptos: o es autoritarismo o es un estado de derecho; y el estado de derecho, no interesa bajo que ideología política, sólo es tal cuando todas las libertades, todos los derechos y todas las garantías constitucionales pueden ser ejercidas por sus ciudadanos.
Desde el extremo, como siempre, se abren dos posibilidades: la primera, volver hacia el justo medio, virtuoso, donde la sociedad recupere su personalidad plena; la segunda, empujar allende el extremo hacia el vacío. En la primera opción, necesariamente debe comenzarse por destrabar la acción de la Justicia y dar a cada uno lo suyo, matizado por la equidad, si se quiere. En la segunda, frente al vacío institucional generado por las mismas limitaciones impuestas desde el poder, las personas intentarán recuperar las facultades conferidas, el mandato otorgado, ejerciendo entonces en forma autónoma e individual sus acciones para obtener lo suyo. Y cuando eso ocurre, ya no hay virtud, ya no hay justicia; sólo es anarquía. Y la historia del hombre, no sólo del argentino, refleja cómo se ha pasado en reiteradas ocasiones del autoritarismo a la anarquía.
|
|
