Año XIV - Nº 5788   Miércoles, 22 de Septiembre de 2021

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  Resultan revisables los acuerdos homologados en sede administrativa?  
     
  Por Sandra Maria Assad  
     
 

1.- Introducción.
2.- Fundamento Jurídico. Procedencia de la Revisión. Principios.
3.- Inaplicabilbilidad del Plenario Lafalce.
4.- Conclusión.

 
     
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Citar: elDial - DCB05

 
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Resultan revisables los acuerdos homologados en sede administrativa?

 

Por Sandra Maria Assad (*)

 

"La igualdad jurídica es un mito,

si en los hechos prima la desigualdad"

(Ramiro J. Podetti).

 

No puedo abordar el tema que me ocupa, sin antes establecer que el punto de partida para llevar a cabo un serio análisis, como así para arribar a una concienzuda conclusión sobre el particular; reconoce su génesis en la letra de los artículos 7,8, 9, 12 y 44 de la LCT y en los principios generales del Derecho del Trabajo.

 

Señalo ésto pues, noto que en el fragor de la discusión generada –hasta altura, casi bizantina- respecto al alcance interpretativo que debe dársele al texto del artículo15 de la ley de contrato de trabajo, se ha desviado el foco determinante y concluyente, de lo debatido; olvidándose en la batalla dialéctica montada la existencia de textos legales que darían acabada y justa solución al tema que nos ocupa.

 

En esta temática, discurren frondosamente algunos jueces sobre la revisionabiliad judicial o no de los acuerdos homologados en sede administrativa, sentando un criterio de imposibilidad a este respecto, en la textualidad del mentado texto legal y en la doctrina emanada del plenario Lafalce; cuando en realidad, una correcta interpretación de la normativa laboral vigente, arrojaría claramente la posibilidad de revisión de los mismos, sin siquiera requerir la petición de parte interesada y sin necesidad de fundamentar exclusivamente el accionar revisor en el artículo 15 LCT; pues toda la normativa de la materia habilita ha hacerlo.

 

Si partimos del concepto de "plenitud hermenéutica" -al que en reiteradas ocasiones alude el Dr. Vazquez Vialard- y, considerando que el sistema de interpretación y aplicación de normas adoptado por la LCT, es el de conglobamiento de instituciones; fácilmente concluímos que con la sólo aplicación de los principios generales que emanan de la 20.744, los jueces se encuentran ampliamente facultados para reveer los acuerdos que han sido homologados en sede administrativa.

 

Entendiendo a su vez, que la iudicatura no sólo tiene derecho sino también deber de hacerlo, pues de otra forma, ante su inacción; se estaría consintiendo la conculca de derechos y principios elementales que resultan ser temas de su exclusiva competencia. Idéntico criterio, es el que faculta al magistrado a no homologar un acuerdo de partes presentado en sede judicial ó un desistimiento del derecho efectuado por el obrero, si estima que el mismo empece el contenido del artículo 12 LCT.

 

Sostiene la jurisprudencia en este aspecto: "Los jueces del trabajo tienen competencia para entender en todos los conflictos individuales de derecho (art. 20 ley 18345), lo que incluye la facultad de apreciar la validez o invalidez de los actos que incidan en la resolución de los referidos conflictos aunque los mismos hayan sido aprobados por actos administrativos. Por ello, si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo, surgen violaciones al orden publico que implican la renuncia de derechos (art. 12, LCT), tales actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19549 o mediante redargución de falsedad, sino que, al no haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes ( art.15, LCT) pueden ser declarados inválidos por el juez competente (art. 1047 C Civil) Sala 6º 14/8/2001, Gimenez Fortunata y otro c/ Finexcor SA y otro "

 

2º.- Fundamento Jurídico. Procedencia de la Revisión. Principios.

 

1º.- PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD. Se torna reiterativo recordar –aunque, a resultas de sus votos, pareciera que algunos magistrados lo olvidaran- que por medio de la aplicación de la máxima ut supra referenciada, se encuentra prohibido y por ende se debe impedir, que los trabajadores renuncien a derechos que tienen incorporados o reconocidos por la ley. Por medio de éste principio, no sólo –como sostienen la mayoría de los autores- se limita la capacidad de negociación de las partes al tiempo de extinguir el contrato de trabajo, sino también a la hora de crear o modificar el mismo. (conf. art. 7, 1, 15 LCT). Y ésto es así, pues en derecho del trabajo se presume -en principio- que la renuncia o desistimiento de derechos efectuada por el obrero, se debe a su falta de conocimiento general y/o de capacidad en la negociación. La minusvalía, imperante respecto a las circunstancias sociales, personales y/ o económicas, posicionan a áquel en un nivel distinto –léase, más bajo- en relación a la patronal a la hora de acordar. Desconocer o minimizar esta realidad, es ignorar la naturaleza del derecho del trabajo.

 

Es así entonces, que institutos legales tales como la transacción y compensación -que en otras ramas del derecho son moneda corriente- no son tal en el derecho del trabajo; donde su utilización es limitida, revisable y muchas veces, cuestionada.

 

Siguiendo y apoyando ésta línea conceptual, se ha dicho que: "... el desistimiento del derecho incoado, debe ser examinado con suma cautela, teniendo en cuenta la cuestión debatida con el fin de no afectar los derechos indisponibles de que goza el trabajador. En tal entendimiento, la voluntad de desistir formulada por parte del trabajador, me impelen a ser sumamente restrictivo con los alcances de la medida impetrada, sin que ello quiera afectar el derecho que tiene la parte de solicitarla (Conf. TT1 San Martín, mayo 14 de 1982, Fuentes de Vergarni c/ De Luca). "... el principio general contenido en el art. 868 del C. Civil de que toda persona capaz pueda hacer o aceptar la renuncia gratuita de una obligación, queda restringido por el art. 872 del mismo texto legal, en cuanto impide efectuar tal renuncia cuando dichos derechos son concedidos menos en el interés de las personas, que en miras del orden publico, los cuales no son susceptibles de ser objeto de renuncia. Tal principio rector, que entiendo debe aplicarse en la especie, tiene su correlato en lo normado por el art. 12 de la LCT. (to1976). Por ello, analizando los fundamentos expuestos por el accionante al solicitar la medida en estudio, en modo alguno tienen éstos la suficiente entidad como para enervar tales preceptos que, reitero, por ser de orden público, resultan inalienables e irrenunciables. "Del Castillo Pardo Juan Carlos c/ Tellechea Hugo Arnaldo s/ despido." TT 3 La Matanza, Causa 7441. 1º voto Dr. Guillermo J. Contrera).

 

Esta y no otra, es la génesis del principio protectorio.

 

2.- Unido al citado principio, y como conclusión directa del áquel, existe lo que se conoce como ORDEN PUBLICO LABORAL; concepto más que fundamental para el derecho del trabajo.

 

El mismo reconoce su origen, en la obligación social y política de intentar equilibrar el natural desnivel existente entre el trabajador y el empleador. Es entonces así, que el orden jurídico impone una serie de condiciones básicas inderogables, a las que denomina de esa forma -Orden Publico Laboral-.

 

Este concepto no encierra más, que una serie de normas coactivas, que limitan la voluntad de las partes; en la medida que el accionar volitivo de modificación, no represente una mejora para el trabajador. Se crea así, la "norma básica o piso legal", sobre o a partir del cual las partes intervinientes pueden negociar, cercenándoseles en consecuencia, a las mismas la disposición por debajo de áquellas.

 

Es decir, las partes pueden crear mayores derechos, pero no disminuir los que provienen del derecho necesario. Para la hipótesis de efectuarse tal negociación "a la baja", la misma se torna inoponible a los trabajadores, resultando la declaración de nulidad de la normativa modificada en contravención con el orden público laboral , obligatoria para el juez con competencia en la materia; como así también lo es, la automática sustitución de la tachada, por la norma más favorable para el obrero.

 

Sostiene Fernandez Madrid: "Esta norma limita la voluntad de las partes que sólo pueden pactar condiciones más favorables para el trabajador. Hay un piso determinado por el marco imperativo (ley y convenio colectivo)."

 

"El orden público laboral impide…, restringiendo notablemente la autonomía de la voluntad y disponiendo la nulidad de toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos reconocidos por la ley, cuya irrenunciabilidad queda consagrada (art. 12 LCT). Como así también igual sanción le cabe a toda cláusula que modifique en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo (art. 13) ". SCBA L 73385, s 24-9-2003, Juez De Lazzari, Chierichietti José c/ ESEBA SA s/ diferencias salariales.

 

"Si han mediado vicios del consentimiento no puede pretenderse la validez parcial del acuerdo suscripto, sino su nulidad total". SCBA, L 74740, S 12-12-2001, Juez Pisano (MI), Mallo Huergo Eduardo y otro c/ ESEBA SA s/ Diferencias liquidación final.

 

3.- AMBITO DEL PLENARIO LAFALCE. - INAPLICABILIDAD

 

En primer término recordemos la doctrina sentada por el plenario Lafalce Angel c. Casa Enrique Schuster SA, dictado por la C.N.T. Nro. 137 del 29/9/70, en el cual se sostenía que: " La manifestación de la parte actora en un acuerdo conciliatorio de que una vez percibida íntegramente la suma acordada en esta conciliación nada más tiene que reclamar de la demandada pro ningún concepto emergente del vínculo laboral que los uniera , hace cosa juzgada en juicio posterior donde se reclama un crédito que no fue objeto del proceso conciliado".

 

Respecto al criterio judicial reseñado, se han sostenido distintas posturas doctrinarias.

 

Algunas extremas, pues estiman que el mismo se encuentra vigente para acuerdos homologados tanto en sede administrativa como judicial. Mientras otra, -antagónica y correctamente a mi entender- entienden que el mismo, no se encuentra vigente en la actualidad. Existe, tambien una tesis intermedia, que sí lo cree aplicable y actual pero sólo para los casos que cuentan con homologación judicial.

 

Dentro de la primer corriente interpretativa, encontramos enrolada en la actualidad a la Dra. García Margalejo; quien sostuvo en ocación de expedirse en el fallo Vivas Miguel Angel c. Peugeot Critoen SA -criterio que mantuvo también, en autos Valenzuela Guillermo A. c Fénix Internacional SA.-; que: La homologación efectuada por autoridad administrativa constituye un acto administrativo de alcance particular cuya legitimidad debe presumirse…, y que por lo tanto, no resulta procedente privarlo de validez a menos que una resolución judicial así lo disponga…. es plenamente operativa la cosa juzgada que emerge del acuerdo homologado en sede administrativa, de modo que resulta de aplicación al caso la doctrina plenaria recaída en autos Lafalce " … De lo transcripto se deduce que, para la citada jueza, el plenario Lafalce es aplicable para los acuerdos homologados tanto en sede judicial como administrativa. Y, en segundo término, que sólo existiendo una resolución judicial que impugne su validez, - pues los acuerdos gozan prima facie de una presunción de legalidad-, los mismos se tornan revisables.

 

Por otro lado, sostiene el Dr. Simon -no obstante haber votado por la afirmativa en el caso Vivas y por la negativa en el caso Valenzuela-, un criterio que comparto y por el cual concluye que el citado plenario no se encuentra vigente en la actualidad. Afirma, que el mismo resultaba aplicable cuando aún no estaba sancionada la ley de contrato de trabajo; pero dictada la misma, la aplicación de aquel deviene abstracta. Expresa: "El art. 15 de la ley de Contrato es posterior en el tiempo y exige la intervención de la autoridad administrativa o judicial "y "resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Es más, si no existiera tal resolución fundada la "autoridad judicial o administrativa que omitiere actuar del modo establecido en esta norma quedará incursa en grave incumplimiento de sus deberes como funcionario y será, en consecuencia, pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos. La norma agrega obligaciones para la autoridad administrativa y judicial y determina el valor relativo de la cosa juzgada respecto de terceros. Todos estos requisitos no surgen del plenario y son plenamente exigibles, por lo tanto lo que hay que aplicar –a mi entender-, es el art. 15 de la LCT y no Lafalce."

 

Señala a su vez -en intermedia postura- con ilustrado y garantista voto, el doctor Zas, que la doctrina fijada en el mencionado plenario es aplicable sólo a los acuerdos conciliatorios homologados en sede judicial, ya que el fallo plenario hace alusión al "proceso conciliado" y al "juicio posterior", situaciones que inequívocamente se refieren a causas judiciales."

 

Esbozados sintéticamente los principales criterios interpretativos acerca del citado plenario, arribamos fácilmente a la conclusión, que lo que hasta hace poco tiempo resultaba ser uno de los escollos más férreo para la procedencia de la revisión de los acuerdos homologados, ya no es tal. Y digo esto pues con anterioridad al fallo Vivas, resultaba ser una verdad irrefutable la interpretación que se le daba al plenario, y por ende su consecuencia (imposibilidad de revisión judicial, para los acuerdos que contaban con homologación del órgano del estado); lo que en la actualidad auspiciosamente y ante el esperanzador fallo Vivas, no lo es tal.

 

Será materia para discurrir en un futuro, si la posibilidad de control sobre la validez de los citados actos, alcanza solamente a los acuerdos refrendados en sede administrativa o si se hace extensiva a los que lo fueron judicialmente. También, si en definitiva y ante la sanción de la LCT, la doctrina plenaria citada, resulta inaplicable.

 

4º.- CONCLUSION: ¿ES PROCEDENTE O NO LA REVISION DE LOS ACUERDOS HOMOLOGADOS ADMINISTRATIVAMENTE?

 

Por todo lo expuesto, fácil es concluir que en concomitancia con los principios que rigen en la órbita del derecho del trabajo nacional, es procedente la revisión de los acuerdos transaccionales de partes ya sea que los mismos, hubieren sido homologados administrativa o judicialmente.

 

Pues ante la existencia de fraude laboral o simulación ilícita, deviene lógico, declarar la nulidad del mismo.

 

Fundamento legalmente, mi parecer, en el texto del artículo 954 del Código Civil, mediante el cual se establece que resultan anulables los actos viciados por simulación, intimidación, violencia, dolo o error. Agrega también que los son, los que " las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones." Pristino es, que son innumerables los casos de acuerdos transaccionales, en los que se trasluce acabadamente la comisión de lesión subjetiva; por lo que considero que este artículo –no obstante existir otros, que también habilitan la revisión- resulta ser la herramienta más idónea y adecuada para llevar a cabo tal control.

 

En sumatoria al citado artículo, establece el art. 955 CCivil, que existe simulación, cuando en el acto constan cláusulas no sinceras o se establecen fechas no ciertas. A su vez el art. 1042 CCivil, establece que son también nulos los actos jurídicos otorgadas por personas relativamente incapaces en cuanto al acto, criterio que se une con el de incapacidad accidental sentado en el art. 1045 CCivil.

 

Cierra el circulo de normas tuitivas, el art. 1047 CCivil que impone al juez -ante las conductas descriptas- decretar la nulidad absoluta, aún sin petición de partes.

 

Luego de leer ésto, me pregunto: ¿Cabe alguna duda, que cuando en un acuerdo se consigna una fecha de ingreso, remuneración o categoría distinta a la real, cuando se concilia por un monto que resulta irrisorio a la luz de la indemnización que por ley correspondía ó cuando se le informa al trabajador que se ha iniciado un procedimiento de crisis –inexistente- ó cuando la empleadora "facilita" al obrero un abogado que en forma gratuita lo asista al momento de la suscripción del acuerdo ó cuando se especula con la necesidad imperiosa del trabajador en percibir la indemnización final; estamos frente a actos que deben ser anulados? Entiendo que no. Contrastando la ley con la realidad, ninguna duda es posible.

 

Pues bien, no obstante la profusa normativa y doctrina existente, la Sala I en autos Gonzalez Armoa Luis G. c. La Robla SRL, sostuvo que "acreditado en autos el acuerdo realizado ante el SECLO y homologado por ante la autoridad administrativa (hecho respecto del cual las partes se encuentran contestes) ello impide todo planteo posterior o imputación de suma como pago a cuenta …", "… se veda al trabajador la posibilidad de discutir la naturaleza jurídica de ese acto rescisorio, que sólo podría considerarse oponible mediante redargución de falsedad que conlleva la nulidad de la homologación …". Tal como se verá tal postura condice -en cuanto al criterio legal sostenido-, con resoluciones administrativas del Seclo, que sostienen que ante la falta de homologación del acuerdo firmado por las partes, cualquier planteo impugnado el acuerdo y requiriendo la no homologación , deviene abstracto. En idéntico – y equivocado a mi entender- criterio, el citado organismo al dictaminar en el expediente 54930/04 en el cual se impugnaba en dicha sede un acuerdo -no homologado- sosteniéndose que el mismo resultaba ilegítimo, pues el obrero había adoptado la decisión en un estado de necesidad y urgencia; como así que la asistencia letrada con la que contaba le fue impuesta por la demandada; por medio de su dictamen el asesor técnico Dr. Miguel Angel Sardegna, dijo: " en esta instancia administrativa se halla acotada la facultad de ordenar producción de prueba. No es en sede administrativa donde corresponde indagar sobre la veracidad de la documental agregada al expediente. Tampoco es en esta sede donde corresponde indagar sobre la actuación profesional de quienes asisten a las partes. De las constancias obrantes en autos se desprende que el trabajador convalidó su voluntad de rescindir el contrato de términos del art. 240 de la LCT… Firmó el acuerdo ante este Ministerio y ante un funcionario de esta Cartera, y puede afirmarse entonces que su actitud fue clara, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz"

 

Resulta pues alentador, ante los criterios expuestos, lo dicho en mayoría por la Sala VI en el caso Vivas Miguel A c. Peugeot Citroen Argentina SA, pues mediante dicho resolutorio se otorga al artículo 15 LCT, el verdadero alcance conceptual que encierra el mismo, que unido a los principios constitucionales de acceso a la jurisdicción y debido proceso como así a los generales del derecho del trabajo; faculta sin lugar a dudas a los jueces a dilucidar sobre la legalidad y legitimidad de los acuerdos homologados en sede administrativa.

 

Pues como ya sostuvo el máximo Tribunal Provincial a este respecto, "…basta el fraude a la ley o falta de correspondencia entre la voluntad real del trabajador y lo que declara en el acto, para que se imponga la nulidad de la dimisión (conf. Causa L 70344, 20-IX-2000).

 

Sabido es que los jueces del trabajo entienden en las controversias individuales o colectivas de derecho que se suscitan entre la parte empleadora y obrera; lo que obviamente incluye la facultad con la que cuentan los mismos, para apreciar la validez o invalidez de los actos que incidan o determinen la resolución de los referidos conflictos. Por eso, si de un acuerdo rubricado entre las partes por ante el Ministerio del Trabajo y homologado por dicho organismo, se desprenden que el mismo vulnera el orden público laboral; es decir si hay una baja en los derechos del obrero -que se traduce en una burda renuncia de derechos (art.12 de la LCT)-, tal acto no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19549 o mediante redargución de falsedad, sino que, por aplicación de los principios ut supra reseñados los que no pueden ser obviados por el juzgador; al no haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes, deben ser revisto por el juez . (ver. CNT Sala VI, sent. 54279, 14-8-01 Gimenez Fortunata y otro c-Finexcor SA y otro ".

 

 


 


(*) Abogada.
Profesora en Derecho Laboral II (Derecho Colectivo), Universidad Nacional de La Matanza, Cátedra Rolleri Eduardo. Año 2005 –actualidad.
Carrera de Derecho, en la materia "Derecho Laboral" -Catedra del Dr. Victor Chrem-, Universidad Nacional de La Matanza.
Auxiliar Letrado en el Tribunal de Trabajo nro. 3 del departamento Judicial de La Matanza.

assadsan@arnet.com.ar

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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