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1.- La globalización.

 

Por sus propias características, no hay un concepto unívoco sobre la globalización pero el mismo puede ser aprehendido a partir de sus diversas definiciones.

 

Así, se ha sostenido que la "globalización significa la perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil, y, relacionada básicamente con todo esto, aparece como un fenómeno que es al mismo tiempo algo familiar e inasible, que modifica la vida cotidiana y que fuerza a todos a adaptarse y a responder" ([1]).

 

Se la ha considerado como "la intensificación de las relaciones sociales a nivel mundial que vinculan lugares distantes de tal manera que los acontecimientos locales están moldeado por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia o viceversa" ([2]).

 

También se ha dicho que consiste en "la eliminación de las fronteras nacionales, el desplazamiento de las solidaridades dentro y entre los Estados-nación que afecta profundamente la constitución de identidades nacionales y grupos de interés" ([3]).

 

En la "globalización" "se generaliza la intercomunicación entre economías, sociedades y culturas, donde se desarrollan y aplican tecnologías de la comunicación y la informática, junto con los acuerdos entre los Estados para facilitar todo tipo de intercambios, especialmente de orden económico: desregulaciones, eliminación de barreras arancelarias y otros impedimentos a una mayor interrelación económica entre pueblos y Estados"([4]).

 

En la evolución histórica, se la ha definido como una "...tercera ola, incomparablemente más amplia y profunda, de un proceso que nació con los descubrimientos marítimos y el subsecuente mercantilismo, continuó en mayor escala con la revolución industrial y alcanzó, en las últimas décadas del siglo XX, inmensas y planetarias proporciones con la revolución tecnológica ([5]).

 

Por su parte, las percepciones sobre la globalización son muy diferentes.

 

Algunos consideran que la "globalización" es indispensable para la felicidad. Otros, que es precisamente la causa de la infelicidad ([6]).

 

Unos ven la globalización como si incrementara la homogeneidad de las sociedades, en tanto que otros, al contrario, ven la globalización como si aumentara la hibridización de las culturas y la diversidad.

 

Para otros más, la globalización es una operación de desarrollo de poder por parte de las corporaciones multinacionales y los Estados, mientras que, en cambio, otros ven en la globalización la pieza clave de la acción ambiental, la democratización y la humanización.

 

Muchos la ven como un artificio contemporáneo para ocultar los efectos del imperialismo o de la modernización, mientras que otros proclamarán que la globalización abrirá una nueva "era global" que difiere de la "era moderna" ([7]).

 

En el punto, considero importante seguir las orientaciones que, dentro del complejo mundo de la globalización en general distinguen los conceptos de "globalización", "globalidad" y "globalismo".

 

En estas concepciones, la "globalización" sería el "proceso" de intensificación de relaciones que lleva a la "globalidad", como efecto consistente en una sociedad mundial  donde la tesis de los espacios cerrados es ficticia. No hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. Las distintas formas económicas, culturales y políticas no dejan de entremezclarse. La sociedad mundial se puede comprender como una pluralidad sin unidad.

 

Dicha "globalidad" o "mundialización", por su vínculo con los adelantos técnicos y las necesidades económicas de los actuales sistemas financieros, comerciales y productivos, es un hecho irreversible de la historia ([8]).

 

2. El globalismo.

 

Ahora bien, frente a la causa (globalización) y al efecto (globalidad o sociedad mundial), se instala el "globalismo" como la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político. La ideología del mercado mundial o del liberalismo, procede de manera monocausal y economicistas y reduce la pluridimensionalidad de la globalización a una sola dimensión: la económica. Se trata de un imperialismo de lo económico bajo el cual las empresas exigen las condiciones básicas con las que poder remontar sus objetivos ([9]).

 

Los sujetos activos del globalismo, que son también quienes aprovechan sus consecuencias, son los agentes del capital financiero y las empresas multinacionales.

 

2.1. El capital financiero.

 

La magnitud y el peso que los mercados financieros han adquirido en los últimos años los hace sujetos activos de la globalización. Los principales agentes de este capitalismo financiero son los bancos, los fondos de inversión, los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo.

 

Ya desde principios del siglo XX se venía denunciando el poder de los grandes bancos de inversión, que no se limitan a intermediar en el mercado financiero sino que, por sus influencias en las decisiones internas de la oferta (inversores institucionales) y de la demanda (empresas y gobiernos), influencias resultantes de controles financieros, participaciones sociales o sistemas de asesoramiento, dominan el mercado del dinero y modifican a su arbitrio las tasas de interés ([10]).

 

Hoy la situación es mas grave si se advierte que las transacciones financieras están en relación de 60 a 1 respecto de las comerciales ([11]). Las transacciones financieras puramente especulativas entre monedas alcanzan la cantidad de 1,3 billones de dólares diarios, un volumen casi igual a los 1,5 billones de dólares que suman las reservas de todos los "bancos nacionales" del mundo, por lo que ningún Estado puede resistir más allá de unos pocos días las presiones especulativas de los "mercados" ([12]).

 

Es así que el capital financiero ha venido experimentando una doble emancipación: por un lado, se desvincula de la actividad económica real: del trabajo, la producción, el consumo y el intercambio de bienes y servicios. Es así que el aumento de las corrientes financieras no se ha reflejado en un incremento de la acumulación de capital productivo y social en la economía mundial. La tasa de inversión real se mantiene en el orden del 20% al 25%. En su mayor parte, el mercado financiero internacional es un sistema autocontenido de transacciones sobre activos y pasivos. Su influencia sobre el proceso real de acumulación de capital radica en sus efectos indirectos sobre el comportamiento de la demanda de los consumidores (el efecto riqueza provocado por los cambios de cotizaciones), la tasa de interés y las políticas macroeconómicas de los Estados ([13]).

 

Por otro, el capital financiero se desterritorializa o, lo que termina siendo lo mismo, se desliga del marco de las sociedades políticas. Es el elemento más móvil de la vida económica contemporánea. Los flujos financieros, servidos por una sofisticada red de telecomunicaciones, pueden trasladarse instantáneamente de un lugar a otro del globo y, en épocas de crisis, regresan a sus lugares de origen abandonando a los "mercados emergentes" ([14]).

 

2.2. Las empresas multinacionales.

 

Por su lado, las empresas multinacionales son corporaciones que poseen y gerencian unidades económicas en varios países y cuyas actividades de producción y venta trascienden las jurisdicciones nacionales ([15]). Tienen tendencia al oligopolio y a la extensión mundial. En su actual fase de desarrollo presentan una estructura compleja: los diferentes estadios de producción están situados en diferentes lugares geográficos. Esto, ha aumentado el tráfico interno de las compañías: una parte sustancial del intercambio global consiste en la importación y exportación de componentes y productos intermedios (no terminados) ([16]) dando lugar a los denominados “precios de transferencia”, o sea valores fijados arbitrariamente que no responden a las reglas del mercado ([17]).

 

En los últimos treinta años, las empresas en cuestión pasaron de alrededor de 7.000 a alrededor de 37.000. Las quinientas más grandes sumaron en 1994 ingresos por 10.245 billones de dólares (un 50% mayor que el PBI norteamericano  y 25 veces el de Brasil en 1990). De esas quinientas, 435 empresas son de origen de países del grupo de los 7 ([18]).

 

De ello se desprende que el P.B. de estas empresas supera, en ocasiones, al de algunos de los países donde actúan. En estas circunstancias, los gobiernos se encuentran dentro de su territorio con un centro de poder exterior y han de procurar, entonces, que los intereses de las empresas multinacionales no vayan en contra de los nacionales. Es posible que el poder de las multinacionales sea tan fuerte y alcance tal importancia en un determinado país que condicione la libertad de decisión política y económica del gobierno, problema que se agrava cuando interviene el país de origen de la empresa ([19]).

 

2.3. Consecuencias del globalismo.

 

Como consecuencia del "globalismo" se enajena la función principal de la política, como delimitadora de los marcos jurídicos, sociales y ecológicos dentro de los cuales el quehacer económico es posible y legítimo socialmente. El globalismo pretende que un edificio tan complejo como una nación -es decir, un Estado, una sociedad, una cultura, una política exterior- deben ser tratados como una empresa ([20]).

 

Tal concepción impregna a la globalización y la lleva a una nueva "politización" porque la economía que actúa a nivel mundial socava los cimientos de las economías nacionales y de los Estados nacionales.

 

Esto lleva a que el capitalismo se libera respecto de los corsés del trabajo y del Estado tal como han existido en los siglos XIX y XX.

 

Todo lo que fomenta el crecimiento económico acaba generando desempleo: se pueden exportar puestos de trabajo a lugares donde son mas bajos los costos laborales y las cargas fiscales a los empleos, se pueden repartir puestos de trabajo por el mundo, se pueden hacer pactos globales con Estados nacionales con vistas a infraestructuras mas favorables, y se puede distinguir entre lugar de inversión, lugar de producción, lugar de declaración fiscal y lugar de residencia.

 

La globalización, bajo el control del "globalismo" destruye al trabajo: "la bolsa recompensa a los destructores de empleos". Nos estamos dirigiendo hacia un capitalismo sin trabajo en todos los países posindustriales del planeta. Es un mito que el gran auge de la sociedad de los servicios va a salvar a la sociedad del trabajo ya que los núcleos de ocupación tradicionalmente seguros en el ámbito de los servicios se están sacrificando actualmente en el altar de la imparable y omnipresente automatización (vgr. el telebanking) ([21]).

 

La globalización, así concebida, destruye también al Estado. Se va hacia un capitalismo sin impuestos que debilita a los Estados asistenciales al llevarlos hacia un círculo vicioso: deben atender cada vez más desempleados mientras pierden el control de los impuestos. A ello se suma el hecho de que el Estado pierde sus medios de pacificación porque los nuevos ricos no necesitan a los nuevos pobres y porque los conflictos traspasan las fronteras ([22]).

 

Esto más allá de la cuestión de si es el "mercado mundial" el que está eclipsando el papel de todos los Estados nacionales o, si por el contrario, el curso general de la vida internacional sigue regido por ciertas potencias mundiales, o por ellas en alianza con el poder económico, y los Estados nacionales en vías de destrucción serían solo los no hegemónicos ([23]).

 

2.4. ¿Hay respuestas al globalismo".

 

Una valoración negativa del "globalismo", como la planteada precedentemente ([24]), lleva a la formulación de una nueva cuestión:

 

¿Es el globalismo un "hecho" que acaece en el mundo más allá de toda intención humana y fuera de todo control ejercible sobre su desenvolvimiento, o se puede hacer algo al respecto".

 

Sin duda que se puede hacer algo.

 

Ello en tanto la realidad social no puede ser vista como parte del mundo físico ni el mercado puede ser estudiado con el método matemático de la física newtoniana. La globalización y el "globalismo" se hallan inequívocamente emplazados en el terreno de la realidad social, que es una realidad práctica en el sentido de que se origina en acciones específicamente humanas que, en tanto tales, tienen carácter de libres y modificables ([25]).

 

3. La globalización y el derecho.

 

La globalización plantea importantes desafíos para el Derecho.

 

En primer lugar lo debilita al poner en crisis sus valores como consecuencia de la vigencia simultánea de la postmodernidad y su relativismo ético.

 

En segundo lugar, se replantea todo el sistema del derecho internacional.

 

Es que como la globalización no solo favorece los negocios lícitos sino que facilita la criminalidad global (terrorismo, narcotráfico, trata de blancas, armas, niños, etc.) exige al Derecho nuevas respuesta.

 

Y, en estos planos, la eficacia de los organismos internacionales, tales como las Naciones Unidas, y los intentos de tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, aparecen debilitados por la existencia de una sola potencia hegemónica que tiene sus propias políticas.

 

Por otro lado, otros organismos internacionales vinculados al proceso de globalización, como el FMI, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio, se fortalecen en base a políticas que responden solo a algunos países.

 

Paralelamente, la creación de bloques o de regiones para responder a la globalizacion, como la Unión Europea y el Mercosur, hace nacer un derecho supranacional, de diversa naturaleza y que afecta la noción clásica de soberanía y control.

 

Finalmente, y en lo que interesa a este trabajo, la globalización económica requiere para su expansión no solo la actuación de organismos internacionales  y la aplicación de sus normas, sino también la modificación de los ordenamientos jurídicos locales de cada país para adaptarlos a las reglas del mercado[26], por lo que presiona sobre éstos[27].

 

4. La presión de la globalización sobre el derecho interno.

 

En orden a lo señalado precedentemente, puede afirmarse que una norma jurídica es globalizadora, o sea que es consistente con la globalización y tiene por objeto ponerla en práctica, cuando:

 

-Busca facilitar los intercambios y liberalizar las contrataciones.

 

-Favorece la actuación de los Agentes del Globalismo: EL CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL y LAS EMPRESAS MULTINACIONALES [28].

 

-Tiende a acentuar las consecuencias del Globalismo en cuanto a la REDUCCION DEL ESTADO Y REDUCCION DEL SALARIO.

 

-Tiende a la puesta en funcionamiento de las pautas del CONSENSO DE WASHINGTON.

 

-Responde a los postulados del Análisis económico del Derecho ([29]) en cuyos términos, como se señaló, la función del Derecho debe limitarse a procurar la eficiencia, o sea reducir los costos de transacción en el mercado y, por ende, debe ser interpretado y justificado según la teoría económica.

 

Asimismo se propicia la intervención de economistas en las áreas jurídicas.

 

5.- La globalización del derecho contractual argentino.

 

Con anterioridad a la corriente globalizadora de los años 90, podía caracterizarse al régimen argentino de la siguiente forma:

 

Un régimen constitucional fundacional (1853/1860) consagratorio de la libertad y de la propiedad privada, aún con un activo rol progresista, al que se le incorporaron derechos laborales y sociales (1957).

 

Un régimen internacional que establecía para los Tratados internacionales jerarquía no superior a la ley interna (art.31 CN).

 

Un derecho público con mercados regulados, restricciones a las inversiones extranjeras y a la actuación de grupos internacionales, y una gran cantidad de empresas y la mayoría de los servicios públicos en manos del Estado, quien era el "gran" contratista.

 

Un derecho privado originariamente basado en el individualismo del Código Civil de Vélez Sarsfield pero reformado en el año 1968 (ley 17.711) introduciendo normas de protección de los deudores sobre los acreedores más allá de lo pactado en los contratos.

 

O sea que el derecho contractual argentino antes de la globalización presentaba las siguientes características fundamentales:

a) Gran número de áreas o actividades reguladas, fuera de la libertad contractual.

b) Restricciones para la inversión extranjera y los grupos internacionales.

c) Una mayor tutela para el deudor y la posibilidad de revisar los contratos a favor de éste.

 

A partir de los años noventa se produce un importante proceso de globalización normativa.

 

Así, la reforma constitucional de 1994 confirió a los Tratados internacionales jerarquía superior a la ley (art.75 inc.22), lo que permitió potenciar a los numerosos tratados de Protección Recíproca de Inversiones de la época.

 

A nivel legal, y en materia que se proyecta sobre lo contractual, la ley de Convertibilidad (23.928) amplió el anatocismo permitido, la ley de Reforma del Estado (23.696) pasó del derecho público al derecho privado una enorme cantidad de relaciones jurídicas, y la ley de Emergencia Económica (23.697) desreguló un sinnúmero de actividades entre particulares, sometiéndolas a la libre contratación.

 

Por su lado, en cuanto a los mercados y contratos, se limitaron facultades del Banco Central, se concedió plena y absoluta libertad a las inversiones extranjeras (21.382 y dec.1853/93) y a la transferencia de tecnología (22.426), brindando mayor protección a las patentes (24.481 y Dec.572) y a las marcas (22.362), y ampliando las posibilidades de utilizar la garantía prendaria (Dec.897/95).

 

También, en el ámbito propio de los contratos se introdujeron el fideicomiso (24.441) y el leasing (25.248), se reglamentó la tarjeta de crédito (25.065) y se facilitó la contratación electrónica mediante la ley de firma digital (25.506).

 

El principio de libertad contractual llegó inclusive a los honorarios profesionales (24.432) y se proyectó a los procedimientos judiciales al hacerse obligatoria la mediación (24.573) y al admitirse las ejecuciones privadas de hipotecas (24.441).

 

Todo ello, sin perjuicio de las globalizaciones habidas en materia de sociedades ([30]) y de concursos ([31]) que han sido objeto de otros análisis.

 

Pero, por encima de ello debe destacarse que la globalización jurídica más importante es la del pensamiento, lo que lleva a nuevos criterios de interpretación y aplicación de las mismas normas.

 

Al respecto, y en el ámbito estrictamente contractual, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció un criterio de no indemnización de daños en la ruptura unilateral de un contrato de concesión para la venta de automotores cuando la inversión debía entenderse amortizada ([32]) y entendió inaplicable la solidaridad laboral en un supuesto de franquicia de bebida gaseosa con fundamento en que ello desalentaría las inversiones extranjeras ([33]).

 

De todo ello se sigue, como cuadro general, que la globalización económica impacto en la normativa y en la interpretación jurídica de los contratos en Argentina de un modo que puede sintetizarse mediante los siguientes paradigmas:

 

a) La desregulación general de la actividad económica y consecuente extensión del principio de libertad contractual a una enorme cantidad de áreas.

b) La aparición como contratantes de los inversores extranjeros y los grupos multinacionales, con posición contractual dominante[34], en nuevos negocios financieros y contratos conectados entre sí.

c) Un traslado de los riesgos del contrato desde el inversor hacia la contraparte. [35]

 

6.- La presión de la globalización sobre el derecho societario. Sus críticas.

 

A.- La globalización del derecho societario.

 

Resulta claro que, en general, la globalización presiona sobre el derecho societario interno de cada país de modo de acercarlo al "modelo contractual" en tanto éste implica una "desregulación" societaria consistente con las pautas del Consenso de Washington.

 

Ello importa la supresión del concepto de un orden público societario, la flexibilización de ciertas instituciones como la tipicidad, la regularidad y las nulidades societarias, la admisión de los acuerdos de accionistas, del arbitraje societario y del derecho societario "electrónico".

 

También se modifica el concepto tradicional de "interés social" que dejarán de ser el del propio ente ideal, o el de sus socios, o el de la empresa.

 

En definitiva, se busca entronizar el principio de la libertad contractual en materia societaria para las sociedades cerradas.

 

En particular, la globalización presiona a favor de los intereses de sus agentes principales que, como se señaló, son el “capital financiero internacional” y las “empresas multinacionales”.

 

El primero, configurado por un sistema del que forman parte los fondos de inversión y los fondos de pensión anglosajones, las consultoras, los organismos internacionales de crédito (FMI y Banco Mundial) y los bancos de inversión, tiene como una de sus formas de inversión la adquisición de acciones y de obligaciones negociables de sociedades “abiertas” de todo el mundo.

 

A esos fines, la globalización propugna, para las sociedades abiertas, la instauración de las reglas del buen gobierno corporativo como un modo de tutelar el interés de los inversores en forma global[36].

 

El segundo agente de la globalización está constituido por las “empresas multinacionales”.

 

Se trata de empresas que actúan a nivel mundial, con tendencia a aprovechar las ventajas relativas de cada país en las diversas áreas de su interés (materias primas, mano de obra, servicios privatizados, grados de protección ecológica y de competencia, tipo de cambio, tributación, etc.), cuya facturación anual excede al producto bruto interno de muchas naciones, y que jurídicamente actúan bajo la forma de grupos de sociedades, con filiales y sucursales dispersas por todo el planeta y que contratan entre sí generando los denominados “precios de transferencia” [37].

 

Dichas empresas generan diversos problemas para los países huéspedes, que las requieren por sus aportes de empleo y tecnología y las recelan por su impacto en la balanza de pagos y porque sus intereses no siempre coinciden con los nacionales, lo que ha llevado a múltiples intentos para una regulación internacional, hasta ahora fracasados[38].

 

Su presión para la modificación del derecho societario se refleja en la tendencia a favorecer la actuación irrestricta de las sociedades “constituidas en el extranjero” (derecho de establecimiento), de los grupos de sociedades y de la sociedad unipersonal.

 

B.- Las criticas.

 

Ahora bien, en nuestra opinión y con carácter general, no resulta correcto importar indiscriminadamente los modelos y criterios desregulatorios de las legislaciones anglosajonas cuando existen notables diferencias en las culturas, en el tamaño de los mercados y en el funcionamiento de las economías.

 

A ello se suma la diferencia en el régimen de sanciones: los países anglosajones poseen un eficaz  sistema investigativo, represivo y carcelario para los ilícitos económicos que no existe en los nuestros.

 

En consecuencia, y hasta tanto ello se logre, resultará necesario mantener regulaciones previas que tutelen determinados intereses colectivos y/o prevengan las inconductas económicas.

 

En particular pensamos que las reglas del buen gobierno corporativo (“corporate governance”) deben ser incorporadas con mucho cuidado ya que aparecen como la codificación administrativa de una práctica donde los fondos de pensión y de inversión anglosajones logran subordinar, para su beneficio, a fracciones cada vez mas importantes del aparato productivo (industrial y de servicios), tanto a escala nacional como internacional, mediante presiones a favor de una gestión de ganancias a corto plazo, favoreciendo la especulación por sobre la producción [39].

 

Asimismo, los inversores institucionales unen a dicha capacidad para interferir en la esfera productiva una clara tendencia a hacer soportar las pérdidas a otras categorías sociales.

 

Es por eso que en la incorporación de los principios del “gobierno corporativo” a los países de tradición latina deben evitarse importaciones apresuradas y acríticas[40].

 

Por su lado, la admisión del "interés grupal", de la "sociedad unipersonal" y la libertad de establecimiento, exigen una serie de salvaguardas y contrapesos que impiden su recepción irrestricta.

 

Por todo ello, somos de opinión que, al menos en el caso de Argentina, corresponde mantener el modelo publicista aún cuando con alguna flexibilización que lo adecue a los nuevos tiempos, valores económicos y tecnologías[41].

 

Tal adecuación en modo alguno podrá desatender la tutela de los intereses de los socios, sometidos al principio mayoritario, ni de sus herederos y acreedores.

 

Tampoco los de los acreedores sociales, de los trabajadores y de los consumidores, para los cuales, conforme a principios mundialmente aceptados, debe preservarse el valor de los activos de la empresa siendo responsables los administradores que no lo hubieran hecho frente a la insolvencia[42]

 

7.- La globalización y desglobalizacion del derecho societario argentino.

 

A.- El sistema publicista de la ley 19.550 de 1972.

 

La alusión del art.1º de la ley 19.550 a la “forma organizada” “para la producción e intercambio de bienes y servicios” implica una clara directiva legal relativa a que el objeto de toda sociedad comercial debe ser la explotación de una empresa.

 

Así lo han entendido calificada doctrina[43] y jurisprudencia que llegaron a considerar que la personalidad jurídica societaria es “inoponible” por “encubrir fines extrasocietarios”, en los términos del art.54, tercer párrafo, cuando la sociedad no realiza actividad empresaria sino que es una mera titular de ciertos bienes o derechos[44].

 

Incluso en el caso de las sociedades “holding” se las entiende legitimadas sobre la base de que explotarían una empresa en forma “indirecta”, mediante las actividades empresarias de las sociedades controladas (art.33 L.S.).

 

Adviértase que las inversiones están admitidas en los estados contables societarios sobre la base de que sean ajenas “a la explotación de la sociedad”, o sea que presuponen una actividad empresarial principal (art.63 inc.d, L.S.).

 

También el fundamento del art.100, relativo a la resolución de la duda a favor de la conservación de la sociedad responde a la conservación de la empresa de la que ella es titular ya que es ésta la que se liquida en la disolución social, con el límite mínimo del pasivo social (arts.105 y 109 L.S.).

 

Queda fuera, por supuesto, la situación del art.3º de la ley 19.550 en tanto claramente excepcional y asistemática.

 

En mérito a lo señalado precedentemente cabe concluir que la ley 19.550 construyó al interés social como el interés de la empresa respectiva[45].

 

Ello permite, a título de ejemplo, que una decisión de disolución social que hubiera obtenido el voto mayoritario de los socios en su propio interés pudiera anularse por contrariar al interés empresario en la medida en que se tratara de una empresa económicamente viable.[46]

 

B.- La globalización en el decreto 677 del año 2001.

 

La globalización, en el derecho societario argentino, penetró en primer lugar sobre las ideas y fue flexibilizando la interpretación de textos normativos acuñados bajo el modelo publicista.

 

Pero a nivel normativo fue el Decreto 677/01 el que incorporó al derecho societario argentino algunas de las reglas del gobierno corporativo.

 

Dicho decreto fue en su momento tachado de inconstitucional en tanto se apartó del marco de la legislación delegada al inmiscuirse en materias propias de la legislación de fondo como es el derecho societario[47].

 

Sin perjuicio de ello, y en lo que respecta a su contenido, cabe mencionar que crea un comité de auditoría en el directorio, reglamenta limitaciones para los actos entre partes relacionadas, admite el arbitraje societario, permite la adquisición compulsiva de partes residuales y, en lo principal,  caracteriza al “interés social” como el interés exclusivo de los socios inversores.

 

Ello surge del art.8° inc. a punto I, cuando establece que los administradores deberán “hacer prevalecer, sin excepción, el interés social de la emisora en que ejercen su función y el interés común de todos sus socios sobre cualquier otro interés, incluso el interés del o de los controlantes”, y de su medición a través del parámetro de la creación de valor para éstos[48]

 

En consecuencia el nuevo sistema legitima las decisiones de los administradores y socios que solo atienden a las necesidades de ganancia de los inversores a corto plazo aun cuando ello implicara degradación del aparato productivo, del empleo o del medio ambiente, o perjuicios para los acreedores y terceros en general[49].

 

C.- La globalización en el anteproyecto de reforma societaria del año 2003.

 

El Anteproyecto de reformas a la ley de sociedades comerciales[50], elaborado en el año 2003 por la Comisión creada por Resol. MJDH 112/02, implicó también una modificación del eje actual del Derecho Societario argentino.

 

En efecto, en su artículo primero se establece: “Hay sociedad comercial cuando dos o mas personas en forma organizada, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios destinados al mercado, participando de los beneficios y soportando las pérdidas, así como también cuando, cualquiera sea su objeto, adoptan alguno de los tipos del Capítulo II...” (el subrayado es nuestro)[51].

 

De ello se sigue que la noción de empresa deja de tener relevancia en una sociedad que adopta un tipo legal y solo sigue siendo indispensable para la sociedad informal, regulada por el art.21 y stes..

 

En otras palabras, el Anteproyecto prescinde de la noción de “empresa” como sustrato necesario y finalidad (causa fin institucional) de la existencia de la sociedad comercial.

 

En su consecuencia, la sociedad que adopta un tipo legal podrá tener por objeto cualquier “negocio”, “inversión especulativa” o la mera “titularidad improductiva” de bienes o derechos sin que por esto se afecte su personalidad jurídica.

 

En esto el Anteproyecto se aparta de la tendencia de los proyectos anteriores que, salvo un limitado caso, mantenían la indisoluble relación sociedad-empresa[52]

 

Una ulterior revisión del Anteproyecto, ante las críticas doctrinarias, dio lugar al Proyecto 2005 que vuelve al concepto de empresa en la definición societaria.

 

No obstante, mantiene el interés del "grupo societario", cuyo accionar aparece ahora legitimado conforme con los nuevos arts.54 y 59, que admiten el interés del grupo tanto para compensar los daños infringidos a la sociedad, dentro de un plazo determinado, cuanto para juzgar la responsabilidad de los administradores de ésta.

 

Finalmente, el Anteproyecto y el Proyecto admiten a la sociedad unipersonal, bajo forma de SRL o de S.A., sin establecer adecuados contrapesos o limitaciones, con lo cuál podrán constituirse tantas sociedades unipersonales como bienes, derechos o inversiones posea un sujeto.

 

Cabe señalar que, al presente, el Proyecto ha perdido estado legislativo pero continúa evidenciando la postura ideológica de una parte de la doctrina nacional.

 

8.- Las respuestas frente a la globalización del derecho.

 

Existen, en general, diversas posturas posibles frente a la globalización jurídica.

 

La primera es la aceptación lisa y llana de sus postulados derogando toda norma limitativa del poder del Mercado y dictando normas tendientes a reducir el costo de las transacciones: las normas jurídicas globalizadoras.

 

La segunda es un rechazo absoluto a la globalización, cerrando las puertas al mercado mundial y subsistiendo con una económica doméstica ajena al progreso tecnológico y a la riqueza nacida de los intercambios.

 

Por nuestra parte creemos que existe una tercera respuesta que consiste en un ejercicio crítico que permita tomar lo adecuado y desechar lo inadecuado teniendo como medida tanto los valores constitucionales como los intereses argentinos.

 

En el caso la respuesta importará una apertura limitada y progresiva hacia cierto nivel de globalización bajo reglas que salvaguarden los intereses nacionales y los valores constitucionales por encima de los intereses del mercado[53].

 

Tal es, a nuestro juicio, la respuesta adecuada en tanto es la Constitución Nacional , a la que estamos sometidos los operadores del Derecho (legisladores, jueces, abogados, etc.) la que fija las relaciones entre la política y el mercado, la democracia y el capitalismo, y entre los valores de la eficiencia (Economía) y la justicia (Derecho)[54].

 

Es que la respuesta constitucional es inequívoca: primero la política, como producto de la voluntad democrática de la ciudadanía orientada al bien común, y luego la economía y el mercado.

 

Dentro de ese ordenamiento, es función del Derecho garantizar el ejercicio de los derechos y el acceso a los bienes fundamentales que la Constitución y los Tratados incorporados reconocen a toda persona, con prescindencia de su posición o exclusión del mercado[55].

 

9. La respuesta en materia contractual.

 

Casi como una prolongación del debate sobre la globalización existe un debate sobre las funciones y alcances del Derecho en materia de contratos donde se destacan dos orientaciones predominantes.

 

En primer lugar, está la postura de quienes consideran que como los contratos tienen por objeto crear y transferir riqueza y la función del Derecho no es otra que la de reducir los costos de tales transacciones en el mercado, sujetas en sus formas a la conveniencia de las partes y con riesgos libremente aceptados por ellos, corresponde mantener a ultranza la libertad contractual e intervenir ex post facto solo en casos de fraude comprobado.

 

En segundo término, se encuentra la posición de quienes entienden que no cabe presumir la igualdad sino la disparidad de poder entre los contratantes, y afirman la existencia de derechos subjetivos indisponibles, todo lo que lleva a que no todas las áreas contractuales deban quedar sujetas a la libertad absoluta y que, dentro de cada contrato, deba protegerse prioritariamente a los deudores.

 

Por nuestra parte, en una postura intermedia, somos de opinión que corresponde regular y excluir de la libertad contractual ciertas áreas especialmente resguardadas por la Constitución Nacional tales como las vinculadas a la política industrial y de desarrollo (art.75 inc.18), al derecho a asociarse con “fines útiles” (art.14), a la protección del empleo, del salario y a la participación de los trabajadores en la empresa (art.14bis), a la tutela del medio ambiente (art.41) y de los consumidores (art.42).

 

Y, en las restantes áreas, el derecho de los contratos debe procurar un razonable equilibrio entre las partes que dé seguridad a los inversores pero que evite el abuso de la posición contractual dominante.

 

Es que las materias contractuales pendientes no solo pasan por dotar de funcionalidad al derecho del consumidor, creando los tribunales específicos, sino también por la protección de las pequeñas y medianas empresas del abuso de poder dominante de las grandes corporaciones, logrando un equilibrio jurídico-económico que sea base del desarrollo.

 

10.- La desglobalización del derecho argentino.

 

Finalmente, y a partir de la grave crisis económico-política e institucional de nuestro país del año 2011/2002, se ha iniciado y luego consolidado un proceso de desglobalización económica con importantes repercusiones en el plano jurídico desde la sanción de la ley 25.561 de emergencia económica.

 

Dentro de dicho proceso cabe destacar el congelamiento de las tarifas públicas, la ampliación de las facultades del Banco Central (25.780), la creación de planes sociales y de subsidios a desempleados y a otros grupos carenciados, las reformas a la ley de quiebras (25.589, 26.063, 26.086 y 26.684), la ley de industrias culturales (25.750), la ley de responsabilidad de matrices bancarias (25.738), las normativas sobre sustitución de importaciones y retenciones al agro, las restricciones al movimiento de capitales, la reestatización de empresas privatizadas, la creación de empresas públicas, las restricciones cambiarias y la flamante ley de abastecimiento, recientemente sancionada, que en gran parte reedita a la ley 20.680.

 

Sin embargo, y a nuestro juicio, este proceso no ha importado, hasta el presente, una adecuada respuesta a la globalización, mediante el equilibrio entre Economía y Derecho, sino el retorno a antiguas estructuras jurídicas y económicas, muchas de las cuales ya han demostrado su fracaso en el pasado.

 

Hagamos votos para que en un futuro cercano podamos lograr ese ansiado y necesario equilibrio.