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  SUPLEMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

JURISPRUDENCIA

 
     
 
 

AMPARO - RECHAZO IN LIMINE

 

Expte. Nº14/2004 "Sixty Five S.R.L c/Municipalidad de Pilar s/amparo" - Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo-San Martín

 
TEXTO COMPLETO:
 

///Gral. San Martín, 31 de agosto de 2.004.- 

 
I-Que a fs. 74/77 el Sr. Juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de San Isidro rechazó in limine la acción de amparo intentada por la firma Sixty Five S.R.L. con el objeto de que se condenara a la Municipalidad de Pilar a autorizar la habilitación de locales comerciales administrados por aquélla. 
Para así resolver, entendió que no se encontraban configuradas la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requeridas por los arts. 20, inc. 2º de la Constitución Provincial, 43 de la Constitución Nacional y 1º y 2º de la ley 7166. Asimismo, consideró que existían otras vías judiciales ¾como las contempladas en el Código Contencioso Administrativo¾ y administrativas para canalizar el reclamo de autos. Agregó que la complejidad de las cuestiones planteadas requería mayor amplitud de debate y prueba que el que posibilita la acción intentada.

 
II- Que a fs. 78/83 apela la actora y funda sus agravios.
Dice que no existen cuestiones opinables que requieran debate y prueba, toda vez que no existe normativa municipal alguna que exija planos aprobados para habilitar locales comerciales menores a 100 m2, tomados en locación por quien pretende la habilitación, de conformidad con la ordenanza municipal 286/03. Se agravia de que el a quo califique de "no manifiesta" la arbitrariedad de la Municipalidad demandada, que niega una habilitación exigiendo un requisito que la propia normativa no contempla. Argumenta que siempre existiría una acción contenciosa administrativa, pero en tanto la violación a los derechos resulte palmaria, como en el caso, la acción de amparo debe prosperar. Aduce que la demora de la vía sugerida por el a quo provocaría que los locatarios de los locales comerciales no pudieran lograr la habilitación de aquéllos y que la firma no podría cobrar los alquileres, provocando así la quiebra de la empresa. Solicita que se revoque la decisión y se contemple el otorgamiento de la medida cautelar solicitada. Por último, impugna la imposición de costas.

 
III.- Que en cuanto al carácter excepcional del remedio jurisdiccional intentado, el Máximo Tribunal provincial ha sostenido reiteradamente que "....la admisibilidad del carril del amparo se halla condicionada a la existencia de un acto, hecho u omisión, que en forma actual e inminente, lesione, restrinja, altere o amenace el ejercicio de derechos o garantías constitucionales con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (art. 43 de la Const. Nac.; 20 inc. 2º de la Const. de la Prov.; 1º, ley 7166; doctr. causas B. 59.168, "Riusech", sent. del 16-II-1999; B. 58.002, "Rodríguez", sent. del 6-X-1998; B. 59.728, "Maida", sent. del 3-V-2000; B. 62.257, "Herrera", sent. del 3-X-2001; B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", sent. del 4-IX-2002 y B. 64.200, "Chacur", sent. del 27-XI-2002, entre otros).
Por su parte, ha remarcado: "....la ilegalidad del acto lesivo debe aparecer de modo claro y manifiesto. No basta, por consiguiente, que el proceder denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional. Se requiere, además, que el acto carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal; o dicho en otros términos, que haya surgido al margen del debido proceso formal, que constituye el fundamento de validez de toda norma jurídica (doctrina causa B. 58.002, "Rodríguez", sent. del 6-X-1998, citada en el Ac. 63.788, 21-V-2.003). 
Agregó: "....un acto o conducta serán ilegales cuando manifiestamente no concuerden con la regla jurídica que prescribe lo debido, es decir, si el contenido de un precepto inferior no se conforma con las prescripciones de un precepto que le es superior, ya se trate de una ley, de un decreto o de un reglamento ilegal o de un acto administrativo contrario a una ley, reglamento o decreto", "Por tanto, la ilegalidad puede describirse a través de preceptos legislativos que se omiten aplicar o se interpretan mal; mientras que la arbitrariedad exhibe un juicio especialmente negativo frente a las normas. La ilegalidad desconoce o aplica erróneamente la regla jurídica que corresponde, mientras que la arbitrariedad es la manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos"; "La arbitrariedad e ilegalidad tienen que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria, ostensible, para no hacer del amparo el vademecum que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en solo una, cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteos. El amparo es una herramienta útil, pero no para cualquier situación"; "Sobre la base de la evidencia o notoriedad que tiene que revestir el acto lesivo, la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el andarivel de marras es inadmisible cuando las cuestiones planteadas como fundamento del carril elegido son opinables o discutibles (C.S.J.N., "Fallos", 270:69; 271:165; 273:84; 274:186; 281:394; 297:65; 310:622; 311:208, entre otros)" (Ac. 63.788, 21-V-2003).

 
IV- Que de las constancias de la causa surge que la actora -Sixty Five S.R.L.- explota una serie de locales comerciales que construyó en inmuebles pertenecientes a Torres del Sol S.A., en el Shopping Torres del Sol, en la intersección de la calle Chubut y Acceso Norte (autopista del Sol) a la altura del km/50 en la ciudad de Pilar, locales que la empresa ha otorgado en locación a la firma Guacamole S.A. y a la Sra. Ana María Olivero (confr. fs. 63/73 y copia de los contratos obrantes en autos).
Inicia la presente acción de amparo con el objeto de que la Municipalidad de Pilar otorgue la habilitación de los locales respecto de los cuales se firmaron los respectivos contratos de locación.
Del acta notarial labrada con fecha 16 de junio de 2.004 en oportunidad de presentarse ante la Municipalidad de Pilar para solicitar la habilitación de los locales (cuya copia obra a fs. 11/14) surge que: a) el Subdirector de Planeamiento de la municipalidad informó que respecto de los nuevos locales del complejo, no se podía dar ni siquiera una habilitación provisoria (confr. fs. 12); b) el Director de Planeamiento explicó que faltaban planos y otros documentos para regularizar la situación, que si bien se había presentado el plano de mensura para deslinde y amojonamiento el 26 de abril de 2.004, se necesitaba un plano e informe de Vialidad Nacional, toda vez que los locales estaban ubicados frente a la calle que linda con la Panamericana Ramal Pilar y, por ello, se encontrarían bajo "la restricción" de Vialidad Nacional; c) tal documentación junto con otra fue requerida al shopping en diciembre de 2.003, pero no había sido presentada a esa fecha; c) a raíz de la falta de presentación de la documentación las habilitaciones provisorias otorgadas en ese entonces no habían podido regularizarse y la Municipalidad de Pilar ha comenzado a negar también las habilitaciones provisorias a los locales ubicados en la parte nueva del complejo comercial "para no seguir añadiendo problemas a este tema". 
A fs. 18 obra copia del dictamen elevado por la Dirección de Planeamiento a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio demandado, en el que se informa que "...no es posible emitir certificados de aptitud de uso de suelo a las actividades comerciales que tramiten habilitación comercial en el Shopping Torres del Sol por cuanto dicho emprendimiento ha efectuado profundas modificaciones que afectan las condiciones de funcionamiento exigibles para este tipo de actividad comercial (grandes superficies comerciales)," mencionando dentro de los incumplimientos entre otros que "....No cumple con restricción de vialidad y no presenta planos aprobados por esta Dirección". -confr. fs. 18-.
De lo relatado se evidencia que no existe un obrar manifiestamente arbitrario o ilegal por parte del municipio en negarse a conceder las habilitaciones a los locales que administra la actora, toda vez que ellos están dentro de una obra nueva realizada en el complejo comercial, a raíz de que no se ha cumplido aún con las exigencias vigentes para la aprobación de sus planos ya que, por estar ubicados los locales frente a la calle que linda con la Panamericana Ramal Pilar, se encontrarían bajo la restricción de Vialidad Nacional. 
Corresponde señalar que no resulta relevante el agravio del recurrente en el sentido de que la documentación requerida por la municipalidad no se encuentra prevista en la ordenanza 286/2003 -fiscal e impositiva (conf. fs. 19)-, toda vez que tanto el plano como el informe de la Dirección de Vialidad Nacional tratan sobre cuestiones que atañen a la ubicación de las modificaciones nuevas realizadas en el shopping y a la correspondiente aprobación de los planos de la obra nueva.

 
V- Que por otra parte, el artículo 20 inciso 2º de la Constitución provincial establece, en lo pertinente, que el amparo procederá siempre que no pudieren utilizarse por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable. 
El artículo 43 de la Constitución Nacional prevé, en lo que interesa, que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo.
Por su parte, la ley 7166 dispone: "la acción de amparo sólo procederá cuando no existan otros procedimientos ordinarios administrativos o judiciales, que permitan obtener el mismo efecto" (art. 2º).
En este sentido y tal como lo señaló el a quo, a fin de obtener la protección de los derechos que el apelante entiende conculcados, cuenta con las vías legales ordinarias pertinentes (conf. Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, ley 12.008, y normas de procedimiento administrativo) que resultan más idóneas que la excepcional acción de amparo.
La alegada demora de los trámites ordinarios no resulta argumento suficiente para revertir lo decidido en este aspecto toda vez que es reiterada la jurisprudencia del Máximo Tribunal en el sentido de que esta vía excepcional debe descartarse "....no sólo para obviar los trámites legales aptos sino también para urgirlos" (Fallos: 311:612; en análogo sentido, Fallos: 311: 2319;313:433).
En consecuencia, resulta ajustada a derecho la resolución del juez de primera instancia en cuanto rechazó in limine la acción intentada, sin que sea menester tratar los restantes agravios del recurrente.

 
VI- Que en cuanto a la imposición de costas efectuada por el Sr. juez de primera instancia asiste razón al recurrente en su queja. 
Ello así toda vez que al no haber habido sustanciación, no corresponde su imposición.
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: Confirmar el pronunciamiento apelado por los argumentos aquí reseñados y revocarlo en cuanto impuso costas al amparista. 
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen.


JORGE AUGUSTO SAULQUIN

ANA MARÍA BEZZI

LAURA MERCEDES MONTI

Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo-San Martín
Registro de Autos Interlocutorios Nº ...........
ANTE MI

 


 
 

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