Una
mirada sociológica con respecto a la valoración de los hechos y de la
idiosincrasia de los pueblos, como motor conducente de la equidad en el
Derecho del Consumidor y de la transparencia en la actuación estatal.-
En
los números 2 y 3 del Suplemento
de Defensa del Consumidor y Regulación
de los Servicios Públicos, publicado el 8 de agosto de 2003, y el 5 de
setiembre respectivamente, que estuvo disponible en la portada del Suplemento
hasta el día 2 de octubre
de 2003, publicamos, secuencialmente, la Partes 1ra. y 2da. de un trabajo que
titulamos Una
mirada sociológica con respecto a la valoración de los hechos y de la
idiosincrasia de los pueblos, como motor conducente de la equidad en el
Derecho del Consumidor y de la transparencia en la actuación estatal.-
En
este Número del Suplemento, publicamos
la parte 3 del artículo, que se compondrá de cuatro partes, a los fines
que los lectores no pierdan la ilación del tema,
publicaremos también en este número la primer aparte del artículo.-
A
los fines que, el artículo guarde coherencia, las citas de la partes 1 y 2 y
de la parte 3, se insertarán al
pie del trabajo, y guardarán
continuidad numérica. Además, la numeración de los ítems, también guardará
correlación.-
PRIMERA
PARTE
1.-
Los hechos y su influencia en las decisiones jurídicas.-
En
la Editorial de nuestro primer Nro. del Suplemento, sostuvimos que, el Derecho
del Consumidor, no es una disciplina que debe ceñirse o limitarse a una mera
compilación de normas jurídicas, ello pues, de estarse a ese extremo, se lo
vacía de contenido, se lo
transforma en una mera declamación de principios, en un programa político
utilizado de acuerdo a las conveniencias estacionales de cada estructura de
gobierno.-
A
los fines que, el Derecho del Consumidor, se convierta en
una eficaz herramienta destinada a la tutela de los usuarios, debe ser
situada ello en atención a que las actividades, conductas y relaciones
humanas, son las que generan la
interacción humana, con sus eventuales consecuencias dañosas para la
equidad, la armonía y la legitimidad.-
Cuando,
el Derecho, es objeto de
desarrollo responsable, serio, teniendo
como intención su aplicación
en el mundo real a los fine de abogar por la armonía, la equidad y la
ética, debe seguir,. ineluctablemente, a
los hechos y conductas sociales, cualquiera
fuere el carácter y sentido que porten.-
Es
decir, el Derecho, o mejor dicho
quien lo crea, elabora y/o aplica, debe observar con atención a los fines de
llevar a cabo con responsabilidad y seriedad su trabajo,
las variaciones económicas, financieras, tecnológicas, las
alteraciones en las conductas y en los comportamientos sociales (Vgr. la
población cambia sus hábitos y comienza a salir de noche hasta altas horas
de la madrugada), las modificaciones en las estructuras políticas, y hasta
las características climatológicas, geológicas y topográficas de una
jurisdicción determinada.-
Como
si fuere un trabalengua (y me acuerdo de... tres tigres comieron trigo...ya me
enrede!!!...) el derecho debe seguir a los hechos, pues estos no son
independientes de las soluciones jurídicas, ya que
estas deben ser aplicadas a las conductas humanas, impregnadas de
hechos, esto en orden a que se construyen de ellos.-
Hace
ya muchos años, Ihering, se manifestó con respecto a que el derecho sigue a
los hechos. ¿Fue un visionario, Ihering, o era un tipo que en un ya añoso
pasado (seguramente con la panza
llena de exquisitos bocaditos centroeuropeos -Struddles, de manzana,
con 14 capas de delicioso hojaldre?-, pues en esa época las abuelas
cocinaban muy bien), tan sólo supo interpretar el
verdadero sentido del
Derecho?.-
Creemos
que, Ihering, se dedico a analizar al mundo, y a partir de ahí, considero
que, el derecho, solo resultaba eficaz si seguía a los hechos, que acontecían
en el mundo social, como además a los que acontecían en el expediente que se
debía resolver, es decir si se sometía a lo que se ha denominado, en el
mundo del derecho administrativo, verdad
material.-
2.-
La importancia que adquiere la circunstancia que las normas dictadas por el
Estado resulten comprensibles por quienes las deben aplicar.-
La
actual estructura burocrático//orgánica, que impera en los Estados modernos,
actualmente dominados (real o formalmente (1)),
por el imperio del derecho, obliga, sin dudas,
a articular mecanismos destinados a mantener la armonía y el
equilibrio en su seno, y en el marco de las relaciones jurídicas/sociales/económicas
que, de el, emanen., y que
involucren partes con diferente peso específico (2).-
El
modelo de burocracia racional-legal, es decir de la que procura el apego a un
estado regido por la normativa (sin importar si esta es, o no, razonable o se
encuentra ceñida, o no, a los principios generales del derecho y respetuosa,
o no, de los principios básicos del hombre (3)),
posee una larga tradición en los países europeos.
Handelman
argumenta que “la idea de una organización burocrática es sólo en pequeña
medida un invento de la ciencia social occidental”
(4),
agregando que “si puede existir una conexión lógica entre la idea del
siglo XVII sobre la organización taxonómica y la descripción weberiana de
la organización burocrática moderna”(5).
Concordamos
con Handelman, con relación a que existe un nexo entre los principios
organizacionales tempranos en Occidente (principalmente la organización del
imperio Romano (6))
y la evolución de la organización burocrática, Europea.-
Asevera,
Handelman, que, en
Occidente “...uno está predispuesto a sentir y pensar de forma particular,
tal vez en términos de lógicas diferentes, al hallarse dentro de realidades
locales particulares o entornos que resultan relevantes para el marco
general” (7).
Esto
no implica que los órdenes burocráticos sean un simple reflejo de la
sociedad (8),
es mas, es usual que, las estructuras burocráticas estatales importen un
mundo paralelo al real y hasta al anhelado por la norma que rige la conformación
estructural//escalafonaria//funcional del Estado
(9).-
Suele
ocurrir que, las estructuras burocráticas resulten ajenas (en cuanto a
motivación y génesis de funcionamiento o anhelos pretendidos), a las
aspiraciones de la sociedad, emergiendo así una dicotomía que se manifiesta,
a través de una marcada separación entre los órganos estaduales, el
funcionarato y los miembros de la sociedad civil (10).-
Ejemplo
de lo dicho se sucede cuando, los miembros de las estructuras burocráticas
estatales, desean mantenerse a perpetuidad en sus cargos o ser beneficiarios
de privilegios especiales, que muchas veces resultan repugnantes para el
derecho, para la equidad (11)
y la armonía en las relaciones sociales y que, obviamente, demeritan la
posición de los miembros de la comunidad, quienes deben observar, de modo
pasivo e impávido, como un grupo de funcionarios se autogeneran privilegios o
los generan a favor de terceros, en detrimento de los intereses de la
colectividad, violentándose, así, la finalidad de satisfacción al interés
genera que debe ser cumplida por el Estado y, lógicamente, por los órganos físicos
(funcionarios) que lo integran (12).-
Scott
entiende que “...el control de la administración que conocemos hoy hubiera
sido imposible sin el desarrollo de la contabilidad pública en los cuerpos
legislativos ampliamente representativos.” (13).-
Las
naciones en desarrollo, de acuerdo a Scott, “han adoptado en su mayor parte
la panoplia completa de leyes y regulaciones que evolucionaron de, y dieron
expresión a, la larga lucha política por la reforma en Occidente”. (14).-
La
opinión de Scott, es adherida, desde lo teórico, por Olivier de Sardan, en
referencia a África, quien afirma que “...el funcionamiento del aparato
administrativo (está) copiado enteramente del patrón europeo...En lo que
respecta al sistema legal, al funcionamiento oficial y al presupuesto es
totalmente occidental” (15),
la que crea una situación paralela e irreal, al punto tal que, el
ordenamiento legal, no es seguido por la ciudadanía africana (“los
muchachos de las tribus”), la cual, aun, vive de acuerdo a sus antiquísimas
creencias y raíces (16).-
Y,
es, en este sentido, donde se observa una flagrante dicotomía entre la
formalidad normativa y la realidad social, la que condiciona la aplicación de
la norma, y este punto debe ser considerado, esencialmente, en toda norma que
se precie de convertirse en un eficaz elemento o herramienta de combate contra
la desigualdad e iniquidad en las
relaciones sociales.-
Se
observa, entonces, que la adopción de marcos
o modelos normativos administrativos,
no asegura el desarrollo de prácticas similares en diferentes contextos
sociales, territoriales, económicos, culturales, ya que, la aplicación de la
norma que debe regir a una colectividad, hace a idiosincrasia de esa
comunidad, destacándose que, las normas, son solo declamaciones, pero lo
importante es que, el espíritu de la imposición jurídica (sea procedimental
o de fondo) se encuadre dentro del sentir,
de la idiosincrasia de los
sujetos que la deben aplicar y de quienes deben velar por su cumplimiento
(17).-
2.a.-
Importancia que el marco burocrático legal, se ajuste a la raigambre cultural
de la sociedad.-
La
organización burocrática europea, ha sido fruto de un lento y constante
desarrollo (muchas veces desarmonioso y hasta violento), que derivo en la
actual estructura burocrática estatal de las sociedades europeas y hasta de
la norteamericana, la cual se condice con un modo de vida, se cine, en mayor o
menor medida, a las creencias de la sociedad.-
Nadie
duda que, la organización burocrática Inglesa, no se aparta,
substancialmente, de la las lógicas socio-culturales predominantes, ya que el
desarrollo de reglas y normas políticas y burocráticas fue el resultado de
un largo proceso.
Por
el contrario, en África (principalmente la “subsahariana”), el marco
legal ha sido importado, pues ha nacido con el colonialismo, creando
institutos que por copiar patrones o modelos europeos, resultan
totalmente alejados de la antropología cultural del pueblo (18),
generándose así, la dicotomía entre un Estado Formal (el normativo) y un
Estado real (el regido por las creencias tribales).-
El
resultado del proceso de importación de sistemas normativos, es lo que,
actualmente, se vive en África, el fracaso de la organización estatal,
regida por normas modernas e innovadoras (19),
pero inaplicables, ocurriendo, así, una concreta oposición entre lo jurídico
y lo real, lo que trae como consecuencia una complejidad que resulta difícil
de entender (y hasta paraliza) a los sujetos insertos en ese Estado.-
Y,
la dicotomía entre lo legal y lo
real, entre la burocracia formalmente
organizada y el funcionamiento social//estatal real, no hace mas que
distorsionar la aspiración legal, que transformar
en un trasto inútil (20)
a la normativa y afectar el funcionamiento estatal, entre un mundo paralelo,
pero legal, que es el que debe juzgar y ordenar el funcionamiento y un mundo
real, pero ilegal, que es el que debe ser juzgado.-
Esa
situación de contradicción, legado en muchas veces de un
colonialismo que no ha sabido comprender las raigambres culturales de
los pueblos colonizados, ha traído como resultado que, el
funcionamiento del aparato administrativo, adquiera
carácter o alcance de
“tipo esquizofrénico” (21).-
El
legado europeo del colonialismo, no preparo el terreno para que las normas
“occidentales”, puedan emplearse de modo racional, sino que las impuso
como por la coacción, creando una organización burocrática en las naciones
pre-coloniales, que difirió del modo de vida real y del funcionamiento social
ordinario de la comunidad.-.
Afirma,
Cohen, que, en Nigeria “...los africanos aprendieron a vivir y a operar bajo
un sistema burocrático en el cual la ilegitimidad era normal” (22),
circunstancia generada a la luz
que, por no sentir el modelo impuesto de modo irracional y por la fuerza,
se crearon reglas de juego político/burocráticas que no eran
compartidas ni sentidas por la población (ni por los funcionarios locales),
motivo por el cual existe un ordenamiento legal que no es aplicable, razón
por la cual, toda actuación que escape a ese marco normativo es ilegal.
Y,
si el marco normativo no se ajusta a las conductas, al comportamiento social
general, las conductas del cuerpo
social, serán, usualmente, ilegales.-
A
raíz de lo aludido, es innegable que las nuevas reglas y normas políticas y
administrativas impuestas por los colonizadores, al escapar al molde de la
vida de los sujetos miembros de las sociedades colonizadas, por resultar
ajenas a la realidad de estos, a su idiosincrasia, a su raigambre cultural, a
sus anhelos a sus expectativas, creaban una situación de incertidumbre,
afectando al ejido social en su conjunto.-
Sin
dudas, esta situación generada entre el mundo real y el mundo paralelo, entre
la vida diaria y el orden legal importado, del produjo frustración,
iniquidad, ineficiencia, centralización, suma de poder
político, (violentando la natural división de funciones propia del
Estado moderno), ilegalidad perpetua.-
Y,
la ilegalidad perpetua, es sin dudas un medio que engendra y divulga
la cultura de lo ilegal, de la permisión de aquello que vulnera la
norma, lo que es el motor de la corrupción, ello pues, los funcionarios,
admiten, a la luz de la
situación real, la violación a la normativa (importada e inaplicable), a
cambio de la obtención de favores y prebendas.-
Lo
narrado, nos permite entender la importancia que adquiere la elaboración de
un régimen jurídico y la
creación de instituciones que resulten acordes y aplicables dentro de un
contexto social, pues, el articular mecanismos legales/institucionales, que
resulten inaplicables, coloca al accionar de la sociedad por fuera de ese ámbito
artificial creado.-
Tal
circunstancia conduce a la
ilegalidad perpetua, originando este extremo, la posibilidad que, tal
ilegalidad genere corrupción, ya que podrá ser admitida, por parte de
quienes están a cargo del manejo del poder estatal o de administrar justicia,
solo si median contraprestaciones (léase cohecho) que haga nacer, a favor de
los funcionarios o su séquito de “delfines”, incausados beneficios.-
En
este contexto, señalamos que no adquiere relevancia ni trascendencia la
creación de normas o institutos o estructuras orgánicas (léase Defensor del
Pueblo, Tribunales de Ética Publica, etc.), si su formación y su
funcionamiento:
·
No
responde a una cultura previa,
·
No
se asientan en un proceso de inserción y difusión, a favor de la comunidad,
de su objetivo y finalidad,
generando conciencia sobre su trascendencia y cooperación con el bien común
y el interés publico,
·
No
es independiente del poder político ni de los intereses de las
corporaciones.-
De
nada vale, hacer normas o crear institutos
decorativos, inaplicables, irrelevantes desde lo social, los cuales,
resultan absolutamente contraproducentes, y hasta pueden convertirse en medios
o instrumentos que originen un “caldo
de cultivo” para la generación de mayor desigualdad entre las partes de una
relación jurídica que involucra sujetos con diferente peso especifico,
extremo este que, en el ámbito de países cuyas estructuras administrativas
se encuentran afectadas de corrupción, puede ser una tentación para aquellos
empleados públicos que, a cambio de favores de los poderosos, actúan con el
objeto de ahondar la natural desigualdad que somete toda relación de
consumo.-
A
la luz de lo expuesto, es evidente que estimamos que adquiere enorme
trascendencia, evaluar si, las normas y los institutos creados con el fin de
organizar al Estado y de establecer pautas destinadas a combatir la corrupción,
o resguardar a los consumidores, resultan
aplicables dentro del ámbito para el cual se dicten.-
SEGUNDA
PARTE
3.-
Es importante que se observe la problemática que acomete a los consumidores y
usuarios, desde una visión integra y abarcadora, que incluya, esencialmente,
la valoración y estudio del fenómeno
de la corrupción.-
Los
fenómenos que se suceden en el ámbito estatal, no se producen de modo
aislado, ni pertenecen a una diáspora de sucesos que vagan dentro de un marco
o ámbito social disléxico o inorgánico, que se mantiene distante y alejado
entre todos sus componentes.-
Por
el contrario, estimamos, en nuestra abierta batalla contra toda tesis que
tiende a resumir al mundo dentro del concepto “fourniniano”
de falansterio, que los hechos que se suscitan en ámbito de la
sociedad, suceden dentro de una
órbita que debe tender a aunar e integrar
esos sucesos, ello a fin de observarlos, y analizarlos,
y considerarlos en el marco de la elaboración de políticas integrales
del Estado.-
En
las charlas de café, aunque yo tomo, imitando a un caballero inglés, te de
hierbas provenientes de la ex Ceylan, hoy Sri Lanka, tierra
en la cual combaten con energía y avidez los Tigres de Liberación del
Pueblo Tamil, (aunque en mi caso las libras esterlinas se cayeron por el roto
bolsillo, y fueron sustituidas por desteñidos Billetes celestes, de la línea
Patacón, y perteneciente a la denominación dos), siempre explicito que la
sociedad a los fines de solucionar sus problemas, debe ver los sucesos de modo
integro, unidos, y no aislados, como si cada uno
de ellos fueran pequeñas uñas, que insertas en dedos distintos, ven
como las cosas que le suceden
alrededor le resultan extrañas, ajenas, indiferentes.-
En
el mismo sentido, es decir con una política aislacionista de lo que ocurre en
el mundo real, y en el ejercicio de restantes actividades, tal si siguieran
las enseñanzas de Fournier (las cuales abordaremos en la parte 3 de este
articulo), en cuanto a que cada
profesión debe mantenerse independiente y autónoma
de la otra, y a que cada
actividad no debe inmiscuirse en las restantes, muchos abogados, contadores,
arquitectos, ingenieros y demás profesionales, desarrollan su actividad y la
limitan a la aplicación de meras técnicas, que resultan abstractas en cuanto
inaplicables en el mundo real, o alejadas
del folclore o idiosincrasia de la gente, o prescindentes de la interrelación
que deberían tener con otras disciplinas, ello a los fines de integrarse en
políticas conjuntas, que tiendan a evitar que, las profesiones, y los
trabajos que en su nombre se elaboran, sean consideradas meras técnicas
aplicables a cuestiones puntuales y
especificas, que resultan muchas veces meras sociotecnias (23)
utilitaristas.-
Es
consecuente, entonces, nuestra creencia con respecto a que se debe
abordar la solución de
los problemas desde aristas diferenciadas, ello
a los fines de identificar de modo mas efectivo, los hechos que, en el
escenario social, se suceden con el objeto de afectar negativamente los
derechos de los ciudadanos,
miembros de la sociedad,.-
Y,
en este contexto, es importante considerar que, en no pocas ocasiones la
corrupción, es un elemento esencial que motoriza acciones u omisiones que
tienden a desvirtuar y hasta licuar los derechos de los usuarios y
consumidores, corrupción que puede manifestarse, en la especie,
a través de múltiples formulas, pero todas ellas sustentadas en el
poder económico y hasta político de ciertos proveedores, que como
consecuencias de favores, pueden verse favorecidos por las autoridades
estatales, cualquiera fuere su orden jerarquía.-
Es
por ello, que no debemos estudiar la violación de los derechos de los
usuarios y consumidores, prescindiendo de valorar y considerar
la variable corrupción.-
3.a.-
El Estado como organización que debe combatir la corrupción, a los fines que
en su ámbito jurisdiccional, reine la armonía en las relaciones sociales.-
Resulta
gravitante que, los Estados (a nivel institucional), los
funcionarios, las corporaciones empresarias y los miembros de la
sociedad, comprendan la
trascendencia, la importancia, la significación de la corrupción, la cual:
·
Actúa como óbice
directo e inmediato para que, las estructuras estatales puedan cumplir con sus
finalidades que han motivado su creación,
·
Es un elemento
distorsionador del reino de la igualdad,
·
Violenta el régimen
de legalidad,
·
Genera un régimen
de ilegitimidad,
·
Frustra las
finalidades estatales,
·
Afrenta el interés
común e impide la satisfacción del interés general.-
Si
la Corrupción desbarata la satisfacción del interés general y del “bien
común” que debe ser propendida de modo continuo, constante, perpetua y
regular por el Estado, es evidente que, este
ultimo, no cumple con las finalidades básicas que han motivado su creación y
le han dado origen, ya que, el Estado, como estructura jurídica política, se
conforma con la sumatoria de voluntades individuales que son cedidas a una
organización supra y abstracta, que acumula esas voluntades, la transforma en
potestades excepcionales y, exorbitancia de por medio, las ejercita de
continuo en el ámbito social (24).-
Si
se violenta el objeto y la finalidad que ha motivado al nacimiento del Estado,
se altera su esencia y su génesis, motivo por el cual se quiebra el contrato
tácito existente entre los individuos y la organización jurídica denominada
Estado, ocasionando, esta situación, la ruptura de ese vinculo tácito.-
Al
ser, la corrupción, una mala practica que atenta y demerita la razón de ser
del Estado, es evidente que, tal extremo, debe transformarse en una
circunstancia que haga repensar sobre el rol del Estado.-
Y,
es ente contexto, donde a fin de resguardar la esencia que ha dado nacimiento
a Estado, se considera que, la corrupción
es el principal obstáculo al crecimiento social
y económico en los países en desarrollo y hasta de los desarrollados,
motivo por el cual, la postura más común comprende la condena generalizada (25).-
A
los fines de evitar que la corrupción distorsione la finalidad del Estado, es
inevitable señalar que, deben diseñarse programas anti-corrupción, lo
requiere el conocimiento de la naturaleza, los patrones y la estructura
organizacional del fenómeno, como asimismo la idiosincrasia y la cultura de
los miembros de la sociedad.-
3.b.-
Encuadre que, la institución estatal, le debe conferir al fenómeno de la
Corrupción.-
Es
una problemática del Estado actual, el encuadre que debe conferírsele a la
noción de corrupción, encontrándose posiciones opuestas con relación a si
cabe otorgarle un sentido estrictamente delictivo o si resulta procedente
“entremezcarla”, con las denominadas irregularidades administrativas, es
decir con aquellas actuaciones llevadas a cabo en sede estatal que impliquen
vulnerar el reglamento o estatuto, pero que
no generen, de modo directo, demerito patrimonial al Estado u origen
provechos y beneficios incausados (directos -Vgr. obtención de dádivas,
regalos-, o indirectos -Vgr. ser objeto de promesas sobre posibles ascensos,
incorporaciones a cargos, etc.-) a favor del agente actuante o de
terceros.-
Los
antropólogos sociales, consideran la definición convencional “corrupción”
como demasiado estrecha y excesivamente preocupada por la ilegalidad de las prácticas.
La
valoración individual sobre los cursos de acción no emerge de un conjunto de
normas culturalmente universales e invariables que ayudan a decidir si ciertas
acciones pueden ser clasificadas como “corruptas” o no. En cambio, lo que
se considera “corrupto” varía de país en país. Dadas tales variaciones,
se requiere explorar cómo _evalúan los actores individuales las prácticas
sociales.
Se
ha argumentado repetidas veces que en algunos países la corrupción se
encuentra arraigada en las culturas locales. En muchos países africanos, por
ejemplo, la corrupción es visible, generalizada y común, y se encuentra
comprendida dentro de una amplia gama de abuso de poder y enriquecimiento ilícito,
si bien la mayoría de los agentes involucrados niegan que sus prácticas sean
corruptas o buscan justificar su legitimidad.-
Pero,
es corrupción una conducta arraigada en sociedades cuya cultura es antiquísima,
que imprime a la sociedad una modalidad de actuación ante un caso
determinado?. Sin dudas, si bien este es un dilema a develar, consideramos
que, la matriz de la noción corrupción, esta dada por parámetros sociales
con respecto a la consideración, a la valuación que los miembros de la
sociedad le otorgan a un conducta en particular.-
Si
es usual que, un funcionario a fin de hacer una gestión social, recibe un
regalo, ello por imperio de antiquísimas costumbres sociales, es evidente
que, en ese ámbito social, tal extremo no será estimado como corrupción,
ello pues no se contrapone con la raigambre y el pensamiento colectivo de la
comunidad, sin perjuicio que, en otras tierras, esa practica sea considerada
aberrante.-
Lo
importante es que, cada comunidad, elabore el concepto de corrupción, de
acuerdo a sus costumbres y necesidades, y siempre teniendo en cuenta la
satisfacción del bien común y del interés general, evitando la generación
de beneficios incausados y el imperio de la iniquidad.-
3.c.-
Las instituciones y normas destinadas a combatir la Corrupción, deben poseer
autonomía funcional.-
Es
importante destacar que, las personas jurídicas estatales, a través de sus
órganos dependientes, dictan
normas con destino a establecer cuales son las causales que deben ser
tipificadas como corrupción, como asimismo implementan mecanismos y
sistemas en pos de combatir la corrupción y de sancionar a sus
culpables.-
En
este contexto, debe destacarse que, tanto los órganos de gobierno (léase órgano
legislativo, ejecutivo y judicial), como también las jurisdicciones
territoriales de gobierno (Vgr. Provincias, municipios), a la luz del
principio de descentralización normativa
y del carácter local de
las normas administrativas, crean sus propias dependencias
de lucha contra la corrupción y establecen su propio ordenamiento
normativo en la materia, estableciendo, a tal fin, los mecanismos que resultan
adecuados.-
En
otras palabras, vale decir, por ejemplo, que,
el Estado nacional (considerando englobadas en este concepto a todos
los entes y, consecuentemente, a todos los órganos nacionales),
como además cada provincia o cada municipio, están facultados a
poseer su propia “Oficina Anticorrupción”, y, obviamente, a dictarse su
propia normativa al respecto y a
diseñar los mecanismos de rigor, a fin de combatir el flagelo de la corrupción.-
La
circunstancia que, las Oficinas Anticorrupción, posean carácter territorial,
es decir resulten competentes para controlar
la gestión de los funcionarios y agentes estatales
y de los particulares que se vinculan, con el Estado, dentro de
un ámbito jurisdiccional determinado, no actúa como óbice para que,
las instituciones autárquicas o autónomas especificas (es decir
organizaciones no territoriales de gobierno y si meras descentralizaciones técnicas,
Vgr. Banco de la Nación Argentina, Universidades nacionales) arbitren los
medios de rigor a los fines de establecer un mecanismo interno de control del
funcionamiento de la institución y de sus empleados, ello en pos de abortar
cualquier intento de corrupción.-
La
descripción efectuada, nos permite entender
que, la diversa
naturaleza y objeto de las personas jurídicas que se dictan normativas
“anticorrupción”, obliga a
que, cada normativa que se dicte y cada mecanismo que se implemente, posea
rasgos especiales, particulares, que estén destinados a satisfacer un mayor
control dentro del ámbito del organismo de que se trate.-
No
obstante, y mas allá de los rasgos particulares que debe poseer cada Régimen
que se elabore, y cada mecanismo que se implemente, es evidente que hay
ciertos principios generales que deben ser considerados en todas las normas
destinadas a combatir la corrupción, ello pues, hacen a la esencia de la
legitimidad, que debe imperar en sede administrativa, destacándose, además,
que son el pilar o la piedra basa que sustenta a todo mecanismo anticorrupción.-
Los
aspectos jurídicos básicos que deben ser atendidos en toda normativa que se
precie de estar destinada a combatir la corrupción, son los siguientes:
·
Garantizar la vía
de la Denuncia en sede administrativa, de modo amplio, sin restricciones ni
limitaciones.-
·
Resguardar los
derechos laborales de los agentes que efectúen denuncias a sus superiores.-
·
Garantizar el
imperio de la legalidad en sede administrativa.-
·
Evitar que la
discrecionalidad de los Funcionarios, se transforme en arbitrariedad.-
·
Impedir que, se
incurra en Desviación de Poder.-
·
Evitar que, a fin
que se generen “privilegios especiales”,
se deroguen, de modo singular, normas reglamentarias de alcance
general.-
·
Situar, de modo
constante, a los funcionarios denunciados, bajo el control judicial.-
·
Propender a que actúen
de modo independiente del poder político al que deben controlar, las personas
que deben actuar en la Oficina Anticorrupción.-
3.d.-
En toda norma destinada a combatir la corrupción,
deben encontrarse insertas, como premisa fundamental,
pautas que aseguren la independencia
de los funcionarios y la seguridad que no serán castigados en caso de
denunciar a sus superiores, ante la eventual comisión, por parte de estos, de
actos de corrupción.-
Es
fundamental que, todo mecanismo destinado a evitar la “Corrupción”, en
sede estatal, debe garantizar, esencialmente, la independencia de los
funcionarios estatales y también de los jueces.-
Esto
significa que, el poder político, no debe compeler, a los agentes o a los
funcionarios, por la vía del “terror’ a adoptar posturas determinadas
que resulten opuestas al derecho.-
Es
por ello que se ha entendido, con buen tino, que no prima el reino de la
obediencia debida en sede estatal, motivo por el cual, los inferiores, estarán
exonerados de someterse las pautas ilegales que le son impuestas por los
superiores (26).-
Aclarado
este punto, es evidente que, los funcionarios inferiores, deben estar
facultados para actuar para denunciar a sus superiores, con independencia y
libertad, sin que, tal extremo, les genere perjuicio ni demerito, ni atente
contra su estabilidad laboral.-
Por
su parte, es evidente que, el Estado, debe
articular mecanismos normativos, a fin de combatir la corrupción, que
garanticen la vigencia de la ley, de los principios generales del derecho, de
la moralidad publica, de la equidad.-
Por
ello, es lógico que, el Estado, debe arbitrar las medidas de rigor, en pos de
asegurar la vigencia de la moralidad, y de los principios vigentes en todo
momento.-
Parte
3.-
4.-
La visualizacion del todo a los fines de estructurar politicas publicas
destinadas a garantizar la transparencia
y la defensa del consumidor.-
Resulta
sumamanente trascendente valorar las situaciones desde diversas opticas, a lso
fines ue estas nutran el punto de partida que debera ser estimado con el
objeto de definir o delinear politicas publicas destinadas a consagrar la
tranparencia, la eficienciaa, la celeridad, la limitacion de la exorbitancia
y la defensa de aquellas
personas que actuan como aduirentes de bienes y servicios, principalmente si
se trata de los denomidados publicos.-
Lo
aludido obliga a que las autoridades que estan encargdas de dictar normas y de
establecer politicas destinadas a velar por la
transparencia, la equidad y la proteccion de los derechos de los
usuarios y consumidores, como a sus asesores, y a los intelectuales que nutren
la generacion de normas, a adoptar sus postiras, siguiendo una vision integral
del contexto social donde estan situados, lo que implica que:
·
Observen los
vaivenes politicos de detrminada jurisdiccion,
·
Consideren la
situacion economico/financiero, de determinada jurisdiccion,
·
Tengan en
consideracion las opiniones de los diferentes actores sociales,
·
Analicen las
ditintas disciplinas involucradas en la materia a tratar,
·
Estimen los
factores exogenos que atentaran contra la normal implementacion, desarrollo,
empleo, aplicacion y ejecucion de la politica de que se trate,
·
Tengan en
consideracion los factores climaticos, topograficos, territoriales, de la
jurisdiccion que sera alcanzada por la politica de que se trate,
·
Se involucren en
las problematicas sociales,
·
Valoren de modo
real, la verdadera dimension del poder politico, y la intencion de este de
ejecutar la politica pertinente,
·
Los actores
afectados por la politica a implementar, y el poder real de estos.-
Nuestra
tesis se opone, entonces, a la postura antiquisima desarrollada por Foruier,
en cuanto este limitada, estrechaba, el aklcance de las visiones, al punto tal
que consideraba que ,los actores socilaers, solo podian conocer la materia que
les competia.-
Lamentablemente,
esta postura lmitativa de la realidad, que tiene por norte estarse
exclusivamente a una actividad o
vision determinada, ha sido seguida, adoptada,
por muchos profesionales, y por hacedores de politicas publicas, que
dasrrollan actividades o crean politicas, sin pretender tener una vision de la
realidad, con una mirada segmentada, pequena, que desvirtua la aplicacion de
la politica, de su trabajo o de la teoria que crean.-
Por
otra parte, debemos considerar que lo unico que geenra, el adoptar miradas
pequenas sobre la realidad, es dispersar el conocimineto sobre un tema, el
cual en su integridad podra ser reunido por un sujeto, que es el que posee la
capacidad para poder reunir a los distintos poseedores de partes del
conocimiento.-
En
muchas ocasiones, esa es la estrategia de quienes quieren o pretenden ejercer
un poder economico que exorbite su superioridad ante los restantes
administrativos, extremo este que favorece que ciertas politicas puedan llegar
a buen puerto, pues mientras quienes las hacen tienen una vision parcial,
quienes las combaten poseen una mirada global de la realidad, pues adquieren
(contrataciones mediante, usualmente), el
conocimiento que es portado por las distintas personas.-
Entendemos
ello pues, solo quienes tienen una mirada global de la realidad,
un conocimiento integro de ella, son quienes usufructuan el poder,
pueden ejercerlo de forma amplia, o defender sus derechos con absoluta
capacidad.-
Por
el contrario, quienes tienen una pequena o segmentada vision de lo que ocirre,
solo pueden ejercer una precaria
defensa de sus derechos, o implementr a medias politicas, maxime cuando estas
estan destinadas a limitar la exorbitancia de grupos monopolicos, u
oligopolicos o de corporaciones que detentan el poder economico o politico.-
4.1.-
La estrategia de los factores que se oponen a la transparencia en los
proceso estatales y a la
verdadera defensa de los derechos de los usuarios y administrados.-
La
posicion de quienes pretenden politicas poco clras, o basadas en el sustento
de la exorbitancia potestativa de diferentes sectores, o en
la generacion de normativa abstracta, inaplicable, irreal en el mundo
real, es la disperson de la informacion, del ocnocimiento, su segmetacion.-
De
este modo se logra una disminucion en el concocimiento, una desmoralizacion en
la sociedad, y, evidentemente, una retraccion en la aprticipacion ciudadana,
una falta de concientizcion sobre el verdadero alcance de los derechos y su
aplicacion y empleo en el mundo real, y, ademas, se disminuye la aprticipacion
en poos de defender los interes colectivos.-
De
esta forma, favoreciendo un
conocimiento segmentado, quienes detentan en realidad el poder, exacerban la
dominacion que ejercen, al generar la dispersion social.-
Esta
postura no es nueva, ni recae duramente sobre los usuarios y consumidores, con
el fin de retraer sus derechos, sino que, ha sido edificada, hacia 1808, por
Charles (Carlos, aunque en este caso no era Dn. Charly, García?)) Fourier.-
4.1.1.-
Quien fue Fourier.-
Fourier,
fue el fundador de la escuela de economistas reformadores, llamada
Societaria o Falansteriana. Nació en Besanzon el 7 de abril de 1772, y murió
en París en 1837.-
