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Podemos
afirmar que, la economía globalizada, ha fortalecido el poder de las empresas
transnacionales y de instituciones con injerencia en diversos rincones del
planeta, que, en algunos casos,
privilegian el lucro por sobre el respeto por los mas básicos y
esenciales derechos de los seres humanos.
Y,
en esa desenfrenada búsqueda, tras la obtención de ganancias, muchas veces
anheladas con desmesura, la
comunidad en su conjunto, o sectores importantes de ella,
ven afrentados sus derechos.-
En
el marco del mundo globalizado, el poder
económico se entremezcla con el político, el
usuario o consumidor, en su carácter de persona física que procura
adquirir bienes y servicios, que resultan
esenciales para su normal desarrollo en sociedad, y hasta para su propia
subsistencia.-
En
este contexto, en el cual el usuario se encuentra empequeñecido ante y frente
al poder de los grandes conglomerados mono u oligopolicos, que con contactos de
tercer tipo, es decir cercanos al poder político, cuentan en muchas ocasiones
con complicidades de los funcionarios, quienes coadyuvan con ellos, a los fines
de favorecerlos en la obtención de incausadas ganancias, muchas de las cuales
son repartidas o distribuidas entre ambos, ante y frente al desconcierto e
impotencia del usuario, que ve como es avasallado en sus derechos e intereses
por la actuación de quines por imposición constitucional deben defenderlos,
como lo son los funcionarios del Estado, cualquiera
sea el órgano del cual dependan.-
Además
del estado de indefensión en que, en diversas ocasiones, se encuentra el
usuario o el consumidor, estos, como derivación de su posición de
inestabilidad y debilidad ante y frente al proveedor, si no cuentan con un marco
regulatorio que los ampare, deben negociar
la adquisición de bienes y servicios esenciales para su regular y normal
desarrollo en sociedad, y hasta para su subsistencia, en condiciones de
manifiesta y hasta flagrante iniquidad.-
En
este contexto, debe destacarse que se profundiza la
asimetría, entre el conocimiento y
la información que posee el usuario y la que es titularidad del
proveedor, que brota al momento de iniciarse el vinculo de consumo y durante la
ejecución de este.-
Y,
lo aludido en el párrafo anterior, se
ahonda si los proveedores son corporaciones mono u oligopolicas que lógicamente
poseen mercados cautivos, extremándose la desigualdad entre las partes si, el
Estado o los propios proveedores, no toman conciencia de la obligación legal
y ética que recae sobre ellos con relación a que deben resguardar los
derechos de los usuarios y consumidores.-
La
obligación del Estado, en lo
atinente a la protección los
ciudadanos como consumidores, no concluye en ofrecer normas legales que
contemplen sus intereses y equilibren su posición
a la hora de contratar, por este motivo y con rango constitucional
a partir de la incorporación del articulo 42 se pone en cabeza de las
autoridades proveer a la educación para el consumo. Entendemos, que esta
obligación corresponde tanto al Estado como a los proveedores por su
responsabilidad en la construcción de mercados mas equitativos y justos.
En
cuanto los actos de consumo se desarrollan en el ámbito de lo cotidiano de cada
individuo, el incumplimiento de este mandato contribuye a tornar abstractos
estos derechos por desconocimiento sobre su existencia y
posibilidad de ejercicio, aumentando aun mas las desigualdades que se
quieren proteger. Por este motivo una política efectiva de protección debe impulsar que sean los propio consumidores los que lleven
el protagonismo de
lograr el respeto de sus derechos.
Como
antecedente del rol fundamental de los gobiernos en la educación de los
consumidores, la Asamblea General
de las Naciones Unidas
en 1985 aprueba por
unanimidad las Directrices para la Protección del Consumidor. Las mismas señalan
entre otras cosas que "Los Gobiernos deben estimular la formación de
programas generales de educación e información del consumidor… el objetivo
de tales programas debe consistir en capacitar a los consumidores para que sepan
discernir , puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan
conciencia de su derechos y obligaciones. Al formular dichos programas debe
prestarse especial atención a las necesidades de los consumidores que se
encuentran en situación desventajosas tanto en las zonas rurales como urbanas,
especialmente los consumidores de bajos ingresos…"
Pero
tanto en la educación formal y aun en la no formal, hay
que trabajar para que en algún momento exista un proceso continuo. En este
sentido tomamos el concepto de
Educación como un proceso permanente que tiene por finalidad aportar al
consumidor en forma gradual,
secuenciada y acorde a su nivel evolutivo toda una serie de elementos
cognitivos, procedimientos y técnicas de trabajo que le permita desarrollar
actitudes conscientes, criticas y solidarias sintiéndose satisfecho de actuar
de forma responsable ante los hechos de consumo ejerciendo su derecho como
consumidor.
De
esta forma, la educación del consumidor, vislumbrada como una necesidad y un
derecho, se enmarca en la necesidad última de intervenir en condiciones
de igualdad con los proveedores de bienes y servicios, no solo en las decisiones sobre la producción,
como en la construcción de las
significaciones y valores que los representan a fin de controlar el proceso que
determina la transformación de los bienes, en
los llamados "bienes de consumo".
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