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  SUPLEMENTO DE DERECHO DEPORTIVO

DOCTRINA

 
     
 
 

Contratos deportivos relacionados con niños/as y jóvenes

 

Por María de la Paz Videla  

 
 

I. Introducción:

 

El mundo del deporte, cada vez más complejo, presenta continuamente nuevos interrogantes a las distintas disciplinas que intervienen en el desarrollo de este fenómeno. Desde el punto de vista del derecho, son muchas las preguntas que surgen al ver los cambios vertiginosos que  se producen en el llamado “fenómeno deportivo” que incluye al deporte y todo lo que lo rodea, por ejemplo los derechos de imagen de los deportistas, el merchandising, etc.

Me voy a detener en uno de esos interrogantes: la relevancia jurídica de la minoría de edad en los contratos deportivos que involucran a niños/as y jóvenes deportistas con los clubes y/o representantes. Por supuesto que éste no es un interrogante aislado y se relaciona con la pregunta más candente de la autonomía o no del derecho deportivo, y con la cuestión más espinosa aún de si la justicia va a avalar las inversiones de los clubes en jóvenes valores limitando la libertad de éstos. El tema ha sido tratado por distintos autores, pero me permitiré disentir con algunos aspectos de las soluciones propuestas.

Empezaré por describir brevemente el marco normativo que regula la capacidad de los niños/as y jóvenes en general para celebrar contratos y para  trabajar, y los derechos y deberes de los padres que se desprenden de patria potestad. Luego analizaré cómo juegan esos principios aplicados al deporte.

Aclaro que al hablar de niños/as y jóvenes me refiero a toda persona que aún no ha cumplido los 21 años de edad, sin perjuicio de que la Convención sobre los derechos del Niño se aplique a niños/as de hasta 18 años. En nuestro derecho la mayoría de edad se alcanza, en principio, a los 21 años. 

 

II. Dos escenarios diferentes, dos contratos diferentes:

 

No es lo mismo hablar de un deportista dependiente de una institución deportiva, que de un  deportista autónomo. Estos escenarios son claramente diferentes: La relación jurídica que vincula a las partes cuando el deportista es contratado por un club para participar de un deporte colectivo, por ejemplo fútbol o básquet, en forma profesional, es el contrato de trabajo[1]. Si se realiza en forma aficionada, no existe contrato de trabajo, pero las relaciones jurídicas entre el club y el jugador son complejas y ha habido numerosos casos judiciales cuestionando las reglamentaciones deportivas que regulan la vinculación del jugador amateur con el club.

Distinta es la situación del deportista autónomo que realiza un deporte individual, como tenis o golf, y hace un contrato con un representante o “promotor del deporte”. Esta relación ha sido calificada también como contrato de trabajo[2], pero entiendo que esta calificación es equivocada y que por lo general se trata de contratos atípicos y complejos. Luego me explayaré sobre el tema.

 

III. Análisis de las normas que regulan la capacidad de los niños/as y jóvenes para celebrar contrato de trabajo y otros contratos por si o a través de sus representantes:

 

El principio general en materia de capacidad, es que los niños/as y jóvenes son incapaces de hecho. Sin embargo, el Código Civil otorga capacidad para ciertos actos que los niños/as y jóvenes pueden ir realizando gradualmente a medida que avanza su edad, por si o con la asistencia o representación de sus padres.

La incapacidad de hecho importa la imposibilidad de los niños/as y jóvenes de ejercer derechos por si mismos y de contraer obligaciones, pero no afecta la titularidad de los derechos y obligaciones. Durante la incapacidad de hecho de una persona, ésta puede realizar los actos de la vida civil a través de sus representantes. En el caso de los niños/as y jóvenes, sus representantes legales son sus padres o tutores. Ahora, ¿obliga al representado cualquier acto del representante? ¿Es necesaria la intervención del Defensor de Menores para la celebración del contrato en los términos del art. 59 del Código Civil?

¿Cómo juegan todas estas reglas en los dos escenarios descriptos en el punto II?  Vayamos por partes…

 

A) Aplicación al primer escenario: Deportistas dependientes:

Dentro de los deportistas que dependen de una institución deportiva tenemos que distinguir si lo hacen en forma profesional o amateur. Como ya dijimos, si lo hacen en forma profesional, lo que celebran con el club es un contrato de trabajo. Si lo hacen en forma amateur no existe contrato de trabajo, y ha habido mucha discrepancia respecto de cuál es la vinculación jurídica que asume el niño/a con el club a través del “fichaje”.

 

A1) Capacidad de los niños/as y jóvenes para celebrar contrato de trabajo:

De la armonización de las normas que se ocupan de este tema (Código Civil, Convención sobre los Derechos del Niño, Convenios de la Organización Nacional del Trabajo y Ley de Contrato de trabajo[3]) surge que, antes de los 14 años, el niño/a no puede trabajar ni con autorización de sus padres (salvo excepciones muy específicas que no son de aplicación para el caso del deporte). Entre los 14 y los 18 años el niño/a puede celebrar contrato de trabajo con autorización de sus padres y si vive en forma independiente de ellos, se presume autorizado para hacerlo. Si el niño/a trabaja, se presume autorizado por sus padres para todos los actos relativos al empleo, profesión o industria. También puede celebrar contrato de trabajo sin autorización de sus representantes si tuviera título habilitante. A partir de los 18 años, puede celebrar contrato de trabajo sin necesidad de requerir la autorización sus representantes.  

Merece una mención especial el caso de los niños/as menores de 18 años, por su mayor vulnerabilidad y por la expresa mención del art. 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que establece que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

El panorama no aparece demasiado complejo: siempre que se respeten los derechos esenciales de los niños/as y jóvenes al desarrollo integral de su personalidad, a la educación, al descanso y la recreación, etc., podrían celebrar contrato de trabajo válidamente de acuerdo a los parámetros indicados en los párrafos anteriores. Respecto de la intervención del Defensor de Menores, creo que resulta necesaria sólo en el caso de los que aún no han cumplido 18 años de edad, sobre todo para monitorear que no se descuiden los derechos esenciales de los niños/as so pretexto del deporte. Luego de los 18 años pienso que es innecesaria, ya que el joven puede realizar el contrato por si, y sin autorización de sus padres, es menos vulnerable que en la etapa anterior, y la materia está lo suficientemente regulada como para proteger a los jugadores de contratos abusivos.     

 

A2) Capacidad de los niños/as y jóvenes para asumir las obligaciones implicadas en el “fichaje”:

La naturaleza jurídica del “fichaje” es un tema muy debatido. Se llama “fichaje” a la inscripción que se realiza del jugador amateur a nombre del club en los registros de la Asociación deportiva correspondiente.

Daniel Crespo sostiene, refiriéndose al fútbol en particular,  que “esa inscripción constituye la expresión registral de un compromiso contraído entre el club formador y el jugador amateur, que introduce esa relación en un esquema regulatorio legislativo y reglamentario, determinado por los reglamentos de la Asociación de Fútbol Argentino y de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, por la ley 20.160 del Estatuto del Futbolista Profesional, por el Convenio Colectivo 430/75 y, obviamente por nuestra legislación de fondo civil y laboral”[4]

El fichaje se hace en general cuando los jugadores comienzan a jugar para determinado club, en sus divisiones inferiores, lo que suele suceder a una edad temprana, por ejemplo diez u once años.

El problema está en que, según los reglamentos de las distintas asociaciones deportivas (por ejemplo, el reglamento de la AFA y el reglamento de la Confederación Argentina de Básquet), un deportista amateur que se “ficha” o es federado a nombre de un club, queda luego sometido al club y a la asociación deportiva respectiva, por cuanto necesitará que se le otorgue el “pase” o “transfer” si quiere cambiarse a otro club y estas organizaciones podrán oponerse sin más a la emisión del pase. Esto ha generado muchos conflictos en la práctica, sobre todo en el momento en que el jugador está por pasar de la categoría de aficionado a la de profesional. Se han planteado en nuestros tribunales numerosos casos de deportistas que ante la negativa del club de emitir el pase han recurrido a la justicia y han obtenido de esa forma la autorización de pase[5]. En todos los casos se ha resuelto que la negativa del club a otorgar el pase fue arbitraria o irrazonable.

En cuanto a la naturaleza jurídica del “fichaje”, “en general predomina la tesis que se inclina por la naturaleza contractual del vínculo jurídico que, en el caso, liga al afiliado con la entidad y en base a un contrato de adhesión cuyas condiciones generales se erigen en su contenido, y que constituyen derecho contractual[6]”.

Se ha llamado “ordenamiento jurídico deportivo privado” al “conjunto de normas y reglamentaciones internas dictadas por la Federación Internacional que rige cada disciplina deportiva, por la Federación Nacional afiliada a la Federación Internacional y por las entidades deportivas que están afiliadas en forma directa o indirecta a la Federación Nacional.” [7] Según estas reglamentaciones, los deportistas a través de su inscripción registral en la Federación Nacional respectiva quedan sometidos al ordenamiento deportivo privado pertinente en forma voluntaria. Es decir, que se justifica la validez jurídica de estas normas corporativas por la adhesión voluntaria del deportista a la Federación (ya que no podría decirse que las normas reglamentarias sean leyes en sentido material y formal, por haberse gestado lejos del Poder Legislativo). El deportista quedaría obligado por medio de un contrato de adhesión.  

Y si el “fichaje” da lugar a un contrato de adhesión de semejantes dimensiones, ¿puede un niño/a quedar obligado por ese contrato porque sus padres han prestado la conformidad para federarlos? ¿Pueden los padres celebrar un contrato tan gravoso en nombre de sus hijos? ¿Puede el reglamento de la asociación deportiva derogar las leyes del código civil y las normas constitucionales relativas a los derechos de los menores, bajo pretexto de la autonomía del derecho deportivo?

Aún si se tratara de un adulto, la cláusula que permite a la entidad deportiva denegar el pase de un deportista amateur por haber sido federado a nombre del club sin motivos justificados, resultaría abusiva. Comparto los argumentos del fallo “S. N. y otro v. Club Independiente” en cuanto a que “la afiliación no conlleva la voluntad irrevocable de continuar asociado, y tratándose de un deporte amateur –en el que no es necesario suscribir contratos específicos-, la decisión de rechazar el pase definitivo es arbitraria y violatoria de los arts. 14 y 19 de la Constitución Nacional y de las normas contenidas en los tratados internacionales como el art. 20 inc. 2 Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza el derecho de asociarse libremente.”[8]

Pero, tratándose de niños/niñas o adolescentes, no pueden quedar obligados a consecuencias tan gravosas por el sólo hecho de practicar un deporte amateur, ya que no tienen capacidad para celebrar válidamente el contrato de adhesión llamado “fichaje” por si mismos ni a través de sus representantes legales si este contrato implica resignar derechos tan preciados como la libertad y la libre asociación ya que éstos son derechos indisponibles por parte de los representantes y exceden ampliamente las facultades otorgadas a los padres en el ejercicio de representación de sus hijos deriva de la patria potestad.

En este sentido, ha dicho el Dr. Molina, como Defensor de Menores de Cámara en el caso Coloccini que “el ejercicio de la patria potestad por parte de los padres en ningún momento puede obligar a un hijo a prestaciones personales de ninguna naturaleza, mucho menos las de carácter deportivo, como consecuencia de ciertos beneficios sociales que la institución deportiva le hubiera brindado a éste (…) la autoridad de los padres como conjunto de deberes y derechos de éstos para con sus hijos (art. 264 del Código Civil), está directamente encaminada a la representación y asistencia de los hijos menores para su protección y formación integral” [9].

Por otro lado, las instituciones deportivas alegan que la facultad de los clubes a limitar los “pases” o “tranfers” busca proteger los “derechos de formación” del club. Que de no tener esta facultad, estarían indefensos frente a los “cazadores de talentos” que esperan a que el deportista esté formado para ofrecerle un contrato profesional sin haber invertido nada en su formación.

Este objetivo es muy loable. Es sabido que los clubes cumplen un rol muy importante en la comunidad, y no pueden desconocerse los esfuerzos humanos y económicos que realizan en la formación de los deportistas.

Pero ¿puede limitarse el “pase” o “transfer” de los niños/as por el sólo hecho de que se hayan registrado a nombre del club para practicar un deporte amateur, para proteger los “derechos de formación de los clubes”? ¿Qué es lo que realmente buscan los clubes: recuperar lo que han invertido en formar al jugador o percibir el negocio que su inversión en el jugador ha generado?

Porque si lo que quieren es proteger sus “derechos de formación”, existen otros recursos jurídicos para obtener una compensación por ese derecho, por ejemplo la indemnización por derechos de formación prevista por el artículo 5 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA. A nivel nacional, en le proyecto de ley de regulación de los derechos federativos y económicos en el deporte, se contempla también una compensación en carácter de “derecho de formación” a las instituciones que hubieran participado de la formación del deportista en la etapa amateur[10].   

No hace falta –y no corresponde- denegar el “pase” o “transfer” al jugador amateur y menor de edad, porque esa denegación importa una grave limitación al  derecho a la libertad, a la libre asociación y a trabajar.

Entiendo que es justo que los “derechos de formación” sean respetados por el derecho. Pero, ¿debe proteger el derecho la inversión especulativa que hace un club sobre un deportista amateur, a costa de la libertad del niño? Parece claro que no.

Tal como lo ha expresado la Sala E en el Fallo Diebold, “los esfuerzos e inversiones que los clubes realizan para la formación integral de un deportista, si bien les confieren ciertos derechos son, antes que nada, la razón de ser de su existencia y de modo alguno pueden la instituciones, por esa sola circunstancia, transformarse en regidores del futuro de sus jugadores alzándose contra la voluntad de los mismos o de sus propios padres, únicos a quienes la ley les acuerda –incluso con limitaciones- esa misión”[11].    

En conclusión, los niños/as deportistas aficionados, no se encuentran vinculados con los clubes por contrato de trabajo. Su vinculación a un club a través del “fichaje” de ninguna manera puede cercenar sus derechos constitucionales y por lo tanto no pueden ser privados de su libertad de asociación y libertad de trabajo. Estos derechos son indisponibles por sus representantes legales, y por supuesto no pueden disponerlos por si. Además, la finalidad de esta limitación invocada por los clubes (los “derechos de formación”) puede alcanzarse por otra vía. Quizás lo que haya que hacer es mejorar la eficacia de esta vía. Si la finalidad real buscada es la ganancia económica más allá de los “derechos de formación”, entiendo que no merece la tutela jurídica sobre todo si para ello hay que limitar los derechos fundamentales de un menor de edad.

De todas maneras, considero que resulta necesario y urgente, modificar el reglamento que permite a las instituciones deportivas negar sin justificación el “pase” o “transfer” de los deportistas amateurs menores de edad, ya que el número de casos que ha llegado a la justicia hace suponer, que aunque esa cláusula sea jurídicamente inoponible al menor, de hecho los clubes la hacen valer, y sólo los que reclaman ante la justicia pueden evadirse de la arbitrariedad de esas decisiones administrativas. Esto suena a justicia a medias… sólo se aplica para los que hacen un reclamo formal en la justicia. El acceso a la justicia es otro tema complejísimo y ajeno a este trabajo. Sólo diré que todos sabemos que no todos tiene acceso a la justicia.  

 

B) Aplicación al segundo escenario: Deportistas autónomos.

El caso de los deportistas autónomos es muy diferente al de los deportistas dependientes. Al practicar deportes individuales, resulta más fácil llevar el timón de la propia carrera deportiva. Pero en estos casos, la dificultad mayor consiste en afrontar los costos que la participación en distintos torneos genera, por ejemplo el pago de las inscripciones a los torneos, el entrenamiento, los viajes al exterior para participar de competencias internacionales, etc.     

Para poder solventar los gastos es frecuente que se celebren contratos por los cuales una persona (física o jurídica) se hace cargo de los gastos del deportista, a cambio de una participación en las ganancias de éste. Estos contratos suelen hacerse por plazos muy largos y el porcentaje en la participación de las ganancias es en general muy alto. Además es muy frecuente que estos contratos impongan obligaciones al deportista en relación al entrenamiento, dieta, residencia, etc.

Por ejemplo, en el caso de Paola Suárez, los padres de la tenista celebraron un contrato en representación de su hija con “Emprendimientos Tenísticos S.A.”, por el plazo de diez años. La empresa se obligaba a brindarle a la tenista “los medios económicos y de organización necesarios para su progreso como tenista[12]” y a su vez, Paola Suarez debía seguir un entrenamiento estricto, una dieta alimentaria establecida por la empresa, residir en un lugar con determinadas características, y participar en los torneos que la empresa considerara convenientes. Como retribución a favor de la empresa se fijó el pago de una deuda anterior por gastos realizados en beneficio de la tenista, la devolución del los importes invertidos en sus gastos, y luego entre el 33% y el 10% de las ganancias que Suárez generara una vez pagados los gastos en concepto de premios, publicidad, imagen, etc[13], dependiendo el porcentaje del monto de las ganancias. La joven tenía 16 años cuando sus padres firmaron el contrato. Es decir que la vigencia del contrato se previó hasta que ella tuviera 26 años.

Surgen varias preguntas: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de contrato? ¿Qué capacidad se requiere para firmar un contrato de esta naturaleza? ¿Pueden los representantes legales de los niños/as y jóvenes asumir obligaciones como las descriptas en nombre de sus representados? ¿Pueden los representantes legales celebrar contratos de esta índole que obliguen a sus representados más allá de su minoría de edad?

En el caso de Paola Suárez, para analizar la validez del contrato, la Sala asume que se trata de un contrato de trabajo y concluye que la joven tenía capacidad para celebrar válidamente ese contrato por contar con 16 años y haber sido representada por sus padres.[14] Me llama muchísimo la atención la calificación que la Sala hace del contrato, por cuanto no están presentes los elementos propios del contrato de trabajo. En todo caso la situación era al revés. Paola Suárez no fue contratada como empleada de Emprendimientos Tenísticos. No trabajaba para emprendimientos tenísticos. No jugaba al tenis en nombre y representación de Emprendimientos Tenísticos. La tenista no recibía un sueldo, sino que por el contrario se obligó a pagar un porcentaje de sus ingresos a Emprendimientos Tenísticos. En el fallo mismo, en la descripción de los hechos, el juez preopinante dijo “respecto de la retribución que obtendría la promotora…” y detalla los pagos establecidos en el contrato a favor de Emprendimientos Tenísticos. Si la retribución es para la empresa, está claro que no nos hallamos frente a un contrato de trabajo, ya que es el trabajador el que recibe el pago en dichos contratos. Además hay elementos específicos impensables en un contrato de trabajo, como la obligación de seguir una dieta determinada, competir en torneos determinados, etc. Emprendimientos Tenísticos tituló al contrato como de “promoción deportiva”, pero el detalle de la distribución de ganancias acordado pone de manifiesto que la primera intención no fue promocionar el deporte, o al deportista, sino sobre todo hacer una inversión que permita luego participar de las ganancias del deportista. Más bien se trata de un contrato atípico, complejo y aleatorio.

Si no estamos en presencia de un contrato de trabajo, no puede asumirse que la capacidad necesaria para celebrar este contrato sea la misma que la necesaria para celebrar contrato de trabajo. La capacidad de los niños/as y jóvenes para celebrar contrato de trabajo es más amplia que la capacidad para celebrar otros contratos porque sigue un régimen de excepción que no puede extenderse analógicamente a otros contratos.

Para que los representantes legales de los niños/as y jóvenes puedan celebrar un contrato con un representante que se haga cargo de los gastos y participe luego de las ganancias, opino que es indispensable la participación del Defensor de Menores, conforme lo prevé el art. 59 del Código Civil. Ello por la naturaleza compleja del contrato y porque el niño/a asume obligaciones importantes y personalísimas como practicar un deporte. Creo que en ningún caso el contrato puedo obligar al deportista más allá de su mayoría de edad ya que los representantes de los niños pueden representarlos en su minoría de edad, pero éste es el límite de la represtación. En cuanto los niños/as o jóvenes adquieren capacidad de hecho, ya sea por la mayoría de edad o por emancipación, ellos mismos asumen el control de su vida, y éste no podría verse limitado (y mucho menos por obligaciones de hacer) por contratos que hayan celebrado sus representantes en su nombre.  La participación del Defensor de Menores, traería además un control de las cláusulas del contrato, y se evitaría de esta forma contratos con cláusulas notoriamente abusivas y con obligaciones demasiado gravosas para el/la joven deportista, alejando a los “cazadores de talentos” que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar un deportista talentoso con pocos recursos. Además, el control o asesoramiento del Defensor de Menores, funcionaría como un reaseguro de que los padres están actuando de acuerdo a lo que es mejor para sus hijos. En general los padres procuran lo mejor para el hijo/a, pero a veces la necesidad es tan grande, y las posibilidades del hijo/a deportista son tan interesantes económicamente, que se pierde el norte del mejor interés del niño en pos de apostar al triunfo a cualquier costo.

 

IV. CONCLUSION:

 

Es difícil armonizar los derechos de todos. Y cuando el derecho no interviene, los derechos de los más débiles ceden a favor de los más fuertes. El deporte tiene que ver con el desarrollo de valores humanos, “se basa en valores sociales, educativos y culturales esenciales. Es factor de inserción, de participación en la vida social, de tolerancia, de aceptación de las diferencias y de respeto de las normas[15]”.

Los niños/as y jóvenes en el deporte de alta competición están muy expuestos a ser absorbidos rápidamente por las reglas de mercado y a terminar al servicio del deporte, en vez de integrar su condición de deportista, como un elemento más que contribuye a su formación integral como personas. Por eso merecen protección. Cuando se cuestiona la validez de los contratos jurídicos celebrados por los deportistas menores de edad o por sus representantes legales, muchos se irritan, diciendo que los niños/as y jóvenes se escudan en el derecho para incumplir sus compromisos. Algunos se irritan de buena fe y otros por conveniencia. En todo caso, creo que es necesario difundir y aclarar cómo es el régimen de capacidad de los niños/as y jóvenes para que no haya sorpresas por parte de quien contrata con un niño, y para fomentar aquí también el “fair play”. Espero que estas líneas hayan sido un aporte en este sentido.    


 


[1] conf. Cámara de Trabajo en Pleno, Cap. “Ruiz, Silvio R. v. Club Atlético Platense”

[2] En el fallo “Emprendimientos Tenísticos Sociedad Anónima c/ Suarez Paola s/ Ordinario” CNCOM, Sala C, del 5/7/2002, publicado en El Dial …   

[3] Para estudiar en profundidad cómo juegan estas normas, sugiero el excelente trabajo del Dr. Pettigiani titulado “El trabajo de menores y el riesgo que encierran ciertas actividades en boga en la sociedad de consumo” publicado en Lexis Nexos Nº 0029/000089.

[4] Crespo, Daniel “Jugador de Fútbol menor de edad. Patria potestad y derecho de formación. Ordenamiento jurídico-deportivo nacional e internacional”, publicado en Cuadernos de Derecho Deportivo Nº 1, pág. 65 y sgtes.

[5] “Diebold, Roberto c. Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación y otro” CNCiv., Sala E, junio 25-1987, publicado en ED 127-375; S. N. y otro v. Club Independiente, CCiv y Com. Azul, sala 2ª 28/10/2004, Lexis Nº 35000903, “Asociación Civ. C.A. Boca Juniors c/ Coloccini, Osv. y otro s/ med. Precautorias” CNCiv, Sala E, publicado en…, “Brandán, Antonio y otro v. Asociación Argentina de Fútbol y otro”, C. Nac. Trab., sala 5ª 12/11/2002, publicado en Lexis Nº 30001816.

[6] CCiv y Com. Azul, sala 2ª 28/10/2004, S. N. y otro v. Club Independiente, Lexis Nº 35000903.

[7] Trevisán, Rafael, “La situación jurídica del deportista”, publicado en El Dial, suplemento de derecho deportivo.

[8] CCiv y Com. Azul, sala 2ª 28/10/2004, S. N. y otro v. Club Independiente, Lexis Nº 35000903.

[9] CNCiv, Sala E, “Asociación Civ. C.A. Boca Juniors c/ Coloccini, Osv. y otro s/ med. Precautorias” 09/05/2000 Nro. de Recurso: E290105 - Fecha: 09-05-00).-

[10] Art. 32, Proyecto de ley de regulación de los derechos federativos y económicos en el deporte, publicado en Cuadernos de Derecho Deportivo Nº 3, página 341 y sgtes.

[11] CNCiv., Sala E, junio 25-1987 “Diebold, Roberto c. Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación y otro”, publicado en ED 127-375.

[12] “Emprendimientos Tenísticos Sociedad Anónima c/ Suarez Paola s/ Ordinario” CNCOM, Sala C, del 5/7/2002, publicado en El Dial …

[13] Reck, Ariel N. “Contratación de deportistas menores de edad. Comentario al fallo “Emprendimientos tenísticos”, publicado en Cuadernos de Derecho Deportivo, Nº 3, pág. 139 y sgtes.   

[15] “La integración de las características específicas del deporte y de sus funciones sociales en la aplicación de las políticas comunes”, Página web de actividades de la Unión Europe, Síntesis de la Legislación. http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb135007.htm

 
 

  

 
 

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