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Un suplemento como éste, destinado al derecho y al sistema penal, dificilmente puede pasar por alto hechos significativos como los que se han sucedido recientemente en el plano nacional e internacional.
Así pues, en menos de treinta días, dos acontecimientos de notable trascendencia mediática que involucran de lleno al derecho penal, impusieron su presencia.
Son dos experiencias -en principio- distantes y enteramente diferentes.
En un caso, la contundente expresión de un conflicto global que da un paso aterrador, para algunos esperable y para muchos, impensable; en el otro, la respuesta de importantes sectores de la población a acuciantes problemas delictivos de naturaleza local que, si bien no son patrimonio exclusivo de nuestro país, de a ratos parecería que lo fueran.
Sin embargo, a pesar de marcadas diferencias en estos acontecimientos, pueden encontrarse algunas características similares que también presagian consecuencias emparentadas.
En ambos casos, parece haber un punto de inflexión, un paso más allá, y una llamada al futuro. En ambos, horror y dolor de padres y familias que se rodea de un importante reclamo e intervención de significativos sectores de la sociedad que pujan por ser escuchados y materializar sus propuestas.
En ambos casos, un doloroso reclamo de justicia que pone al derecho penal en el centro de la escena y en el cual delito y política se estrechan hasta combinarse de maneras disímiles.
En la historia de estos hechos hay, asimismo, un reclamo explícito de democracia, una crítica institucional, una imagen de guerra (que en un caso es literal y en el otro metáfora imprescriptible de la lucha contra el delito) y una visceral apelación a la paz; pero también una vibrante demanda vindicativa y punitiva que se oculta con éxito variable en el uso de las palabras.
En ambas historias el horror y la búsqueda de comprensión de lo que a veces parece incomprensible se hilvanan en un mundo en el cual las imágenes gráficas y televisivas tienen un protagonismo ineludible, una difusión inmediata y una pretensión de verdad apodíctica que parece barrer cualquier espacio para lecturas alternativas, desalineadas.
Así pues, en ambos casos se advierten poderosas razones para evitar dejarse llevar por las aguas que muchos medios de comunicación y retóricos oficiales proponen, y alentar y profundizar una reflexión ciudadana madura, que examine, en particular, los costos de la reacción automática de ciertos sectores de la sociedad y por influencia mutua, del sistema de justicia penal, ante estas circunstancias.
La tentación de defender a la democracia (entendida de manera limitada, como formal expresión institucional) perdiendo democracia (en el sentido mucho más amplio de cultura democrática) no es novedosa. Olvidar, o
desdeñar la importancia de las garantías penales constitucionales -producto de una lucha histórica y no de los designios de un burócrata- y reavivar el fuego punitivo con la mirada del "jurista ingenuo", que cree resolver problemas sociales enquistados con un cambio de escalas penales, o del "legislador populista", que pretende conquistar beneplácito inmediato con gestos simbólicos de consecuencias gatopardistas, es una buena manera de hacerlo.
Estas afirmaciones no son antojadizas; la reciente experiencia
española ilustró espléndidamente cómo en los momentos de mayor odio y temor a la violencia delictiva (en este caso, terrorista) se potencian los peligros de manipulación de la verdad y ampliación del poder estatal con fines diversos, incluyendo los electorales. También han sido ilustrativas en este sentido (y de la mano de lo sucedido en Madrid, vienen necesariamente al caso) las recientes declaraciones del Departamento de Defensa norteamericano con relación a los temores (según se ha reconocido, infundados) que legitimaron la guerra de Irak.
Es probable que en estas próximas semanas la demanda de justicia de inicios de abril tenga expresión en medidas de urgencia y -como no podría ser de otra forma en cualquier respuesta inmediata- en leyes orientadas al simbolismo antes que a la efectividad, moldeadas al calor de las presiones sociales en lugar del diálogo meditado y abierto.
Esperamos, sin embargo, que las respuestas verdaderas a la ciudadanía partan de un debate profundo y suficientemente llano sobre las prescripciones constitucionales, el delito, sus condiciones de emergencia, las consecuencias del castigo penal y de otras medidas disciplinarias o punitivas. Sólo así, frente a un pasado imposible de cambiar, podrá dar sus frutos el dolor de lo sucedido.
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