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La
semana pasada el Senado de la Nación dio acuerdo a la
propuesta presidencial de Esteban J.A. Righi para el cargo de
Procurador General de la Nación, circunstancia que hace
ineludible su consideración para quienes nos dedicamos al
estudio y práctica del derecho penal.
Además
de destinar a este hecho unas palabras de carácter
informativo, los editores no podemos dejar de expresar
nuestra opinión al respecto; entendemos que la elección ha
sido acertada desde todo punto de vista. El Prof. Dr. Righi
es un hombre de derecho con una larga trayectoria en su
profesión y que se desempeña como catedrático de Derecho
Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires
desde la regularización democrática de esa Casa de Altos
Estudios.
Asimismo,
el Prof. Righi tiene una importantísima y amplia obra en el
campo de la ciencia jurídica, tal como se puede advertir en
la lista de publicaciones dada a conocer mediante la difusión
de su curriculum. Se puede observar allí también que
se trata de un académico cuyo prestigio trasciende las
fronteras del país.
Por
lo demás, por compartir con el Prof. Righi tareas docentes
en la Universidad de Buenos Aires, aunque en distintas cátedras,
algunos de nosotros hemos tenido la ocasión de conocerle
personalmente y podemos atestiguar que se trata de un hombre
de una integridad intachable y de un compromiso absoluto con
los valores del Estado constitucional y democrático de
derecho, actitud de la cual, como es sabido, no claudicó
nunca a pesar de que fue sometido al exilio y a persecuciones
por esa defensa irrestricta de los fundamentos axiológicos
del orden republicano. Ello se refleja decididamente en su
obra, en sus enseñanzas a los estudiantes de derecho y en el
grupo de docentes brillantes que ha sabido formar desde su cátedra
con su liderazgo.
En
resumen, por la alta calidad de su formación técnica
consideramos que resulta un candidato por demás adecuado
para dirigir la Procuración General de la Nación en todos
sus aspectos, pero muy especialmente en lo que se refiere a
la función de promover la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad de los intereses generales de la
sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la
República (CN, art. 120).
Pero
además, sobre todo, en virtud de sus elevadas calidades éticas
y su entereza moral, entendemos que será gratificante para
los argentinos que, después de tantos años de baja calidad
institucional, volvamos a tener en el cargo de Procurador
General de la Nación a una persona cuyos abrumadores
pergaminos dan garantías objetivas de una gestión eficaz en
el afianzamiento de la justicia en el país y de las
instituciones de la democracia.
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