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El
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales (INECIP) desea manifestar su profunda preocupación
por el resultado del debate oral en la causa por el atentado
a la Asociación Mutual Israelita Argentina.
En
este sentido deseamos resaltar una de las causas que han
incidido en el presente cuadro de impunidad: el modelo de
organización judicial y el obsoleto ordenamiento procesal
que se ha empleado para la investigación y el juzgamiento de
crímenes de semejante gravedad.
Entre
los elementos particularmente objetables de las reglas con
que funciona nuestro sistema de justicia penal federal
encontramos la concentración de funciones en el juez de
instrucción, una única persona que investiga y se
autocontrola eliminando toda forma de imparcialidad, se deja
a los fiscales con funciones desdibujadas, habilita una muy
escasa participación para las víctimas, y genera morosidad
y exceso en los plazos de la mano de la burocrática tramitación del expediente escrito.
El
mensaje del Tribunal oral ha sido contundente: nos dice a
todos que en este país no se puede condenar a nadie por ningún
hecho (por más grave que sea) si las investigaciones son
deficientes y se realizan echando mano de la irregularidad,
impiden probar con claridad y dificultan el control.
Si el caso AMIA hubiera sido fruto de un trabajo
realizado con indudable apego a las leyes y un respeto
irrestricto por la Constitución Nacional el resultado
seguramente hubiera sido distinto. En cambio vemos, y
descaradamente les mostramos a las víctimas, cómo la
irregularidad nos ha conducido directamente a la impunidad.
Ningún
sector que actúe en forma responsable puede desconocer que
la conflictividad actual demanda un debate serio para la
erradicación de un modelo de investigación del siglo
pasado, que distribuye mal el trabajo,
favorece la corrupción y diluye responsabilidades.
Afortunadamente
la necesidad del cambio va instalándose progresivamente.
Desde su asunción hasta la fecha el Procurador General ha
manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de abandonar
este sistema confuso que gobierna el aparato de justicia
penal federal, el parlamento tiene proyectos de reforma
procesal penal y no pocos sectores de la magistratura han señalado
la necesidad de abandonar este modelo y distintos actores de
la sociedad reclaman, en definitiva, que se genere un debate
al servicio del cambio.
Es
tiempo entonces de avanzar hacia transformaciones que
garanticen una justicia democrática y eficiente que pueda
presentarse, en mucho menos que 10 años, como una respuesta
confiable y justa ante las víctimas.
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