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Antes
de comenzar con la tarea que nos convoca, propongo un rápido
y fácil ejercicio mental, que nos permitirá constatar qué
es lo que realmente sabemos (sí es que sabemos algo, claro)
acerca de la política
de seguridad implementada en los últimos tiempos.
Si
se pregunta, entonces, qué es lo primero que viene a la
mente al hablar de este tipo de políticas en el país,
seguramente voces más o menos unívocas responderán
“inseguridad”, “Blumberg”, “más penas”, “más
cárcel”, “más funciones para la policía”,
“secuestros”, “armas”, “drogas”, “leyes más
duras”, etc. Más difícil, en cambio, será encontrar
personas que vinculen a este concepto con “criminalización
de la pobreza”, “fuerzas de seguridad militarizadas”,
“figuras penales abusivas”, “abuso del encarcelamiento
preventivo”, “agravamiento en las condiciones de ejecución
de las condenas”. La conclusión -parcial- ante esto,
parece indicar que el concepto “seguridad” varía
dependiendo del auditorio al cual va dirigido.
Tampoco
ayuda el escenario actual, ya que no resulta fácil dilucidar
si las últimas reformas implementadas han coadyuvado
efectivamente a reducir los niveles de inseguridad objetiva o
si, por el contrario, han tenido por única función la de
contribuir a calmar la voracidad punitiva de manera simbólica,
con el plus de perpetuar y recrudecer las múltiples
violaciones a los derechos humanos. Veamos
En
los últimos tiempos, tanto el gobierno de la provincia de
Buenos Aires como el Estado nacional han aunado fuerzas y
esfuerzos para tratar de (re)impulsar a la política de
seguridad. Ejemplo de lo expuesto conforma la llamada
“Policía de Buenos Aires 2”, proyecto ideado por el
Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, León
Arslanián, tendiente a represtigiar a la policía
bonaerense.
Esta
“nueva policía” tiene, en su primera promoción, un
conjunto de 340 oficiales que trabajarán, en forma inicial,
con la Gendarmería en el primer cordón del conurbano
bonaerense, tristemente célebre por ser parada obligada de
los últimos secuestros. Con la “nueva policía” se
buscará, además, construir espacios de cooperación local
con los barrios, estilo implementado por los modelos de policías
comunitarias. Sin embargo, unir el trabajo de la Policía con
la Gendarmería no parece la mejor opción, sobre todo si lo
que se pretende es purgar resabios militaristas en las nuevas
fuerzas de seguridad.
También
desde el Estado nacional las ideas en materia de seguridad
parecen ir por el carril de lo “novedoso”. La provincia
de Córdoba, días pasados, ha sido sede de una reunión
entre el Consejo de Seguridad Interior –que nuclea a
ministros y secretarios de Seguridad y Gobierno de las
distintas regiones del país-, con el objetivo de elaborar un
plan de coordinación del funcionamiento de las fuerzas
federales y las policías provinciales. Otro de los ejes de
la reunión, fue trabajar la idea impulsada por el ministro
del Interior, Aníbal Fernández, de instaurar en Argentina
una agencia similar al FBI. Todo esto, reitero, en el marco
del lanzamiento de una “nueva política de seguridad”.
La
Ciudad de Buenos Aires tampoco es ajena a la renovación en
materia securitaria, sobre todo luego de la tragedia sucedida
en el boliche República Cromañon. Así, a un proyecto
inicial de Ibarra de incorporar 500 nuevos agentes a la Policía
Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, otro librará
batalla de la mano del flamante secretario de Seguridad de la
Ciudad, Juan José Alvarez, con el objetivo de lograr la
derogación del art. 7° de la Ley 24.588 (llamada “Ley
Cafiero”), que imposibilita que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires disponga de una fuerza propia de seguridad
armada.
Como
puede verse, todos estos proyectos tienen por objetivo no sólo
insuflar nuevos aires en el manejo de las cuestiones de
seguridad, sino también afrontar el clamor social que exige
menos inseguridad. Y aquí es hora de retomar nuestro
ejercicio inicial y preguntarnos, ¿qué pedimos cuando
exigimos seguridad?, ó mejor aún ¿éstas reformas brindarán
mayor seguridad?.
En
primer lugar, debemos tener en claro que la demanda colectiva
de seguridad no debe circunscribirse solamente al ámbito del
derecho penal, ya que el derecho a la seguridad, en un Estado
de derecho, comprende todos los espacios necesarios para una
vida plena, equitativa y en libertad, a saber: acceso a los
servicios sociales y sanitarios; concretas posibilidades de
acceder a la educación; a una vivienda digna; a los
servicios públicos indispensables; en fin, posibilidad de
hacer efectivos y concretos todos los derechos sociales
establecidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados
internacionales con rango constitucional.
Si tomamos como norte al Derecho Penal para dar solución
al reclamo de mayor seguridad, nos encontraremos con
soluciones simbólicas, y desde los poderes estatales, con
populismos punitivos.
Dicho
esto, me animo a aventurar que las reformas enunciadas, como
así también las ocurridas el último año, vinculadas con
las modificaciones en la etapa de prevención de los delitos,
en el procedimiento penal y en la ejecución de la pena
privativa de la libertad, con el plus de la
reorganización de la justicia penal porteña, entre otras, sólo
producirán variaciones cosméticas y efectistas, tendientes
al impacto público más que a la verdadera transformación
de la realidad, o al menos a la percepción que se tenga de
ella.
Una
de las principales consecuencias que puede extraerse de
nuestro ejercicio inicial es la fuerte desinformación, en
torno a las cuestiones de seguridad, que existe en nuestra
sociedad. Esto, amén de las responsabilidades individuales,
es producto de la campaña oficial y mediática que,
mayormente, tiende a la confusión pública, sugiriendo la
conveniencia en la adopción de este tipo de legislaciones de
emergencia en aras de lograr tranquilidad social. En este
marco, difícilmente sabremos que pedir cuando exijamos mayor
seguridad.
Si
se aspira a construir un país verdaderamente inclusivo, el
Estado debe dar satisfacción a todos los derechos que
poseemos por ser ciudadanos, efectuando campañas de
conscientización y promoción de los mismos. Sólo así
podremos realizar una verdadera demanda colectiva y democrática
de seguridad.
No
busquemos soluciones mesiánicas en el Derecho Penal; antes
bien, interpelemos al Estado para que de cumplimiento a
nuestros derechos, a nuestras necesidades básicas. Ese será
el inicio del camino a recorrer. Ya que, como bien dice Martín
Fierro:
“Derecho
ande el sol se esconde
tierra
adentro hay que tirar;
algún
día hemos de llegar...
después
sabremos a dónde”.
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