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Hace veinte años daba comienzo la audiencia oral pública de
recepción de pruebas en el proceso que se siguió contra los
integrantes de las Juntas Militares que gobernaron el país
entre 1976/1983. Esta circunstancia convoca a reflexionar
acerca de la importancia que cabe asignar a ese juicio en el
desenvolvimiento de nuestra joven democracia.-
Por muchas razones se trató de un proceso inusual y singular.
Lo fue por su tamaño, seguramente no hubo en la historia
argentina un caso judicial de tal volumen; baste recordar que
la sentencia llevó casi dos mil fojas y que los expedientes
agregados sobrepasaron los veinte mil. También lo fue por las
graves dificultades, tanto de índole legal como material, que
hubo que enfrentar para llevarlo a cabo. No fue tarea fácil
encontrar el marco procesal que, asegurando las reglas del
debido proceso, permitiera establecer la comisión de miles de
delitos cometidos en distintas partes del país por diferentes
autores, sobre la base de órdenes generales emitidas por los
imputados.-
Pero también fue un juicio inédito. No existían antecedentes
en el mundo de que un tribunal civil, aplicando la ley penal
común, enjuiciara la comisión de graves crímenes por parte de
una dictadura saliente.-
Debe tenerse presente que cuando asumió el nuevo gobierno
constitucional en 1983, todos nuestros vecinos (Chile,
Uruguay, Brasil, Paraguay) padecían aún regímenes militares.
De otra parte, Argentina venía de medio siglo de alternancia
entre gobiernos militares y civiles, habiéndose llegado a un
punto en que tenía el mismo valor jurídico una norma emanada
de un órgano proveniente de la soberanía popular y otra
dictada sin más legitimidad que el uso de la fuerza. Tantos
años de dictadura habían dejado en la sociedad profundas
raíces autoritarias, un pensamiento corporativo y una
peligrosa inclinación a la ajuridicidad y a la anomia que
todavía padecemos.-
Además, no se tenía clara noción de cuál era la envergadura y
la extensión de los delitos cometidos en la represión de la
violencia guerrillera. Gran parte de la sociedad creía la
versión oficial que proporcionaban las autoridades militares:
no hubo torturas ni vejámenes, los casos aislados fueron
sancionados, los desaparecidos no existen (se encuentran
fugados en el exterior), pero de cualquier modo se trató de
una guerra "sucia" y en la guerra vale todo.-
Muchos sectores propiciaban el olvido, argumentando la
posibilidad de "reconciliación" y de "pacificación". Pero
enterrar el pasado hubiera significado sepultar también
ciertos principios y valores en los que se sustentaba la
democracia naciente. Era también una obligación ética
impostergable "reparar" a las víctimas y el camino para
hacerlo era la verdad y la justicia. Creo que el juicio no
sólo permitió conocer la verdad de modo convincente
(completando el extraordinario informe de la Conadep),
reestableció el valor de la ley y la punibilidad de los
poderosos, sino que la condena simbolizó el repudio social a
la arbitrariedad y el terror. En ese sentido, contribuyó a
formar la conciencia moral de la sociedad y a desterrar a los
golpes militares del ideario colectivo.-
Por ello, el juicio a las juntas militares (como se lo conoce
habitualmente) se encuentra en el corazón mismo de la
consolidación de nuestra democracia. Digo esto porque no se
trató sólo de un juicio en el que se condenó a una serie de
personas por gravísimas violaciones a los derechos humanos.
En el banquillo de los acusados estaban también los métodos
dictatoriales, la prepotencia, el actuar al margen de la ley,
la falta de respeto a derechos básicos del ser humano. Desde
ese ángulo, fue un juicio contra la dictadura misma.-
A veinte años de la realización de ese proceso, mucho hemos
progresado los argentinos, pero pareciera que respecto de
algunos principios como el imperio de la ley y la no
punibilidad de los poderosos, aún quedan cosas por hacer.-
(*)
Ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Ex
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.- |
