El fin de la impunidad (14/06/2005) La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las leyes de obediencia debida y de punto final son inconstitucionales. De esta manera allanó el camino para que la justicia ponga fin a la aberrante situación de impunidad que vive nuestro país desde hace casi 20 años. La Corte Suprema declaró la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida (leyes 23.492 y 23.521) por ser contrarias a normas internacionales que hoy tienen jerarquía constitucional y siguiendo los lineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Barrios Altos" contra Perú. El Alto Tribunal ya había establecido la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En este fallo sostiene además que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, que no son susceptibles de ser amnistiados. Hoy la justicia ha derrumbado el último artilugio que impedía llegar a la verdad y al castigo para los responsables del terrorismo de Estado. Esta decisión es parte de un largo proceso en el que los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas y todos aquellos comprometidos con la democracia hemos mantenido inclaudicable el reclamo de justicia. La querella iniciada por el CELS tuvo una primera resolución favorable en marzo de 2001 cuando el juez Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes de obediencia debida y punto final. En noviembre de ese año, la Sala II de la Cámara Federal confirmó por unanimidad esa sentencia y concluyó que "la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 no constituye una alternativa. Es una obligación". La Corte ha cumplido hoy con esa obligación.El máximo tribunal dictó sentencia en una querella presentada por el CELS a fines del año 2000 por la desaparición forzada y torturas sufridas por José Poblete y Gertrudis Hlaczik de Poblete. La demanda se presentó en el marco de una causa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo (desde 1998) por la apropiación de la hija de ambos, Claudia Victoria Poblete. La familia Poblete fue secuestrada en 1978 por un grupo que declaró pertenecer a las "Fuerzas Conjuntas". José, Gertrudis y Claudia, de ocho meses y tres días de edad, fueron vistos en el centro clandestino El Olimpo (División Mantenimiento Automotores de la PFA). La causa por la apropiación de la niña contenía una contradicción fundamental: la justicia podía investigar y castigar el delito del que fue víctima Claudia pero nada podía hacer por la desaparición de sus padres. Las leyes de obediencia debida y punto final eran la garantía de la impunidad. El fallo de la Corte Suprema del día de hoy es el resultado de la lucha inclaudicable del movimiento de derechos humanos. Con tesón hemos ido franqueando la barrera de la impunidad consagrada por las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos. Así, fuimos logrando el reconocimiento del derecho a la verdad, el juzgamiento de los máximos responsables por la apropiación de menores y la apertura de causas por robo de bienes. En el año 1998, el Congreso de la Nación derogó ambas leyes. También, gracias al compromiso de la comunidad internacional contra la impunidad, se impulsaron numerosos juicios contra militares en el exterior del país, como España, Italia, Francia, Suecia y Alemania. El movimiento de derechos humanos también logró la derogación del decreto que impedía las extradiciones. En este largo proceso, el derecho internacional de los derechos humanos y la comunidad internacional han jugado un rol fundamental. La actuación de los tribunales europeos en la persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras latinoamericanas ha dado aliento a los procesos locales. La detención de Pinochet en Londres y la condena a Scilingo en España demostraron que el modo de enfrentar este tipo de crímenes es a través de la justicia. El obstáculo más importante, sin embargo, era la vigencia de las leyes de impunidad. Con esa misma certeza, entonces, decidimos cuestionar judicialmente las leyes que intentaron imponer el perdón, convencidos de que los responsables de los crímenes más atroces de nuestro país deben ser juzgados. Porque el Estado tiene el deber de justicia para con las víctimas, sus familiares y la sociedad toda. Porque la verdad y la justicia son las bases institucionales para construir un país democrático, con aplicación de reglas igualitarias y límites éticos claros. En agosto de 2002 el entonces procurador General de la Nación Nicolás Becerra recalcó la importancia de la inconstitucionalidad de las leyes para garantizar el imperio de un Estado sujeto a derecho y contrarrestar la violencia que emana de las instituciones del Estado. En mayo de 2005 el nuevo procurador Esteban Righi reiteró este criterio. Desde la primera resolución judicial de inconstitucionalidad los tribunales federales de todo el país han tomado más de una docena resoluciones similares. La anulación parlamentaria de agosto de 2003 otorgó un nuevo impulso a estos procesos. Más de 37 causas se encuentran abiertas y 150 personas están procesadas por los crímenes de la dictadura. En su gran mayoría se tratan de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en situación de retiro. Su sometimiento a los procesos judiciales, contrariamente a lo que pregonaban algunos sectores, no alteró la convivencia democrática. Todo lo contrario, ha reafirmado la vigencia de la ley y el Estado de derecho. Nuestra sociedad enfrenta de una buena vez y por la vía adecuada un tema central para su futuro. La madurez con la que se ha buscado justicia demuestra la falsedad de los argumentos esgrimidos a favor del olvido y el perdón. El juzgamiento a los responsables de estos crímenes conlleva estabilidad jurídica y política porque consagra valores fundamentales como el respeto a la vida y el rechazo a toda forma de autoritarismo.