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Les
escribo para felicitarlos por las continuidades y por las
novedades del suplemento penal de eldial. También quiero
compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la
editorial del mes de marzo. Decía Daniel Pastor en esa
oportunidad, y refiriendo breve pero eficazmente la actual
situación apocalíptica, que “Son tiempos trágicos para
el país y especialmente tristes para sus juristas”. Creo
que esta “tristeza”, sin embargo, no debe producir
inmovilismo ni degradar la tarea de los juristas a una
racionalización de argumentos que no tengan en cuenta sus
consecuencias. No puede llevarnos a creer que es posible
seguir hablando de derecho sin pensarlo para modificar el
mundo. Sobremanera esto es así cuando sospechamos que la
“tragedia” que se mencionaba no es un producto divino o
natural, sino que tanto la fuerte redistribución negativa de
los ingresos como la creciente inseguridad (me refiero a la
producida por la retirada del estado de sus obligaciones
sanitarias, de trabajo y vivienda, educacionales, etc. y a la
permisión de la precarización de amplias capas
poblacionales) son la consecuencia de determinadas prácticas
de la política y de la economía.
Estas
son razones que obligan a todas las personas que sientan
tristeza frente a la tragedia al compromiso político para
modificar esas relaciones. Pero ello es mucho mas relevante
en el caso de los penalistas, ya que mientras se aplicaban
determinadas medidas económicas de exclusión (y para poder
hacerlo) se organizaban medidas punitivas más represivas,
menos garantistas y que incrementaban los índices de
encarcelamiento (seleccionando a los excluidos previamente de
las posibilidades de consumo). La tarea del jurista
penalista, es evidente, no puede permitir que proliferen
discursos como los que han promocionado en los últimos
veinte años el cine estadounidense y tristes epígonos
locales amedrentando a doña Rosa. Una mínima racionalidad
jurídica impone la resistencia activa frente a los
“justicieros por mano propia” o los policías de
“gatillo fácil” o “mano dura”, que nos retrotraen a
tiempos en que el mas fuerte tenía la razón. Pero también
el jurista penalista tiene otra obligación para merecer tal
título y ésta es la de limitar el poder punitivo del estado
(que es selectivo) para impulsar el progreso y la felicidad
de los individuos en un estado social y democrático de
derecho (que debe ser igualitario).
En
ese sentido se orientaron y se orientan los esfuerzos de
Daniel Pastor en la mencionada editorial y en la amplísima y
rigurosa obra con que nos ilustra sobre los límites jurídicos
necesarios para el poder punitivo. También la edición toda
de eldial que comento (tanto al procurar legitimidad para un
recurso de queja o un registro de domicilio cuanto al
compartir discusiones y denuncias de otros ámbitos estatales
sobre las consecuencias de las políticas conservadoras de
derecha en materia punitiva, que no son exclusivas de nuestro
país) sirve de ejemplo de la tarea comprometida que tiene el
penalista para impedir el holocausto diario de grandes masas
de individuos. Es por ello que creo que la imagen que
asociaba el trabajo de penalistas serios (como los que hacen
esta revista) a la de los monjes medievales que reproducen un
saber que no piensa en el mundo que los rodea no ha sido muy
afortunada. Mucho menos conociendo como ustedes conocen las
agudas críticas de Zaffaroni a un nuevo “bartolismo”
tecnocrático que amenaza reemplazar al verdadero pensamiento
jurídico penal.
Mi
reflexión no se limita a señalar esto, que quizá sea
banal, sino que pretende advertir que, dada la aguda crisis
del país y del mundo como consecuencia de las políticas
liberal-conservadoras que continúan siendo hegemónicas en
el pensamiento dominante, la tarea de los penalistas serios
deba comprometerse aún más seriamente con la realidad.
Este
compromiso político no debe eludir el escepticismo
intelectual (homenaje que hago al título de un valioso artículo
de Stanley Cohen) que produce la tarea de describir, o
trabajar en, el sistema punitivo y saber de las dificultades
para limitarlo. Esto es probablemente imposible cuando el
“orden social” que se impone con el derecho no es justo
ni beneficia a todos los individuos. La pregunta sobre el
“orden social” fue la que dio lugar a las reflexiones críticas
más importantes de algunos juristas (recordemos a Alessandro
Baratta) y que deben ser recuperadas con razón hoy cuando la
exclusión económica y la barbarie punitiva se nos hacen, a
algunos, intolerables.
En
el camino de la denuncia hacia la propuesta (y la posibilidad
de concretarla) nos invade el escepticismo. Escepticismo que
aumenta, si cabe, después de la agitación del miedo frente
al caos en nuestro país y de la misma estrategia que ha
seguido a los atentados que constituyeron el acontecimiento
11 de septiembre. El poder punitivo (en políticas de
seguridad exterior e interior) no ha surgido como respuesta a
estos hechos pero sí puede haberse incrementado y obtenido
“justificación” para darnos “más de lo mismo” al
comprobarse su evidente crisis.
El
“orden social” que ya no funciona es el que divide a los
individuos entre algunos pocos “incluidos”, beneficiados
por la concentración cada vez mayor del capital, y por el
otro lado condena a ser una “nada social” a los
“excluidos”. Hoy, ni unos ni otros gozamos de la
seguridad vital necesaria y es eso lo que denominamos
“tragedia” (“obra dramática cuya acción presenta
conflictos de apariencia fatal que mueven a compasión y
espanto…y en la cual la pugna entre libertad y necesidad
termina generalmente en un desenlace funesto" según
diccionario RAE).
Por
no mencionar siempre y solamente a quien predijo hace más de
150 años estos extremos a los que conduciría la expansión
del “orden social” del capitalismo, voy a recurrir a
otros filósofos de ningún modo tachados de revolucionarios.
Hace 2.500 años Aristóteles decía que sólo las bestias y
los dioses podían vivir fuera de la ciudad: las primeras
porque nada les estaba permitido y los segundos porque lo podían
todo. Muchos años después, Hobbes inventaba una situación
que ya no era el afuera social, sino la previa al contrato
constitutivo de la sociedad: la guerra de todos contra todos.
El capitalismo avanzado ha destruido las posibilidades de
relaciones horizontales y privilegia las de tipo vertical,
dejando en evidencia una situación de “guerra” que puede
afectar a todos: en mayor medida a quienes viven como
“bestias” y al margen de la sociedad, pero también a los
pocos que viven como “dioses” y se pensaban a salvo en
sus propias “cárceles” de seguridad y confort. Esta
sociedad de rejas de uno y otro lado bajo el signo de la
seguridad absolutizada y con los extremos mencionados del
sistema punitivo, al igual que la internacionalización del
capital y la difuminación de fronteras locales con respecto
a éste, parece confirmar las profecías del viejo Marx, tal
como decía Julio Maier en una editorial de NDP.
El
“orden social” que nos lleva al desenlace funesto de la
tragedia es,
entonces, lo contrario a un mundo en el que estemos todos
integrados y, mucho menos, en el que tengamos iguales
derechos y beneficios. A lo mejor esa es la pauta para que
los juristas penalistas comprometamos nuestros esfuerzos para
vencer el escepticismo. A la vez, pueden ser razones para
convencer a quienes precisan de argumentos prácticos más
que morales para articular proyectos menos egoístas. La
desigualdad, la pobreza, la desesperación y la inviabilidad
de un orden pueden revertirse si se refuerzan los lazos
sociales horizontales y se reparan procesos históricos de
exclusión con políticas de pleno empleo, con ingresos mínimos
garantizados por el hecho de existir, con accesos a la
educación diferenciados para favorecer a quienes fueron
perjudicados, con sistemas de salud, seguridad social y
justicia generalizados y no para el mejor postor (los
penalistas, en la cátedra o de un lado y otro del
“mostrador” de los juzgados, pueden hacer mucho para
evitar la selección que llena las cárceles con pobres y
perseguir la delincuencia financiera y económica).
Resistir
el embate de la derecha punitiva que defiende privilegios y
desigualdades y luchar por un nuevo orden más solidario, pacífico
y tolerante es una imposición de la razón y de la justicia.
La tarea del jurista (también del penalista) no puede
ponerse al servicio del poder punitivo excluyente ni
permanecer neutral.
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