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La entrada en vigencia de una ley holandesa que reconoce a la eutanasia activa directa como un acto médico permitido reaviva el secular debate acerca de la necesidad, oportunidad o conveniencia de autorizar a los profesionales de esa rama del saber humano a dar muerte a sus asistidos, o a colaborar en su suicidio, en determinadas situaciones y mediando ciertos recaudos.
Un prolongado proceso parlamentario iniciado en 1975, con participación de diversos sectores de la comunidad, culminó el 1° de abril último, tras las sucesivas aprobaciones de la Cámara baja -en noviembre de 2000- y del Senado -en abril del pasado año- impulsadas por la coalición gubernamental compuesta por legisladores socialdemócratas, liberales y reformistas, con el voto opositor de la democracia cristiana y de pequeños partidos conservadores.
A excepción de las normativas de regímenes totalitarios como el "Programa de Eutanasia" de la Alemania nacional-socialista del 1° de setiembre de 1939, un solo precedente, de efímera duración, había tenido lugar en Australia, en 1996, cuando la legislatura unicameral del Estado del Norte de dicho país estableció la admisibilidad de ese modo de intervención, caracterizado en dicha oportunidad como un suicidio médicamente asistido e incluyendo el auxilio ejecutivo del profesional bajo ciertas circunstancias; la ley estadual resultó derogada nueve meses más tarde por el parlamento nacional con sede en Canberra.
En rigor, la flamante disposición de los Países Bajos no ha llegado tan lejos como su fugaz predecesora: conforme a esta última, el galeno que asistiera a un paciente a terminar con su vida, en un contexto como el previsto legalmente, estaría llevando a cabo un tratamiento médico más, un abordaje terapéutico deontológicamente admitido, lo que equivalía a decir una actividad fomentada por el orden normativo, y -por ende- esencialmente distinta de la prohibida para la generalidad. En lugar, para la nueva ley neerlandesa, la muerte del paciente a manos de su médico no ha dejado de configurar -para expresarlo en términos de Dogmática penal- una conducta legalmente típica, desprovista de todo mandato o fomento, trascendente del mero ámbito privado y de suficiente entidad como para resultar perseguida penalmente.
Se ha intentado acotar su justificación mediante la observación de criterios estrictos: la convicción de que se trata de un pedido expresado por el asistido voluntariamente y después de una profunda reflexión, y la certeza en punto a que el cuadro resulte insoluble, y los sufrimientos que de él deriven, incoercibles e insoportables. Tales extremos deberán ser corroborados, cuando menos, por otro facultativo, quien expedirá un diagnóstico independiente antes de toda intervención eutanásica. Por último, cada caso deberá ser reportado a una comisión compuesta por un médico, un especialista en ética y un jurista, con facultades para denunciar el hecho ante la Justicia, si se estimare que el profesional involucrado obró por fuera del contexto permisivo descrito. Vale recordar que, de prosperar la acción respectiva, la escala penal aplicable alcanza los doce años de prisión.
Más allá de esas precisiones, el asunto no deja de resultar polémico. Para que se abra camino la causa de justificación del estado de necesidad, el sujeto activo deberá haber zanjado el conflicto producido por el riesgo inminente corrido por dos bienes, del modo que implique el menor sacrificio posible para el bien de menor valor. En el contexto que nos preocupa, el sacrificio de uno de tales bienes es el máximo que quepa inteligir -su lisa y llana supresión- y no resulta sencillo argumentar que la vida de un ser humano, aun cuando se halle atenaceada por una enfermedad en fase terminal o un grave accidente, deba resignar su sitial en el universo axiológico del humanismo en el que -¿todavía?- basamos la legitimidad de la organización social.
La distancia entre este proceder eutanásico activo y el denominado indirecto, de doble enlace o de doble efecto, es fácilmente apreciable. Difiere, objetiva y subjetivamente, la actitud del médico que suministra proporcionadamente la medicina paliativa necesaria para neutralizar efectivamente dolores, ansiedad, insomnio, disnea u otro síntoma insoportable para su paciente, con el objeto de aliviarlo -al reconocerse imposibilitado de recuperar su salud física, debido al avance de la enfermedad o de la gravedad del accidente que lo aqueja-, de la de quien se decanta por colaborar activamente en su designio suicida.
Cierto es que, en el caso del profesional que aplica analgésicos, sedantes o ansiolíticos, es de probable ocurrencia un debilitamiento global del organismo del enfermo o accidentado, y una eventual anticipación de su deceso. Empero, la eficiencia causal del que se decide a matar es incomparable con la de quien apenas procura mitigar las aflicciones físicas y psíquicas de su semejante; y, en el estricto plano subjetivo, las disposiciones personales son prácticamente antagónicas.
No está demás recalcar que, mientras el equilibrado suministro de medicamentos u otros tratamientos hace parte, desde los tiempos de Hipócrates hasta nuestros días, del cumplimiento del deber del médico que apacigua a quien ya no puede ser curado, en la vía resolutiva activa directa, el designio del médico pasa a ser el de acabar con la vida del doliente a su requerimiento, hecho reprobado explícitamente por la deontología médica desde aquel magno precursor hasta la fecha.
Tal vez sea a la luz de cavilaciones semejantes que el Ministerio de Salud holandés anunció el 11 de marzo pasado, veinte días antes de entrar en vigor la ley que comentamos, la provisión de una partida de fondos suplementarios para apoyar las iniciativas tendentes a apoyar la adopción de tratamientos paliativos integrales para pacientes en fase terminal.
En el mundo de la Medicina, como en el del Derecho Penal, se ha hecho muy poco para sustraer al hombre del dolor. Tomar el atajo de su eliminación física es algo más que una simpleza, en un mundo en el que muchos economistas y no pocos políticos pugnan por resucitar a Thomas Malthus.
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