El miércoles 5 de febrero la Corte Internacional ordenó a los Estados Unidos la suspensión de las ejecuciones de tres ciudadanos mejicanos condenados a pena de muerte, y este país se ve en la necesidad de acatar dicha orden.

 

El problema no es sólo que la decisión de la Corte Mundial es correcta. Mejico ha alegado -y Estados Unidos admite- que este país ha violado en repetidas oportunidades la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares al omitir la notificación al Consulado mejicano cuando ciudadanos de ese país eran arrestados por la comisión de crímenes de gravedad. EEUU admite que la Corte Internacional tiene jurisdicción sobre este caso. Méjico sostiene que si los ciudadanos oriundos de ese país hubieran contado con la asistencia del consulado, ellos, en este momento, podrían no estar condenados a la pena de muerte. La orden de la Corte Internacional fue votada por unanimidad e incluye el voto de un prestigioso juez estadounidense.

 

Las apuestas son mayores ahora que en el pasado. En 1998 y 1999  los Estados Unidos desobedecieron ordenes similares en casos iniciados por Paraguay y por Alemania. Pero el caso que nos ocupa ahora significa mucho más para Méjico que lo que los anteriores significaban para Paraguay y para Alemania, además de que EEUU necesita credibilidad como una nación que cumple con las normas y las instituciones internacionales.

 

La relación entre Méjico y EEUU está en su punto más bajo desde hace algunos años. El presidente Bush alguna vez hizo alarde sobre su buena relación con el presidente Vicente Fox, un líder pro-empresariado quien comparte muchos valores con aquél. Pero los hechos ocurridos el 11 de septiembre han revertido el progreso alcanzado en un esperado acuerdo inmigratorio. Con cientos de ciudadanos mejicanos muriendo anualmente durante el cruce ilegal del desierto, México ve a EEUU como indiferente ante la situación, dado que cerca de cinco millones de Mejicanos ilegales forman la base de la mano de obra de la agricultura estadounidense y en la prestación de otros servicios. El tratamiento que se le da a los Mejicanos en los Estados Unidos es un tema de vital importancia dentro de la agenda política de Méjico.

 

Los Estados Unidos esperan que las autoridades mejicanas respeten sus obligaciones legales en relación con los derechos fluviales, tarifas agrícolas bajas, extradición y trafico de estupefacientes, sin mencionar el respeto a lo establecido por la Convención de Viena con relación a los requisitos para la notificación consular cuando un ciudadano estadounidense es arrestado en Méjico. Estados Unidos deberá pagar un precio alto al querer conseguir sus objetivos políticos si ignora la normativa internacional en un tema que Méjico considera de vital importancia.

 

Pero quizás la consecuencia más costosa de desafiar a la Corte Internacional será el efecto inmediato que esto surtirá sobre nuestra reputación internacional. Los Estados Unidos no pueden ignorar al brazo judicial de las Naciones Unidas en un momento en que Colin Powell hace aparecer a Irak como un caso peligroso de “burla a la ley”. Por supuesto que las amenazas a la paz mundial son diversas,  pero cualquier nación que se encuentra abrogando por una acción multilateral cuando un estado deja de cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería mostrar respeto por las instituciones legales internacionales.

 

El presidente Bush debería enviar una Orden Ejecutiva paralizando todas las ejecuciones que la Corte Internacional ordena suspender. Mientras que la Corte Internacional puede ordenar que se vuelva a realizar el juicio en algunos casos, faltan años para que se logre cualquier decisión final sobre ese tema. A diferencia del presidente Clinton en la decada del ’90, el presidente Bush no tiene necesidad de probar su apoyo a la pena de muerte. Sus credenciales a favor de esta pena demostradas durante su etapa de gobernador de Texas son incuestionables.

 

Algunos gobernadores y miembros del Congreso pueden llegar a quejarse sosteniendo que una Orden Ejecutiva interfiere con los derechos de los Estados. De todas maneras, Estados Unidos tiene una larga historia de Ordenes Ejecutivas en las arenas de los asuntos internacionales que restringen leyes y litigios propios de los estados miembros. Generalmente estos casos han versado sobre cuestiones monetarias – bonos rusos u obligaciones Iraníes renegociadas en el marco del acuerdo de hospitalidad- pero el principio básico, que las Ordenes Ejecutivas en nombre de la política exterior pueden truncar la normativa de los estados, se encuentra bien establecido.

 

El costo para los Estados Unidos de cumplir con la orden es bajo y el costo de no cumplir con la misma es elevado. Por ahora, todo lo que se está requiriendo es una demora en algunas ejecuciones. Pero el ganar posición en la política exterior depende de la reputación además del poder.

 

Jonathan Miller, profesor de derecho, enseña protección internacional de los derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Southwestern, Los Angeles, California, EE.UU..