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  SUPLEMENTO DE DERECHO TRIBUTARIO 

JURISPRUDENCIA

 
     
 
 

"TAXICOOP COOPERATIVA DE PROVISIÓN PARA TAXISTAS LTDA C/AFIP-D.G.L S/IMPUGNACION DE DEUDA" - SENTENCIA DEFINITIVA No 110.297 - CAUSA N° 17.581/2001 - C.F.S.S. - SALA II.

 

Sentencia de fecha 09/11/2004

 
Texto completo:
   
En la ciudad de Buenos Aires, 09 NOV. 2004, reunida la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en autos caratulados: "TAXICOOP COOPERATIVA DE PROVISIÓN PARA TAXISTAS LTDA C/AFIP-D.G.L S/IMPUGNACION DE DEUDA"; se procede a votar en el siguiente orden:

EL DR. JUAN CARLOS POCLAVA LAFUENTE DIJO:

Llegan las actuaciones a esta alzada en virtud de la apelación deducida contra la Resolución emanada de la AFIP N° 435/00 por la que se denegó la impugnación respecto a la multa aplicada por mora en el pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social.

En el escrito de recurso, y a propósito del recaudo contemplado en 
El art. 15 de la ley 18.820, como asi también en el art.12 de la ley 21.864 y 26 inc.b) de la ley 24.463, la apelante plantea que en el caso de multas no corresponde aplicar el principio del "solve et repete".
Respecto a la exigencia formal del pago previo como recaudo de admisibilidad, considero que en sub-lite, resulta improcedente por cuanto lo que se reclama es el monto de una multa. En este sentido me remito a lo expresado por el Sr. Representante del Ministerio Público en su dictamen n° 14.735/02 recaído en los autos "Expreso Imperial S.R.L. c/AFIP-DGIS/impugnación de deuda".

En tales condiciones, corresponde eximir al presentante del requisito del depósito previo exigido por las disposiciones involucradas en la causa.

En cuanto al fondo del asunto, en el caso que nos ocupa, se ha labrado acta de infracción en razón de haber abonado con mora los aportes y contribuciones correspondientes a la Seguridad Social.

Se agravia la apelante pues entiende que es incorrecta la interpretación que ha hecho el ente recaudador al aplicar la multa prevista en el punto 1.2 del art.2° de la Resolución General N° 3756. Dicha norma establece que para el caso en cuestión la multa a aplicar será del 30 % del total omitido. Señala el recurrente que el error reside en considerar como "total omitido" al capital adeudado más los intereses resarcitorios del art. 37 de la ley 11.683 y que ésta no sería la base de cálculo de la multa que ha tenido como intención el legislador al sancionar la ley 17.250 (art. 15 inc. 1) apart.c); asimismo señala que la Res. Gral 3756 es reglamentaria de la ley 17.250 y 22.161 sin que surja de estas últimas la posibilidad de interpretar qué "total adeudado" comprende intereses resarcitorios.

La recurrente centra su impugnación en la consideración que los intereses resarcitorios importan la suerte de una sanción civil con lo cual se toma como base de la sanción de la multa a otra sanción y para el caso presente, la infracción está tipificada en la ley 17.250 -art. 15 inc c); sin incluir intereses resarcitorios por lo tanto, interpretar que han sido incorporados en virtud de la Res. Gral N° 3756 es violar el principio de legalidad. Plantea, asimismo, la inconstitucionaiidad de la norma.

El organismo recaudador alega que no es correcta la postura abogada
por el impugnante toda vez que, por haber computado los intereses adeudados dentro de la base de cálculo de la multa impuesta, no se ha violado el principio de legalidad. Por el contrario, de las disposiciones legales se llega al resultado impugnado.

Para el ente administrativo no cabe duda alguna de que el saldo deudor estará integrado tanto por el capital original como por los correspondientes intereses, más la actualización, si correspondiere. Pues precisamente, continúa el organismo, a partir de la mora, la única forma de cancelar totalmente la obligación provisional es pagando capital más los respectivos intereses, por ello al constatarse la infracción, el monto omitido comprende tanto uno como el otro.

En orden a la cuestión traída a conocimiento de este tribunal, es preciso señalar que "en caso de multas provisionales, la constatación de la infracción genera la siguiente responsabilidad y sanción del infractor, salvo que este invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida.

La aplicación de sanciones constituye, en definitiva, el ejercicio del poder propio de la administración cuya razonabilidad cae bajo el control del Poder Judicial para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad (CNConAdmFed Sala II sent. del 14/11/96. "Cargil S.A. c/IASCAU").

De allí que la potestad jurisdiccional no se agota en la aplicación
mecánica de las normas, sino que exige discriminar los distintos aspectos del litigio, a fin de lograr en cada hipótesis la justicia concreía del caso (Fallos 304:1919;CFSS Sala II. sent. del 28/8/98"Diesel Oliden S.A c/DGI").

Cabe destacar que la Resolución General N° 3756/93 sólo vino a reglamentar la ley 17.250 en cuanto a las causales que hacen variar los porcentajes de las multas aplicables, ya que si bien la ley citada establecía una graduación de "hasta el 30 % del total adeudado por el concepto indicado en caso de mora en el depósito de los aportes y contribuciones", era necesario discriminar en razón de qué circunstancia variaba este porcentaje, quedando a la discrecionalidad del juez verificar sí efectivamente se dan los supuestos que autorizarían a que los mismos se apliquen. Por otra parle, cabe señalar que la propia Resolución General prevé multa sancionatoria que va variando según los días de atraso para "resarcirse" de los días de mora.

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad de la norma, es dable destacar que las normas son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, es decir, cuando los medios que en ellas se arbitran no se adecúan a los fines cuya realización procura o cuando se consagra una manifiesta inequidad y el principio de razonabilidad exige que se cuide especialmente, que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con la establecida en la Ley Fundamental (Fallos 307:862; 311.394, entre otros); CNContAdmFed Sala IV "Impra S.A." sent. Del 21/11/95).

Por ello y atento a que la impugnante no demuestra la arbitrariedad de la norma que cuestiona, corresponde rechazar la inconstitucionalidad que plantea.

En cuanto al agravio referido a la base que el organismo recaudador
debería tomar en cuenta para la aplicación de la multa, esto es, si incluye solamente capital adeudado, o capital más intereses, entiendo que los intereses no deben ser computados como base de cálculo. Al respecto, el art. 15 de la ley 17.250 establece las sanciones a las que dará lugar el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en las leyes de previsión precisando que la aplicación de aquéllas será sin perjuicio de los intereses y penalidades que correspondan. Así, para el caso de mora en el depósito de aportes y contribuciones, el inc.l, ap. c),impone una multa de hasta el 30 % del total adeudado por dicho concepto, sin hacer mención alguna a los intereses.

En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la resolución que incluyó los intereses en la base de cálculo de la multa (conf. expediente no 36.379/2000 "Servin S.A.C/AFIP-DGI" sent. 23/6/03 Boletín de jurisprudencia No 36 sent. def. 105171).

Ahora bien, no obstante lo anterior afs.41 el recurrente solicita se declare la condonación de la sanción impuesta con fundamento en la Resolución No 3 756 en virtud del dictado del Decreto 1384/01 que implemento un régimen de consolidación de tributos y recursos de la seguridad social y una exención de intereses, multas y sanciones así como un régimen de facilidades de pago respecto a infracciones cometidas al 30/9/01, inclusive.

Cabe aquí apuntar dos circunstancias: 1) a la fecha de la resolución sancionatoria, la obligación principal atento lo que surge de autos, ya se encontraba cumplida y 2) la infracción es anterior al 30/9/01, en virtud de lo cual, entiendo que la multa ha quedado condonada de pleno derecho por la citada norma.

Entiendo que la norma en cuestión tiende a favorecer la recaudación de dinero para el sistema mediante exención de recargos y penalidades, brindando al moroso la posibilidad de sanear su situación previsional e impositiva mediante incentivos y modalidades de pago favorables y poco gravosas.

En el caso concreto de autos, a mi ver la sanción de multa aplicada se encuentra condonada de pleno derecho sin que se requiera de otra normalidad para así declararlo y en consecuencia, carente de sustento el litigio.

Por lo dicho corresponde: declarar condonada de pleno derecho la multa objeto de los presentes actuados, proceder al archivo de los mismos e imponer las costas por su orden (art. 68 CPCCN).


EL DOCTOR EMILIO LISANDRO FERNANDEZ DIJO:

Pendiente la resolución de la causa, la actora presenta el escrito de fs. 41, en el cual solicita se declare la condonación de las multas en razón de lo dispuesto por el Decreto 13 84/01. De dicha presentación se corrió traslado a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En consecuencia, en tanto lo cuestionado en autos, es precisamente una multa, estimo que debe analizarse la incidencia de dicho decreto en la prosecución de los actuados.

En efecto, se cuestiona la multa (conf.RG 3756. art. 2 punto 1.2), por los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 1999 y enero a abril de 2000.

No es objeto de discusión el pago de la obligación principal, ya cancelada según resulta de la propia determinación de la multa.

El Decreto 1384/2001 prevé la consolidación de tributos y recursos de la seguridad social y una exención de intereses, multas y sanciones, asi como un régimen de facilidades de pago.

El capítulo I, en el art. 2 determina que procederá el beneficio en la medida en que los deudores cumplan con la obligación principal.

De los antecedentes resulta que el actor ha abonado la obligación principal. Este hecho, no aparece controvertido en autos.

La infracción (mora) es anterior al 30 de setiembre de 2001 (objeto de otras postergaciones).En consecuencia, debe determinarse si la multa aplicada ha sido condonada de pleno derecho por la norma citada. 

El Decreto 1384/01, se inscribe en la larga lista de disposiciones tendientes a purgar demoras y a favorecer, mediante facilidades de pago y exención de recargos y penalidades, la recaudación de dinero para el sistema. Se brinda al moroso la posibilidad de sanear su situación provisional e impositiva mediante incentivos y modalidades de pago favorables y poco gravosas.

Ahora bien, la deficiente técnica legislativa deja en un marco de sombra, situaciones como la presente donde, cumplida ya la obligación principal, lo único a discutir es, precisamente, la penalidad que como accesorio se impone a la misma, es decir, la multa.

No cabe duda, a mi ver, que esta sanción se encuentra condonada de pleno derecho, sin que se requiera para su declaración, de otras formalidades.

En efecto, si el Decreto favorece al incumplidor mediante una amplia posibilidad de financiación de su deuda principal, eximiéndolo de las multas e intereses, la situación no amerita duda cuando no existe deuda principal a cancelar. De otro modo, se encontraría mas beneficiado quien aún sigue en mora, que aquel que ya no lo está.

Por tanto, la multa discutida en autos ha quedado subsumida en los alcances del Decreto 1384/2001 y, en consecuencia, carente de sustento el litigio.

Por lo expuesto, es mi opinión que debe declararse condonada de pleno derecho la multa objeto de los presentes actuados y precederse al archivo de los mismos. Imponer las costas en el orden causado.

EL DOCTOR LUIS RENE HERRERO DIJO:

Disiento con la solución propuesta por mis colegas preopinantes, pues estimo -en orden a la habilitación de la instancia judicial- que el art. 15 de la ley 18.820 y sus modificatorias, exige el previo depósito de las sumas reclamadas tanto en los casos en que se determine deuda por falta de aportes como en los supuestos en los que se fijen multas, por lo que no cabe efectuar distinción alguna al respecto.

En su escrito recursivo, el apelante impugna la resolución n° 435/00 de la AFIP en cuanto dispuso rechazar la impugnación respecto a la multa dispuesta por mora en el pago de aportes y contribuciones de la seguridad social. En lo que se refiere a la exigencia del depósito previo de la suma cuestionada, solicita se la exima de la citada obligación, puesto que la exigibilidad establecida por el art. 26 de la ley 24463 como requisito de procedencia de la apelación es inaplicable en el caso de una multa.

Asimismo, solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley 18.820 y 12 de la ley 21864 por entender vulnerado el derecho de defensa (cfr. art. l8 CN).

Si bien es cierto que el Alto Tribunal de la Nación ha relativizado 
los efectos jurídicos del requisito del depósito previo frente a la garantía de la tutela judicial efectiva, ha fijado ciertas pautas de interpretación que no pueden ser soslayadas, so riesgo de ocasionar un severo daño a las finanzas del Estado que es el bien jurídico al servicio de la comunidad que la citada carga legal pretende resguardar.

En efecto, el Tribunal Cimero ha señalado que, sin perjuicio de que el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación que no importa una restricción constitucional a las garantías de igualdad y defensa enjuicio (Fallos 155; 96; 162; 363; 135; 479; 238; 418; 247; 181; 161; 101, etc.), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado, como la desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que tornaría ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (Fallos 247; 181; 250; 208, etc.); no obstante, ha puntualizado que la exención sólo es viable en casos de falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar la erogación (Fallos 256; 38; 261; 101; 288; 387, entre otros) y cuando tal imposibilidad encuentre sustento en elementos objetivos agregados a la causa, estimando insuficientes a estos efectos las manifestaciones en abstracto del interesado (cf. C.5.J.N., Fallos, 225; 203; 249; 221; etc.).

En cuanto a la inconstitucionalidad de las normas que imponen la citada carga legal, me he pronunciado reiteradamente propiciando el rechazo de la misma, conforme a la prudente doctrina del Alto Tribunal de la Nación que -como se ha señalado recién- sólo autoriza prescindir de esta carga legal -sin declararla inconstitucional- en aquellos supuestos en los que su cumplimiento pudiere traer aparejado el menoscabo del derecho a la jurisdicción del apelante (Fallos 155; 96; 162; 263; 235; 479; 238; 418; 296; 57, entre otros).

La regla del depósito previo no es caprichosa ni arbitraria. Constituye, por el contrario, una razonable derivación del interés público que persigue el derecho tributario y uno de los pilares en el que se asienta la eficacia de la gestión fiscal del Estado.

Se ha indicado -con acierto- que la máxima solve et repete tiene como único fundamento las impostergables necesidades de las finanzas, por lo que la validez del acto administrativo de determinación impositiva está fundada en razones de orden y seguridad públicos, y su necesario corolario es la regla que impone el respeto y la obligación de pagar el impuesto para seguir reclamando por las vías legales (cf. Roberto Tamagno, "La determinación tributaría ", Enciclopedia Jurídica Omeba, T. VII, pág. 771).

Asimismo, se ha dicho que "es posible sostener que el "solve et repete" recibe su convalidación de razones de interés general similares a las que fundan otras prestaciones obligatorias de los ciudadanos, tales como el deber de emitir el sufragio, de defender a la patria con las armas, o el de soportar restricciones en los derechos patrimoniales en pro del interés público, situaciones todas ellas en las que la realización del bien común justifica el sacrificio del bien particular "... "Puede concluirse entonces que el principio "solve et repete " constituye un resorte que el Estado puede legítimamente utilizar en favor del interés colectivo ínsito en la celeridad y eficacia de la percepción de los impuestos, aunque para ello sea menester ocasionar las dificultades individuales que suponen el deber de pagar primero para reclamar después " (cf. Reflexiones sobre el principio "solve et repete"; Alejo A. Martínez Araujo, Luis A. Vedoya y Martín López Olaciregui; en La Ley del 14/10/97, pág. 2).

En consecuencia, propongo declarar desierto el recurso interpuesto, por incumplimiento de la manda contenida en los art. 15 de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864. Con costas en el orden causado.

Es mi voto.

A mérito de lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal RESUELVE: Declarar condonada de pleno derecho la multa objeto de los presentes actuados, proceder al archivo de los mismos e imponer las costas por su orden (art. 68 CPCCN).

Regístrese, notifiquesey oportunamente devuélvase,

LUIS RENE HERRERO JUAN C. POCLAVA LAFUENTE
Juez de Cámara Juez de Cámara Subrogante

EMILIO LISANDRO FERNANDEZ
Juez de Cámara

Ante mi:

Gloria Nora Llana
Secretaria
 


 
 

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