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   EDICION CORDOBA

Jurisprudencia    

 
 
REGLA DEL CASO

En el marco del Derecho del Trabajo, si el actor renuncia al derecho y desiste de la acción, no cabe -sólo por ello- considerarlo perdidoso en la contienda procesal y, en consecuencia, las costas deberán imponerse por el orden causado, lo cual no afecta en modo alguno derechos o garantías constitucionales. 

DATOS

CTrab.Cba., sala 1ª, Sent. n° 156 de fecha 4/11/2004, en autos "Boscarol de Caligaris, Esther c/. E.P.E.C. - Demanda (y sus acumulados)".

SUMARIOS

DERECHO PROCESAL. LABORAL. COSTAS. DESISTIMIENTO. COSTAS POR EL ORDEN CAUSADO.

1. El hecho o la circunstancia que esta Sala, al igual que otras de la Cámara del Trabajo, hayan rechazado las demandas planteadas por empleados de EPEC en las que se reclamaba -al igual que en el caso subexamen- diferencias por retiro voluntario, en modo alguno permite afirmar que el reclamo haya importado un "claro" ejercicio abusivo del derecho tal calificativo, en la medida que el mismo no resulta sino de una apreciación subjetiva de quien la formula. Ello así, porque también ante idénticos planteos, otros Tribunales de la Cámara del Trabajo, han acogido las pretensiones formuladas por los actores, lo que evidencia de forma clara y concreta que en la especie median cuando menos, inteligencias diferentes en lo que respecta a la interpretación y alcances del Decreto 619/98. 

2. Es necesario señalar que la postura rígida adoptada por la incidentista, no se condice con la realidad del mundo jurídico, esencialmente variable y mutable y que da muestras que, en la interpretación de las normas, según las circunstancias de modo, tiempo y lugar, puede mediar variaciones en lo que respecta a su amplitud y contenido. De ello dan muestra los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en un giro jurisprudencial declaró inconstitucionales los arts. 245 L.C.T., 39 inc. 1° de la ley 24557 y, mas cerca aún, el referido a la pesificación. 

3. El desistimiento del derecho no requiere el consentimiento del adversario, en tanto el titular de un derecho puede, en principio, renunciar al mismo. En tales términos, no resulta difícil colegir que la norma no hace sino reconocer un derecho del trabajador, cual es el desistir (valga la redundancia) del derecho que le asiste. Consecuentemente, el ejercicio de un derecho, cual es el poner fin a un proceso o una pretensión, en modo alguno implica admitir de que tal decisión implica atribuirle el carácter de vencedor en la contienda a su contraparte, como lo pretende hacer valer el incidentista. 

4. No puede prescindirse en el análisis de la norma cuestionada por inconstitucional (art. 28 ley 7987), que el derecho procesal laboral no hace sino asegurar el sistema protectorio instituido por el art. 14 bis de la C.N. al establecer que "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes..." Consecuentemente, surge prístino que la norma procesal puesta en crisis por el incidentista, encuentra su respaldo en normas y principios de jaez constitucional. Por lo tanto, el eventual conflicto de normas y principios constitucionales, como entiendo que, a todo evento se plantea en autos, requiere de una exégesis de la constitución que tienda a una interpretación conciliadora de sus normas y, cuando ello no es posible, se habrá de dar preferencia a la libertad o al derecho que comprometen un valor o un bien de orden superior. 
 
TEXTO COMPLETO
 

SENTENCIA NUMERO: CIENTO CINCUENTA Y SEIS.Córdoba, cuatro de noviembre de dos mil cuatro. Y VISTOS: Estos autos caratulados "BOSCAROL DE CALIGARIS, ESTHER C/ E.P.E.C. - DEMANDA Y SUS ACUMULADOS.", en los que a fs. 247, 279 y 284 respectivamente, comparecen Esther Mabel Boscarol de Caligaris, Beatriz Cecilia Álvarez y Graciela Nilda González y desisten de la acción y el derecho en los presentes autos, en contra de la Empresa Provincial de Energía Córdoba, manifestando la primera de las nombradas que las costas sean impuestas por su orden y las dos restantes actoras solicitan que las mismas sean eximidas total o parcialmente o, en su caso sean impuestas por su orden. Corrida la vista a la contraria, la accionada se opone al modo de imposición de costas respecto de las actoras Esther Mabel Boscarol de Caligaris y Graciela Nilda González en sus escritos de fs. 252/260 y 288/298, en los que plantea la inconstitucionalidad del 2° párrafo del art. 28 de la ley 7987 y solicita se las tenga por desistidas a las actoras del derecho y la acción, debiendo condenarlas en costas o bien, eximiendo a EPEC del pago de tasa de justicia y aportes previsionales y colegiales de sus abogados. Señala que mas allá de la inconstitucionalidad que para el específico supuesto se solicita remarca la situación de inequidad e injusticia que se presenta en el caso ya que se trata de un juicio donde la demandada, empresa pública y estatal se vio compelida a estar en juicio por cifras cuantiosas de $194.285 (caso Boscarol de Caligaris) y $213.000 (caso González) promovidas por ex-funcionarias en la que una de ellas tuvo a su cargo ni mas ni menos que el régimen de retiros voluntarios y ante la eventualidad de resultar perdidosas deciden beneficiarse con una disposición normativa de la ley 7987, cuya fuente tuvo motivo en la protección del peón industrial y la reafirmación del principio de gratuidad para que un trabajador industrial accediera a la justicia. Que en el caso de autos, ambas actoras, profesionales de ciencias económicas se retiraron en forma voluntaria con una gratificación de $191.311,54 (Boscarol) y $215.896,18 (González). Que ambas actoras, con el acogimiento al régimen de retiros voluntarios percibieron mas del doble de lo que hubieran cobrado en caso de despido incausado y se jubilaron en virtud de los aportes efectuados por EPEC a la Caja de la Provincia. Explica luego el sistema de la ley 7987 en lo que a desistimiento respecta, en especial cuando se desiste del derecho en cuyo caso se impone que las costas sean impuestas por el orden causado sin posibilidad de oposición de la contraria ni del juzgador de imponerlas de manera distinta a la allí estipuladas. Que el fundamento de dicha norma radica en el principio protectorio y de gratuidad. Agrega que la aplicación en la presente causa el sistema diseñado por el legislador en los arts. 16 y 28 de la ley 7987 determinaría que su parte deba afrontar el pago de costas por el orden causado. Que por tasa de justicia y aportes a la Caja de Abogados EPEC debería abonar la suma de $9435,45 (caso Boscarol) y $10775,59 (caso González). Explicita los cálculos por los cuales llega a las sumas antedichas y sostiene que ello constituye un verdadero despropósito con el espíritu con que el legislador se inspiró al estatuir la mencionada norma, pues las particulares circunstancias que rodean la causa determinan que tal solución no pueda ser justificada por el Tribunal, por ser contrario a la Constitución Nacional. Que en el subexamen el Juzgador debe ejercer ese contralor de constitucionalidad dentro de la prudencia admitida por la Corte Suprema, justificando debidamente que la declaración de inconstitucionalidad se presenta como el único modo de garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales de EPEC, como los de igualdad, equidad, razonabilidad, propiedad y legalidad pues como consecuencia del sistema pergeñado por el legislador, la demandada se transforma en sujeto pasivo de dos obligaciones (una tributaria y otra de naturaleza para fiscal) viéndose compelida a abonar las sumas antes referidas y por ello privada de su propiedad sin haber tenido derecho a ser oída. Cita fallo de la C.S.J.N. en la que funda la violación al derecho de propiedad, en franca violación al art. 17 de la C.N. Deja en claro que su parte no ataca el "sistema" de distribución de costas de la ley 7987, sino que en el caso concreto y particular -por las condiciones y circunstancias-, la aplicación de la norma tal cual está establecida, porque se le produce a la demandada un gravamen irreparable y una restricción y desigualdad imposible de tolerar. Cita nuevamente jurisprudencia y doctrina que avala su postura. Que en definitiva, sostiene que repugna a los derechos reconocidos constitucionalmente a su mandante al ver menoscabado su patrimonio por el hecho de haber sido sometida a instancias de las actoras Boscarol y González a la tramitación de un proceso y haber comparecido al juicio siendo usuaria forzosa del servicio de justicia con el único objeto de resistir la cuantiosa pretensión sustancial. Sostiene que la defensa de la posición judicial de un trabajador (las mas débil) y el enaltecimiento del principio de gratuidad y acceso a la justicia no habilita en modo alguno a agraviar y desconocer indiscriminadamente derechos de las personas porque si bien pueden ser restringidos, dichas restricciones deben ser razonables ya que por los medios elegidos por el legislador para cumplimentar su objetivo deben ser proporcionales al fin perseguido. Que en la causa "Smith..." la Corte Suprema ha dicho que "...el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución...". Que dicho principio constituye la derivación del art. 28 C.N. puesto que si bien ningún derecho, ni mucho menos el de propiedad es absoluto, la reglamentación de ellos no puede desnaturalizarlos. Cita en este aspecto doctrina caracterizada para señalar luego que la norma que impugna, en el caso particular, no resiste el "test" de razonabilidad al que deben someterse todos los actos de los poderes públicos. Señala como consideración final que sabido es con motivo del retiro voluntario del año 1998 dispuesto por EPEC a partir del Dec. 619/98 del PEP, la empresa fue demandada por 436 ex empleados, todos retirados mediante el retiro voluntario lo que representa un total demandado de $15.000.000, esto sin aplicar actualización o interés alguno desde el comienzo de los juicios. Que ello significa que si todos los actores desistieran de la acción y el derecho, EPEC debería abonar aportes y caja una suma que rondaría cuanto menos en $726.000. Solicita en definitiva y a base de lo expuesto, se declare la inconstitucionalidad de la norma atacada. Ofrece la siguiente prueba que hace a su derecho: confesional, documental, instrumental, reconocimiento de documental, testimonial e informativa. Corrido el traslado a las actoras estas la evacuan a fs. 264/266 y 301/304. Entre otras consideraciones sostienen que en el juicio principal, juntamente con 6000 trabajadores de la demandada, se acogieron al Retiro Voluntario implementado por Decreto 619/98 y que a pesar de haber cobrado una parte del mal llamado Retiro Voluntario, ya que el mismo constituye una verdadera indemnización encubierta, resultó que EPEC aplicó incorrectamente el pago a los empleados de ese instrumento legal lo que las decidió a iniciar acciones judiciales en el intento de lograr el pago de los que legítimamente les corresponde. Que todos los fundamentos están volcados en el juicio principal y como la propia incidentista lo reconoce, fue demandada por 436 ex empleados, lo que denota que no se trató de una aventura jurídica, sino por el contrario, intentaron que la justicia resolviera sobre la correcta interpretación del Decreto mencionado. Señalan que en sus demandas dejaron sentado en relación a las costas, de que a pesar de no tener dudas sobre la legitimidad del planteo efectuado, piden expresamente para la hipótesis de que las acciones se resolvieran en forma adversa a sus pretensiones, que las costas sean impuestas por el orden causado, en razón de que lo que se intentó con los juicios, es precisamente que el Tribunal efectúe la correcta interpretación de la aplicación de la norma. Que en relación a dicha petición la accionada nada dijo ni se opuso a lo manifestado, admitiendo en consecuencia, desde el inicio, lo pretendido en caso de sentencia adversa a sus pretensiones. Agregan que una vez iniciados los juicios en contra de EPEC se dictaron diversas sentencias con diferentes resultados, en algunos casos admitiendo la demanda y en otros rechazando la acción. Sostienen que quedan dentro de sus íntimos ámbitos determinar el camino que crea conveniente dentro del juicio y para ello la ley procesal las autoriza a desistir del derecho y la acción con imposición de costas en los términos del art. 28, no sin costas a sus cargos, ya que deberán abonar honorarios y aportes previsionales a sus abogados. Que la decisión de desistir constituye una decisión estrictamente personal sin que se deba dar cuenta a nadie de ello ni pueda serles discutida o impugnada por la demandada Que desistir del juicio en la forma indicada no implica se las catalogue como perdidosas en la causa, calificativo en el que yerra la incidentista utilizando un criterio arbitrario, subjetivo y antojadizo que no concuerda con la realidad legal, doctrinaria ni jurisprudencial. Que la demandada no ha vencido a nadie en el pleito, ya que han actuado en forma prudente y dentro de las atribuciones legales pertinentes, citando en su abono doctrina y jurisprudencia. Sostiene que al peticionar la inconstitucionalidad del art. 28 2a. parte, esgrime argumentos confusos, contradictorios y tendenciosos ya que admite por un lado como legítimo, que los cataloga como trabajadores (agregan, de segunda) les asista el derecho plasmado en la norma cuya inconstitucionalidad pretende; pero discrimina a las que desisten en el presente juicio y lo hace en forma infundada ya que por el hecho de ser profesionales, tener una categoría acordes a sus merecimientos como empleadas y conocimientos universitarios, no se las deba considerar verdaderas trabajadoras, aunque se hayan desempeñado para la demandada durante largos años de servicio. Que de hacerse lugar a la pretensión esgrimidas incurriría en una flagrante violación al orden constitucional puesto que la norma atacada es para los iguales en la consideración de la Corte Suprema y, en el caso de autos, al igual que un operario metalúrgico o un trabajador de la construcción, les asiste el derecho de articular desistimientos por el simple motivo de ser dependientes, empleadas subordinadas, cuyas relaciones con las demandadas se encuentran amparadas constitucionalmente por el art. 14 bis C.N. Que por ello son absurdos los argumentos vertidos por la incidentista al cargar las tintas sobre sus actuaciones funcionales o la comprensión que puedan haber tenido acerca del tema de los retiros voluntarios, ya que nada tuvieron que ver con la redacción del desprolijo decreto que originó una catarata de juicios en contra de la empresa demandada, como bien lo reconoce la incidentista. Que tampoco la norma atacada viola la equidad, la razonabilidad y legalidad, pretendiendo arrasar con todos los principios liminares y protectorios del derecho del trabajo, atentando con la desigualdad real que existe entre el trabajador y la empresa y, la medida que emplea para sentirse agraviado no es otro que los montos en cuestión y las calidades personales de las accionantes, argumentos inválidos para pretender arrasar con una norma inveterada dentro de la legislación procesal laboral que no sólo tiene fundamentos en la mentada desigualdad real, sino también en principios de justicia social, desigualdad económica que la incidentista parece desconocer o, mejor dicho, los considera justos para lo que dentro de su especial calificación considera a los trabajadores. Que en la emergencia y como producto de los desistimientos formulados también les cabe hacerse cargo de las costas generadas a favor de sus abogados, es decir, existen montos importantes que guardan relación con sus condiciones de empleadas y, en definitiva, el desistimiento no es sin cargo ni gastos. Que a base de las razones expuestas, solicitan el rechazo del planteo de inconstitucionalidad, con costas. Como pruebas que hacen a sus derechos ofrecen: constancias de autos, confesional y testimonial. A fs. 285 y 317 se llevan a cabo las audiencias del art. 31 L.P.T., incorporándose la totalidad de las pruebas arrimadas a la cuestión incidental y los alegatos a fs. 321/336, por lo que los autos quedan en estado de ser resueltos. Y CONSIDERANDO: I.- En orden a los planteamientos efectuados en autos, en especial a la cuestión incidental deducida por la parte demandada, corresponde en primer término su tratamiento in límine. 1.- Alude el incidentista que la norma del art. 28 de la ley 7987, en tanto manda imponer las costas por el orden causado frente al desistimiento de la acción y el derecho, resulta lesiva al orden constitucional por lesionar su derecho de propiedad, defensa en juicio, igualdad, poniendo énfasis en la afectación de principio de razonabilidad consagrado en el art. 28 C.N., en tanto afirma, la normativa atacada no supera el test que en tal sentido pueda efectuarse. En su planteo, si bien "ab initio" enfatiza que no ataca el "sistema" de distribución de costas de la ley 7987 que señala, se funda en el respeto a los principios protectorios y de gratuidad de los trabajadores; apunta luego que dado las condiciones personales de las actoras, como así su formación profesional y su participación en el proceso de retiros voluntarios de EPEC, conforman circunstancias de hecho que contrarían la C.N. lo que justifica la inaplicabilidad de la norma procesal atacada, citando doctrina y jurisprudencia de la C.S.J.N., en abono de su postura. Puntualiza, asimismo, que EPEC fue traída a juicio en un proceso en el que la pretensión ejercida por las actoras importó un claro ejercicio abusivo del derecho. Señala finalmente, que la norma del art. 28 de la ley 7987 en la parte que cuestiona, aparece, en el caso concreto y por los motivos que expuso, irrazonable y por ende inconstitucional al imponerle cargar con las costas en un proceso en el cual resultó vencedor. 2.- El incidentista, para fundar su planteo de inconstitucionalidad, parte de dos situaciones de hecho que puntualiza: que el reclamo de las actoras importó un claro ejercicio abusivo del derecho y que el desistimiento formulado por las mismas la erige en vencedora del pleito. Ambos asertos ameritan las siguientes consideraciones: 2.1.- En lo que respecta a la primera afirmación, cabe señalar que el hecho o la circunstancia que esta Sala, al igual que otras de la Cámara del Trabajo, hayan rechazado las demandas planteadas por empleados de EPEC en las que se reclamaba -al igual que en el caso subexamen- diferencias por retiro voluntario, en modo alguno permite formular tal calificativo, en la medida que el mismo no resulta sino de una apreciación subjetiva de quien la formula. Ello así, porque también ante idénticos planteos, otros Tribunales de la Cámara del Trabajo, han acogido las pretensiones formuladas por los actores (Vid. Salas Novena y Décima de la Cámara del Trabajo), lo que evidencia de forma clara y concreta que en la especie median cuando menos, inteligencias diferentes en lo que respecta a la interpretación y alcances del Decreto 619/98. Tal contingencia, por si sola, resulta bastante para descalificar la afirmación que se analiza. Pero a más de ello, es necesario señalar que la postura rígida adoptada por la incidentista en el sentido apuntado, no se condice con la realidad del mundo jurídico, escencialmente variable y mutable y que da muestras que, en la interpretación de las normas, según las circunstancias de modo, tiempo y lugar, puede mediar variaciones en lo que respecta a su amplitud y contenido. De ello dan muestra los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en un giro jurisprudencial declaró inconstitucionales los arts. 245 L.C.T., 39 inc. 1° de la ley 24557 y, mas cerca aún, el referido a la pesificación. 2.2.- En lo que respecta a la afirmación de que su parte es vencedora en el proceso por el solo hecho de mediar desistimiento de la acción y el derecho por las actoras, resulta también el producto de una apreciación muy particular de quien la propone y que en modo alguno se ajusta al espíritu y contenido de la normatividad vigente. En efecto: Somaré y Mirolo, al comentar el art. 16 de la ley 7987 y en relación a la facultad del actor de renunciar al derecho, cita al procesalista Carlo Carli quien sostiene que el desistimiento del derecho no requiere el consentimiento del adversario, en tanto el titular de un derecho puede, en principio, renunciar al mismo (El destacado me pertenece. "Comentario a la Ley Procesal del Trabajo" Advocatus, 1991, p. 103). En tales términos y siguiendo esa línea de pensamiento, no resulta difícil colegir que la norma no hace sino reconocer un derecho del trabajador, cual es el desistir (valga la redundancia) del derecho que le asiste. Consecuentemente, el ejercicio de un derecho, cual es el poner fin a un proceso o una pretensión, en modo alguno implica admitir de que tal decisión implica atribuirle el carácter de vencedor en la contienda a su contraparte, como lo pretende hacer valer el incidentista. De otro costado, no puede prescindirse en el análisis de la norma cuestionada, que el derecho procesal laboral no hace sino asegurar el sistema protectorio instituido por el art. 14 bis de la C.N. al establecer que "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes..." (el destacado me pertenece). Consecuentemente, surge prístino que la norma procesal puesta en crisis por el incidentista, encuentra su respaldo en normas y principios de jaez constitucional. Por lo tanto, el eventual conflicto de normas y principios constitucionales, como entiendo que, a todo evento se plantea en autos, requiere de una exégesis de la constitución que tienda a una interpretación conciliadora de sus normas y, cuando ello no es posible, se habrá de dar preferencia a la libertad o al derecho que comprometen un valor o un bien de orden superior. Cuando Bidart Campos refiere al "Equilibrio del control constitucional", señala "...porque en los conflictos entre libertades y derechos en pugna prefiere el valor o el bien de mayor jerarquía; porque en muchas situaciones frena los excesos de la libertad o acentúa su función social; porque a veces -al declarar que tal o cual situación o reglamentación no es inconstitucional- admite que para capacitar la libertad o los derechos de los menos favorecidos, se limite la libertad o los derechos de los otros..." ("Los Equilibrios de la Libertad", Ed. Ediar, 1988, Pág. 145). 2.3.- Con lo expuesto y fundamentado, queda en evidencia que el planteo del incidentista resulta a todas luces parcializado en tanto pretende hacer aparecer un conflicto normativo entre una norma infraconstitucional con la establecidas en la Carta Fundamental que cita en abono de su postura. Y la irrazonabilidad del planteo queda evidenciada con las consideraciones del Procurador de la Corte cuando al emitir su dictamen en la trascendente causa "AQUINO..." hace referencia a la tutela del trabajo en sus diversas formas, con citas expresas a los arts. 14 bis y 28 de la C.N., curiosamente también citado por el incidentista como fundamento de su embate impugnativo. No resulta ociosa la consideración precedente, en tanto la protección de las leyes a los derechos de los trabajadores, también deben ajustarse a las pautas de razonabilidad que estatuye el citado art. 28 de la C.N. Y en esta inteligencia, según las pautas de distribución de competencia en materia legislativa, estatuidas por el art. 75 inc. 12 C.N., corresponde a las Provincias el dictado de las normas procesales que razonablemente, tornen plausible el sistema protectorio pergeñado por el art. 14 bis. De admitirse la postura del incidentista, la consecuencia deviene lógica: el desaliento de los trabajadores de poder iniciar acciones judiciales en defensa de sus derechos, ante la amenaza o el temor de soportar costas judiciales frente al ejercicio de un derecho: ya el de demandar o, bien, el de desistir de su pretensión. Tal por otra parte el cuestionamiento implacable que formula el pronunciamiento de la C.S.J.N. en la causa "Aquino..." ya mencionada, donde pone de resalto valores como la justicia social, el acceso a la justicia, etc., frente a una ley a la que califica de neto corte economicista. Finalmente y para cerrar esta parte del análisis de la cuestión propuesta, no puedo dejar de señalar que la propia norma a la que el incidentista pone en crisis, otorga pautas sensibles de su razonabilidad, no permitiendo y sancionando con severidad, a lo que el representante de EPEC, en forma subliminal califica como "aventura judicial", al establecer costas a la parte y al profesional actuante, en caso de existir plus petición inexcusable. Adviértase que en las contestaciones de demanda en los presentes autos, EPEC tan solo solicita el rechazo de la demanda con costas, sin acudir a la ya enunciada pauta de razonabilidad que enuncia la última parte del art. 28 cuestionado, frente al abuso del derecho, al establecer costas solidarias entre la parte y el letrado interviniente. 3.- Por último, cabe señalar un criterio señero de la C.S.J.N. sentado en la Causa "BALIARDA..." (Fallos 303-917) en lo que se refiere a pautas de interpretación constitucional. El Alto Cuerpo expresó: La primera regla de interpretación de las leyes, es dar pleno efecto a la intención del legislador. También lo es que uno de los índices mas seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema al que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias y que tales reglas tiene como presupuesto una adecuada ponderación de las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley y, además, la verificación de los resultados a que su exégesis conduzca en el caso concreto...". Al ya mentado soporte constitucional que abona la norma puesta en crisis por el incidentista y que fundamenté mas arriba, cabe agregar la doctrina que rescato como relevante y que surge del fallo mencionado del mas Alto Tribunal de la Nación. Néstor Sagües, comentando el pronunciamiento señala "El problema es mas acentuado cuando una norma infraconstitucional formalmente acorde con la Constitución, y axiológicamente aceptable, conduce en un caso concreto a una solución disvaliosa (por ejemplo injusta). Esto lleva al discutido tema del juego de la equidad, e incluso a la doctrina de la "interpretación inequitativa" de la ley, como subtipo de interpretación arbitraria. Por nuestra parte entendemos que razones de orden y de seguridad aconsejan cumplir con la norma en cuestión, dado que es preferible soportar el defecto axiológico ocasional de una norma infraconstitucional acorde con la Constitución, antes que consentir la transgresión de los preceptos jurídicos de esa norma, o una interpretación farisaica que, so pretexto de equidad, le haga decir a la norma lo que ella no dice..." ("Control Judicial de Constitucionalidad: Legalidad versus previsibilidad", El Derecho, T. 118, 1986, pgs. 909/915). En esta inteligencia y mas allá de las consideraciones efectuadas en los puntos precedentes, rescato la pauta interpretativa de la Corte, explicada con maestría por Sagües, ello en tanto el Juez, al pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma infraconstitucional, no sólo debe considerar el ordenamiento fundamental como un todo, como postulé mas arriba; sino que también debe proyectar su mirada hacia el horizonte midiendo acabadamente las consecuencias de su pronunciamiento haciendo un juicio de previsibilidad de su resultado, de modo de no sentar pautas o criterios que tornen inocuas normas protectorias de igual rango constitucional, como lo son las discernidas a los trabajadores. 4.- En la inteligencia apuntada y por los fundamentos expuestos, no cabe sino concluir que el planteo de inconstitucionalidad formulado por el incidentista respecto del art. 28 segunda parte de la ley 7987, debe ser rechazado, con costas, debiendo regularse los honorarios de los letrados intervinientes conforme lo establecido en los art. 80, 34 y cc de la ley 8226, tomándose como base para dicha regulación la cuantificación del agravio determinada por el incidentista a fs. 254 y 290 de autos, esto es la suma de pesos veinte mil doscientos once con veinticuatro centavos ($20.211,24). II.- Que en relación al desistimiento de la acción y el derecho formulado por las actoras, conforme lo dispuesto por el art. 16 de la ley 7987, éstas pueden desistir de la acción y/o del derecho en cualquier estado de la causa, con patrocinio letrado y al no encontrarse vulnerados principios de orden público, ni existir impedimento legal para ello, corresponde hacer lugar al mismo, con costas en el orden causado, debiendo regularse los honorarios de los peritos contadores intervinientes, los que se establecerán por cada uno de los informes acompañados Difiérase la regulación de honorarios de los letrados actuantes hasta tanto lo soliciten. Respecto a la tasa de justicia, corresponde se determine sobre el monto total de las demandas ($415.072,75) conforme lo prescripto en el art. 79 inc. 8 de la Ley Impositiva Año 2004 N° 9139. Por los fundamentos dados, legislación, doctrina y jurisprudencia citados, el Tribunal RESUELVE: I.- Rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por EPEC en vía incidental en contra del art. 28 segunda parte de la ley 7987, con costas al vencido, regulándose los honorarios de los Dres. Ricardo H. Tillard (h) y Juan Carlos Chayle en la suma de pesos dos mil ciento setenta y dos ($ 2.172.) en conjunto y proporción de ley y los de los Dres. Néstor Barcos y Ramón Viramonte en la suma de pesos un mil quinientos quince ($ 1.515.) en conjunto y proporción de ley. II.- Tener por desistidas a las actoras Sras. Ester Mabel Boscarol de Caligaris, Beatriz Cecilia Alvarez y Graciela Nilda González de la acción y del derecho incoadas en la presente causa en contra de Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), con costas por su orden, difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para cuanto estos lo soliciten. Regular los honorarios del perito contador oficial Sr. Oscar Alberto Real en la suma de pesos cuatrocientos ($ 400.) por cada uno de los informes presentados, los que será a cargo de cada una de las actoras y los de las perito contadores de control Maria Gabriela Olarán y Maria Estela Ropolo en la suma de pesos doscientos cincuenta ($ 250.) por cada pericia y para cada una de las contadoras, los que serán a cargo de sus proponentes. Emplácese a la parte actora y demandada para que en el termino de cinco días cumplimente con los aportes de la ley 6468, bajo apercibimiento de ley y a la demandada para que en el termino de quince días reponga la tasa de justicia la que en los presentes asciende a la suma de pesos cuatro mil ciento cincuenta con setenta y dos centavos ($ 4.150,72.) (1% del monto de la demanda, atento encontrarse exenta la parte actora al 1% restante). III.- Protocolícese y hágase saber. 

 
 

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