Civil y Comercial

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El ejercicio de la medicina conlleva la obligación de prestar atención médica conforme a las reglas de la ciencia y del arte de curar, ajustándose a las prescripciones del marco legal de la especialidad. Cuando ante la negligencia o imprudencia médica se generan daños a la salud o a la vida, se abre paso al deber de responder, siempre que se acredite que el perjuicio devino del accionar culpable del experto. Así es como en la jurisprudencia se reflejan frecuentes litigios basados en supuestos de “mala praxis médica”. 

Por demás interesante se torna el estudio de los parámetros utilizados por los magistrados a la hora de apreciar la responsabilidad del galeno en un proceso sumamente peculiar que involucra el derecho humano a la vida, a la salud y a la integridad física de la persona humana, y que por ello requiere de un profundo análisis acerca de la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución, junto a la totalidad de los elementos gravitantes en cada caso en particular y a las conclusiones de la pericia médica, a la luz de los Arts. 512, 902, y concs. del Código Civil, y del marco ético que debe inspirar la conducta del facultativo.

La Ley 26.529 -modificada por la ley 26.742 y por el decreto reglamentario 1089/2012- que establece los derechos del paciente en relación a los profesionales de la salud, define el consentimiento informado al tiempo que prescribe su obligatoriedad y forma de instrumentación. La evolución de la jurisprudencia nos demuestra la relevancia del respeto a la autonomía de la voluntad del paciente, priorizando el derecho a la información adecuada y suficiente antes de prestar su consentimiento para la práctica médica, imponiendo efectos jurídicos derivados del incumplimiento. Adentrándonos ya en el capítulo cuarto de la misma norma, observamos las prescripciones concernientes a la historia clínica, cuyo contenido constituye una prueba esencial clave para determinar el vínculo causal. Su importancia también se evidencia en las distintas sentencias judiciales que nos ilustran acerca de cuáles son las consecuencias de su adulteración, pérdida o extravío.

La prioridad del derecho a la libertad y el respeto a las creencias religiosas del paciente se vislumbra asiduamente en los diversos pronunciamientos que otorgan preponderancia a las denominadas “directivas anticipadas” o “testamentos vitales” suscriptos en estado de conciencia. Los precedentes “Bahamondez” y “Albarracini” constituyen una interesante referencia al respecto. El derecho a la autonomía de la voluntad y a la dignidad también se ven reflejados en los casos en que una de las partes plantea evitar la prolongación cruenta de la vida de quien se encuentra en grave estado de salud. En el marco de esta temática, se observa cómo el consentimiento por representación, previsto en la ley 26.742, tiende a evitar el desplazamiento de la relación médico paciente al ámbito judicial. 

Concluimos entonces en que varios son los aspectos que debe el abogado considerar a la hora de entablar o contestar una demanda sobre Responsabilidad Médica. Aspectos que mostramos en esta nueva Edición Especial, a través de una completa, variada y cuidada selección de fallos sobre la materia.

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