Penal y Procesal Penal

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En diciembre de 2014 el Congreso sancionó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aprobado días más tarde mediante Ley 27.063. Según reza la misma norma, su implementación será progresiva: a partir del 1º de marzo de 2016 en el ámbito de la Justicia Nacional, y posteriormente en el ámbito de la Justicia Federal.

Sin dudas se trata de un cambio de paradigma. En general, un dar y empezar de nuevo. Un gran salto hacia un sistema de corte netamente acusatorio, en el cual el fiscal jugará un rol protagónico, impulsando la acción e investigando los delitos en forma exclusiva (hasta hoy es el juez quien dirige la investigación, salvo que opte por delegarla en el fiscal, conforme lo prevé el art. 196 del actual CPPN).-
En este sentido, en su artículo titulado “Principios fundamentales en el nuevo ordenamiento Procesal Penal” De Luca, Figueroa y Ramos, afirman que la reforma plantea un recorte y en muchos casos un cambio de manos del poder jurisdiccional que tenían los miembros de Poder Judicial a favor de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Y ello exige una asunción y toma de conciencia del problema, tanto de quienes verán disminuidos sus poderes como de quienes los recibirán.-

Entre otros importantes puntos, el nuevo Código Procesal expresamente veda a los jueces la posibilidad de llevar a cabo actos propios de la instrucción; tampoco podrán formular preguntas a los testigos y deberán limitarse a resolver las controversias entre las partes. Su competencia se limita a custodiar las garantías y derechos tanto del imputado como de la víctima.-

La consagración de los principios de oralidad, inmediación y publicidad, representa otro de los pilares en los que se apoya el nuevo ordenamiento. Principios que no sólo reinan en el debate, sino durante todo el proceso, incluso en la etapa de ejecución de la pena. Todas las resoluciones judiciales se decidirán luego de una audiencia oral y pública con presencia de todas las partes, con excepción de algunos casos en particular donde la publicidad puede ser restringida. La mayoría de las incidencias, por ejemplo, serán orales, y el juez deberá resolver en el momento. El tantas veces mencionado «quod non est in actis, non est in mundo», cambia por “lo que no se ha dicho, no existe”, y por ello será tan importante que los abogados se capaciten en técnicas de expresión, discurso o argumentación, al mismo tiempo que deberán tener un buen manejo de la teoría del caso y del Derecho.-

Deja de existir la declaración indagatoria, y también el auto de procesamiento. Y en lo que a medidas de coerción personal se refiere, el nuevo CPPN -al igual que lo hace el código vigente-, sólo admite la imposición de prisión preventiva y otras medidas para neutralizar peligros procesales (riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación).-

Contempla una lista de medidas de coerción alternativas, que, como bien aclara Solimine, ya existen en varias provincias pero son nóveles a nivel nacional. Así, por ejemplo, aparece el someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la retención de documentos de viaje y la vigilancia mediante dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física, dejándose la prisión preventiva como medida de ultima ratio. Y se legitima al querellante a solicitar medidas de coerción personal, facultad que en el régimen vigente no se halla prevista.-

Resulta novedosa la creación de dos organismos que asumirán funciones de vital importancia en el nuevo esquema organizacional.-
Por un lado, la Oficina Judicial, que básicamente, asistirá a los jueces penales de las distintas instancias. Así, entre otras actividades, se encargará de organizar las audiencias, dictar los decretos de mero trámite, ordenar las comunicaciones, llevar registros y estadísticas, informar a las partes y colaborar en los trabajos materiales requeridos por los jueces (Art. 57 CPPN), como de controlar las reglas de conducta impuestas en supuestos de condena condicional, medida educativa o curativa, egreso penitenciario anticipado y regímenes de cumplimiento alternativo de pena (Art. 331 CPPN).-
Y por otro, la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS), encargada de reunir información y elaborar un informe sobre las condiciones personales y circunstancias que permitan a las partes discutir sobre la procedencia de medidas de coerción, y para el caso de que se aplique una medida alternativa a la prisión preventiva, tendrá a cargo su supervisión.-

El nuevo ordenamiento admite la posibilidad de acusación alternativa. Es decir, no sólo está establecido expresamente que se pueda ampliar la acusación en el debate, sino que, incluso, puede formularse de manera alternativa. Algo que la doctrina y la jurisprudencia ya venían admitiendo.
Y en cuanto al control de la acusación, queda sólo limitado al elemento formal de la existencia de fundamentación y mención de los elementos de convicción en que ella se sustenta.

Se consagra la disponibilidad de la acción por parte del fiscal en base a criterios de oportunidad, lo que le permitirá seleccionar (con las limitaciones fijadas en la ley –art. 30, segundo párrafo del nuevo CPPN-) los casos que realmente interesa investigar (arts. 31 y 32 del nuevo ordenamiento procesal).

Se prevé la posibilidad de que imputado y víctima realicen acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial, cometidos sin grave violencia en las personas, o en los delitos culposos, así como la conversión de la acción penal (otorgándosele a la víctima la posibilidad de convertirse en querellante privado y exclusivo ante una acción pública extinguida por criterios fiscales) y la probation.

El nuevo proceso se estructura en tres etapas claramente diferenciadas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral.
En la intermedia el Juez de Garantías verifica la acusación y los antecedentes reunidos en la IPP y con ello decide remitir el legajo a juicio. Afirma Chaia que el éxito o fracaso del juicio dependerá, en buena medida, de la preparación que se practique en esta instancia, de allí que se la conozca como etapa de “saneamiento”, o “depuración”, pues tiene como propósito evitar llevar a juicio legajos inconsistentes, que no presenten las condiciones técnicas o legales requeridas.

Finalmente, el juicio oral se divide en dos etapas. En la primera se determina la responsabilidad penal del acusado, y si hubiera veredicto de culpabilidad, se llevará adelante la segunda etapa en la que se determinará la pena.

La lista puede ampliarse. Los cambios son muchos y profundos; y demandarán el reacomodamiento de la infraestructura, la preparación y la capacitación de todos los sectores.
A través de esta Edición Especial pretendemos colaborar con ese objetivo, analizando los aspectos más importantes del nuevo ordenamiento, y sus consecuencias, a través de reconocidos y prestigiosos juristas.



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