Trabajo y Seguridad Social

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El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, y como sostienen algunos, necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20).

El problema aparece cuando el ejercicio de este derecho deja de ser regular y comienza a afectar otros derechos constitucionales como el de propiedad, el de transitar o trabajar libremente, el de ejercer industria lícita, y el de inviolabilidad de domicilio, entre otros.

Mucho se ha hablado sobre estas cuestiones, sin embargo, el tema vuelve al centro de la escena de tanto en tanto, ante situaciones de crisis económica, descontento social, despidos, o ante la aparición de pronunciamientos judiciales importantes, como lo ha sido recientemente el fallo "Orellano" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abordando un aspecto clave: la titularidad del derecho de huelga.

En esta Edición Especial, y en lo que refiere al Derecho del Trabajo, se presentan asuntos controvertidos relativos a la libertad sindical y a la discriminación por motivos gremiales; a los conflictos y hechos violentos que afectan la seguridad en la prestación laboral; a la ilegalidad de las medidas de fuerza; a la vulneración de los derechos esenciales y de los derechos constitucionales; a los descuentos en los salarios y, también, a un tema sensible que merece ser abordado con especial atención, es decir, la sindicalización de las fuerzas policiales.

Desde el plano del Derecho Penal, nos preguntaremos ¿cuáles son los posibles delitos cometidos en el curso y por efecto de la protesta misma? Y más allá del delito en cuestión, veremos que corresponderá analizar si la conducta típica está amparada por una causa de justificación. Si la conducta es típica y antijurídica se abrirá camino al juicio de reproche, de comprensión de la antijuridicidad y de la necesidad exculpante. Podría aparecer entonces el error de prohibición, cuando el autor cree erradamente que actúa conforme a derecho, que se encuentra autorizado a obrar de determinada forma. Y analizaremos si le era exigible o no la posibilidad de comprender que su conducta era contraria al Derecho, para encontrarnos ante un error vencible o invencible, respectivamente.
El juez penal debería, además, tener presente los principios de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad.

Nos complace invitarlos a ingresar a esta nueva Edición Especial donde encontrarán los fallos más trascendentales del país, acompañados por la opinión de prestigiosos autores que analizan con criterio y profundidad los diferentes tópicos involucrados.

 

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