Durante el año 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido importantes pronunciamientos en materia de derecho civil, comercial, laboral, seguridad social, ambiental, consumidor, salud, penal y procesal penal, administrativo, público, tributario y aduanero.

 

En lo que respecta al Derecho Civil, y más específicamente en el plano de las relaciones de familia, la aplicación inmediata del Código Civil y Comercial de la Nación se vislumbró en varios pronunciamientos. Fiel reflejo de ello han sido los casos "B., O. F. c/ N., V. C." y "T., M. M. D. y Otros c/ C., E. A." mediante los cuales se han dejado sin efecto sentencias de divorcio que habían sido dictadas a la luz del Código Civil derogado y que se encontraban en estudio en el máximo Tribunal, debiendo adaptarse a la normativa vigente. El mismo criterio se demostró en materia de capacidad, cuando en la causa "P., V. A." la Corte ordenó revaluar la situación de una persona que había sido declarada insana en los términos del Código Civil derogado, readaptando el proceso a la actual codificación.

 

Bajo el manto del mismo ordenamiento, los principios de inmediatez, tutela efectiva y celeridad procesal fueron determinantes para dirimir varios conflictos de competencia. Así, los fallos "B., A. A.", y "S. Z., E.", son solo algunos de los tantos pronunciamientos que, en materia de restricción de capacidad, han dado primacía al lugar de residencia del interesado siguiendo las pautas del Art. 36 del CCCN, al igual que el caso "C., R. F. c/ C., M., D", sobre obligación alimentaria, en el que se priorizó el lugar donde el niño tiene su centro de vida, a la luz del Art. 716 del CCCN.

 

La Corte nuevamente se pronunció sobre restitución internacional de niños, destacando en el precedente "Q., A. c/ C., M. V. y Otro" que una causa penal en trámite por presunto abuso sexual del progenitor, no es causal por sí sola para denegar el retorno del pequeño al país en el que se encuentra su centro de vida. Según el fallo "E., M. D. E. P., P. F.", tampoco los problemas económicos de un padre pueden ser razones válidas para rehusar la restitución. Además, se exhortó a los legisladores a estimar el dictado de una ley que se ajuste a la finalidad del CH de 1980 y que permita cumplir con las obligaciones que nuestro país asumió al suscribir dicho convenio (causa "G., L.").

 

De gran interés ha resultado un conmovedor precedente sobre guarda con fines de adopción ("I., J. M. s/ protección especial") en el cual se revocó una sentencia que decretaba el estado de abandono moral y material del hijo de una mujer con discapacidad mental que desde que nació fue apartado de ella.

 

En la esfera contractual, se pronunció acerca del plazo de prescripción aplicable para el ejercicio la acción del Art. 1346 del Código Civil -derogado- en un contrato de compraventa ("Krieger c/ Sánchez"). Tanto en este fallo como en el precedente "Dalamaca S.A. c/ Nahra" se destacó la tutela constitucional de los deudores de vivienda única y familiar afectados por la emergencia económica.

 

También abordó la temática del proceso sucesorio: en el fallo "P. F., J. s/ sucesión testamentaria", sostuvo que no es posible apartarse de la diligencia ordenada para conocer el valor real de los inmuebles situados en el extranjero, ya que se debe cumplir la voluntad del causante sin afectar la ilación lógica del juicio.

 

Dictó, además, interesantes pronunciamientos vinculados al procedimiento ordinario en segunda instancia, especialmente en relación a los límites de la intervención del tribunal ("D., M. D." y "B., M. A") y analizó controversias ligadas a las notificaciones electrónicas en los fallos "Cruz c/Minera Alumbrera", "Papaleo c/ Graiver" y "E. G. A. c/ Clínica E. S.A." Entre los últimos precedentes del año se destacó el fallo "Righi c/Garrido" referido a la oportunidad en que debe tratarse la defensa de falta de acción por inmunidad de jurisdicción invocada por un diputado nacional en una causa por lesión al honor iniciada por el ex Procurador General de la Nación.

 

En materia comercial la CSJN ha emitido algunos precedentes importantes vinculados a los concursos y quiebras, al fuero de atracción y cuestiones vinculadas a la declaración de competencia.

 

En "Pluna Líneas Aéreas" la CSJN resuelve una cuestión vinculada al pedido de la propia quiebra de una sucursal argentina de una empresa extranjera. En "Trainmet Seguros" se aborda el tema de la verificación presentada por AFIP respecto de créditos de naturaleza preconcursal, y en "Colialco" se define quién es juez competente en el caso de una quiebra fraudulenta.

 

La CSJN también ha resuelto varios casos donde se toca el tema del Fuero de Atracción, tales son los casos "Banco Mayo" y "Superintendencia de Riesgos del Trabajo". En este último caso, entendió que procede el fuero de atracción de la sucesión del deudor, en el marco de un juicio de apremio, donde se reclaman cuotas del Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo y que, con la entrada en vigencia del CCyCN, se aplican inmediatamente las leyes modificatorias de la competencia.

 

En cuanto le ha tocado a la CSJN dirimir cuestiones de competencia, uno de los fallos más destacados es "Posmayer, c/HSBC Bank Argentina", caso en el que el actor reclama a la entidad bancaria la devolución de importes retenidos por ésta en su calidad de agente recaudador para ARBA, en concepto de ingresos brutos. En tanto se trató de un reclamo de daños y perjuicios derivados del bloqueo de una cuenta bancaria y en tanto la Corte consideró que se trató de una relación jurídica de naturaleza comercial, se resolvió por ende la competencia de la Justicia Comercial.

 

En el ámbito del Derecho del Trabajo, a mediados del año surgieron dos importantes precedentes conocidos como "Espósito" y "Orellano", en el marco de asuntos vinculados a los riesgos del trabajo y a los derechos de las asociaciones sindicales, respectivamente.

 

Por un lado, en el caso "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A.", relativo al régimen de reparación de daños derivados de infortunios laborales, se dispuso que el reajuste de las prestaciones dinerarias conforme a la Ley 26773, se aplicaría a los accidentes ocurridos y a las enfermedades manifestadas con posterioridad a la publicación de dicha norma. Este criterio fue receptado por los pronunciamientos posteriores que versaban sobre esta misma controversia.

 

Por otro lado, en la causa "Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A.", se resolvió que la titularidad del Derecho de Huelga corresponde a las asociaciones sindicales habilitadas para el ejercicio de derechos colectivos, que deben cumplir el requisito de "simple inscripción en un registro especial". Estos mismos fundamentos fueron invocados por los magistrados para decidir en la causa "Brindisi, Ricardo Gabriel c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A.".

 

También, hubo un interesante precedente referido a la garantía de estabilidad gremial, en el supuesto de los postulantes para cargos de representación -"De Caso, Andrea Lorena c/ Cascada S.R.L."-. Mientras que, el Máximo Tribunal se expidió en otras temáticas laborales importantes referidas, por ejemplo, al empleo público y al régimen de consolidación de deudas -"Blanco, Marina Alexia c/ Estado Nacional"-; a las cláusulas de actualización monetaria -"Puente Olivera, Mariano c/ Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SRL"-; a la jornada laboral en la Provincia de Santa Fe y, en concreto, a la jurisdicción originaria en razón de la materia -"Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/ Santa Fe, Provincia"-; al Programa de Propiedad Participada, en el contexto de una condena al pago de la indemnización sustitutiva de los bonos de participación en las ganancias -"Ballejo, Edelmira Luisa y otros c/ Estado Nacional y otro"-; etcétera.

 

Finalmente, como suele acontecer cada año, surgieron varias causas relativas a los riesgos del trabajo, que abordan diferentes aspectos de la siniestralidad laboral, tal como puede verse en "Gómez, Alicia Gabriela c/ Jumbo Retail Argentina S.A. y otro", "Araujo, Felipe Nerio c/ Municipalidad de Puerto Esperanza Provincia de Misiones y otro", "González, Luis Osvaldo c/ Liberty ART S .A.", "Slobayen, Sofía Anastacia c/ Rotzen Hermanos SRL s/", entre otros pronunciamientos.

 

En el ámbito de la Seguridad Social, los fallos más relevantes analizan temas como aportes y contribuciones, competencia, ejecución de sentencias, jubilaciones y pensiones y retiros militares.

Entre ellos se destaca el fallo "Deprati" en el cual se hizo lugar al pedido del beneficiario de una renta vitalicia previsional de que se apliquen pautas de movilidad, al entender que el actor había sufrido en su retiro por invalidez una pérdida de valor de magnitud confiscatoria.

En materia de competencia y tutela judicial, la CSJN consideró necesario extender la regla de competencia  que había sido establecida en la causa "Pedraza" dos años atrás, y dispuso en el precedente "Constantino" la remisión de todos los juicios previsionales que hubiesen tramitado ante los juzgados federales con asiento en las provincias hacia las Cámaras Federales que resulten competentes en razón de territorio, sin que pueda invocarse contra esta medida pauta alguna de radicación previa ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.

 

Finalmente, mencionamos los fallos "Coronel" y "Suárez Sixto" en las cuales el máximo tribunal tuvo especialmente en cuenta la avanzada edad de los actores. En el primer caso, ante la alegación, por parte de la ANSES, de ausencia de reclamo administrativo previo a la instancia judicial, la CSJN entendió que debido a que el recurrente contaba con 80 años, la reapertura del procedimiento desde la etapa administrativa podía volver ilusorio el cobro del los créditos a que podría tener derecho.

 

En tanto que en el fallo  "Suárez Sixto" se entendió que el hecho que el demandante tenga 98 años de edad justificaba apartarse de la doctrina según la cual las resoluciones dictadas en los procesos de ejecución de sentencia y tendientes a hacerla efectiva, así como las que decretan o levantan embargos, no son el fallo final requerido para ser apelados por ante la CSJN.

 

En materia ambiental, la Corte dictó numerosos pronunciamientos sobre competencia, daño ambiental, minería, y sentencias arbitrarias.

 

En la causa "Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia",  ante el proyecto de construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz, se dictaron importantes fallos. En primer lugar, la CSJN señaló la pertinencia de adoptar medidas preliminares previas a la definición de su competencia y requirió al Estado Nacional que informe si habían comenzado las obras, estado de avance de los proyectos y si se habían realizado los estudios de impacto ambiental. Hacia fin de año y ante la respuesta brindada por el Estado Nacional,  se ordenó  la suspensión de las obras, con carácter cautelar, hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública previstos en la Ley 23.879 de Obras Hidráulicas, o hasta el dictado de la sentencia definitiva.

 

En el precedente "Martínez, Sergio Raúl" y en el ámbito de una acción de amparo interpuesta ante la instalación de emprendimiento destinado a la explotación minera, se afirmó la ausencia de potestad, por parte de la Administración, de admitir una evaluación de impacto ambiental en forma condicionada. 

 

Asimismo, vale la pena señalar el fallo dictado en la causa "Custet Llambí, María Rita", en el cual se declaró procedente el recurso extraordinario, al considerar que la decisión del Superior Tribunal local no solo había afectado el derecho de defensa de la recurrente sino que había convalidado una decisión sobre el fondo del asunto susceptible de afectar de modo irreparable el derecho a la salud y al medio ambiente sano de los demandantes. Además, se tuvo en cuenta que al momento de decidir sobre la procedencia del recurso de revocatoria, la situación ambiental llevaba un prolongado tiempo sin resolver e incidía negativamente en la salud de niñas, niños y adolescentes.

 

Finalmente, nos referiremos a una importante sentencia dictada en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia" sobre la vacancia del cargo del Defensor del Pueblo. Previamente, señalamos que el ombudsman cumple una destacada función en la ejecución del plan de saneamiento ambiental de la cuenta Matanza - Riachuelo, al ser el encargado de coordinar el cuerpo colegiado que integra junto con las organizaciones no gubernamentales, a fin de garantizar la participación ciudadana. En este contexto, las organizaciones solicitaron al Tribunal que se arbitren los medios necesarios  para restablecer las funciones de coordinación asignadas a dicho órgano.  Ante la situación descripta, la CSJN exhortó al Congreso de la Nación para que designe al Defensor del Pueblo y estableció que el cuerpo colegiado adopte sus decisiones por mayoría absoluta, hasta que se produzca la designación.

 

En materia de derechos del consumidor, la CSJN denegó la competencia federal en las causas "Telefónica de Argentina S.A." y "Telecom Personal SA". En la primera de ellas, se consideró que correspondía que la apelación de una multa impuesta por una autoridad provincial tramite ante la justicia provincial, en tanto que la misma se limitó a aplicar la Ley 24.240, norma de derecho común complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación.

En la causa "Telecom Personal SA", el Máximo tribunal entendió que la justicia ordinaria era la competente para entender ante la sanción impuesta  a una empresa de telecomunicaciones por la incomparecencia a una audiencia de conciliación, por no encontrarse en juego la aplicación del marco federal regulatorio de las telecomunicaciones sino que la materia implicaba cuestiones de derecho procesal local y de derecho común.

Finalmente, nos referiremos a la causa "Telefónica Móviles Argentina SA" en la cual se analizó la facultad para iniciar sumarios y aplicar sanciones por parte de Secretaría de Defensa del Consumidor provincial y la Comisión Nacional de Comunicaciones. La CSJN concluyó que ambas autoridades pueden entender en los asuntos que se relacionan con la atribución de velar por los derechos de los consumidores según las previsiones de la ley 24.240, aunque las cuestiones técnicas del servicio están reservadas, exclusivamente, al conocimiento y decisión de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

 

Durante el año 2016 la CSJN dictó interesantes fallos en el ámbito del Derecho de Salud. En materia de Obras Sociales, mencionamos los precedentes "A., F., J." y "B., V. P.". En el primero no se hizo lugar a la pretensión tendiente a restablecer la afiliación de la hija de un afiliado extraordinario de 26 años, en la categoría de familiar adherente extraordinario.  El Máximo tribunal consideró que la posibilidad de mantener la afiliación había desaparecido al modificarse el estatuto de la obra social.

En el caso "B., V. P.", en el que se solicitaba la afiliación de la hermana discapacitada de la actora a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, se concluyó que en tanto que la familiar de la actora contaba con las prestaciones de salud que le otorgaba su obra social, la denegación de la afiliación no comportaba un menoscabo de los derechos constitucionales relativos al resguardo de la salud y a la protección de las personas con discapacidad.

Por último, nos referiremos a la causa "A., V. M.",  en la cual la Cámara había otorgado con carácter cautelar la cobertura de prestaciones de rehabilitación y apoyo necesarias para el proceso de formación laboral del actor, previa prestación de una caución personal de dos letrados de la matrícula federal, al encontrarse en trámite el beneficio de litigar sin gastos. Sin embargo, la CSJN consideró que la interpretación realizada por el Tribunal preopinante acerca de la contracautela establecida en el art. 200, inc. 2, del CPCCN, limitaba irrazonablemente el derecho a la tutela judicial efectiva de índole cautelar, respecto de los derechos de una persona en situación de vulnerabilidad.

 

En lo que al derecho penal y procesal penal se refiere, el Alto Tribunal no ha emitido este año fallos trascendentes. No obstante, algunas cuestiones analizadas merecen destacarse.

Resulta interesante, por ejemplo, la cantidad de conflictos negativos de competencia que estuvo llamado a dirimir, a raíz de posibles delitos cometidos a través de internet (redes sociales, correos electrónicos y plataformas de home banking). Calumnias e injurias, hostigamiento, discriminación, delitos contra la integridad sexual, defraudaciones mediante la modalidad "phishing", son alguna de las conductas que suscitaron las contiendas.

 

De "Carrera" surgen dos grandes temas: derecho de defensa en juicio y plazo razonable de los procesos. Los Ministros hicieron lugar al recurso extraordinario por mediar arbitrariedad, ya que se había analizado la negativa a declarar del imputado en clara violación al derecho constitucional a no autoincriminarse, se efectuó un examen parcial y no integral de los hechos y se valoró la prueba de manera incompatible con la presunción de inocencia. Absolvieron al procesado y resolvieron que no correspondía en el caso un nuevo reenvío de las actuaciones a la Cámara de Casación, pues la causa llevaba ya nueve años de procedimiento recursivo. Remarcaron el derecho  a una sentencia que ponga fin al proceso -sobre todo cuando el procesado se encuentra privado de libertad- y establezca de una vez y para siempre su situación ante la ley penal y ante la sociedad.

 

La garantía contra la autoincriminación también fue analizada en "Rau", a quien se le imputaba el delito de estafa cometida mediante el uso de documento privado falso, dejó estampadas sus firmas en el expediente (durante la instrucción) y el juez las utilizó como prueba.

 

En "Cejas Meliare" la Corte trató el derecho de los niños y adolescentes privados de libertad en una causa en la que se impedía a los funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación que efectúen visitas periódicas a los establecimientos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

 

En la selección incluimos también el fallo "Stancatti", pues en él se deja en claro que la requisa efectuada en virtud de un operativo de control sanitario en la que se halla una caja con marihuana dentro, es válida y no lesiona la inviolabilidad de correspondencia. La Corte enfatiza, además, el compromiso de todos los órganos del Estado Argentino para que no queden impunes tramos de la actividad ilícita relacionada con el transporte de estupefacientes.

 

Hubo algunas sentencias relevantes sobre extradición. En dos de ellas ("Caballero López" y "Altamiranda Biancciotti") aparece una cuestión particular: el derecho del niño a ser oído (art. 12 CDN) y el interés superior del niño, cuando el extraditado tiene hijos menores a su cargo.

 

Finalmente, "NN s/ averiguación de delito" y "L., D. F." declaran la inadmisibilidad de sendos recursos extraordinarios. En el primero (recurso extraordinario por salto de instancia) los Ministros efectúan un severo llamado de atención al letrado, comunicando lo sucedido al Colegio de Abogados. En el segundo, advierten sobre la falta de fundamentos de la resolución que lo admite y la necesidad de que las sentencias identifiquen las cuestiones federales circunstanciadamente y no de modo genérico.

 

En materia de Derecho Administrativo, la CSJN falló en cuestiones vinculadas a honorarios profesionales de los abogados, bienes del Estado, caducidad de instancia, competencia, contratos administrativos, consolidación de deudas, educación superior, ejecución de sentencias, empleo público, expropiación, ganadería, inmunidad de jurisdicción, servicios públicos, tasa de justicia, depósitos judiciales e intereses.

 

Sin lugar a dudas, los pronunciamientos referidos al aumento de las tarifas de los servicios públicos han sido los que más interés despertaron en la sociedad. Entre ellos se destacan los fallos "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad" y "Abarca". En el primero, el Máximo tribunal confirmó la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 MINEM, suspendiendo el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales, y estableció la necesidad de celebrar audiencia pública.  En tanto que, al decidir en la causa "Abarca", se revocó la medida cautelar que había suspendido por tres meses los aumentos en las tarifas de luz, en la Provincia de Buenos Aires, al considerar que quienes iniciaron la acción carecían de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica de la Provincia.

 

Asimismo, en materia de competencia destacamos el fallo "Yan, Xiazhu y otros", en el cual se pretende obtener la extensión de la red cloacal hasta el domicilio de la actora. La CSJN estableció la competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, al considerar que el domicilio se ubicaba en la Ciudad de Buenos Aires y la aplicación del marco regulatorio para la concesión de los servicios de agua potable y desagües cloacales. 

 

Además, vale la pena mencionar dos pronunciamientos en los cuales, también, se declaró la competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal: el fallo "Benítez Nicolás", en el cual se pretende  el resarcimiento por los daños provocados ante el rechazo de la ANSES a un reclamo por falta de movilidad de un haber jubilatorio, y el precedente "Oubel Soraya Emilse", en que se solicitó la suspensión de la resolución ANSeS 479/14, por la que se creó el Registro de Abogados y Gestores Administrativos habilitados para tramitar ante la ANSeS prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino.

 

En materia de Derecho Público, en el precedente "López Romero" se consideró insuficiente la autorización verbal de un Gobernador para habilitar el pago de comisiones a intermediarios para la toma de empréstitos a favor de la provincia, por parte de quien ostentaba la doble calidad de Ministro de Economía y Presidente del Banco de la provincia.

 

Asimismo, vale la pena señalar el fallo "Defensor del Pueblo de la Nación", en el que la CSJN  resaltó la función social que cumple el Defensor del Pueblo, su deber de accionar judicialmente en defensa de los derechos de incidencia colectiva consagrados en la Constitución Nacional y en beneficio de la comunidad.  Considerando estos aspectos, se dejó sin efecto las costas que habían sido impuestas a este funcionario, y se dispuso la distribución de las mismas en el orden causado.

 

Al igual que en años anteriores, el derecho de acceso a la información pública también fue tema de análisis por el Máximo Tribunal, en esta ocasión, en el ámbito de una acción de amparo promovida a fin de que se entregue información relacionada con el nombramiento de un funcionario público, cargos y funciones desempeñadas, y el estado de un sumario administrativo. En el caso "Garrido", se entendió que los funcionarios públicos están expuestos voluntariamente a un escrutinio más exigente, en tanto que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público, y este diferente umbral de protección se fundamenta no solo en la calidad del sujeto sino en el interés público de las actividades que realiza.

Además, la Corte Suprema se expidió sobre los siguientes temas: conflicto de poderes, juicio político y derecho electoral.

 

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó varios pronunciamientos sobre Derecho tributario y aduanero. Seleccionamos los más relevantes sobre ejecución fiscal, declaraciones inexactas, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, impuesto de sellos, impuesto sobre los ingresos brutos, regalías hidrocarburíferas y tasas.

 

En materia de hidrocarburos, se destacan los precedentes "Enap Sipetrol Argentina S.A." y "Fiscalía de Estado y otro".  En el primer fallo, la actora promovió una acción declarativa de certeza en virtud de la exigencia de pago por parte de la provincia Tierra del Fuego de diferencias de regalías de hidrocarburos extraídos en aguas jurisdiccionales de la Provincia. El Máximo Tribunal hizo lugar a la demanda y declaró la invalidez constitucional de los decretos provinciales 3169/11 y 3162/11 y su inaplicabilidad.

 

En el fallo "Fiscalía de Estado y otro", sobre diferencias en la liquidación de regalías, se revocó la sentencia en virtud de la cual se mandaba llevar adelante la ejecución,  por considerarse que la misma no satisfacía la necesidad de ser una derivación del derecho vigente.  Además, se tuvo en cuenta que la ejecución había sido promovida con base en una disposición cuya nulidad fue declarada por la Corte en diversos precedentes.

 

Resaltamos, también, la causa "Desarrollos al Costo S.R.L." en la cual la CSJN se expidió sobre la aplicación de una alícuota diferenciada en el Impuesto de Sellos respecto de los actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia de Buenos Aires, que fueran celebrados en instrumentos fuera de su territorio. En este contexto, se declaró la inconstitucionalidad del régimen de la Ley 14.333 de la Provincia de Buenos Aires y ordenó restituir las sumas abonadas en exceso.

 

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