El pasado 8 de abril, la Presidente de la Nación, bajo el título “Democratización de la Justicia”, ha presentado una propuesta de reforma compuesta por seis proyectos: creación de Cámaras intermedias de Casación; limitación de las medidas cautelares interpuestas contra el Estado; modificación de la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura; publicación de sentencias y declaraciones juradas de funcionarios públicos (entre los que se encuentran los magistrados del Poder Judicial de la Nación, los magistrados del Ministerio Público de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo, y el personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a secretario o equivalente) y el ingreso amplio (en calidad de empleado) al Poder Judicial.

Según se ha expresado, todas estas propuestas tuvieron como objetivo un Poder Judicial más abierto, menos corporativo y más transparente hacia los ojos de la sociedad, habilitando una mayor participación y control ciudadano en el mismo. 

Los proyectos relativos a la obtención de mayor transparencia en el Poder Judicial (ingreso igualitario al mismo, declaraciones juradas patrimoniales de carácter público y publicidad obligatoria de los fallos de la Corte y otros altos tribunales) han tenido una acogida favorable. No así los tres restantes.

Se habla de la afectación a la división de poderes, de los frenos y contrapesos, de un ataque a la independencia del Poder Judicial, de violación al art. 114 de la Constitución Nacional, de la intención de crear mecanismos para limitar la responsabilidad del Estado y "blindar" la inmunidad de la Administración Pública, entre otras duras y variadas críticas.

Lo cierto es que todos y cada uno de estos proyectos han sido convertidos en Ley.

Lamentablemente, la ausencia de suficiente debate y de consensos trajo, como era de esperar, la judicialización de la cuestión. Personas y asociaciones de distinto tipo recurrieron a la justicia en busca de una solución; de un fallo “ejemplarizador” que repare los derechos que creen vulnerados.

En este sentido, el máximo tribunal de nuestro país ya se ha pronunciado sobre algunas cuestiones. Así, el pasado 18 de junio, luego de admitir el recurso extraordinario de per saltum, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 18, y 30 de la ley 26.855 y del decreto 577/13 y dejó sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros.

En esta edición especial el lector encontrará un análisis profundo de cada una de las leyes en cuestión. Análisis que dejamos en manos de prestigiosos autores convocados a tal fin, quienes se han encargado de resaltar los aspectos positivos y negativos de las normas. Podrá acceder, además, a los fallos que se han emitido hasta el momento, a raíz de las acciones declarativas de inconstitucionalidad y acciones de amparo promovidas ante la justicia. Planteos rechazados y planteos aceptados por los tribunales. Todos en este número especial, que, como siempre, iremos actualizando de manera periódica a medida que nuevas resoluciones sean conocidas y nuevas cuestiones a resolver aparezcan. Recomendamos ingresar al “índice” para conocer en detalle su contenido. 


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