EDUCACIÓN INCLUSIVA. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA. ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO INTERPUESTA POR UNA ASOCIACIÓN CIVIL CONTRA EL GCBA. Se declara la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la omisión del gobierno local de controlar, evaluar, fiscalizar y sancionar la práctica discriminatoria en que incurren las escuelas comunes de gestión privada al negar la matriculación a niños, niñas y adolescentes en razón de discapacidad. Obligación del GCBA de adoptar medidas de acción positiva en pos del reguardo de los derechos del colectivo involucrado. Incumplimiento por parte del Gobierno local de la obligación constitucional, legal y reglamentaria de controlar la actividad de las entidades educativas de GP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la CCABA, los artículos 13 y 121 de la ley n° 26.206 de Educación Nacional y los artículos 1° de la ley local n° 2.681 y 2° del decreto reglamentario n° 107/2011. Ausencia de difusión del derecho a la educación inclusiva expresamente reconocido. Falta de creación del Observatorio de Políticas Públicas para la inclusión plena educativa previsto en la Ley nº 3.331 de políticas públicas para la inclusión plena. Desigualdad estructural. División de poderes.