El combate a la corrupción desde el sector privado de nuestra economía

Por Rodolfo G. Papa

“Es nuestro objetivo compartir una serie de reflexiones sobre el estado de situación actual del marco normativo que comenzó a regir el 1 de marzo del año pasado (ley 27401), que ha estatuido -por primera vez- en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal independiente de las personas jurídicas privadas es por la comisión de ciertos delitos contra la administración pública y el soborno transnacional. (…) Entre los pilares que ha incorporado esta innovadora legislación, merecen destacarse los que se enuncian a continuación: abarca la comisión de ciertos delitos contra la Administración Pública y el soborno transnacional; brinda una completa definición de “funcionario público extranjero”; amplía la jurisdicción argentina en el juzgamiento del soborno transnacional realizado por ciudadanos argentinos o personas jurídicas constituidas en nuestro país; puntualiza cuáles son las personas jurídicas alcanzadas; establece cuándo se dispara la responsabilidad de una persona jurídica privada, sobre la base del principio de que la “persona jurídica siempre responde”; reconoce la “independencia de las acciones”; incorpora la “responsabilidad sucesoria” en los casos de transformación o cambio de control societario; enuncia cuáles son los elementos básicos de un programa de integridad; y, admite la “multiplicidad de sanciones”.”

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Términos mencionados en esta doctrina: responsabilidad, personas, programa, integridad, jurídicas, comisión, transnacional.