La legitimación colectiva y el rol de las asociaciones de consumidores.

[2] De acuerdo al artículo 52 de la Ley N º 24.240 son el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y la autoridad de aplicación respectiva.

[3] Reguladas por los artículos 55 a 58 de la Ley N º 24.240.

[4] "Unión de Usuarios y Consumidores c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Sumarísimo”,  CNCom,  Sala C,  04/10/2005,  Citar: elDial - AA2E8D. En el caso mencionado se sostuvo: “Si se repara en que el seguro de referencia se volvió operativo en el mes de abril de 2001 y el cese cautelar del débito tuvo lugar en el mes de mayo de 2003, fácilmente se advierte que -a razón de $1 mensual- a ninguno de los sujetos cuya representación se arroga la entidad actora se le habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a los $25. Luego, desde el punto de vista del sentido común y las máximas de experiencia, atendiendo lo que acostumbra suceder "según el curso natural y ordinario de las cosas" (cfr. pauta de apreciación art. 901 Código Civil), aparece inobjetable el argumento -esbozado también en el dictamen fiscal- de que ningún cliente alcanzado por el débito compulsivo se aventuraría a iniciar una acción, ya judicial, ya meramente administrativa, con el propósito de reivindicar tan nimia suma.“

[5] Se sostuvo que: “…en el supuesto de autos la obligación de pago alcanza $3,00 mensuales más IVA, lo que no justifica la promoción de una demanda en forma individual, de conformidad a la doctrina de la Corte Suprema reseñada en el Considerando anterior.”, Fallo recaído en autos “Unión de Usuarios y Consumidores C/EN – SC – RESOLUCIÓN 2925/99 y otros S/Proceso de Conocimiento”, Expte. 26888/07, Juzgado Nacional Primera Instancia CAF Nro. 9.

[6] Fallos: 322:3008,  en esa ocasión el juez Petracchi destacó que “... la tutela expedita de los derechos del usuario... que consagra el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 sería letra muerta si, en el caso, se interpretase esa cláusula en el sentido de que ella se reduce a garantizar a cada usuario el derecho de demandar individualmente el cobro de unos pocos pesos o centavos, pese a tener idénticos intereses y una misma causa para accionar que los demás. Toda vez que el costo que significaría demandar individualmente supera claramente el beneficio que cada uno de ellos podría obtener de la sentencia dictada en la causa respectiva, una interpretación tal equivaldría lisa y llanamente a negar la efectividad de la tutela constitucional frente al acto manifiestamente lesivo, que significa una recaudación excedente de varios millones de pesos por año. Esta cita es replicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “PADEC c. Swiss Medical S.A.”, fallo del 21/08/2013  (Publicado en: LA LEY 23/09/2013, LA LEY  2013-E , 290, Cita online: AR/JUR/44235/2013, y www.eldial.com.ar). Asimismo, en “Padec” se sostuvo que: ““Hay una clara afectación del acceso a la justicia, porque no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la declaración de ilegitimidad de las cláusulas del contrato, con lo que se cumple el tercero de los elementos señalados anteriormente. Esta circunstancia funda la excepción a lo expresado por este Ministerio Público en la causa registrada en Fallos: 330:3836, en dictamen a cuyos términos remitió el Tribunal en su sentencia del 4 de septiembre de 2007, ya que, aun cuando en autos se debaten derechos patrimoniales divisibles, sería escaso el monto de los reclamos individuales que generaría la aplicación de las cláusulas impugnadas.”. 

[7] “PADEC c. Swiss Medical S.A.”, fallo del 21/08/2013  (Publicado en: LA LEY  23/09/2013, LA LEY  2013-E, 290, Cita online: AR/JUR/44235/2013, y www.eldial.com.ar).

[8] Al fallo “Padec” no lo consideramos liminar ya que no resuelve el fondo de la cuestión y solo aborda la cuestión de la legitimación, reiterando los postulados de la minoría en “Mujeres por la Vida ” -Fallos: 329:4593- y de la mayoría en “Halabi” –Fallos: 335:1080. Al respecto, vale decirse que se sostuvo que: “En la causa "PADEC", la Corte Suprema de Justicia refirma la argumentación constitucional del sistema de derechos fundamentales y derechos humanos como parámetro de validez constitucional y convencional, como así también, la creación pretoriana de la acción colectiva que tiene por objeto proteger derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos patrimoniales y no patrimoniales. En esta línea, aplica de forma docente dichos parámetros argumentales respecto de la pretensión de "PADEC", y de esta manera, tonifica la plena vigencia de "Halabi" en un caso concreto.”, Gil Domínguez; Andrés; “Vigencia del Caso Halabi”, LA LEY  24/10/2013 , 3,  Cita Online: AR/DOC/3809/2013

[9] Vale recordar que la acción en el caso “Padec” se inició aproximadamente hace 10 años, y lo único obtenido, a la fecha, fue  la declaración relativa a que la actora se encuentra legitimada para demandar. Ahora comienza todo el camino para resolver la cuestión de fondo en primer instancia, luego seguramente, de mediar apelación, en la Cámara y probablemente se requiera la intervención de la Corte. Es decir, después de 10 años de haber sido iniciada, tan sólo se está “casi” en la misma situación que al comienzo, ya que aún no se ha tratado la cuestión de fondo.

[10] Voto de los Dres. Zaffaronni y Lorenzetti.

[11] "Mujeres por la Vida - Asociación Civil sin Fines de Lucro -filial Córdoba- c/ E.N. -P.E.N.- M° de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo" , Fallos: 329:4593.

[12] Fallos: 332:111, “Halabi, E.  C/Estado Nacional S/Amparo”.

[13] Se sostuvo que: “…estas asociaciones (son) entidades intermedias defensoras de los intereses colectivos, con facultades asignadas por el derecho positivo que les permiten actuar efectivamente para la consecución de sus fines. Tienen, por cierto, m la naturaleza de personas de existencia ideal de carácter privado (arts. 31 y 33 CC)”. Se agregó que: “En muchos casos era ciertamente difícil que el consumidor perjudicado ejerciese por sí mismo los actos tendientes a su defensa, habitualmente temeroso de las oficinas públicas, los tribunales, los costos, etc.”. Tinti, Guillermo Pedro; “Derecho del Consumidor”, Editorial Alveroni, Córdoba, 2da. Edición, página 112.

[14] Por nuestra parte entendemos que en virtud que las asociaciones de defensa de los consumidores no son titulares de los derechos de los usuarios a los que representan de forma difusa y colectiva, y pudiendo actuar sin necesidad de contar con poder o mandato entregado por estos,  esas entidades no pueden transar, ni negociar derechos, ya que no son las titulares de los mismos, y no tienen ningún derecho a poder disponer de los mismos. Por ello, consideramos que deberían estar exentas del procedimiento de mediación previa.

[15] Ley Nº 24.240, modificada por la Ley N º 26.361.

[16] Ley Nº 24.240, artículo 54, cuyo primer párrafo establece: “Para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción, deberá correrse vista previa al Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el propio actor de la acción de incidencia colectiva, con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados. La homologación requerirá de auto fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general adoptada para el caso.”.