- Año XI Quienes Somos | Cómo Anunciar | Suscribirse
  administrativo
  ambiental
  constitucional
  consumidor
  contravencional
  deportivo
  económico
  internac. privado
  penal
  procesal
  propiedad industrial
  público
  seguros
  tributario
  Edición Córdoba
  La página del Dr. Sirkin
 
 
  SUPLEMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

JURISPRUDENCIA

 
     
 
 

Causa n.° 31.765/2003: "Pescasur SA (TF 11669-A) c/ DGA"

 

C.N.A.C.A.F. - 24/02/2005

 
Texto completo:
 

///nos Aires, 24 de febrero de 2005.

Y Vistos:
Estos autos caratulados "Pescasur S.A. (TF 11669-A) c/DGA", venidos en recurso del Tribunal Fiscal, y

Considerando:
I. Que la Aduana denegó en el permiso de embarque 2473-7/96 el pedido de Pescasur S.A. de cobro de los beneficios de la ley 23.018 (res. 028/99 de la Aduana de Puerto Deseado).
Contra dicha resolución la actora dedujo recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal en cuyo transcurso denunció el dictado de la resolución 619/01 del Ministerio de Economía y solicitó que se instase a la Dirección General de Aduanas que, en acatamiento de esa disposición, se dispusiera un llamado a audiencia para considerar la instrumentación de dicha resolución en el caso, teniendo en cuenta que en ella se disponía la necesidad de mutuos desistimientos (fs. 83). Por su parte, la apodera de la Aduana sostuvo que el caso no se encontraba incluido dentro de los supuestos de la mencionada resolución por lo que no correspondía que su parte desistiera del juicio. Al alegar de bien probado, la demandante reiteró su pedido de desistimiento de su contraria.

II. Que en su sentencia de fs. 101/104 el tribunal administrativo no hizo lugar a lo pretendido por la actora tanto respecto del desistimiento que reclamaba como en relación con la cuestión de fondo discutida. Entendió que no resultaba en el caso de aplicación la resolución ministerial por cuanto no se daba el supuesto previsto en dicha disposición. En cuanto al reclamo de pago del reintegro consideró con apoyo en doctrina de la Corte Suprema que la circular télex 1229/96 de la Aduana que, conforme al artículo 2° de la ley 23.018 la región promovida en dicha ley no alcanzaba el ámbito marítimo en el cual se había desarrollado la actividad cuyo beneficio se pretendía.

III. Que a fs. 105 y 118/120 el apoderado de la parte actora dedujo y fundó su recurso por ante esta Cámara.
Califica a la decisión del tribunal administrativo de autocontradictoria al reconocer la existencia de una acuerdo de parte según el cual ambas partes debían desistir recíprocamente de sus reclamos y por otro lado desconocerla al momento de la imposición de las costas. Entiende que el organismo jurisdiccional debió llamar a una audiencia entre las partes para acordar el modo de distribuir las costas para hacer efectivas las mutuas concesiones reconocidas en la mencionada resolución ministerial. Al ignorar ese acuerdo la sentencia recurrida se torna nula y así debe declarársela, solicitando que este tribunal proceda a convocar a esa audiencia para dar fin al entuerto.
Se agravia también de la imposición de la costas dispuesta por el tribunal a quo puesto que se encuentra ante un cuestión sumamente dudosa de derecho y su mandante pudo considerarse con derecho a litigar.
IV. Que es preciso señalar, en primer lugar, que el tribunal administrativo, en momento alguno hace mérito de la existencia de acuerdo entre las partes del pleito. La mención que efectúa de la resolución 619/96 lo es al solo efecto de precisar sus alcances en cuanto a que se refiere a aquellos reclamos que ha de efectuar la administración aduanera respecto de los reembolsos pagados en su oportunidad y cuya legitimidad no se encuentra cuestionada en estos autos.
En cuanto al pedido de audiencia que solicita la parte, la misma contestación del memorial por parte de la demandada a fs. 131/131 vta. señala su evidente ineficacia en tanto en éste se manifiesta la falta de aceptación del servicio de llevar a acuerdo alguno.
Por otra parte, en dicha resolución se prevé el supuesto de los juicios en los cuales la Aduana actuando como demandante, reclama de la compañía pesquera la devolución de los reintegros percibidos indebidamente. Por el contrario, en el caso quien acciona es Pescasur S.A. y, por lo tanto, el servicio aduanero -en su calidad de demandado- de nada tiene que desistir.
Por lo tanto, por encima de legitimidad o no de la resolución 619/91 -inaplicable en autos- el pedido de nulidad de la sentencia impugnada no puede prosperar.

V. Que respecto a la imposición de las costas, el apelante ninguna consideración formula con relación a la posible existencia de excepción al principio general de la derrota establecido en el artículo 1163 del Código Aduanero, por lo que no se advierte causal alguna para modificar en ese aspecto el pronunciamiento apelado.

VI. Que la confirmación del acto administrativo por el cual se rechazó el cobro de los reintegros, tiene como natural consecuencia la habilitación de la acción de la Aduana para reclamar la devolución de las sumas que habría percibido la actora con apoyo en medidas cautelares dictadas en la acción de amparo que según ésta habría iniciado anteriormente (fs. 21, punto II, primer párrafo, y 98 vta., primer párrafo). Ello es así por cuanto la sentencia definitiva dictada por el organismo jurisdiccional -que, en cuanto al fondo, se encuentra firme- denegatoria de su pretensión de cobro, deja sin sustento las medidas que se habría dictado en la otra causa, medidas que por su propia naturaleza resultaban provisorias y dependientes de lo que se resolviese en definitiva.

Por las consideraciones precedentes, confírmase la sentencia apelada, en cuanto fue materia de recurso e impugnación, con costas en la alzada (art. 68, C.P.C.C.).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse.

GUILLERMO PABLO GALLI

MARÍA JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS
(por su voto)

Siguen las firmas

ALEJANDRO JUAN USLENGHI

La doctora María Jeanneret de Pérez Cortés dijo:

PROCESO DE AMPARO PREVIO

1. A fin de esclarecer el modo en que el trámite llega a conocimiento de este tribunal, corresponde hacer referencia al proceso de amparo iniciado por la sociedad actora -previamente a la presente litis- cuyo objeto fue la suspensión de la aplicación de la Circular Télex 1229 -de fecha 26 de agosto de 1996- de la Administración Nacional de Aduanas. Mediante ella el organismo administrativo había instruido a sus dependencias para que, a partir del 27 de agosto de 1996, no dieran curso a la liquidación y pago de los beneficios emergentes de la ley 23.018, para los productos del mar, fuese éste territorial o no, y manufacturados en buques de bandera nacional fuera de la región patagónica, dado que ella se terminaba en la costa, en razón de no ser ellos considerados originarios o elaborados en el territorio al sur del Río Colorado. 
Cabe aclarar que, en dicho proceso, el 4 de febrero de 1999, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda de amparo interpuesta por Pescasur y le impuso las respectivas costas de todas las instancias (conf. P. 82. XXXIV, "Pescasur SA y Alvasur SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo").
Para resolver de ese modo, el Alto Tribunal hizo remisión a los fundamentos expuestos en la causa "Frigorífico Mellino", el 16 de abril de 1998, conforme a los cuales:

a) El dictado -por parte de la aduana- de la Circular Télex 1229/96 no afectaba la facultad que en el artículo 8° de la ley se reconocía a las provincias. Dicha norma no atribuía a ellas potestad para interpretar o fijar los alcances del régimen de promoción establecido por la mencionada ley federal sino, únicamente, para la emisión de certificados que consignasen que las mercaderías cumplían con los requisitos de origen establecidos en la ley.
b) La impugnación de la mencionada Circular Télex implicaba poner en tela de juicio la interpretación de un aspecto sustancial del régimen de promoción regional (como lo era el de precisar el ámbito comprendido en él), materia conceptualmente anterior y de mayor trascendencia que la clase de asuntos incluidos en el marco del citado artículo 8°.
c) Correspondía al servicio aduanero el pago de los estímulos a la exportación (arts. 835 y 836 del CA), con la correlativa potestad de denegar los reclamos que no fuesen pertinentes (ídem, arts. 842, inc. b, 843, inc. b y 1053, inc. d) así como la titularidad de la acción para repetir las sumas indebidamente abonadas por tal concepto (ídem, arts. 845 a 855). La Administración Nacional de Aduanas era el organismo administrativo encargado de la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de la mercadería, y tenía a su cargo la superintendencia general y dirección de las aduanas y de las demás dependencias que las integraren (art. 17 y 18 CA).
d) Consiguientemente, el titular de ese organismo había actuado sin exceder sus facultades al indicar a las distintas oficinas a su cargo el modo como debían aplicar los reembolsos previstos en la ley 23.018 en las operaciones referentes a productos del mar que se presentasen en lo sucesivo, y al instruirlas para que procediesen a formular los cargos que pudiesen corresponder para el caso en que se hubiesen pagado reembolsos indebidos en el marco de los artículos 845 y concordantes del Código Aduanero.
e) No era manifiestamente ilegítima o arbitraria la directiva que, al respecto, había emitido el titular del organismo administrativo. Ello era así puesto que en el artículo 2° de la ley 23.018 se delimitaba la región promovida como aquélla "ubicada al sur del Río Colorado" y ninguna referencia se efectuaba acerca del ámbito marítimo. Y la conclusión se encontraba abonada por la jurisprudencia conforme a la cual las leyes que consagraban regímenes de excepción debían ser interpretadas de manera estricta.

EL PRESENTE PROCESO

2. Mediante este proceso, Pescasur pretendió, en definitiva, que se declarara el legítimo abono de los reembolsos -por exportaciones, de calamares, realizadas por puertos y aduanas ubicadas al sur del Río Colorado- que, según sus propias manifestaciones (fs. 21), había cobrado -en el juicio de amparo al que se hizo referencia- mediante medidas cautelares, cuya devolución -a esa fecha- el organismo administrativo no había obtenido.

3. Estas actuaciones se inician, pues, una vez finalizado el proceso de amparo al que se hizo mención, y ante el dictado de la resolución (AD PDES) 28/99, del 14 de junio de 1999. 
Por ella, el Administrador Interino de la Aduana de Puerto Deseado desestimó la impugnación promovida por Pescasur -el 7 de noviembre de 1996- contra la denegatoria de la liquidación y el pago de los beneficios de la ley 23.018, correspondientes al Permiso de Embarque 2473-7/96, considerando que:
i) Acorde a los términos de la Circular Télex 1229/96, la mercadería con respecto a la cual Pescasur SA solicitaba el beneficio no revestía el carácter de originaria de la Región Patagónica.
ii) Por tratarse de productos no originarias de la mencionada región, era condición para la procedencia del beneficio que el proceso industrial -realizado en plantas radicadas en esa zona- generase un cambio en la clasificación arancelaria de la mercadería, requisito que no se presentaba en el caso (fs. 13/16).

4. Contra dicha resolución, el 7 de julio de 1999, Pescasur SA -representada por el doctor Juan Manuel Miguel Bosch- interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (fs. 6/31) y solicitó que se la revocase -haciendo lugar a la impugnación deducida-, y que (como se adelantó en el punto 2) se declarase el legítimo abono de los reembolsos o su pago; esto último para el caso de que el organismo fiscal obtuviese la devolución de lo que había sido percibido por la sociedad mediante una medida cautelar dictada en un proceso de amparo -por ella iniciado- sobre la misma cuestión y que, a esa fecha, carecía de causa por haber sido desestimada su pretensión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Alegó, en lo esencial:
i) que era privativo de las provincias la emisión de los certificados de origen y que, en consecuencia, era a éstas -como órganos ejecutores- a quienes correspondía la interpretación y el alcance de la ley 23.018 y, en particular, la del concepto"región al sur del Río Colorado". Sobre tales bases, la Circular Télex 1229/96 -por la cual se había pretendido modificar el alcance de una ley nacional- era totalmente ilegal y arbitraria; la facultad de la aduana para interpretar la ley 23.018 -a tenor de la doctrina que emanaba del fallo de la Corte Suprema en la causa "Frigorífico Mellino"- era inexistente; 
ii) que la sociedad capturaba calamar en el Mar Argentino, lo congelaba y lo trasladaba a la planta en donde lo procesaba y transformaba industrialmente, lo volvía a congelar y lo exportaba, y que en el dictamen ACRAL 100/96 -sobre el cual el Administrador había fundado la resolución 28/99- no se habían considerado las variaciones de las posiciones arancelarias que sufriría el producto desde que era capturado vivo hasta que se lo exportaba; y
iii) que la denegatoria del reembolso causaba un daño grave e irreparable a la sociedad, atento a que implicaba una reducción del 10% en su ingreso total.
Solicitó, asimismo, la citación en la litis -como tercero- de la provincia de Santa Cruz.

5. A fs. 40/50, el fisco nacional -representado por la doctora Aída Inés Moro- contestó la demanda interpuesta. Puso de resalto la legitimidad de las órdenes emanadas de la autoridad aduanera -lo que ya había sido ya juzgado y resuelto por el Alto Tribunal en los autos "Frigorífico Mellino"- y que la Circular Télex 1229/96 había sido producto de un minucioso estudio efectuado por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.
Manifestó que del mismo texto del artículo 2° de la ley 23.018 surgía el alcance territorial que se debía dar a la expresión "región ubicada al sur del Río Colorado", ya que un río era -geográficamente- un curso de agua dentro de la superficie terrestre -nunca marítima- cuyo destino era morir en el mar, por lo que no podría servir -en este último- como referencia demarcatoria entre dos porciones en medio de las cuales no existía.
Respecto de la ley 24.490 -modificatoria de la ley 23.018-, consideró que su aplicación contrariaba lo dispuesto en el Tratado de Marrakech, por el que nuestro país había asumido el compromiso internacional de no ampliar los programas de reembolsos, y de disminuirlos - progresivamente, a razón de un punto por año- hasta su extinción.

6. El 9 de noviembre de 2001, la parte actora incorporó a estos autos copia de la resolución 619/2001 y sostuvo que -mediante ella- el Ministro de Economía había instruido a la AFIP-DGA para que desistiera de los reclamos vinculados con la cuestión de autos. Solicitó, asimismo, que el tribunal administrativo convocase a una audiencia a fin de que las partes pudieran convenir el modo de implementar los alcances y la instrumentación de la disposición aludida (fs. 72/73).

7. Previo a continuar con el relato de las circunstancias de la causa, se debe puntualizar que la mencionada resolución (ME) 619/01 fue dictada por el entonces Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, luego de que la Corte dictara su fallo en la causa "Frigorífico Mellino" y después de que el Congreso sancionara la ley 25.454. 

Mediante esta última, publicada en el Boletín Oficial del 7 de septiembre de 2001, se había dispuesto: "A los fines de la ley 23.018, reformada por la ley 24.490, se consideran "originarios" a los productos del mar sea éste territorial o no, de la región ubicada al sur del Río Colorado en toda su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique como zona económica exclusiva" (art. 1°, primer párr.). 

El Ministro invocó una supuesta incertidumbre derivada: (i) de la sanción de dicha ley 25.454 en relación con reembolsos cobrados -pese a la decisión plasmada en la mencionada Circular Télex 1229/96- mediante medidas cautelares obtenidas por algunas de las empresas en las acciones de amparo que habían promovido contra el Estado Nacional; (ii) del rechazo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la acción de amparo interpuesta in re "Frigorífico Mellino"; y (iii) de las denegatorias y los juicios de repetición a que ello había dado lugar.

En resguardo de la seguridad jurídica -según sostuvo-, resolvió:
- Instruir a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que tomase las medidas conducentes a fin de desistir de las acciones judiciales de repetición iniciadas por la citada Administración contra las empresas que detalló en la planilla que incluyó como anexo de la resolución (art. 1°);
- Establecer que el antedicho desistimiento sólo debería hacerse respecto de aquellas empresas que hubieren renunciado expresamente a efectuar reclamos administrativos y/o acciones judiciales con motivo de los reembolsos previstos en la ley 23.018, hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.454.
Las costas de esos procesos deberían ser soportadas en el orden causado (art. 2°). 

8. Al corrérsele traslado de dicha presentación, la demandada manifestó que la sociedad actora no estaba comprendida en los supuestos a los que se hacía referencia en la resolución mencionada atento a que el supuesto allí contemplado era el de acciones de repetición y no el de impugnaciones originadas en denegatorias de pago de reembolsos. Acompañó, además, las instrucciones que -en el mismo sentido- había impartido el organismo recaudador (fs. 75/76).

9. Pescasur, a su vez, contestó la vista que le fue concedida (fs. 79/81 vta.). Puso de resalto su desacuerdo con lo manifestado por el fisco en torno a que en la resolución emitida se hacía referencia únicamente a causas por repetición iniciadas por la aduana. Agregó que el Ministerio de Economía había citado a las sociedades involucradas en el asunto y les había solicitado un renunciamiento recíproco de los reclamos por las incidencias producidas por la Circular Télex 1229/96. Asimismo manifestó que su parte no podía desistir unilateralmente de la acción de autos si la demandada no lo aceptaba.

10. El Tribunal Fiscal, en su sentencia de fs. 101/104, confirmó la resolución denegatoria apelada, impuso las costas a la recurrente y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. Para decidir de ese modo, consideró que la legitimidad de la Circular Télex 1229/96 había sido reconocida por el Máximo Tribunal al resolver la causa "Frigorífico Mellino" y que -tal como lo afirmaba la demandada- la situación de Pescasur SA no se encontraba contemplada en la resolución (ME) 619/01.

11. Pescasur interpuso recurso de apelación contra dicha resolución (fs. 105), el cual fue concedido (fs. 110), y expresó sus agravios (111/119), los que fueron contestados por su contraria (fs. 122/124 vta.).

12. Manifestó la recurrente que el fallo debía ser declarado nulo por la inconsistencia de sus argumentos ya que, por un lado, el tribunal habría reconocido la existencia de un acuerdo entre las partes y, por el otro, no le habría otorgado virtualidad alguna. De modo expreso y concreto únicamente se agravió de la forma en la que fueron impuestas las costas (confr. fs. 119 vta./120).

13. En su contestación de agravios el fisco sostuvo, en lo esencial, que la apelante había interpretado erróneamente la resolución (ME) 619/01, dado que de la literalidad de la norma surgía que ella era de aplicación únicamente a los supuestos en los que existiera un cargo de la aduana para repetir lo abonado por tales conceptos, y no a los procesos de impugnación iniciados ante la denegatoria de la liquidación y el pago de los reembolsos, como era el caso de autos (fs. 122/124 vta.). 

LAS COSTAS DEBEN SER IMPUESTAS A LA ACTORA.
LA RESOLUCIÓN (ME) 619/01 NO ES DE APLICACIÓN AL CASO.

14. Como la actora se agravia únicamente de que las costas le hayan sido impuestas, se encuentra firme la denegatoria del pago del reembolso pretendido por Pescasur.
Debe asimismo puntualizarse que el presente proceso no es un juicio de repetición iniciado por el Estado (art. 1°, res. 619/01) contra Pescasur SA.
La acción de repetición es aquella a través de la cual se pretende la restitución de los importes que se hubiesen pagado indebidamente; y no es extensible tal concepto a aquellos supuestos en los que un particular apela la denegatoria de pago de beneficios, como en el caso. De lo dicho resulta que no son aplicables al sub lite las previsiones de la mencionada resolución (confr. art. 845 CA, e instrucciones para la aplicación de la resolución (ME) 619/01 -DE JUDI 163/01, 30/11/01, fs 75/vta.).
En consecuencia, dado que la actora persistió en su pretensión de que se declarara el legítimo pago de los reembolsos previstos por la ley 23.018 a pesar de que la Corte había sentado clara doctrina sobre el punto al dictar su fallo in re "Frigorífico Mellino" y al rechazar asimismo el amparo promovido por Pescasur contra la Circular Télex 1229/96, y resultó vencida en sus pretensiones, debe cargar con las costas que el proceso ha irrogado, ya que no concurren en la especie circunstancias de excepción para apartarse de la regla general en la materia.
Tal como lo puso de resalto el Alto Tribunal, en la causa "Prodesur" -el 16 de septiembre de 2003-, las razones expresadas en "Frigorífico Mellino" -con anterioridad a la interposición de la iniciación de la presente litis (a las que se hizo remisión en el amparo iniciado por Pescasur, resuelto asimismo con anterioridad a la promoción de este pleito)- permitían extraer fácilmente la conclusión de que la exportación de productos del mar manufacturados en buques no se encontraba alcanzada por el reembolso adicional establecido por dicha ley. En efecto, la aseveración de que su artículo 2° delimitaba la región promovida como la "ubicada al sur del Río Colorado", y que ninguna referencia hacía acerca del ámbito marítimo, unida a la cita de jurisprudencia que establecía que las leyes que consagraban regímenes de excepción debían ser interpretadas de manera estricta, importaba ciertamente una doctrina adversa para el progreso de pretensiones como la deducida en esa causa por la parte actora.

DEBE ADVERTIRSE QUE LOS MONTOS PERCIBIDOS POR LA ACTORA MEDIANTE EL PROCESO CAUTELAR DEBEN SER DEVUELTOS POR ELLA

15. Es menester destacar que:
...uno de los rasgos comunes a todo proceso cautelar -emergente de su ya señalado carácter instrumental- consiste en su provisionalidad, lo cual implica que los efectos de la resolución que en él recae tienen, inevitablemente, un dies ad quem representado por el momento en que adquiere carácter firme la resolución o sentencia dictada en el proceso principal o definitivo. Vale decir que cuando alcanza autoridad de cosa juzgada el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se extingue, "ipso iure", la eficacia de la resolución cautelar, porque a partir de ese instante pierde su razón de ser y agota, por lo tanto, su ciclo vital (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, T. VIII, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 1989, p. 48). 

Por ende, atento a que la sociedad ha cobrado -por medidas cautelares- reembolsos pretendidos en un proceso que concluyó con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contraria a su pretensión, lo percibido por tal concepto debe ser reintegrado a las arcas públicas.
Cuando un pronunciamiento sobre el fondo no les da sustento, no hay justificativo para la permanencia de los efectos de medidas cautelares que han quedado extinguidas. 

NO ES NECESARIA LA CELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIA.

16. En lo concerniente a la solicitud de la actora respecto de la celebración de una audiencia entre las partes a fin de circunscribir el entuerto a sus justos y actuales límites y habilitar la instancia para resolver lo que en derecho corresponda respecto de aquellas cuestiones incidentales que persistieran como diferencias entre las partes (fs. 119 vta.), considero que no es necesario ese trámite ya que de la expresión de agravios de la recurrente y de la contestación efectuada por la demandada surge claramente el punto controvertido que este tribunal es llamado a resolver.

ILEGITIMIDAD DE LA RESOLUCIÓN (ME) 619/01.
CORRESPONDE DAR INTERVENCIÓN AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN Y NOTIFICAR ASIMISMO EL FALLO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AFIP Y A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.

17. Por último, al examinar la cuestión de autos advierto que mediante la resolución (ME) 619/01, el entonces Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo habría renunciado al recupero de fondos públicos: fondos de la comunidad percibidos ilegítimamente, en carácter de reembolsos, por exportaciones que no reunían los requisitos legalmente exigidos para la procedencia de aquéllos (confr., al efecto, los fundamentos expuestos por la CSJN in re "Frigorífico Mellino", el 16/4/98 y "Prodesur", el 16/9/03).
Los argumentos dados para justificar esa medida no resisten un verdadero análisis jurídico. Nótese que: 
i) El dictado de la nueva ley 25.454 -publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre de 2001-, que claramente constituía una modificación de la anterior 23.018 y estaba destinada a regir hacia el futuro, carecía de incidencia hacia el pasado (conf. reconocimiento de la CSJN en el considerando 4° de "Prodesur", cit.). 
La mencionada ley 25.454 no determinaba día para su vigencia, por lo que fue obligatoria después de los 8 días siguientes al de su publicación oficial (conf. art. 2° del CC).
Además, la incorporación -por esa ley posterior- de un nuevo supuesto de procedencia de los reembolsos era demostrativa de que éste no estaba -previamente- incluido en el régimen y del carácter modificatorio del nuevo texto. Esta conclusión está implícita, también, en el artículo 2° de la misma resolución (ME) 619/01, cuando se menciona que el desistimiento al que se hacía referencia alcanzaba a los reembolsos previstos por la ley 23.018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.454 (confr., esta Sala, 21/5/2002, "Compañía Pesquera SA").
Por ende, ninguna incertidumbre podía razonablemente invocarse respecto de la improcedencia del pago de reembolsos por exportaciones -anteriores al dictado de la ley 25.454- de productos no comprendidos en el beneficio otorgado por la mencionada ley 23.018; máxime cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sido precisa en torno de los alcances territoriales del régimen, en su texto originario.

ii) Los fundamentos vertidos por el Alto Tribunal en la causa "Frigorífico Mellino", el 16 de abril 1998, permitían extraer fácilmente la conclusión de que la exportación de productos del mar manufacturados en buques no se encontraba alcanzada por el reembolso adicional establecido por dicha ley (confr. considerando 14 de este voto).
El punto no era dudoso, y así lo pusieron de relieve el Procurador General de la Nación -en su dictamen del 7 de enero de 2003- y el Máximo Tribunal -por unanimidad, en su fallo del 16 de septiembre de 2003- en la causa "Prodesur SA".

iii) Frente a los claros términos del fallo de la Corte y de la ley modificatoria, la invocación de "renuncias" hechas por distintas empresas del sector -pesquero- a reclamar el reembolso que les pudiera corresponder por exportaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.454, no facultaba al funcionario para disponer de fondos públicos en favor de esos terceros que no tenían derecho a ellos; sin verdadera contraprestación por parte de aquéllos; ordenando que se desistiera -con costas por su orden- de toda acción de repetición que el Estado hubiese incoado para obtener la devolución de lo que, en definitiva, había sido pagado por error. 
Resultaría pues, de lo expuesto, que con el dictado de la resolución (ME) 619/01 y en relación con las empresas taxativamente indicadas en el listado que figura como su anexo I, el ex Ministro de Economía-excediendo su competencia- habría consolidado en el patrimonio de ciertas sociedades montos públicos obtenidos por ellas en carácter de reembolsos -por exportaciones- cuyo pago no procedía, en un acto que no podría sino ser calificado como una injustificada liberalidad efectuada con caudales públicos.

Más allá de que no se haya allegado a este expediente prueba de la que resulten los alcances del acuerdo que en relación con el caso invoca la actora, es de destacar que su ilegitimidad sería manifiesta en la medida en que atentara -entre otros- contra los principios de igualdad ante el impuesto y las cargas públicas, y generalidad e indisponibilidad de los créditos tributarios, que emanan de nuestra Constitución Nacional.

Por otra parte, al obrar de ese modo, el mencionado ministro hizo caso omiso al principio según el cual en los procesos en los que existe un interés social comprometido, las facultades dispositivas de las partes se encuentran limitadas; y no solo obstaculizó el reingreso a las arcas públicas de sumas que el Estado había pagado indebidamente sino que, además, dispuso que fuese éste quien cargase con costas en aquellos procesos que había iniciado sobre la base de tal legítima pretensión.

En consecuencia, y toda vez que la conducta del ex Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo podría implicar un ilícito penal, corresponde enviar copia del presente pronunciamiento al señor Procurador General de la Nación, a fin de que considere la eventual responsabilidad de quienes han intervenido en el dictado de la mencionada resolución (ME) 619/2001 y en los actos previos en ella invocados, y para que, en su caso, tome las medidas que estime pertinentes y las ponga en conocimiento de esta sala.

Asimismo, por las particularidades de la causa y la falta de diligencia de los organismos públicos que de ella y del amparo previo resultarían, es adecuado notificar esta sentencia al Director General de la AFIP, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, a los efectos que correspondan.

Por todas las razones dadas, propicio que se resuelva: 
1. Confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con imposición de las costas de esta instancia también a la parte actora, vencida (art. 68 del CPCCN).
2. Por las particularidades del caso, dar intervención al Procurador General de la Nación, y notificar esta sentencia al Director General de la AFIP, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, a los efectos que correspondan.


MARÍA JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS

 


 
 

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

 
   

Directora: Dra. Natalia González - Propietario: Albrematica S.A. - Política de Privacidad - Aviso de derecho de autor - Defensa del Consumidor
Copyright 1997 - 2009 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) Cap. Fed.
Telfax (5411) 4371-2806 - E-Mail: info@albrematica.com.ar