En el presente trabajo, los autores analizan las tensiones entre el régimen de ejecución de la prenda con registro y la protección constitucional del consumidor. Examinan la compatibilidad de los procedimientos prendarios con el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, a partir del precedente “HSBC Bank Argentina S. A. c. Martínez, Ramón Vicente” de la Corte Suprema. Finalmente, proponen una interpretación armónica que permita preservar la eficacia de la garantía real sin comprometer los derechos del consumidor.
Fallo rechaza una acción de amparo contra Google SRL con el objeto de obtener la desindexación del nombre del actor de los resultados de búsqueda y de los contenidos generados mediante sistemas de inteligencia artificial (AI Overviews y tecnologías vinculadas a Gemini), por su vinculación con un hecho delictivo del que fue víctima bajo la modalidad de “viudas negras”. Tensión entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Prevalencia de esta última frente a la relevancia pública de la información difundida. Ausencia de los requisitos de procedencia de la medida cautelar.
La CSJN dejó sin efecto la condena por daño psicológico que se le había reconocido a un trabajador que sufrió un accidente automovilístico. Se basó en que la Cámara había reconocido dicho daño sin ningún basamento científico en contradicción a las conclusiones de la perito oficial. Consideró que la indemnización fijada carecía del debido sustento legal porque no había especificado qué tipo de daño psicológico se trataba en los términos del baremo 659/96 ni qué porcentaje de incapacidad otorgaba. Criticó que el tribunal realizó una derivación forzosa de los hechos sin respaldo probatorio.
La CNCom confirmó el rechazo de la ejecución de un pagaré cuyo beneficiario había sido tachado y reemplazado sin salvado firmado por la libradora. Consideró que la adulteración era evidente a simple vista y que la ejecutante no desvirtuó la presunción del art. 88 del Decreto-Ley 5965/63. Aclaró que el reconocimiento ficto al preparar la vía ejecutiva no impide oponer excepciones y que la cesión no priva al deudor de las defensas oponibles al cedente. Impuso las costas a la recurrente.
La CSJN resolvió un conflicto de competencia en CABA por una falsa agencia automotriz que cobraba vehículos sin entregarlos. Siguiendo la doctrina de autonomía del lavado, ordenó que la justicia ordinaria investigue las defraudaciones particulares y el fuero federal las maniobras para blanquear el dinero ilícito.
La CSJN revocó la sentencia que había declarado la nulidad de la resolución CNRT 628/2012 y la inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1395/1998, que exigen libre deuda de multas firmes para realizar trámites ante el organismo, y rechazó la demanda interpuesta por la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros. El Tribunal consideró que la legitimación procesal activa corresponde a cada una de las empresas que, eventualmente, se consideren afectadas por la normativa que se impugna.
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