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Resumen del Fallo

La Cámara Federal de Casación Penal concedió prisiones domiciliarias y señaló que para evitar que la pandemia “arrase” con las personas detenidas, resulta un deber esencial de la justicia tomar las medidas urgentes necesarias para proteger la salud y la seguridad de las mismas, más aún si se ubican dentro de la población de riesgo.
Expresaron, además, que la sobrepoblación carcelaria es uno de los principales problemas, toda vez que impide la implementación de las medidas de higiene básicas y de distanciamiento social conforme lo recomendado desde el punto de vista sanitario por la O.M.S.
En "Ramírez" los jueces tuvieron en cuenta, además, que la imputada tenía una hija menor de edad y que la crisis sanitaria generada como consecuencia del Coronavirus (Covid-19), lógicamente ha agudizado las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, particularmente, de quienes están en condiciones de pobreza, pobreza extrema y marginalidad con familiares privados de libertad. Frente a la situación de encarcelamiento de un referente adulto, los niñas, niños y adolescentes se encuentran en condición de doble vulnerabilidad.


10014/2014/TO1/11/2/1/CFC3 - “Colman, Rosa Ángela s/ recurso de casación” – CFCP – SALA DE FERIA – 27/03/2020

PRISIÓN DOMICILIARIA. Se revoca la sentencia que rechazó la solicitud. PANDEMIA. CORONAVIRUS (COVID-19). Situación de emergencia carcelaria. Deber del Estado de tomar medidas urgentes para contener la situación y proteger la integridad de las personas detenidas. Acusada que presenta, además, un mayor riesgo de contagio por presentar antecedentes de hipertensión y diabetes y padecer EPOC y asma. Necesidad de implementar una medida alternativa al encierro, que garantice neutralizar del mejor modo los riesgos procesales evidenciados


“La rápida sucesión de casos a escala mundial llevó al Ejecutivo a dictar el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 (B.O. 19/03/2020) mediante el que, en lo sustancial, se dispuso “[…] la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio […]” de las personas que habitan en el territorio de la República Argentina; todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación de la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.”

“Frente a dicho panorama, y en línea con lo dispuesto en materia sanitaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación encomendó a los magistrados judiciales, por medio de la Acordada 6/2020, a llevar a cabo los actos procesales que no admitieran demora o medidas que de no practicarse pudieran causar un perjuicio irreparable (art. 3), y resaltó que “A los efectos de lo previsto en el punto anterior se deberá tener especialmente en consideración, entre otras cosas, las siguientes materias: a) penal: cuestiones vinculadas con la privación de la libertad de las personas […]” (artículo 4).”

“Es que la situación pandémica del coronavirus (COVID-19) podría afectar particularmente a personas que se encuentran privadas de su libertad, máxime teniendo en cuenta las condiciones actuales de emergencia carcelaria (Resolución de Emergencia Carcelaria, RESOL-2019- 184-APN-MJ, del 25 de marzo de 2019).”

“… ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar (C.I.D.H., “Instituto de Reeducación del Menor v. Paraguay”, sent. del 2 de septiembre de 2004 – Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, párr. 153).

“… las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) en su Regla 24 establecen que “1. La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica. 2. Los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia.”. “

“La Regla 30 dispone que “Un médico u otro profesional de la salud competente, esté o no a las órdenes del médico, deberá ver a cada recluso, hablar con él y examinarlo tan pronto como sea posible tras su ingreso y, posteriormente, tan a menudo como sea necesario (…) d) facilitar a los reclusos de quienes se sospeche que sufren enfermedades contagiosas aislamiento médico y un tratamiento apropiado durante el período de infección…”.”

“Lo observado en diferentes monitoreos realizados por el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles –disponibles en www.sistemacontrolcarceles.gob.ar- en materia de derecho a la salud y atención médica da cuenta de la dificultad que tienen las personas detenidas para acceder a los servicios de salud. Se ha podido verificar, en las distintas inspecciones realizadas en las cárceles, que el acceso de los reclusos a todos los insumos que aseguren la prevención de las enfermedades infectocontagiosas frecuentes en el encierro resulta limitado. En esa línea, debe tenerse en cuenta que la prevalencia tanto de estas enfermedades (en particular HIV y tuberculosis) como de otras no contagiosas (diabetes, hipertensión) es mayor en el contexto de encierro que en el medio libre.”

“… frente a la expansión de la pandemia del coronavirus, la población carcelaria es uno de los sectores de la sociedad que más riesgos enfrenta. Por esta razón, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Pensamiento Penal, y otras organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, solicitaron medidas urgentes para contener la situación y proteger la integridad de las personas detenidas. Entre ellas, la aplicación por parte del poder judicial de morigeraciones y arrestos domiciliarios para grupos vulnerables y la urgente distribución de elementos de prevención (higiene personal y general), de comida y medicamentos. En esa línea, también ha manifestado su preocupación el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (C.N.P.T.) y solicitó que se adopten las medidas excepcionales y urgentes que permitan contener esta emergencia; medidas orientadas fundamentalmente a descomprimir la situación de sobrepoblación y hacinamiento.”

“En efecto, la sobrepoblación es uno de los principales problemas, toda vez que impide la implementación de las medidas de higiene básicas y de distanciamiento social conforme lo recomendado desde el punto de vista sanitario por la O.M.S. En base a dichos lineamientos, deberá efectuarse un análisis pormenorizado que abarque todas las especiales circunstancias objetivas referidas precedentemente a fin de resolver la impugnación presentada; en aras de determinar si el recurrente se encuentra dentro de población de riesgo que presenta mayores posibilidades de contagio del virus COVID-19.”

“… del informe elaborado por personal de la Unidad 13 del Servicio Penitenciario Federal es posible extraer que se trata de una “paciente con antecedentes de hipertensión y diabetes tipo 2 que cumple con tratamiento instaurado, recibe su medicación correspondiente”. Asimismo, la misma unidad penitenciaria incorporó a Colman dentro del listado de internos en situación de riesgo frente a un eventual contagio de coronavirus (COVID-19), por padecer la mencionada EPOC y asma -nota del 16 de marzo de 2020-. Entonces, a partir de dicha información se puede afirmar que la mencionada Colman efectivamente se encuentra dentro de los grupos de riesgo que afectan al COVID-19, circunstancia que se agrava debido a que, además, se encuentra privada de su libertad en un establecimiento carcelario, con todos los condicionantes que dichos establecimientos padecen, conforme lo detallado en los acápites precedentes.

“Por ello, el argumento del a quo de que no existe un mayor riesgo de contagio para la acusada Colman resulta erróneo y contrapone las propias advertencias que fueron emitidas por la O.M.S. en las que destacó los grupos de riesgo, incluyendo aquellas personas con enfermedades metabólicas como lo es la diabetes –que precisamente padece la recurrente-.”

“Por otra parte, debe considerarse que Colman registra la calificación de conducta dentro del establecimiento carcelario más alta -10- e, independientemente de los estímulos educativos presentados que podrían adelantarle su posibilidad de acceder a la libertad condicional al 21 de abril de 2020, ésta se encuentra próxima a acceder a dicho instituto, por lo que continuar su detención bajo la modalidad domiciliaria no se contrapone con los fines de la pena efectivamente impuesta –cuatro años y seis meses de prisión-.”

“Entonces, tras considerar la especial situación de encierro y de salud que presenta Colman y la ubica en un particular estado de vulnerabilidad, desprotección y peligro frente a los efectos y derivaciones de la pandemia originada por la propagación del virus COVID-19, entendemos que corresponde en el caso la adopción de medidas que se complementen con principios de contenido humanitario y sanitario que aminoren su escenario de riesgo.”

“… luce prudente y necesario aplicar una medida alternativa al encierro, que garantice neutralizar del mejor modo los riesgos procesales evidenciados en autos.”

Citar: elDial.com - AABAF8

Publicado el 30/03/2020

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Fallo Completo

10014/2014/TO1/11/2/1/CFC3 - “Colman, Rosa Ángela s/ recurso de casación” – CFCP – SALA DE FERIA – 27/03/2020

• Fallo en extenso

Citar: elDial.com - AABAF8

Publicado el 30/03/2020

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