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Resumen del Fallo

Penal

HABEAS CORPUS CORRECTIVO por el agravamiento de las condiciones de detención a causa de la pandemia de CORONAVIRUS. Se señala que si bien no puede resolverse de modo general la morigeración de la detención de todos los detenidos, se solicita al Servicio Penitenciario que envíe los informes correspondientes a fin de evaluar cada situación particular. Dada la suspensión de visitas y en atención al DERECHO DE COMUNICACIÓN y VINCULACIÓN FAMILIAR, se autoriza transitoriamente el uso de telefonía celular por parte de los internos.


47215/V - "Xumek p/ habeas corpus correctivo y colectivo (Sarmiento) (nch)" - PRIMER JUZGADO COLEGIADO - PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN (Mendoza) – 30/03/2020

HABEAS CORPUS CORRECTIVO. Agravamiento de las condiciones de detención ante la epidemia de COVID-19. DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO ARGENTINO. Recomendaciones de la OMS respecto de la población carcelaria. MORIGERACIÓN DE LA DETENCIÓN. Necesidad de analizar cada situación en particular, de acuerdo a lo previsto en el art. 49 ley 8.465. Regla de Brasilia N°12 sobre derechos de las víctimas. Solicitud al Servicio Penitenciario de los informes necesarios para evaluar la morigeración de detención. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SERVICIO PENITENCIARIO en relación al CORONAVIRUS sobre higiene y atención en salud, que se consideran adecuadas. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA y LAS RELACIONES FAMILIARES. DERECHO DE COMUNICACIÓN. Se autoriza transitoriamente el uso de telefonía móvil por parte de las personas internadas, en tanto se han suspendido las visitas. INTERNACIÓN INVOLUNTARIA: incompetencia. Corresponde la competencia del fuero civil.


“(…) el planteo debe ser analizado teniendo especial consideración la específica situación de público conocimiento que nos afecta, esto es la propagación a escala mundial del virus COVID-19 que ha sido catalogada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, debido a los "niveles alarmantes de propagación y gravedad".”

“La OMS recordó a todos los países y comunidades que la propagación de este virus puede frenarse considerablemente o incluso revertirse si se aplican medidas firmes de contención y control.(…) dicha declaración motivó al Poder Ejecutivo Nacional a decretar el día 12 de marzo de 2020, la “Emergencia Sanitaria”, por el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia del referido decreto (Decreto 260/2020) en el que se precisó la necesidad de extremar los recaudos para combatir el contagio.”

“(…) la situación pandémica del coronavirus (COVID-19) podría afectar particularmente a personas que se encuentran privadas de su libertad, máxime teniendo en cuenta las condiciones actuales del sistema carcelario mendocino, con un nivel de sobrepoblación que supera las 500 personas.”

“(…) las personas detenidas conservan todos sus derechos de los que no los priva su condición. La pena reside solamente en la privación de la libertad y no en el cese de otros derechos fundamentales.”

“(…) las personas privadas de su libertad tienen el derecho al mayor y más oportuno acceso a través de los niveles sanitarios adecuados disponibles y deberá brindarse la oportuna asistencia médica integral, debiéndose respetar los principios de equivalencia e integración.”

“(…) corresponde recordar que la normativa protectora de los Derechos Humanos vigente es profusa en cuanto a la obligación del Estado de garantizar adecuada atención sanitaria.”

“(…) la privación de la libertad, lejos de habilitar un debilitamiento de otros derechos y obligaciones de instituciones públicas requiere del refuerzo de dispositivos de promoción y protección de los mismos. El acceso a salud compromete la prestación efectiva de esa obligación genérica y el control de la misma por parte de los agentes estatales. Esa normativa es conteste con los lineamientos éticos que deben guiar la atención de la salud y que están contenidos en los “Principios de ética médica” acordados por la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1982, que señalan el deber de atender a los pacientes y actuar de acuerdo con sus mejores intereses, así como el deber moral de proteger la salud de los detenidos. Ello, consagra la perspectiva de respeto de los derechos humanos que se sustenta en el cumplimiento por parte del personal de salud del deber de una asistencia compasiva, confidencial y respetuosa de la autonomía de las personas encerradas a las que deben dirigir sus acciones.”

“(…) ante esta situación de extraordinaria, que se ha suscitado debido a la pandemia que hoy sacude al mundo y que ya ha ingresado a nuestro país, no podemos desconocer que es probable que las personas privadas de libertad, y aquellas que viven o trabajan en entornos cerrados en sus proximidades, sean más vulnerables a la enfermedad COVID-19 que la población en general. Además, las instalaciones carcelarias pueden amplificar y mejorar la transmisión de COVID-19 más allá de sus paredes. Según la guía recientemente publicada de la OMS, el esfuerzo global para abordar la propagación de la enfermedad puede fallar sin la atención adecuada a las medidas de control de infecciones dentro de las cárceles.”

“(…) la interposición de un Habeas Corpus no autoriza, en principio a sustituir a los jueces naturales de la causa. Esto lo digo, por el hecho de que 4 en el colectivo que se encuentra comprendido en las enfermedades y situaciones de riesgo frente al COVID 19, existen diferentes situaciones procesales. Es así que hay ppl con órdenes de detención, otras con el dictado de medidas de coerción más gravosa, en los términos del artículo 293 del CPP, algunas con su causa elevada a juicio oral y por últimos ppl cumpliendo condena firme.”

“(…) en una morigeración en la modalidad de detención, se debe tener presente aspectos muy significativos, como aquellos dispuestos en el artículo 49 de la ley 8.465 que exige al menos incorporar informes médicos, sociales y psicológicos. Esto implica analizar cada caso en particular, evitando decisiones jurisdiccionales que ocasionen graves perjuicios.”

“(…) la Regla N°12 de las Reglas de Brasilia, referidas al acceso a la justicia, y a las que adhirió nuestra SCJ a través de la acordada 24.023…. se ordena garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas, evitando la victimización secundaria o reiterada, teniendo en cuenta especialmente cuando se libera al victimario. Y si bien, una morigeración como lo representa la prisión domiciliaria, no implica una liberación, en los delitos intrafamiliares o de proximidad, esta situación debe ser verificada muy especialmente cuando existen imputaciones o condenas por violencia de género o vinculadas a la integridad sexual.”

“(…) lo señalado impide que se tome, a través de esta vía, y de una manera generalizada la morigeración de la totalidad de la población en riesgo, ante la sola mención del estado de emergencia sanitaria actual.”

“(…) se estima oportuna la adopción de medidas urgentes, a los efectos de no conculcar los derechos que han sido descriptos. Es así que el Servicio Penitenciario deberá elaborar todos los informes necesarios y requeridos por la legislación vigente para el otorgamiento del régimen de prisión domiciliaria, en un tiempo perentorio y acorde a la urgencia que se atraviesa, de diez días corridos, para que las autoridades judiciales puedan resolver de manera efectiva y humanitaria, dichas solicitudes; teniendo en cuenta que de acuerdo a lo
que de informan en los principales medios de comunicación, y las predicciones del Ministerio de Salud de la Nación, el pico de contagio del COVID 19, estaría transitando desde mediado del mes de abril hasta el inicio del mes de mayo.”

“(…) se hace pertinente que el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad dispongan medidas para aislar a los internos mayores o con enfermedades contempladas en el Decreto 260/20 PEN, intertanto se tramita sus peticiones. Asimismo, se deberá ordenar la restricción de actividades no esenciales que impliquen un contacto personal, de traslados de internos solo para urgencias de carácter médico, de accesos de profesionales y/o técnicos que no sean de atención prioritaria de salud y requisas generales, salvo estricta necesidad de seguridad.”

“(…) a los fines de preservar la salud, evitar la propagación de enfermedades como así también para ayudar en la recuperación de la salud, resulta importante la limpieza de los lugares de alojamiento, así como también las condiciones del medio ambiente en donde se encuentra emplazando el centro penitenciario. Se convierte en un deber de la administración realizar desinfecciones periódicas y entrega efectiva de elementos de limpieza e higiene personal, más aún en el marco de emergencia sanitaria y suspensión del régimen de visitas familiares, por la que se transita.”

“(…) la Dirección General del Servicio Penitenciario, incorporó copia de la Resolución interna… en la que se aprueba el protocolo de detección, diagnostico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por coronavirus COVID 19. A través de dicha herramienta, se propone un procedimiento de actuación a los fines de prevenir o mitigar la posibilidad de contagio de la enfermedad dentro de los establecimientos penitenciarios.(…) Desde el punto de vista de la prevención en situaciones de emergencia, estimo que las medidas adoptadas resultan conducentes a proteger el estado de salud de la población carcelaria y evitar una propagación masiva del Covid-19 dentro del establecimiento, en la medida que sean acompañadas con las exigencias señaladas en los párrafos anteriores.”

“En el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos se cuenta con múltiples normas que establecen la protección de la familia como elemento fundamental de la sociedad, el derecho de toda persona a constituirla y mantener los vínculos creados a partir de ella, como así también el derecho a la comunicación fluida, periódica y en privado, para mantenerlos, como así también con abogados y/o asesores jurídicos, y formar parte y participar de la vida cultural de la comunidad, lo cual incluye a la familia en sentido amplio, y la protección especial a los derechos de niñas, niños y adolescentes separados de sus padres por motivos de privación de la libertad. Entre ellos los artículos VI de la DADDH, XII de la DADDH, 16.3 y 27 de la DUDH, 10.1 y 15.1 del PIDESC, 23.1 del PIDCP, 17 de la CADH, 3.1 y 2, 9.3 y 4 –mantener contacto y saber de la persona detenida.”

“En el marco de la interpretación de los derechos enunciados, y especialmente del contacto de las personas privadas de la libertad con el exterior de la cárcel, en cuanto a las relaciones familiares, sociales y con los diferentes operadores jurídicos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) cuentan con una prolífica estandarización, que puede sintetizarse en lo que sigue. La CIDH ya en su informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas ya citado sostenía que: “…el Estado tiene la obligación de facilitar y reglamentar el contacto entre los reclusos y sus familias, y de respetar los derechos fundamentales de éstos contra toda interferencia abusiva y arbitraria. Al respecto, la CIDH ha reiterado que las visitas familiares de los reclusos son un elemento fundamental del derecho a la protección de la familia de todas las partes afectadas en esta relación, así: [E]n razón de las circunstancias excepcionales que presenta el encarcelamiento,”

“(…) el Estado tiene la obligación de tomar medidas conducentes a garantizar efectivamente el derecho de mantener y desarrollar las relaciones familiares. Por lo tanto, la necesidad de cualquier medida que restrinja este derecho debe ajustarse a los requisitos ordinarios y razonables del encarcelamiento. (CIDH, Informe No. 67/06, Caso 12.476, Fondo, Oscar Elías Biscet y otros, Cuba, 21 de octubre de 2006, párr. 237; CIDH, Informe No. 38/96, Caso 10.506, Fondo, X y Y, Argentina, 15 de octubre de 1996, párr. 97 y 98. En el mismo sentido, la Corte Europea ha indicado que toda privación de libertad llevada a cabo de acuerdo con la ley entraña por su propia naturaleza una limitación a la vida privada y familiar. Sin embargo, es una parte esencial del derecho de todo recluso al respeto a su vida familiar y que las autoridades penitenciarias le brinden las facilidades necesarias para que pueda mantener contacto con su familia. European Court of Human Rights, Case of Messina v. Italy (No. 2), (Application no. 25498/94), Judgment of September 28, 2000, Second Section, para. 61”

“(…) para las personas privadas de libertad, el apoyo de sus familiares es esencial en muchos aspectos, que van desde lo afectivo y emocional hasta el sustento material. En la mayoría de las cárceles de la región, los elementos que necesitan los presos para satisfacer sus necesidades más elementales no le son suministrados por el Estado, como debería ser, sino por sus propios familiares o por terceros. “Por otro lado, a nivel emocional y sicológico, el mantenimiento del contacto familiar es tan importante para los reclusos, que su ausencia se considera un factor objetivo que contribuye a incrementar el riesgo de que éstos recurran al suicidio”( World Health Organization (WHO), Preventing Suicide in Jails and Prisons, (update 2007), pág. 16, disponible en: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons.pdf.).” P.220.”

“Frente a la suspensión de las visitas presenciales en los establecimientos carcelarios, puede señalarse que el derecho de las comunicaciones de las personas privadas de la libertad, en la práctica rara vez se cumple, puesto que los teléfonos públicos o semi-públicos están situados generalmente en lugares comunes o de paso de personas detenidas, o sin funcionamiento operativo.”

“A esta altura de las circunstancias, entiendo que es el único mecanismo alternativo y viable, para garantizar los derechos analizados. Y si bien en el segundo párrafo del artículo 174 de la ley 8.465, se dispone que “quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles”, entiendo que en el marco de emergencia, la suspensión de un derecho tan sensible como el contacto familiar, representa un agravamiento en las condiciones de detención que debe ser atendido por los medios conducentes, mientras dure la emergencia sanitaria.”

“En relación a la solicitud de revisión de los criterios de internación involuntaria, debo señalar que las medidas solicitadas son ajenas a la competencia material de esta instancia.”

“(...) el art. 506 en su inc. 4), del CPP establece que corresponderá al juez de Ejecución, controlar la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a inimputables mayores de edad. Por su parte, el art. 528 y 532 pone en cabeza del Tribunal o juez que dictó las medidas de internación la ejecución o el cese si correspondiera.”

“(…) si bien las disposiciones del CPP no se encuentran derogadas, Ley Nacional de Salud Mental, como se ha dicho, concuerda con lo dispuesto en los arts. 41 y 42 del Código Civil y Comercial de la Nación que regulan la internación sin consentimiento y remiten a la legislación especial en la materia. Es por ello que de una interpretación armónica de esos preceptos se deduce que el fuero civil se encuentra plenamente facultado para ordenar las internaciones involuntarias –y por lo tanto controlarlas-, tal como se ha expuesto en el precedente “M.J.A. s/ habeas corpus”, resuelto por la Sala I de la Cámara Federal de La Plata…” (causa n° 8.911/2017/CNC1, caratulada “B., N. s/ recurso de casación”, rta. El 29/08/17 y sus citas).”

Citar: elDial.com - AABB06

Publicado el 01/04/2020

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Fallo Completo

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• Fallo en extenso

Citar: elDial.com - AABB06

Publicado el 01/04/2020

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