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Resumen del Fallo

Penal

En el contexto de emergencia sanitaria mundial por la Pandemia del Covid 19, conceden prisión domiciliaria al ex Vice Presidente de la Nación, Amado Boudou, incorporándolo al Sistema de Monitoreo Electrónico. Los jueces tuvieron en cuenta la falta de firmeza de la sentencia condenatoria, los principios pro homine y de inocencia y las recomendaciones de la CIDH que propician considerar las morigeraciones al encierro penitenciario


1302/2012/TO1/34 - “Boudou, Amado y otros s/ cohecho (arts. 256 y 258 del Código Penal y negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 CP)” - TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4 – 06/04/2020

PRISIÓN DOMICILIARIA. Imputado que solicita la prisión domiciliaria. FALTA DE FIRMEZA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA. Precedente “Olariaga” (CSJN). Principios y garantías constitucionales del imputado. PRINCIPIO DE INOCENCIA que aún no se ha desvirtuado. PANDEMIA. CORONAVIRUS. Principio PRO HOMINE. Operatividad de los derechos humanos. Recomendaciones de la CIDH. Morigeración del encierro penitenciario. SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO: efectividad del dispositivo. Se concede la prisión domiciliaria. Se implementa el “Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica”


“(…) en relación a la firmeza de las sentencias, la doctrina ..., ha sido superada por el precedente dictado en la causa “Olariaga” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 26 de junio de 2007 (CSJN, Fallos 330:2826)...”

“(…) no se encuentra controvertido que el encausado, al tiempo de notificársele su veredicto condenatorio, fue detenido mediante una medida cautelar, y no en aplicación de la propia condena. (…) la CFCP, confirmó dicha prisión preventiva en previsión de una hipotética fuga...”

“(…) en punto a la firmeza de la sentencia condenatoria, es claro que la misma no lo está, lo cual ocasiona que aun el estado-situación de inocencia que resulta inherente a toda persona, no se ha destruido, lo cual solo ocurrirá, precisamente, en el instante que aquella devenga firme.”

“(…) la Corte Federal inició el abordaje de la problemática de la firmeza de la sentencia penal en el caso “López”, del 14/09/87 (CSJN, Fallos 310:1797) y lo precisó en el caso “Olariaga”, del 26/06/07, (CSJN, Fallos 330:2826). De allí se desprende la siguiente doctrina: La expresa indicación del procesado de recurrir ante el Tribunal impide considerar firme al pronunciamiento, lo cual recién ocurre con la desestimación de la queja dispuesta por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cons. VII, Olariaga).”

“(…) la ejecución prematura de la sentencia penal resulta irreparable, ya que no habría contra cautela posible para evitar los daños producidos, a diferencia de las sentencias civiles donde, en efecto, se puede prestar aquella contra cautela que garantice los eventuales daños y perjuicios (cfr. Elías P. Guastavino, “Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad”, Ed. La Rocca, Tomo II, Bs.As., 1992, ps. 1045 y ss).”

“(…) el encausado todavía no ha comenzado a desarrollar la sanción que se le pretende imponer. Y ello así hasta que la Corte Federal se pronuncie sobre el recurso de queja que se encuentra a su consideración.”

“El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid 19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad.”

“Estas dos circunstancias rectoras:1) la falta de firmeza de la pretendida condena impuesta a; y 2) el contexto de emergencia sanitaria mundial por la Pandemia del Covid 19, aconsejan morigerar el encierro dispuesto, en función del concepto de provisoriedad sustantiva del mismo (medida cautelar), toda vez que en el caso, aun, no se alcanzó la sustentabilidad del encierro que otorga la pena.”

“(…) los tribunales de superintendencia (CFCP, 02/04/20) se hacen eco de las recomendaciones de la CIDH (puntos 1 y 2) y en tal sentido propician considerar, precisamente, las morigeraciones al encierro penitenciario.”

“(...)la aplicación de estas pautas a los procesos en trámite bajo la ley 23.984 no encuentra impedimento alguno, pues no afecta de ningún modo el análisis político criminal que impone el conflicto puntualmente traído a estudio, ni el orden de las fases o etapas que hacen al proceso de conocimiento penal incluidos en aquella; todo lo cual permitirá alcanzar así una decisión definitiva, sin alterar tampoco la distribución de roles y funciones que esa ley le asigna a cada uno de los órganos que transitan las etapas.”

“(...)resulta ser el de pro homine, a mi juicio determinante y clave en la solución del pedido de fondo formulado por la defensa del imputado.”

“Esta explicación de un principio tan versátil y adaptable a las realidades a las que me vengo refiriendo a lo largo de la presente, y aún más, al ámbito jurídico penal; no es caprichosa dado que me es útil para afirmar, como es de esperar, que al omitir el cumplimiento del deber u obligación impuesto por la interpretación de la carta federal en la que subyace la idea de dar al caso la solución más justa, o se resuelve o decide sobre un marco constitucionalmente prohibido; se estará violando el texto reglamentario que ella impone y con todo, su supremacía.”

“(…) dar la espalda a la actividad propia tendiente a operativizar los derechos humanos a partir de la intervención de los poderes públicos, y negar además la actividad tendiente a no reconocer la inercia de los propios mandatos constitucionales en la órbita penal; no hacen más que negar la existencia de esa operatividad a la que me debo.”

“(…) del ajuste permanente que impone el control de constitucionalidad inmanente y que emana de la Corte Interamericana de DDHH y la tradición legislativa que se impone a partir del texto del art. 75 inc. 22 de la CN. Pues […T]odos los alcances, oportunidades, vigencias y campos posibles de actuación receptados en estas normas y a partir de la interpretación más ajustada que propone el principio pro homine; dan luz verde a la razón constitucional que cubre hasta no sólo la garantía de defensa en juicio (18 y 75 inc. 22). En ese sentido se sostuvo que […C]aso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006: “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad”…entre las normas internas y la Convención Americana…”.”

“(…) el principio de provisoriedad implica que la prisión preventiva debe ser considerada una medida cautelar llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto. Esta medida cautelar, una vez definida y aplicada, no se enmascara en términos oscurantistas de manera perpetua. Con legitimidad la Corte Interamericana señaló en "López Álvarez" (considerandos 73,78 y 81), -justamente- la necesidad que el juzgador evalúe periódicamente si se mantienen las condiciones que justificaron el dictado y mantenimiento de la medida cautelar.”

“Acoplada a esa idea central, que pone énfasis en el aspecto temporal, surge otra que se ubica en un círculo concéntrico del mismo radio que pone igual interés pero en otra exigencia, que hace a la excepcionalidad justificada sólo en razones procesales o; dicho de otro modo, subsiste siempre que sea razonable. Cabría recordar el principio de inocencia al cual ya me referí; aunque sólo insistiré en la concepción binaria de la idea: o se es inocente o no, y por lo menos este último estado se mantiene inalterable ante una sentencia aún no firme.”

“(…) esta medida restrictiva de derechos, la cautelar, tiende, por naturaleza, a consumirse. El peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento suelen diluirse con el paso del tiempo.”

“Es esto … lo que ha llevado a la Comisión Interamericana a sostener que debe analizarse la persistencia de los motivos que la justifican y su razonabilidad de modo periódico. Por eso es que la prueba objetiva de los peligros procesales que justificarían la cautelar, no pueden ser presumidos ni reemplazados por valoraciones subjetivas, intuiciones o consideraciones de tipo general y abstracto.”

“(…) no puede dejar de valorarse –dado que la experiencia tribunalicia así lo asegura- que el Sistema de Monitoreo Electrónico dependiente del Ministerio de Justicia Nacional, se viene mostrado como una alternativa legítima y confiable para conciliarlas necesidades procesales del encierro cautelar, con el debido respeto de los derechos y garantías constitucionales (trato digno, inocencia, alimentación, salud, derecho a la protección familiar, etcétera).”

“Esa mirada introspectiva sale al encuentro de un conglomerado de principios constitucionales garantizados, los cuales, frente al resguardo de los fines del proceso, la excepcionalidad de la prisión preventiva cobra total vigencia (en términos más o menos similares, en los considerandos 69 y 70 del Informe 35/07 de la CIDH, considerando 121 fallo "Barreto Leiva" CorteIDH, entre otros; el principio de inocencia; el principio de proporcionalidad (Ver, Considerando 122, y también el principio de provisionalidad (Ver, Considerando 105, del Informe 35/07 CIDH).”

“Ha dicho la Cámara Nacional de Casación que […l]a existencia de un programa, en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que posibilita la aplicación de medidas de restricción de la libertad en el domicilio, con vigilancia adecuada que puede resultar de gran utilidad para casos como el que aquí se encuentra a estudio. El mecanismo cuenta con dispositivos de vigilancia electrónica, que permiten controlar la permanencia del imputado en el domicilio fijado y, ante la eventualidad de que saliera del radio establecido o intentara desprenderse de la “pulsera”, el sistema envía una alerta inmediata que es detectada en el centro de monitoreo e informada a la autoridad judicial; todo ello, en el marco del “Programa de Asistencia de personas bajo vigilancia electrónica”. El programa incluye, a su vez, la asistencia social, psicológica y médica del imputado. Este mecanismo se encuentra implementado y es llevado adelante, en la órbita de la misma autoridad administrativa que tiene a su cargo la ejecución de las medidas de encierro –tanto procesales como materiales– como parte de una política estatal tendiente a “mejorar las condiciones de vida de las personas que cumplen una medida restrictiva de la libertad”, contribuyendo a mitigar el impacto negativo de la privación de libertad en el ámbito carcelario…] (CCC 61537/2014/TO1/4/CNC1, caratulada “Arias, Héctor Ricardo s/incidente de excarcelación”).”

“(…) las morigeraciones al encierro deben –necesariamente-analizarse, también, en relación a la pena oportunamente adjudicada al condenado. Así, en este caso, una sanción de cinco años y diez meses que no llega a la cuarta parte de la pena de encierro máxima de la legislación penal argentina, no resulta óbice para viabilizar aquella posibilidad.”

“Además de considerar que el sujeto que aquí nos ocupa ya estuvo detenido, fue excarcelado, se le revocó tal beneficio y retornó al encierro penitenciario. Hasta el momento, entonces, viene cumpliendo con las pautas procesales que se le han impuesto y también registra Conducta 10, Concepto 6 (lo cual surge del reciente Informe Socio Ambiental).”

“(…) en este caso considero que se ha demostrado de qué modo y manera la emergencia sanitaria de pandemia Covid 19, incrementa los riesgos personales del condenado ... en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro, tornando el penitenciario en domiciliario.”

Citar: elDial.com - AABB27

Publicado el 08/04/2020

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Fallo Completo

1302/2012/TO1/34 - “Boudou, Amado y otros s/ cohecho (arts. 256 y 258 del Código Penal y negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 CP)” - TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4 – 06/04/2020

• Fallo en extenso

Citar: elDial.com - AABB27

Publicado el 08/04/2020

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