Durante el año 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido importantes pronunciamientos en el ámbito del derecho civil, comercial, laboral, público y administrativo, ambiental, tributario y aduanero, derecho a la salud, seguridad social, penal y procesal penal.

En materia civil, se ha expedido en temas de adopción, restitución internacional de niños, capacidad, representación y responsabilidad civil.
Reviste particular interés el estremecedor caso "S., M. A." en el que el máximo tribunal se pronunció a favor de una guarda con fines de adopción que fue otorgada en forma irregular por voluntad de una joven madre que había sido víctima de abuso sexual y que tiempo después reclamó ante la justicia la restitución de su hija.
Entre los precedentes sobre restitución internacional de niños, se destaca el fallo "K., K. J. c/ P., C. S." según el cual los magistrados otorgaron preeminencia al principio de especialidad y sostuvieron que la causa debe tramitarse ante el fuero de familia, por más que el accionante sea extranjero y pretenda litigar en el fuero federal invocando dicha condición como fundamento del fuero de excepción.
En el marco de diversos procesos de restricción al ejercicio de la capacidad jurídica ("V., M. C.", "D., H. L." y "C.E, F."), la Corte se pronunció acerca de las condiciones de admisibilidad que deben reunirse para que proceda la designación de un Defensor Público Curador y en el caso "H. O. s/ artículo 152 ter Código Civil", tras ratificar una vez más la necesidad de mantener un enfoque interdisciplinario, ordenó revisar la sentencia para adecuarla al nuevo paradigma del Código Civil y Comercial. Esta última causa es interesante en cuanto incluye un análisis acerca del derecho al voto, además de mencionar la normativa que resguarda el goce de los derechos políticos en igualdad de condiciones.
En el plano de la responsabilidad civil, se destaca la causa "M., S. A." que, en un litigio por mala praxis médica, rechazó la extensión de la condena al sindicato, aclarando que se trata de una persona distinta a la obra social, con un ámbito de aplicación diferenciado.

En materia "comercial" los precedentes seleccionados por su importancia se refieren a temas vinculados a la mala praxis médica y privilegios;responsabilidad de una aerolínea por un accidente de tránsito sufrido por pasajero;extinción de permisos de pesca de un buque por falta de operación comercial y quiebra del titular;competencia en materia de concurso preventivo devenido en quiebra de una persona humana; y un fallo muy interesante en materia de Derechos del Consumidor.
Así, en el importante precedente"Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c/ Banco Itau Buen Ayre Argentina"la CSJN decidió que todas las acciones con objeto idéntico (reclamo a entidades bancarias de la devolución a cuentacorrentistas de lo cobrado indebidamente en concepto de "riesgo contingente") queden radicadas ante un mismo tribunal, ello, para evitar decisiones contradictorias y mantener la necesaria unidad de criterio sobre la materia debatida.

En el ámbito del Derecho del Trabajo surgieron interesantes precedentes que, en su mayoría, versaron sobre cuestiones de Riesgos del Trabajo, tales como las prestaciones dinerarias, las mejoras introducidas por la ley 26773, el adicional de pago único y su aplicación a los siniestros "in itinere", la doctrina del antecedente "Espósito", entre otros aspectos fundamentales. En esta cuestión se destaca el fallo "Páez", donde se excluye del pago del adicional a los accidentes "in itinere", en una decisión dividida.
Por su parte, la temática de las asociaciones sindicales también estuvo presente en los fallos donde se discurrió sobre el otorgamiento de personería gremial a los empleados "del subte y del premetro" y, además, sobre la exclusión de tutela sindical y sobre el procedimiento para el cobro de los aportes gremiales, en el caso de los aportes "solidarios" de los trabajadores "no afiliados".
La cuestión del despido discriminatorio se hizo presente en precedentes como "Varela" y "Farrel", en este último caso la controversia surgía a partir de un reclamo salarial. Siguiendo con el tema de la remuneración, en la causa "Ortiz" se alude a las "garantías de una retribución justa y de un salario mínimo", de acuerdo al derecho nacional e internacional.
Mientras que, en el fallo "C., A. S." el Máximo Tribunal destacó la especial tutela que dispensa el ordenamiento jurídico a la maternidad.
Finalmente, uno de los casos más importantes fue "Rica", donde se analizó el vínculo existente entre un médico y un hospital.

En la órbita del Derecho Administrativo los mejores fallos de la Corte se refieren a las siguientes temáticas: competencia, comunidades indígenas, contratos, deuda pública, empleo público, el valor institucional de los precedentes de la CSJN, lealtad comercial, derecho marítimo, mercado de capitales, práctica profesional, prevención de lavados de activos, diferentes aspectos procesales, personal del Servicio Exterior de la Nación y Responsabilidad del Estado.
En el fallo "La Celina S.A. Agrícola, Ganadera e Industrial" el máximo tribunal se pronunció sobre distintas cuestiones vinculadas al aluvión, como modo especial de adquirir el dominio por accesión de cosas inmuebles. El Dr. Miguel Volonté nos brinda un interesante análisis del tema, y reflexiona sobre la trascendencia que tiene el dominio público hídrico y la posición de subordinación al mismo en la que se encuentran los inmuebles ribereños.
En relación a la política migratoria, vale la pena detenernos en el precedente "Apaza León" mediante el cual se revocó la sentencia que había declarado irregular la permanencia en el país y ordenado la expulsión de un extranjero condenado a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso por tentativa de robo en poblado y en banda. La Dra. Lila García comenta este fallo, analizando no solo las cuestiones técnicas, sino también informándonos sobre el contexto legal y jurisprudencial en el que se dictó la causa. Asimismo, la Dra. Nancy E. Santi, también a partir del mencionado fallo, estudia la vinculación entre la actividad judicial y la actividad legislativa en nuestro sistema de justicia.

Respecto al área de Derecho Público se destaca el precedente "Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz / Estado de la Provincia de Santa Cruz", en el cual se entendió que la interpretación de la llamada Ley de Lemas provincial es una cuestión de derecho público local.

En lo que concierne al Derecho Ambiental, los principales pronunciamientosrefieren a la contaminación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, competencia, daño ambiental y parques nacionales.
Destacamos el fallo "Vouilloz, Clelia Beatriz y otros c/ KWS Argentina SA y otros" en el cual los actores inician la demanda a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios que se les habría ocasionado a su salud y al medio ambiente a raíz de una fumigación aérea realizada con productos agroquímicos. La CSJN entendió que la Justicia local es la competente para entender en las actuaciones, atento que se reclama un resarcimiento por la presunta falta de servicio en que habría incurrido un organismo provincial, por el irregular cumplimiento de las obligaciones en materia de control sobre la utilización de los agroquímicos.
En relación al "uso de aguas" del río Atuel, ante el vencimiento del plazo establecido sin que las provincias de Mendoza y La Pampa hayan llegado a un acuerdo, se estableció un nuevo plazo para que arriben a una solución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó varios pronunciamientos sobre temas tributarios y aduaneros. Seleccionamos los más relevantes sobre competencia, coparticipación federal, derechos de exportación, impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado.
Además, en el fallo "G.V. M. y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93" se confirmó la inconstitucionalidad del precepto que restringe las exenciones fiscales para la importación de automóviles por parte de personas con discapacidad en función de la capacidad económica del grupo familiar. Para decidir de esta forma, el Máximo Tribunal tuvo en especial consideración la garantía de autonomía e independencia debida a las personas con discapacidad.
En lo que respecta al impuesto a las ganancias, se debe señalar el precedente "Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magistratura y otros", mediante el cual se dejó sin efecto la medida cautelar en virtud de la cual los magistrados y funcionarios representados por la Asociación actora se encontraban eximidos de pagar el impuesto.
En relación al impuesto al valor agregado, se destaca el fallo "Festival de Doma y Folklore c/Estado Nacional" que revoca la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del precepto de la ley 25.414 en cuanto delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la atribución de eliminar exenciones tributarias.

En el área del Derecho a la Salud, la CSJN ha dictado diversos fallos sobre discapacidad. En los precedentes "A., M. L. por su hija menor c/OSDE" y "C. T., N. c/ OSDE" se dejaron sin efecto las sentencias que habían condenado a una empresa de medicina prepaga a brindar la cobertura de escolaridad en colegios privados. Además, en el marco de una demanda por daños y perjuicios ("O.,P.E. y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otros"), se hizo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada y se ordenó proveer una silla de ruedas motorizada. El Máximo Tribunal consideró que el mantenimiento de la situación que padecía la actora, sin el correspondiente equipamiento ortopédico de ayuda motriz, podría generar mayores daños, que debían ser evitados.
Finalmente, en materia de fertilización asistida, nos detendremos en el precedente "Y., M. V. y otro c/ IOSE", en el cual la CSJN entendió que la única interpretación admisible del art. 8°, Anexo I, del decreto 956/2013, en consonancia con los objetivos trazados por la ley 26.862, es la que habilita a los interesados a acceder a tres tratamientos anuales de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad.

Los principales fallos de Seguridad Social son "Blanco" y "Tejera". En el primero se estableció la aplicación del precedente "Elliff" para al cálculo de actualización del haber inicial. Asimismo, se declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones 56/2018 de la ANSeS y 1/2018 de la Secretaría de Seguridad Social, y se ordenó comunicar al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia a fin de que fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial. Esta decisión de la CSJN reviste especial importancia, ya que se aplica a las causas pendientes de resolución hasta tanto el Congreso sancione la ley que fije un nuevo indicador. A través del comentario realizado por el Dr. Adolfo Nicolás Balbín podremos reflexionar sobre el valor de este precedente, que operaría como una especie de recaudo de auto exigencia para el propio tribunal, alineado con el principio de progresividad con que se deben entender los derechos de profundo contenido alimentario.
En "Tejera" se dejó sin efecto la decisión que había declarado extemporánea la presentación de la acción de amparo y consideró que correspondía otorgar la asignación universal por hijo a favor de un menor con discapacidad.

Por último, en materia penal y procesal penal, un precedente se destaca por sobre todos los demás: "Hidalgo Garzón", también conocido como el fallo "Batalla". Allí se sostuvo que el beneficio del "2x1" no se aplica a los condenados por delitos de lesa humanidad, revirtiendo, por ende, los resuelto en el precedente "Bignone" del año 2017.
Sobre "lavado de activos", en el fallo "Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires" la Corte se pronunció a favor de la obligación de los escribanos de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre toda operación sospechosa de lavado o financiación del terrorismo, rechazando el planteo de inconstitucionalidad de las normas que imponen esta obligación. Para arribar a esta resolución, los ministros consideraron el rol preponderante del escribano en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros. La disidencia, en cambio, entendió que la norma cuestionada obliga al escribano a realizar un juicio que excede su función.
En "F. C. s/homicidio", la cuestión a resolver gira entorno al recurso de queja y al depósito previo: ¿Debe un defensor oficial cumplir con la exigencia prevista en el art. 286 del CPCCN? La Corte se inclinó por la negativa.
Merece también una mención el precedente "Tortoriello de Boero" sobre suspensión del juicio a prueba. Allí se deja en claro que, la obligación del pago mínimo de la multa del art. 76 bis del CP comprende solo a las penas pecuniarias previstas en forma conjunta o alternativa, pero no a las accesorias, y que como la sanción de multa para los delitos de contrabando, tentativa y encubrimiento de contrabando es accesoria a la pena privativa de libertad, no se requiere para la procedencia de la probation dicho pago.
¿Y si el recurrente ha sido declarado rebelde durante el trámite del recurso de queja? ¿Qué sucede? ¿Debe desestimarse el recurso? ¿O se suspende hasta tanto sea habido o encontrado? Estos interrogantes fueron planteados en "Gómez" y creemos que también merece ser incluido en el grupo de fallos destacados.
En "Haldord" la CSJN convalida el accionar policial en una causa iniciada por una denuncia anónima. Los agentes iniciaron la investigación sin dar intervención a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, las que intervinieron recién con el pedido de orden de registro domiciliario, cuando los imputados ya habían sido detenidos, aproximadamente doce horas después de recibida la denuncia y tras haber pasado todo el día observando los movimientos ocurridos en el domicilio al que aludía la misma. Los ministros, en esta oportunidad, afirmaron que "...no hay razón alguna que pueda dar fundamento a una prohibición constitucional de que las fuerzas de seguridad que reciben información acerca de la comisión de un delito de acción pública desarrollen las tareas de investigación que son propias de su función, antes de transmitirlas a los magistrados encargados en la persecución penal [...]".
"Romero Feris" nos introduce en la cuestión de la garantía del juez natural, que, en el caso, según la Corte, se vio afectada por un cambio en la integración del tribunal oral con posterioridad a la celebración de la audiencia. Cabe mencionar que, el Procurador General había rechazo el planteo por entender que se trataba de una reflexión tardía, desde que la defensa lo introdujo recién en oportunidad de la apelación federal a pesar de que había sido notificada de la integración del tribunal antes del pronunciamiento impugnado, y ninguna objeción formuló al respecto.
Por último, resulta interesante el fallo "Kasik", en el cual, en el marco de un proceso de extradición (concedida), se analiza el tema de la castración química o quirúrgica para un condenado de abuso.

Los invitamos entonces a recorrer este dossier especial, con los mejores precedentes del máximo tribunal del país y comentarios de prestigiosos autores y especialistas.



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