Resumen de la Doctrina


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9 La corrupción política y la mora legislativa en la reglamentación del juicio de residencia en la nueva Constitución Bonaerense 8
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Por José Luis Nuñez


“Del texto constitucional expreso, sus fundamentos y antecedentes, como así también de la armonización con otras normas positivas, se desprenden las características que los legisladores deberán incluir en la norma que reglamente el art. 3ro. de la Constitución bonaerense, y que -entre otras- deben ser: 1.- Las funciones del nuevo órgano deben ser inquirir cuidadosa y diligentemente la conducta de los funcionarios al concluir sus mandatos, a fin de sancionar con un juicio etico- politico a quienes se considere incursos en actos corruptos. 2.- No posee facultades judiciales (art. 18 Const. Prov.).- 3.- Los magistrados y funcionarios sometidos a juicio político (arts. 73 inc.2 ; 79 y 80 Const.Prov.) no están excluidos de su potestad sancionatoria. 4.- Lo contrario ocurre respecto de los magistrados judiciales ( art. 182 Const. Prov.) 5. Su jerarquía debe ser la de un órgano administrativo de rango constitucional, similar a la del Tribunal de Cuentas (art. 159 Const. Prov.; ley 10.869, B.O. 12/1/90). 6. Deberá ser colegiado, inamovible, formado por las personas designadas por el acuerdo de las entidades sociales con raigambre provincial, no necesariamente letrados. 7.- Los jueces legos apreciarán a conciencia los elementos probatorios que se presenten. 8. El residenciado deberá probar su inocencia si los elementos reunidos por el Tribunal permiten presuponer que su enriquecimiento deviene corrupto. 9.- La sanción debe inhabilitar al condenado para ejercer cargos públicos. 10.- De existir evidencias de ilícitos criminales, deberá dar intervención - además- a la justicia ordinaria o federal, según corresponda. 11. Las sentencias deberán ser ampliamente publicitadas. 12.- Los gastos de enjuiciamiento (costas) deben ser soportados por el presupuesto en caso de inocencia, y por el condenado en este caso...”

 
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