A través de la Resolución 10/24, y en sintonía con el plan de desregulación económica que ha decidido implementar el gobierno, la IGJ establece un nuevo régimen para la registración en nuestro país de sociedades constituidas en el extranjero. En los considerandos se expresa que resulta necesario dictar esta norma para intentar solucionar la honda problemática que se ha generado en torno a la actuación en el país de las sociedades constituidas en el extranjero a partir de la Res 8/2021 IGJ, y que ha desalentado en el país la inversión extranjera.
Ante el pedido de prisión domiciliaria de la imputada, madre de dos niñas pequeñas, el Juzgado Federal de Azul analiza el contexto familiar. Destaca que el padre de las niñas ha desatendido por completo sus obligaciones, posiblemente cometiendo el delito de INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR, configurándose un supuesto de VIOLENCIA ECONÓMICA. Ante este contexto, en una resolución novedosa, el juzgado fija una cuota alimentaria en cabeza del padre, la que luego podrá ser modificada o ampliada hacia los abuelos paternos, por parte del juzgado competente.
Fallo de la justicia federal de Azul hizo lugar a la solicitud del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría contra el Estado Nacional, en la que se requería la suspensión transitoria de los artículos 73 y 86 del DNU 70/2023 hasta que exista un pronunciamiento definitivo en el expediente. La parte accionante afirmaba que la aplicación de dichos artículos vulneraba las garantías sindicales, pretendiendo desfinanciar a las entidades gremiales. El Juzgado consideró que se daban los presupuestos para dictar la medida cautelar y la concedió.
En el marco de una acción de amparo, la autora comenta un fallo donde una paciente con obesidad crónica demanda a una empresa de medicina prepaga con el fin de que le cubra un medicamento específico no incluido en su plan de salud, demostrando que el tratamiento indicado había tenido resultados favorables para ella. La sentencia favorece a la amparista destacando la obligación de la demandada de cubrir el medicamento necesario para una enfermedad crónica como es la obesidad.
Desestiman la demanda promovida por quien se desempeñaba como asistente y cuidadora de una persona con ELA y reclamaba a quienes le abonaban su remuneración y a OSDE la correcta registración del vínculo laboral. Por mayoría, se resolvió que la relación entre las partes no constituye un contrato laboral regido por la LCT, y que los servicios estaban excluidos por la Ley 26844 de personal de casas particulares, ya que se trataba de servicios terapéuticos que requerían habilitaciones profesionales específicas. Se resolvió que se trataba de un contrato de servicios regulado por el CCYCN.
Fallo confirma que una empresa de seguros deberá indemnizar a una asegurada por daños y perjuicios ($1.718.000) y por daño punitivo ($1.000.000) por incumplimiento contractual. Los magistrados resaltaron que la demandada no realizó una investigación adecuada de los hechos en el momento oportuno, lo que resultó en dicho incumplimiento y, como consecuencia, en los daños reclamados. Además, no lograron demostrar la existencia de culpa grave por parte del conductor en el siniestro, quien chocó con otros autos como resultado de una maniobra evasiva ante un presunto intento de robo.
En el marco de una acción interpuesta por la Asociación Bancaria ante diversas fallas y deficiencias en el suministro de energía eléctrica en un Hotel de su propiedad; la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal admitió parcialmente el recurso interpuesto por Edesur SA y redujo la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la actora a $ 1.200.000.
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