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SERVICIOS PÚBLICOS. GAS NATURAL. AUMENTOS TARIFARIOS. MEDIDA CAUTELAR. Suspensión de los efectos de la Resolución 28/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación hasta la evacuación del informe requerido en los términos del art. 4 de la Ley 26.854. Beneficio que alcanza a la totalidad de los residentes domiciliarios de la Provincia de Santa Cruz. Resolución cuestionada que compromete de manera inminente e impostergable las condiciones de vida digna de los habitantes de la Provincia

“En cuanto a la legitimación activa, no obstante el carácter de Concejales y Senador Nacional que invocan los amparistas, lo cual en principio obstaría a su actuación fuera del órgano para el cual resultaran electos (cfr. Fallos 323:1432; 313:863 y cctes), toda vez que también han invocado la calidad de usuarios y consumidores y, en consecuencia, de afectados por la norma atacada, téngaselos por legitimados en tales términos.”

“En relación a la medida cautelar que se peticiona y entendiendo que de acuerdo al litisconsorcio pasivo resultan de aplicación las prerrogativas de la ley n° 26.854, previo a resolver sobre la misma he requerido la evacuación del informe que dé cuenta del interés público comprometido. No obstante ello, por entender que el suministro de gas natural, cuya tarifa por excesiva (…) compromete de manera inminente e impostergable las condiciones de vida digna de los habitantes de toda la Provincia de Santa Cruz (máxime cuando la bonificación por ahorro en el consumo a la que aluden los arts. 2 y 4 de la Resolución 28/16 resulta de imposible cumplimiento en atención a las bajas temperaturas ya imperantes en esta época del año), hasta la evacuación del informe requerido en los términos del art. 4 de la ley 26.854 ordenaré una medida interina. Y la misma será en beneficio de la totalidad de los residentes domiciliarios de la Provincia de Santa Cruz, no sólo por los efectos expansivos de las decisiones que recaen en este tipo de procesos, sino también por la necesidad de evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto, a fin de aventar el peligro que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos (CSJN, Fallos 332:111; Acordadas 32/14 y 12/16).”