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Aproximación al estudio de los estándares de prueba

Por Alejandro Nisnevich


“El estándar de prueba “es el umbral que permite saber si un relato puede considerarse probado dentro de un proceso. La elección del estándar de prueba supone siempre una decisión normativa, por lo que, nos exige saber cuáles son las cuestiones valiosas que se perderían a causa de una sentencia errónea.” Frente a este panorama surgen las siguientes preguntas: ¿Cuándo debe condenar o absolver un juez? ¿Qué parámetros debe tener en consideración? ¿Qué se tiene por probado y qué no? ¿Cuál es el margen de error judicial socialmente tolerable de acuerdo a los bienes jurídicos en juego y su relación con el estándar de prueba?"

“En un proceso, el estándar de prueba en materia civil debe elevarse y establecerse en función al objeto que se persigue en el mismo, es decir, las pretensiones que las partes deseen alcanzar, los elementos que existan para su integración conformados por los hechos expuestos y, por los propios medios de prueba implementados para la misma. Es el juzgador quien deberá exponer su modelo, basado en la fórmula que la propia normativa le permite, dentro de la resolución judicial considerando que el hecho probado es el hecho verdadero.”

“La respuesta en este punto debería ser indiscutida por la comunidad jurídica, ya que la regulación de un estándar de prueba en cualquier proceso, más allá del civil, resulta del todo esencial, puesto que, sin esta herramienta probatoria, los jueces estarían desprovistos del elemento necesario para justificar la suficiencia de las evidencias aportadas en juicio, al momento de cumplir con su obligación de fundamentación de la sentencia. Esto se explica por el íntimo vínculo existente entre la institución del estándar y el deber de los jueces de motivar sus fallos, pues como bien ha reconocido la doctrina en relación a las funciones de los estándares de prueba “La tercera función, es aquella que enlaza con el deber del juez de fundar sus resoluciones, permitiendo que justifique su decisión.”

“Por otra parte, como se ha advertido a lo largo de esta tesis, los estándares de prueba no sólo cumplen la función de ser umbrales que permitan determinar la cantidad de prueba suficiente para dar por acreditada una determinada proposición fáctica, sino que, además, tienen otras funciones relevantes. Una de ellas corresponde a posibilitar la distribución de errores epistémicos, lo que en otras palabras significa que los estándares de prueba operan como mecanismos distribuidores de riesgos, que permiten identificar y repartir en determinada proporción entre los litigantes, aquellos errores que la sociedad en su conjunto está dispuesta a tolerar a nivel de decisiones jurisprudenciales.”

Citar: elDial.com - DC2B3B



Publicado el 29/06/2020

Copyright 2020 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Texto Completo

Aproximación al estudio de los estándares de prueba

Por Alejandro Nisnevich(*)

 

 

INDICE: 1-. Introducción; 2-. ¿Qué es el estándar de prueba? Definición, función y características; 3-. La Probabilidad prevalente: El más probable que no; 4-. Estándar de prueba Civil, hacia una reglamentación del pensamiento lógico del juzgador 5-. Conclusiones

 

 

1-. Introducción

            Como es sabido, el proceso se desenvuelve a través de ciertas etapas, las que en su conjunto conforman los diversos tipos de procedimientos a través de los cuales el órgano jurisdiccional toma conocimiento del conflicto y sus particularidades, distinguiendo los aspectos de hecho y los de carácter jurídico concernientes al mismo. En este sentido, cobra particular importancia la forma en que los tribunales se imponen de las bases del conflicto que deben resolver y que están esencialmente conformadas por afirmaciones y negaciones acerca de hechos efectuadas por los sujetos envueltos en el mismo.

            Al respecto, resulta relevante tener en consideración que los hechos ocurren antes y fuera del proceso, siendo necesario, en consecuencia, que éstos sean revelados dentro de él, lo que se logra a través de la actividad probatoria desarrollada por las partes, y será la prueba que cada una de ellas aporte en el proceso la que permitirá al tribunal formarse una idea más o menos precisa de cómo se desencadenaron los hechos en realidad, pues justamente es a través de la actividad probatoria desarrollada por las partes dentro del respectivo procedimiento, que el tribunal puede llegar a obtener una cuota de verdad suficiente, que se acerque a la forma en que sucedieron los hechos en realidad y de esta manera llegar a la decisión más correcta.

            No obstante la importancia de la prueba en cuanto a la posibilidad de acercarse a la obtención de la verdad, al menos en su vertiente formal, el derecho procesal se enfrenta, asimismo, a un problema adicional, como es el relativo al estándar probatorio.

            El estándar de prueba “es el umbral que permite saber si un relato puede considerarse probado dentro de un proceso. La elección del estándar de prueba supone siempre una decisión normativa, por lo que, nos exige saber cuáles son las cuestiones valiosas que se perderían a causa de una sentencia errónea.”[1]

            Es por ello, que frente a este panorama surgen las siguientes preguntas: ¿Cuándo debe condenar o absolver un juez? ¿Qué parámetros debe tener en consideración? ¿Qué se tiene por probado y qué no? ¿Cuál es el margen de error judicial socialmente tolerable de acuerdo a los bienes jurídicos en juego y su relación con el estándar de prueba?

 

2-. ¿Qué es el estándar de prueba? Definición, función y características.

            Para comenzar con un análisis integral del concepto de estándar probatorio, sus características y funciones, primero que todo, es necesario comprender que éste se sitúa dentro de un marco más amplio, que resulta del todo esencial esbozar en estas líneas, con el fin de lograr comprender a cabalidad el tema que nos atañe en la presente tesis.

            Como un primer acercamiento a este marco más amplio dentro del cual se sitúa el concepto de estándar probatorio, es menester recordar que la vía institucional a través de la cual es posible llegar a la resolución de un conflicto relevante para el derecho es el proceso, el cual se desenvuelve a través de ciertas etapas, ritualidades y reglas, las que en conjunto conforman los diversos tipos de procedimientos a través de los cuales el órgano jurisdiccional toma conocimiento del conflicto y sus particularidades, distinguiendo los aspectos de hecho y los de carácter jurídico concernientes al mismo, cobrando particular importancia la forma en cómo los tribunales se imponen de las bases del conflicto que deben resolver y que están esencialmente conformadas por afirmaciones y negaciones acerca de hechos efectuadas por los sujetos envueltos en el mismo.

            Al respecto, resulta relevante tener en consideración que los hechos ocurren antes y fuera del proceso, siendo necesario, en consecuencia, que éstos sean revelados dentro de él, lo que se logra a través de la actividad probatoria desarrollada por las partes. Será la prueba que cada uno de los litigante aporte en el proceso, la que permitirá al tribunal formarse una idea más o menos precisa de cómo se desencadenaron los hechos en realidad, vislumbrándose con nitidez en esta etapa la íntima relación que existe entre proceso y verdad, pues justamente es a través de la actividad probatoria desarrollada por las partes dentro del respectivo procedimiento, que el tribunal puede llegar a obtener una cuota de verdad suficiente, que se acerque a la forma en que sucedieron los hechos en realidad y de esta manera llegar a la decisión más correcta.

            No obstante la importancia de la prueba en cuanto a la posibilidad de acercarse a la obtención de la verdad, al menos en su vertiente formal, el derecho procesal se enfrenta asimismo, a un problema adicional como lo es el relativo a la determinación de un estándar probatorio, pues cualquiera sea el proceso judicial y la información sobre los hechos  aportados, en ningún caso el adjudicador logrará obtener información perfecta y completa que le permita vislumbrar con claridad la forma en que ocurrieron los hechos, obteniendo certeza absoluta respecto a éstos, sino que todo lo contrario, la información siempre será escasa e incompleta y no más que la porción de verdad que los litigantes deseen aportar en el proceso.[2]

            Entonces, la pregunta que se busca responder es: ¿Qué debe hacer el juez frente a esta falta de información que enfrenta al momento de decidir el conflicto jurídico que se somete a su conocimiento?

            Para dar una respuesta a la interrogante anterior, el derecho procesal se ha valido, entre otras herramientas, del concepto de estándar de prueba, pues éste tiene relación justamente con determinar en qué punto se ha llegado a obtener material probatorio suficiente que le permita al adjudicador, a pesar del obstáculo de información incompleta con que se enfrenta, decidir el conflicto jurídico, inclinándose por una u otra de las versiones sobre los hechos de las que se ha impuesto a través del proceso. Por otro lado, es conveniente dejar sentado que, si bien la actividad probatoria debe ceñirse a ciertos parámetros en relación a medios de prueba admisibles, forma de producción de la prueba o forma de valoración de la misma, reglas que eventualmente dificultan que el juez conozca toda la verdad del proceso, pues en ciertas ocasiones se verá privado de valerse de antecedentes probatorios que no cumplen con estas ritualidades, a pesar de todo lo anterior, esta actividad guarda un íntimo vínculo con la obtención de la verdad a través del proceso, constituyéndose en el vehículo que posibilitará al juez la eventual consecución de este valor anhelado como fin del juicio y es en este punto donde nuevamente nos encontramos de cara frente al concepto de estándar de prueba, pues será la herramienta o instrumento que permitirá al adjudicador saber cuándo se ha logrado el grado de certeza necesario a que debe llegar el órgano jurisdiccional para poder inclinarse por una u otra versión de los hechos aportada por las partes, grado de certeza que a su vez variará en atención a diversos factores como veremos más adelante.

            Por tanto, desde ya debe vislumbrarse a esta herramienta procesal como aquella que servirá de umbral de medición en el camino de la búsqueda de la verdad, por lo que también se vincula estrechamente con ésta.

            Ya contando con el marco más amplio dentro del cual se sitúa el concepto de estándar probatorio, es posible abocarnos a otorgar una definición a este concepto. Así la cosas, la doctrina ha intentado definirlo confundiéndolo muchas veces con el concepto de valoración de la prueba.

            En estos intentos por definirlo, Jorge Larroucau señala que “el estándar de prueba es el umbral que permite saber si un relato puede considerarse probado dentro de un proceso”, también lo define como “la respuesta que ofrece la ley procesal ante la inquietud de cuándo una narración se encuentra acreditada o descartada al concluir un litigio, en otras palabras, se trata de una norma (legal o no) que reparte los riesgos de errores en escenarios cuyo rasgo común es la incertidumbre”[3]

            Por su parte, Daniela Accatino, lo define como “aquel umbral de suficiencia para valorar si las pruebas disponibles son suficientes para decidir si está o no probada en un proceso una determinada proposición sobre los hechos”.[4]

            El estándar de prueba abarca las consideraciones a las cuales se somete la relación hecho-prueba para establecer como relativamente verdadero un conocimiento; dicho de otro modo, se trata del grado de racionalidad y la mayor aproximación a la determinación de la realidad.

            MARINA GASCÓN[5]  opina que lo que determina cuando se deben dar por establecidos los hechos es el estándar de prueba; ya que es él quien determina cuándo una hipótesis sobre un hecho puede considerarse como probada. Desde un punto de vista razonado o epistemológico, el estándar de prueba puede definirse como: “criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, los criterios que indican cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo describe”.[6]

            De aquí podemos deducir existe una relación directa entre hecho – prueba - infrencia-probanza; todo esto sometido a las consideraciones o grados de error aceptables por los estándares planteados y las afectaciones internas y externas que implica un proceso humano. Lo más importante es que dicho grado de error sea aceptable al momento de la deliberación; de allí sus variantes en cada una de las ramas de aplicación; se trata de un mecanismo de determinación y distribución del error judicial.

            LARROUCAU[7] plantea que existen dos formas racionales de comprender al estandar probatorio: a) un enfoque externo, basado en normas de peso probatorio. b) un enfoque interno, basado en la imparcialidad del juez y su convicción, a través de la inferencia a la mejor explicación.

            Bajo el primer esquema, la ley es la que debe determinar el punto máximo probatorio, es decir el límite bajo el cual se considera que el hecho se encuentra debidamente acreditado o probado y, por otro lado, el que debe ser descartado por considerarse no reunir los elementos necesarios. Así, la noción de estandar de prueba, supone, en un primer acercamiento, la búsqueda de la verdad encuadrada dentro de la norma.

            El enfoque interno de estándar probatorio, se trata de un fenómeno no simplemente basado en las normas jurídicas, sino regulado por otras áreas del conocimiento, tales como la lógica y la epistemología.

            El juez debe estar convencido de la verdad de los hechos. Sin embargo, es de preguntarse si el fenómeno probatorio va más allá de lo jurídico y debe ser abordado desde una perspectiva más amplia.

            El proceso civil opera bajo un estándar de la probabilidad prevalente o “más probable que no”. También puede denominarse preponderance of evidence, balance de probabilidades, probabilidad preponderante o prevaleciente.

 

3-. La Probabilidad Prevalente: El más probable que no.

            Para el entendimiento de este estándar de prueba, debemos hacer alusión a dos reglas específicas: 1) Al analizarse diversas hipótesis de hecho, se deben considerar como verdaderas aquellas que posean un grado de confirmación relativamente mayor a los demás y 2) El grado de confirmación actúa en función a “lo más probable que no”; es decir, se elige en función a aquella hipótesis que es más probable que sea verdadera a que sea falsa

                TARUFFO[8] ha establecido el criterio de “grado mínimo de confirmación probatoria” necesario para que un enunciado pueda ser considerado como verdadero definiéndolo como: la racionalidad de asumir como verdadero un hecho en función a que la hipótesis que se obtiene de las pruebas posee un grado de confirmación positivamente prevalente; no sólo sobre la hipótesis simétrica contraria, sino también sobre todas las otras hipótesis que hayan recibido un grado de confirmación superior al 50% [9].

                La probabilidad prevalente o “más probable que no” es el estándar bajo el que, el juzgador asume como verdadera, por estar confirmadas las pruebas, una hipótesis sobre un hecho cuando el grado de confirmación positivo es superior al grado de probabilidad de la hipótesis negativa correlativa. Esto resulta de enfrentar ambos supuestos y darle mayor valor probatorio al que resulte más racional a la vista del juzgador. En el caso que resulte complejo para el juzgador.

            Determinar cuál es menormente probada, se debe preferir la que se encuentre más apegada a las normas que regulan la carga de la prueba.

            A decir de TARUFFO [10], el estándar de la probabilidad prevalente se funda en algunas premisas principales: a) Que se conciba la decisión de juez sobre los hechos como el resultado final de elecciones en torno a varias hipótesis posibles, relativas a la reconstrucción de cada hecho de la causa; b) Que estas elecciones se conciban como si fueran guiadas por criterios de racionalidad; c) Que se considere racional la elección que toma como verdadera la hipótesis sobre hechos que resulten mejor fundados y justificados por la prueba respecto a cualquier hipótesis; d) Que se utilice la valoración de la prueba como un concepto específico de probabilidad con un grado de confirmación que fluctúe entre la probabilidad y la base de los elementos de la crean.

            De aquí se desprende que, en un proceso, el estandar de prueba en materia civil debe elevarse y establecerse en función al objeto que se persigue en el mismo, es decir, las pretensiones que las partes deseen alcanzar, los elementos que existan para su integración conformados por los hechos expuestos y, por los propios medios de prueba implementados para la misma. Es el juzgador quien deberá exponer su modelo, basado en la fórmula que la propia normativa le permite, dentro de la resolución judicial considerando que el hecho probado es el hecho verdadero.

 

4-. Estándar de prueba civil, hacia una reglamentación del pensamiento lógico del juzgador.

Resulta de trascendental importancia exponer que no todas las personas racionalizamos los hechos de la misma manera. Sin embargo, a la luz de un pensamiento marcado por reglas generales, sí puede hablarse de una correcta aplicación y control de los estándares de prueba en materia civil. Dicho de otro modo, cada juzgador debiera garantizar, por lo menos, la inexistencia violaciones aparentes a las reglas de la lógica.

            En términos generales, el juzgador utiliza un estándar de prueba de probabilidad prevalente que implica tener diversas hipótesis posibles sobre el mismo hecho y seleccionar la que cuente, aparentemente y a la luz de su razón, con una elevada probabilidad. La pregunta gira en torno a ¿cuál es el mínimo necesario de confirmación probatoria necesaria para considerar un hecho verdadero?

            Las reglas del 0.5%, +50% y las de preferencia de la hipótesis hacen que el estándar se vuelva ambiguo y que, en algunos puntos, se vuelva particularmente elevado en función a las pretensiones de las partes expuestas en sus probanzas.

            Aunque resulte marcado el límite inferior del estándar y se utilicen diversos grados de prueba, el estandar prevalente sigue siendo un concepto indeterminado y no ha llegado a ser un proceso científico reproducible y, sobre todo, capaz de llegar a la verdad del caso en concreto.

            La relatividad de la verdad y el estándar de prueba aplicado para el descubrimiento de la misma lleva al juzgador a que implemente el “más probable que no”, agregando la simplicidad de la prueba a lo planteado por la norma jurídica y las del contexto.

 

5-. Conclusiones

            La respuesta en este punto debería ser indiscutida por la comunidad jurídica, ya que la regulación de un estándar de prueba en cualquier proceso, más allá del civil, resulta del todo esencial, puesto que, sin esta herramienta probatoria, los jueces estarían desprovistos del elemento necesario para justificar la suficiencia de las evidencias aportadas en juicio, al momento de cumplir con su obligación de fundamentación de la sentencia. Esto se explica por el íntimo vínculo existente entre la institución del estándar y el deber de los jueces de motivar sus fallos, pues como bien ha reconocido la doctrina en relación a las funciones de los estándares de prueba “La tercera función, es aquella que enlaza con el deber del juez de fundar sus resoluciones, permitiendo que justifique su decisión.”

            Por otra parte, como se ha advertido a lo largo de esta tesis, los estándares de prueba no sólo cumplen la función de ser umbrales que permitan determinar la cantidad de prueba suficiente para dar por acreditada una determinada proposición fáctica, sino que, además, tienen otras funciones relevantes. Una de ellas corresponde a posibilitar la distribución de errores epistémicos, lo que en otras palabras significa que los estándares de prueba operan como mecanismos distribuidores de riesgos, que permiten identificar y repartir en determinada proporción entre los litigantes, aquellos errores que la sociedad en su conjunto está dispuesta a tolerar a nivel de decisiones jurisprudenciales.

            Una vez definido que sí se requiere de un estándar probatorio en nuestro proceso civil, corresponde a continuación determinar bajo qué parámetros se configuraría y, en su caso, cuál debería ser.

            Finalmente, en relación a la respuesta a la segunda interrogante planteada, esto es, cuál debería ser el estándar específico a emplear en materia civil, en nuestro concepto el estándar aplicable debería ser, al menos, el de probabilidad prevalente, puesto que es un umbral que responde a parámetros objetivos y que dan cuenta de la racionalidad mínima que debería existir en todo procedimiento con el fin de evitar arbitrariedades. Además, esto se justificaría por la natural supletoriedad que el procedimiento civil ha tenido desde tiempos pretéritos, de tal manera que a falta de regulación de un estándar específico en otras materias distintas a la civil, los jueces de las respectivas magistraturas podrían de igual forma valerse de una herramienta regulada en la ley, que les posibilitara el cumplimiento de su deber constitucional, legal, moral e incluso de prestigio, de fundamentar sus sentencias conforme a parámetros racionales y objetivos.

            Además, entendiendo que en materia civil por regla general las partes se encuentran en igualdad de condiciones al momento de enfrentarse judicialmente, la probabilidad prevalente sería el estándar más adecuado, ya que generaría una distribución equitativa del riesgo de error judicial entre los litigantes, más aun, considerando que en la mayoría de las ocasiones los bienes jurídicos en juego son de naturaleza pecuniaria.



(*) Abogado. Empleado del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Actualmente se encuentra cumpliendo funciones en el Tribunal Colegiado de Familia Nro. 5. Autor de diversos artículos sobre temas de su especialidad.

 

 

[1]     LARROUCAU Torres, Jorge. Hacia un estándar de prueba civil. Revista Chilena de Derecho, Vol. 39 N° 3, 2012, pp. 783-808

[2]      LARROUCAU Torres, Jorge. Hacia un estándar de prueba civil. Revista Chilena de Derecho, Vol. 39 N° 3,  2012, pág. 783

[3]      LARROUCAU TORRES, Jorge, Óp. Cit. Pag. 84

[4]      ACCATINO, Daniela. “Certezas, dudas y propuestas en torno al estándar de la prueba penal.” Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso disponible en

[5]      GASCÓN, Marina, “La posibildad de formular estándares de prueba objetivos”. Compendio de Filosofía del Derecho, N. 28, Madrid, 2005, pag. 25

[6]      GASCÓN, MARINA, “Ob. Cit”, pag. 27

[7]      LARROUCAU TORRES, Jorge, Óp. Cit. Pag. 87

[8]     FERRER, Jordi, “La valoración de la prueba” Ediciones Jurídica de Chile, Santiago, 2024, pag. 542

[9]     TARUFFO, Michelle. La Prueba de los Hechos, traducción FERRER, Jordi. Editorial Trotta, Madrid, 2002, pag. 452

[10]   TARUFFO, Michelle., “Ob. Cit”, pag. 453

Citar: elDial.com - DC2B3B



Publicado el 29/06/2020

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