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septiembre  20, 2020

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Último párrafo del Art. 730 del CCCN. Tope y prorrateo de honorarios. Inconstitucionalidad. Derogación tácita e inaplicabilidad en el ámbito provincial.

Por los Dres. Luis A. Rodriguez Saiach y Walter Luis Kunzmann


“Más allá de que, tal como se demuestra, el último párrafo del art. 730 del Código Civil y Comercial se encuentra virtualmente derogado, el texto y la aplicación del mismo resulta antijurídica y manifiestamente inconstitucional, pues es pasible de provocar un desmedro patrimonial ya sea al profesional en cuyo favor se regularon los honorarios o, en su defecto, a su asistido (es decir, al vencedor, el que "tenía razón" en la controversia, a quien se ha privado de su derecho en tiempo y forma oportuno y, quizás, ya deba afrontar un legítimo pacto de cuota litis en favor de su letrado, recuérdese que tanto la ley 27.423 como la ley 14.967 lo prevén y dichos pactos son perfectamente válidos). Cualquiera de estas dos posibilidades resulta inadmisible y conculcatoria de derechos sustanciales reconocidos en la Constitución Nacional (arts. 14, 14 bis, 16 y 17 CN).”

“En materia de honorarios de abogados y procuradores, actualmente rigen las leyes nº 27.423, en el ámbito nacional y la nº 14.967, en el de la Provincia de Buenos Aires, aclarándose que la primera normativa también aborda lo respectivo a emolumentos de los auxiliares de la justicia). Ambas reglas hacen mención al orden público que se encuentra comprometido en la temática abordada; mientras que en el ámbito nacional se hace expresamente respecto de los honorarios mínimos legales (art. 16, "in fine"), la normativa provincial pretende atribuir a todo el cuerpo normativo tal naturaleza (art. 1º). Por otra parte, las citadas leyes coinciden en reconocer el carácter alimentario de los honorarios profesionales (art. 3º Ley 27.423 y art 1º Ley 14.967), la inembargabilidad de los mismos o el porcentaje susceptible de embargo, según el caso (art. 3º Ley 27.423 y art. 10, Ley 14.967).”

“En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, la inaplicabilidad del art. 730 se debe, además, a que el fuero provincial se rige por su normativa procesal y arancelaria específica y particular: anteriormente el Dto. Ley 8904/77 y, actualmente, la ley 14.967. Nunca rigió al respecto la ley nacional 24.432, de honorarios profesionales, la cual se ha circunscripto al ámbito nacional y, por cierto, modificó en aquel entonces el art. 505 del hoy derogado Código Civil (germen inspirador del actual art. 730 del CCCN). Con conocimiento de la improcedencia de la limitación del art. 505 del Código Civil, ya en el mencionado caso "Abdurraman" la Corte Suprema eludió expedirse respecto de si la norma cuestionada era de aplicación en Provincia, y si invade o no las competencias locales, esgrimiendo que ello no tenía una relación directa e inmediata con la controversia, atento que el caso se trataba de un proceso en trámite en el territorio de la Capital Federal.”

“La aplicación del inconstitucional y virtualmente derogado último párrafo del art. 730 del CCCN supone, respecto del letrado y de los auxiliares de la justicia, una posición retrograda, que catapulta figuras como la del abogado nuevamente hasta los albores de la profesión, donde la percepción de honorarios era nula, simbólica o magra, así ocurría en la antigüedad.”

“Desde el punto de vista del justiciable que ha ganado el proceso, el tope legal cuestionado implica un verdadero despropósito que conlleva a un atropello al derecho de propiedad y al principio objetivo de la derrota en juicio. No creemos aceptable que la normativa legal y la justicia coloquen a profesionales y justiciables vencedores frente al dilema de decidir el derecho de cuál de ellos se verá vulnerado, de modo injusto y contrario a derecho. “

“Cualquiera de las dos soluciones posibles a las que lleva la aplicación del art. 730 del CCCN resulta inconstitucional, irrazonable y arbitraria, debiendo evitarse por contrariar la noción más elemental de justicia. El correcto camino para hacerlo es la declaración de inconstitucionalidad, inaplicabilidad por derogación tácita de tope legal del último párrafo del art. 730 del CCyC. con la sanción de las posteriores y específicas leyes arancelarias y, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, también la impertinencia de su aplicación territorial.”

Citar: elDial.com - DC2B3C



Publicado el 29/06/2020

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Texto Completo

 

Último párrafo del Art. 730 del CCCN. Tope y prorrateo de honorarios. Inconstitucionalidad. Derogación tácita e inaplicabilidad en el ámbito provincial

 

            Por los Dres. Luis A. Rodriguez Saiach(*) y Walter Luis Kunzmann(**)

 

I.- Introducción – Nociones generales.

Uno de los principales inconvenientes de la ciencia jurídica actual es la sanción, aplicación e implementación mecánica de una determinada norma con pleno desconocimiento de su naturaleza e ignorando sus implicancias y alcances. -

No es que tratemos de pregonar un estudio teórico del derecho ni de las normas aplicables a determinada situación, sino que – por el contrario - se quiere dejar en claro que el conocer el origen de una disposición legal, su esencia y su naturaleza resulta, con frecuencia, fundamental a la hora de evaluar su vigor y aplicación respecto de una relación jurídica puntual.

Hacia finales del año 1994 fue sancionada por el Congreso Nacional la ley nº 24.432, la que entrara en vigencia en enero del año 1995.-

Por medio de dicha norma, de contenido arancelario - muy difuso, por cierto -, se modificaron e incorporaron contenidos al Código Civil y al Código Procesal Civil y Comercial de La Nación, entre otros cuerpos normativos más específicos. -

Ante ese amplio espectro temático propio de la ley 24.432, debió distribuirse el mismo entre los diversos códigos y leyes correspondientes; labor que podría resultar simple o compleja, acertada o desacertada para los legisladores de aquel entonces, en la medida en que se respetara la naturaleza jurídica y la finalidad de cada uno de los puntos regulados. -

En este orden de ideas, y citándose a modo de ejemplo, el art. 10 de la ley 24.432 destinó, con acierto, al Código Procesal Civil y Comercial de La Nación, disposiciones sobre regulación de honorarios de peritos y auxiliares de la justicia, cuestiones sobre pautas de su regulación e incidencias sobre mínimos legales (incorporación del primer párrafo al art. 478 del citado Código).-

Sin embargo, otras disposiciones impregnadas de esa misma naturaleza procesal no corrieron con la misma suerte. -

Ello es lo que ha ocurrido con el art. 1º de esa norma, incorporando un último párrafo al Código Civil vigente en ese entonces, receptando directrices procesales por naturaleza. -

Esa improcedencia se ha replicado en el actual art. 730 del Código Civil y Comercial de La Nación, por eso resulta pertinente adentrarse en los aspectos técnicos correspondientes desde sus orígenes. -

Nuestro sistema jurídico se erige sobre un basamento constitucional y, por añadidura, convencional (arts. 31 y 75, inc. 22, C.N.); y lo hace reconociendo derechos, otorgando garantías e imponiendo cargas y obligaciones a los individuos. -

Cuando alguno de esos derechos reconocidos no es respetado o corre el riesgo de no serlo por el resto de los individuos (ya sea por uno, varios o toda la sociedad), se cuenta con la garantía del ejercicio de un derecho en particular que proyecta sus efectos por sobre todo el resto. -

Este es el derecho a la defensa en juicio (art. 18 C.N.), es mediante el ejercicio de ese derecho, y de todos aquellos que se encuentran implícitos en él, que se ponen en funcionamiento los resortes procesales en procura del reconocimiento del derecho avasallado, hacer cesar la violación y/o de compensar debidamente esta última. -

Puede decirse entonces que, cuando la normativa de fondo (nacional o local) otorga o reconoce un derecho que es violado o no reconocido por otro u otros, entra a jugar entonces la legislación procesal (que decididamente ha de ser local: arts. 5º, 75, inc. 12º, y 121 de la C.N.), mediante el andamiaje procedimental que permite al justiciable acudir a los Estrados de la Justicia. -

Es la normativa de fondo la que puede dar lugar a un proceso, pero este último ya ha de regirse por las formas, el ámbito, implicancias y consecuencias del mismo juicio. -

Dicho de otro modo, los derechos y obligaciones genéricos de los justiciables, que se encuentran consagrados en la legislación de fondo, preceden al proceso y dan lugar al mismo, no a la inversa. -

Los nuevos derechos y obligaciones reconocidos o impuestos procesalmente por un magistrado son consecuencia de la aplicación de normativa de fondo, no la causa de esta última y, por lo tanto, no pueden verse regulados por una norma de esa naturaleza. -

El que una norma dictada por el Congreso Nacional en los términos del inc. 12 del art.  75 de la Constitución Nacional se inmiscuya sobre cuestiones y efectos de naturaleza esencialmente procesal y, por lo tanto, no delegadas a la Nación (art. 121, C.N.) implica avanzar sobre la jurisdicción local que no ha delegado tal potestad. -

Más aún, pretender limitar el decisorio de un magistrado local en materia de costas por parte del poder legislativo central atenta, incluso, contra la noción misma de división de poderes, que resulta ser la esencia de todo nuestro andamiaje jurídico. -

 

II.- El último párrafo del art. 505 del Código Civil, germen del actual 730 del CCyC. -

El artículo 505 del Código Civil vigente hasta el año 2015, se encontraba contenido en el Título I, sobre “De la Naturaleza y Origen de las Obligaciones “, integrante de la Sección Primera – Parte Primera: “De las Obligaciones en General”, del Libro Segundo de dicho cuerpo legal (De los Derechos Personales en las Relaciones Civiles). -

El último párrafo de ese artículo (incorporado por la multifacética norma a la que ya se ha hecho alusión) pretendió limitar la responsabilidad del condenado en costas, lo que traducido en nociones procesales podría decirse “del incumplidor que ha dado lugar al trámite del proceso”, si tenemos en cuenta el principio objetivo de la derrota como punto de partida. -

Como se advierte, la cuestión es esencialmente procesal y, a pesar de que erróneamente se la haya incorporado en la parte obligacional de una normativa de fondo, esa particularidad no puede cambiar lo sustancial de lo que se pretende regular. -

Si bien se reconoce que en épocas pasadas ha sido un verdadero logro, la meta del derecho moderno ya no es sólo el apego a las estructuras con el objeto de respetar y garantizar derechos, va mucho más allá de eso.  Ya se ha superado el absoluto de situaciones tales como la cosa Juzgada que hacía de lo blanco negro y de lo redondo cuadrado. -

Lo mismo ocurre cuando errónea o inadecuadamente se incluye una norma dentro de un determinado cuerpo legal, el carácter no puede ser absoluto si va en contra de la esencia misma de la norma. -

Hace cerca de setenta años que el célebre maestro procesalista Piero Calamandrei había advertido que uno de los grandes problemas de la ciencia jurídica procesal es hacer girar a la misma en torno a estructuras e instituciones por sobre organismos y personas. -

Pretender el carácter obligacional de una norma por su mera incorporación a la pertinente sección de determinado código de fondo estaría priorizando lo estructural y lo ficticio por sobre lo esencial y lo real. -

Si ese maquillaje de normativa de fondo nacional conlleva vulnerar la potestad de las legislaturas locales reservada y no delegada al Congreso de la Nación y a la eventualidad de enervar la jurisdicción de un magistrado que aplica correctamente la ley local, no puede concluirse sino en la declaración de inconstitucionalidad de esa disposición. –

 

III.-   La cuestión actual: tope obligacional procesal contenido en el último párrafo del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. -

            Dicha norma establece que "Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".-

            Sobre este punto, reiteramos la manifiesta naturaleza procesal de dicha disposición, por lo tanto, no debió haber sido incorporada a la ley de fondo y, por los motivos ya expuestos, la última parte del art. 730 del CCyC, se enfrenta a la misma situación de inconstitucionalidad que su predecesora limitación del art. 505 del Código Civil de Vélez. -

Por otro lado, remarcamos que no se le atribuye carácter de orden público a tal limitación, no resulta ser específica en materia de honorarios y, finalmente, es anterior a la sanción tanto de la ley nacional nº 27.423 como de la provincial nº 14.967 (normas que rigen en materia de honorarios en el ámbito Nacional y de la Provincia de Buenos Aires). -

            Si bien nuestro Código Civil y Comercial de la Nación es un conjunto de preceptos organizados y sistematizados, no por ello pierde su carácter de Ley Nacional, la que - por cierto - fuera promulgada en fecha 07/10/2014, y estipulara su entrada en vigencia para el 01/01/2016, momento que fuera luego anticipado para el 01/08/2015.-

             Todas esas fechas son anteriores a la sanción de la vigente normativa en relación a los honorarios profesionales, ya sea la ley 27.423, en el orden nacional, o la ley 14.967, en el Provincial. -

            IV.- Vigencia de las Leyes nº 27.423 en el ámbito nacional y nº 14.967, en el de la Provincia de Buenos Aires. -

En materia de honorarios de abogados y procuradores, actualmente rigen las leyes nº 27.423, en el ámbito nacional y la nº 14.967, en el de la Provincia de Buenos Aires, aclarándose que la primera normativa también aborda lo respectivo a emolumentos de los auxiliares de la justicia). -

Ambas reglas hacen mención al orden público que se encuentra comprometido en la temática abordada; mientras que en el ámbito nacional se hace expresamente respecto de los honorarios mínimos legales (art. 16, "in fine"), la normativa provincial pretende atribuir a todo el cuerpo normativo tal naturaleza (art. 1º). -

            Por otra parte, las citadas leyes coinciden en reconocer el carácter alimentario de los honorarios profesionales (art. 3º Ley 27.423 y art 1º Ley 14.967), la inembargabilidad de los mismos o el porcentaje susceptible de embargo, según el caso (art. 3º Ley 27.423 y art. 10, Ley 14.967). -

            A tal punto se garantiza el derecho del letrado a no ver menoscabada la retribución por su trabajo,  que se ha dispuesto que: "la renuncia anticipada de honorarios y el pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel fijado por esta ley serán nulos de nulidad absoluta" (art  5º Ley 27.423); que se repute nulo "todo pacto o convenio que reduzca las proporciones mínimas establecidas en el arancel fijado por esta ley, así como toda renuncia anticipada total o parcial de los honorarios no regulados" y que " en ningún caso el juez del proceso podrá violar, bajo pena de nulidad, los mínimos legales establecidos en esta ley. La regulación que no respete los mínimos legales hará incurrir al juez en falta en los términos del artículo 21 de la Ley N° 13.661 y modificatorias" (art. 16 "in fine", ley 14.967).-

            El art. 21 de la específica ley arancelaria nacional establece escalas dentro de las cuales habrán de regularse los honorarios profesionales de los abogados y auxiliares de la justicia.  A su vez, determina aquellas cuestiones que han de tenerse en cuenta a la hora de practicar la regulación, tales como monto del juicio, calidad de la labor desarrollada, complejidad y novedad de la cuestión, responsabilidad en juego del profesional, resultado obtenido y trascendencia de la resolución (art. 16, Ley 27.423).-

Está claro que luego de una ardua y exhaustiva labor del letrado en una controversia donde se ha obtenido un buen resultado, en una cuestión trascendental y/o novedosa, donde haya puesto en juego su responsabilidad profesional, no puede regulársele el mínimo legal, ni siquiera una suma cercana a él, pues resultaría conculcatoria de sus derechos (arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional).-

            V.- Colisión entre derechos de letrados, auxiliares de la justicia y justiciables con el tope del art. 730 del CCyC. -

A simple vista, teniendo en consideración los máximos legales regulatorios para la labor en Primera o Única Instancia, pareciera no haber un gran problema a raíz de los topes del art. 730 del CCyC. -

La real problemática se suscita cuando en un litigio intervienen, además del abogado patrocinante de la parte vencedora, varios peritos o auxiliares de la justicia. -

            En ese caso, entre todos esos profesionales, no podrán percibir de la parte vencida/condenada en costas más de un 25% del valor del litigio, ello es así por aplicación del cuestionable último párrafo del art. 730 del CCyC (receptor, como ya se ha dicho, de la limitación ya contenida en una adición al viejo art. 505 del viejo Código Civil de Vélez). -

La responsabilidad por costas no puede exceder el 25 % del monto de la sentencia (al que deben adicionarse intereses). Si se regula un 15 % al letrado vencedor, un 10 % al perito médico, un 5 % al perito contador, un 5 % al perito calígrafo y un 5 % al perito contador la suma de todos los honorarios individuales es del 40 % y debe reducirse al 25 %. -


 

 

            La forma para calcular la reducción es la siguiente:


Si tengo 40 manzanas en total, y quiero saber qué porcentaje representan 25 manzanas de esas 40, aplicamos la regla de tres simple.

Una forma de comprobar que nuestro razonamiento es lógico es pensar que 20 manzanas de 40 representarían el 50%, con lo cual podemos asegurar que 25 manzanas representan el 62,5% de un total de 40 manzanas.

 

            La maniobra diseñada para sortear ese problema de un modo aparentemente justo, legal y constitucional se basa en dos artilugios seguido uno del otro. -

            El primero, es efectuar de manera perfectamente legal la regulación de los honorarios a los peritos y abogados, ajustándose al art. 21 de la ley 27.423, con lo que se estaría cumpliendo con dicha norma y con los preceptos constitucionales, para luego mermar dichos honorarios prorrateándolos hasta llegar a un 25%, en su totalidad, a cargo del condenado en costas.-

            El segundo, que es complementario del primero y aún más insólito que aquel, es el que justifica tal mengua en que la diferencia entre lo percibido del deudor, como consecuencia del prorrateo, y la regulación efectivamente efectuada en el proceso puede ser percibida del propio asistido vencedor en el litigio.-

            Es decir, los derechos de quien ya de por sí se ha visto perjudicado por el incumplimiento de deudor/obligado al pago y se viera conminado a iniciar acciones legales, esperar el resultado de las mismas, ser pasible de la indisponibilidad del crédito que poseía durante su tramitación y, quizás, haber suscripto un pacto de cuota litis y tener que afrontar su pago, resultan nuevamente avasallados haciendo cargar a su titular con una nueva imposición, tan manifiestamente arbitraria como contraria a derecho.-

 

            VI.-   Argumento central de la CSJN (más abajo damos una evolución de la doctrina del Superior Tribunal de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Cámara Nacional en lo Civil)

A pesar de tamaña injusticia, esa ha sido la solución que la CSJN ha brindado al problema, acogiendo los fundamentos del Procurador Fiscal y declarando la constitucionalidad del discutido art. 730 del CCyCN. -

            En los autos "Latino, Sandra Marcela el Sanear Coop, de Seg. Ltda. y otros si daños y perjuicios" (CIV 45865/2009/ Sala "L" Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil)  la procuraduría sostuvo que el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que "si las regulaciones de honorarios practicadas ... superan el veinticinco por ciento del monto de la sentencia, el juez debe prorratear los montos entre los beneficiarios" y que "para el cómputo de ese porcentaje, se tienen en cuenta los honorarios correspondientes a la primera y única instancia, y a todas las profesiones y especialidades, a excepción de los que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".- Ver más abajo y en extenso la causa mencionada y el dictamen de la Procuración, donde se valida la normativa.

 

            La postura de la CSJN y de la Procuraduría, han sido escuetos a la hora de tratar tan delicada cuestión, dado que se han remitido a la postura ya adoptada bajo el imperio del art. 505 del Código Civil, la cual importaba un despojo exactamente igual al ahora debatido. –

 

            VIII.- La génesis del tope legal-

Lo cierto, es que el tope obligacional del condenado en costas en un proceso contenido en el art. 505 del Código Civil había sido adicionado, como ya se ha expuesto, por la ley 24.432 de honorarios profesionales. -

            Más allá de la injusta e inconstitucional limitación, no había una improcedencia técnica respecto de la aplicación del art. 505 del Código Civil en el ámbito nacional, pues había sido impulsada por una específica ley arancelaria profesional. -

            En el ámbito Nacional, al replicarse tal limitación en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 730, último párrafo), en un primer momento la situación no se vio modificada. -

            Sin embargo, ya vigente el CCCN, desde el año 2015, se sancionaron posteriormente sendas leyes arancelarias, a nivel Nacional y Provincial. -

            Ambos cuerpos normativos son posteriores, específicos y en ningún momento limitan la responsabilidad del deudor en materia de honorarios; derogando tácitamente el último párrafo del art. 730 del CCCN.-

            En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, la inaplicabilidad del art. 730 se debe, además, a que el fuero provincial se rige por su normativa procesal y arancelaria específica y particular: anteriormente el Dto. Ley 8904/77 y, actualmente, la ley 14.967.  Nunca rigió al respecto la ley nacional 24.432, de honorarios profesionales, la cual se ha circunscripto al ámbito nacional y, por cierto, modificó en aquel entonces el art. 505 del hoy derogado Código Civil (germen inspirador del actual art. 730 del CCCN).-

            Con conocimiento de la improcedencia de la limitación del art. 505 del Código Civil, ya en el mencionado caso "Abdurraman" la Corte Suprema eludió expedirse respecto de si la norma cuestionada era de aplicación en Provincia, y si invade o no las competencias locales, esgrimiendo que ello no tenía una relación directa e inmediata con la controversia, atento que el caso se trataba de un proceso en trámite en el territorio de la Capital Federal.-

            Más allá de que, tal como se ha demostrado, el último párrafo del art. 730 del Código Civil y Comercial se encuentra virtualmente derogado, el texto y la aplicación del mismo resulta antijurídica y manifiestamente inconstitucional, pues es pasible de provocar un desmedro patrimonial ya sea al profesional en cuyo favor se regularon los honorarios o, en su defecto, a su asistido (es decir, al vencedor, el que "tenía razón" en la controversia, a quien se ha privado de su derecho en tiempo y forma oportuno y, quizás, ya deba afrontar un legítimo pacto de cuota litis en favor de su letrado, recuérdese que tanto la ley 27.423 como la ley 14.967 lo prevén y dichos pactos son perfectamente válidos).-

            Cualquiera de estas dos posibilidades resulta inadmisible y conculcatoria de derechos sustanciales reconocidos en la Constitución Nacional (arts. 14, 14 bis, 16 y 17 CN).-

            IX.- Consecuencias de la aplicación del tope legal. -

Lejos de disminuir el costo de los procesos judiciales (tal como Procuraduría y la CSJN así lo han estimado), la implementación del art. 730 en lo que es materia de este trabajo, lo aumentaría para la parte a quien le asiste la razón y que fuera forzada a litigar debido a la renuente conducta del incumplidor condenado, a quien - de modo diametralmente opuesto-, se lo estaría premiando con la limitación en costas por no haber cumplido en tiempo y forma con la obligación a su cargo.-

            Claramente, aquí tampoco se estaría dando el objetivo de "bajar la litigiosidad".-

            Obsérvese que existen dos elementos que inciden directamente sobre el obligado, a modo de coacción, para que proceda al cumplimiento íntegro y oportuno: uno la imposición de los intereses y, el otro, soportar las costas del juicio.- 

            Si se limitan las costas a su cargo, auguramos que la litigiosidad aumentará a base de deudores que se saben respaldados por un límite legal en costas, más aún en un país que atraviesa frecuentemente períodos inflacionarios, como el nuestro, y donde la tasa de interés a menudo no corrige siquiera la depreciación monetaria.-

            Tampoco se estaría cumpliendo con el objetivo de no agravar la situación patrimonial de las personas afectadas por los procesos, pues sí se estaría agravando - y de modo injustificado - la situación del vencedor en la contienda que, por sobre el tope pretendido por el art. 730 del CCCN, debe afrontar a su cargo las costas de la instancia respectiva.-

X.            El tema constitucional. Poder no delegado

La primera cuestión que se plantea es, como vimos, el tema constitucional, porque en un sistema de modelo normativo, como es el nuestro, todas las sentencias individuales (que dictan los jueces) deben derivar por último de la Constitución Nacional.-

La misma ley 24.432 que creó, originariamente, las limitaciones que luego pasaron al actual artículo 730 del CCC (que reemplazó al 505 del Código Civil derogado) y se mantienen en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, invito a las provincias a adherir al régimen por considerar el legislador nacional que la cuestión era local y sólo concernía a la Capital Federal o a ámbitos federales[1]. Por otra parte, ese es el criterio acepado por la Corte Suprema.

Por aplicación de los artículos 5[2], 75, inciso 12 y 15[3], 121[4], 123[5], 124[6] y 126[7] de la Constitución Nacional, resulta evidente que las provincias no delegaron en el orden nacional limitar la responsabilidad sobre costas, que es una materia estrictamente procesal y que corresponde a cada provincia. -

Con acierto, decía Trigo Represas que, la finalidad de este agregado de la ley 24.432 ha sido el de bajar el índice de litigiosidad mediante la limitación del monto de los honorarios profesionales en general, y particularmente el de los abogados. Pero se trata sin duda de una directiva de carácter procesal y de política del ejercicio profesional, en materia de retribuciones, lo cual es, en principio, ajeno al Código Civil y claramente invasor de las jurisdicciones locales (artículo 121 Constitución Nacional)[8]. Precisamente la CS soslayó esta cuestión cuando dijo que no corresponde pronunciarse sobre el planteo –introducido por los beneficiarios de la regulación– atinente a la inconstitucionalidad de la referida norma legal por tratarse de una materia de competencia exclusiva de las legislaturas locales, por cuanto no guarda relación directa e inmediata con las cuestiones debatidas en el juicio, en la medida en que al haber tramitado el proceso ante los tribunales competentes de la Capital Federal no está en tela de juicio que son de aplicación en el sub lite las normas sancionadas por el Congreso de la Nación para determinar el monto de los honorarios profesionales y el alcance de la responsabilidad de las partes en el pago de dicha obligación (leyes 21.839 y 24.432, respectivamente)[9].

Desde hace mucho tiempo, la Corte Suprema ha validado la sanción de normas procesales en los códigos sustanciales cuando sirvan para implementar las instituciones de fondo[10]. Pero, en la especie, las de la ley 24.432 y las del Código Civil y Comercial y Ley de Contrato de Trabajo, no se refieren a institutos sustanciales sino a cuestiones procesales por lo que las reglas jurídicas sólo se aplican en el ámbito de la competencia local de la Capital Federal o en aquellos lugares sometidos a la jurisdicción federal (como lo ha reconocido la propia Corte Suprema).

También, cabe destacar que, no aplicar localmente, la normativa nacional, declarando su inconstitucionalidad en relación al orden provincial al no haber adhesión o, estableciendo, sin declarar la inconstitucionalidad del artículo 730 del CCC (o del 277 de la LCT) y en forma armonizadora, que no corresponde su aplicación por tener su ámbito de vigencia sólo para la jurisdicción local, sobre la que pueda reglar, no significa invadir la esfera nacional ni regularse, por los jueces, las instituciones de fondo. Por eso, la doctrina de la causa “Banco del Suquia”[11], entre otros, no se aplica a esta cuestión. Pero aquí no se trata de las relaciones entre acreedores y deudores, del ámbito obligacional, sino del cumplimiento y extensión de una condena en costas. Por vía del absurdo, si una Constitución Provincial y/o Código procesal local entendiera que las costas deben ser soportadas por su orden (en todos los casos, aunque existiera el principio objetivo de la derrota) o de otra manera no podría declararse su inconstitucionalidad, salvo que se afecten garantías establecidas en la Constitución Nacional, por ejemplo el artículo17 de la misma, porque las costas por su orden harían recaer el pago de las costas en el vencedor (y no por invasión a poderes delegados a la Nación o a cuestiones de fondo sustraídas a la regulación provincial)-.

El error que, a nuestro juicio es compartido por la mayoría de la Suprema Corte bonaerense, es entender que el artículo 730 establece normas de orden nacional porque las costas generan obligaciones y estas están reguladas en el Código Civil y Comercial y es resorte, exclusivo, del mismo. Es exactamente al revés, la obligación de pagar las costas es consecuencia del incumplimiento de la obligación, pero es originaria del proceso. Éste se inicia por la recalcitrancia del deudor y su resistencia a acordar el cumplimiento de la obligación. Si el deudor hubiera cumplido, el proceso no se hubiera iniciado y, encima, lo beneficiamos con menores intereses (el dinero judicial barato; aunque sea tasa activa es menor que la corriente) y una limitación en los gastos que, por su propia desidia y mala voluntad ha generado. Es un premio adicional, por lo que conviene ser deudor e incumplidor.-

Decía el maestro fundador del derecho procesal moderno, a través de su teoría de la acción que, el fundamento de la condena en costas es el hecho objetivo de la derrota (soccombenza); y la justificación de esta institución encuéntrase en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en favor de la que se realiza; siendo interés del comercio jurídico que los derechos tengan un valor posiblemente puro y constante. Este es el resultado que lleva el desarrollo del derecho procesal; el cual, en sus orígenes no tiene condena en las costas sino para los litigantes de mala fe; posteriormente se pasa por un período intermedio en el cuál no viéndose la naturaleza exacta de la institución, se aplican principios propios del derecho civil (culpa) a la condena en las costas; después se llega a la condena absoluta[12].- 

A más de lo expuesto, la doctrina de la CS, de dejar a salvo las autonomías provinciales -en materia sobre la que el más alto Tribunal de la Nación todavía no se ha expedido ante un hipotético concreto planteo de violación del artículo 121 de la CN, al aplicarse el artículo 730 CCC en provincias no adheridas a la ley nacional (artículo 16, de la ley 24.432)-, abren un ancho camino para recurrir las decisiones, de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires o de alguna otra Corte provincial, por vía del recurso extraordinario federal, para obtener una concreta solución constitucional del problema. En un país federal, a medias, como el nuestro, cada vez se cercenan más las autonomías provinciales y de hecho se tiende al unitarismo.

XI. Evolución de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su aplicación en Nación en materia civil, comercial y laboral

XI.1 La causa “Abdurraman”. Rechazo a la inconstitucionalidad del artículo 277 de la LCT (párrafo agregado por la ley 24.432)[13]

Los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema para validar la limitación, en el orden nacional, fueron, principalmente, que no pueden discutirse ni tacharse de inconstitucionales normas dictadas por el legislador para limitar la responsabilidad sobre las costas, pues ello sería inmiscuirse en cuestiones ajenas a la competencia del Poder Judicial y privativas del otro poder; así también, el no haberse acreditado el perjuicio.

Así dijo:

En autos se ha suscitado una cuestión federal típica que determina la admisibilidad del recurso, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional de una norma emanada del Congreso -art. 8º de la ley 24.432- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria a su validez (art. 14, inc. 1°, de la ley 48).

Se verifica prima facie la existencia de agravio para esos letrados en lo que atañe a la afectación de la garantía de la propiedad que les asiste, en la medida en que toda limitación a la extensión de la responsabilidad -como la incorporada al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo por el art. 8º de la ley 24.432, con respecto al condenado en costas- es susceptible de provocar a los titulares del crédito por honorarios un gravamen cierto y actual, un perjuicio concreto, que se hace evidente al cercenar el derecho de reclamar al vencido la prestación en forma íntegra, y ello con independencia de que se les reconozca o no la posibilidad de exigirla contra su propio cliente.

Esta Corte, en cuanto intérprete final de la Constitución Nacional, ha impuesto como requisito para la validez de una norma legal el de su razonabilidad, sin que quepa a los jueces arrogarse facultades para decidir sobre el mérito ni sobre la conveniencia del criterio adoptado por el legislador, en cuanto lo cuestionado al respecto no revista jerarquía constitucional (Fallos: 308:1631; 325:11, entre muchos otros). Tampoco les es dado a los jueces pronunciarse sobre la validez constitucional de una norma si no se demuestra con claridad un gravamen concreto, inmediato y directo para los derechos de cuya tutela se trata.

En diversas materias, el legislador ha puesto de manifiesto su decisión de disminuir el costo de los procesos judiciales, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las personas con menores recursos económicos o de no agravar la situación patrimonial de las personas afectadas por tales procesos, apartándose así de las pautas generales contenidas en las leyes arancelarias (verbigracia art. 48 de la ley 14.394; art. 38 de la ley 18.345; arts. 260, 266, 269, 292 y concordantes de la ley 24.522; art. 634 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, entre otros).

Igual propósito persiguió mediante la sanción de la ley 24.432 (ver mensaje del Poder Ejecutivo al remitir el proyecto de ley al Congreso de la Nación; parágrafo 4 de la exposición del miembro informante del dictamen de mayoría en la Cámara de Senadores; y parágrafo 190 de la exposición del miembro informante del dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados), finalidad que se desprende del conjunto de disposiciones que conforman esta ley, entre ellas el art. 8º, cuya validez constitucional ha sido puesta en tela de juicio.

Respecto de la aducida violación del derecho de igualdad cabe concluir, sobre la base de doctrina de esta Corte, que la ley en examen no conculca ese derecho, desde que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales.

El texto agregado por la ley 24.432 al art. 277 de la L.C.T. limita la responsabilidad del condenado en costas en los juicios laborales y no el quantum de los honorarios profesionales. Tal limitación de responsabilidad, como las expresiones legislativas de topes indemnizatorios por razones de interés público, constituye un régimen especial en principio válido, siempre que el criterio de distinción adoptado no sea arbitrario, es decir, si obedece a fines propios de la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido y de manera que no adolezca de inequidad manifiesta (Fallos: 250:410).

La solución consagrada en el art. 277 de la L.C.T. se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando "la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos" (confrontar mensaje del Poder Ejecutivo, antes citado). La elección entre el presente u otros medios posibles y conducentes para tales objetivos, constituye una cuestión que excede el ámbito del control de constitucionalidad y está reservada al Congreso.

La tacha de inconstitucionalidad que admitió el a quo no resulta viable toda vez que los letrados de la parte vencedora no demostraron, mínimamente siquiera, en qué medida la aplicación al sub lite de la norma impugnada, resultaría violatoria de la garantía constitucional a una retribución justa. Por consiguiente, al no haberse configurado una violación a las garantías que se dijeron conculcadas, corresponde revocar el pronunciamiento en cuento declaró la inconstitucionalidad del art. 8° de la ley 24.432[14].

            XI.2. La causa “Villalba”

Resulta aplicable en la especie la doctrina de la causa A.151.XXXVII "Abdurraman, Martín c/ Transporte Línea 104 S.A. s/ accidente-ley 9688" [Fallo en extenso: elDial - AA528E], sentencia del 5 de mayo de 2009, a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente, corresponde remitir en razón de brevedad.

El art. 277, último párrafo, de la L.C.T., al igual que el art. 505, último párrafo, del Código Civil (resultantes ambos de la ley 24.432), no contienen ninguna limitación con respecto al monto de los honorarios a regular judicialmente, sino que aluden exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas (conf. causa B.1255. XXXVI. "Brambilla, Miguel Ángel s/ regulación de honorarios", resuelta el día de la fecha).

La normativa cuestionada tiene un inequívoco sentido de incorporar una limitación con respecto al daño resarcible que debe afrontar el deudor (conf. causa B.1255.XXXVI., citada). Esa decisión se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando "la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos" (conf. mensaje del Poder Ejecutivo, antes citado). La elección entre el presente u otros medios posibles y conducentes para tales objetivos, constituye una cuestión que excede el ámbito del control de constitucionalidad y está reservada al Congreso.

En tanto la norma tachada de inconstitucional sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de éstos, no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley.

La eventual posibilidad de que los profesionales intervinientes ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese resultar del prorrateo legal, no resulta violatoria, en el caso, del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución Nacional (arts. 14 bis y 17). En efecto, la naturaleza alimentaria del crédito reconocido al trabajador que no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho. En este sentido, el mismo art. 277 de la L.C.T autoriza el pacto de cuota litis entre el profesional y trabajador (párrafo 1°, in fine), en virtud del cual el primero percibe como retribución un porcentaje (que no excederá del 20%) de las sumas que se perciban en el litigio, y que participan de un indudable carácter alimentario[15].

Uno de los grandes problemas que surge de la aplicación del artículo 277, limitando los honorarios es que, el excedente (lo que no pudimos cobrar por el prorrateo), lo tratemos de percibir del actor (trabajador) que goza de gratuidad en los procedimientos.

Pues veamos, en un accidente de trabajo, en la sentencia que admite el mismo, se regulan un 15 % a la representación letrada de la actora, un 10 % al perito médico (por su excelente experticia), un 5 % al perito contador (por la revisión de los libros de la empleadora), un 8 % al perito ingeniero mecánico (que estableció el riesgo o vicio de la cosa que atrapó la mano del actor), un 4 % al perito psicólogo (que estableció la incidencia del accidente en la psiquis del actor. Tenemos un total de 42 % entre todos. La demandada, establecida la regulación y en tren de ejecutar la misma, por el vencedor en las costas (parte actora) opone la reducción al 25 % y, consiguiente prorrateo.

En Nación, sobre un capital, más intereses, de pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000) se regulan:

$ 2.500.000 (Capital + intereses) equivale (dividido 2.638 –el valor del UMA varía mensualmente por lo que se ha dejado un número estimativo-; ver comentario al artículo 21), a 947, 68 UMA y conforme a la escala (excede los 751 UMA) corresponde regular del 12 al 15 % (supongamos que se regule un 15 %).

a)    Abogado representación actora (15 %)        $    375.000

b) Perito médico           (10 %)                                                 $    250.000

c) Perito contador (5 %)                                               $    125.000

d) Perito ingeniero mecánico     (8 %)               $    200.000

e) Perito sicólogo (4%)                                                 $    100.000

Total                (42 %)                                                         $ 1.050.000

En consecuencia, hay que rebajar del 42 al 25 %.

Si el 42 equivale al 100, ¿cuánto equivaldrá el 25 %?: tenemos:

25 x 100 dividido 42= 59, 52389524

Ahora los honorarios del abogado, en porcentaje se reducen

1)    Letrado 15 X 0, 5952389524= 8,928584286 %

2)    Médico 10 x 0, 5952389524= 5,952389524 %

3)    Contador          5 x  0, 5952389524= 2,976194762 %

4)    Mecánico          8 x  0, 5952389524= 4,7619116192 %

5)    Sicólogo          4 x  0, 5952389524= 2,3809558096 %

Suma de los porcentajes                      25,000036001  %

Operada la reducción, el abogado que tiene regulado el 15 % sólo ha de recibir del condenado en costas, el 8,928584286 % y el excedente, de 6,071415714 %, lo ha de reclamar del trabajador, aunque tenga con él pacto de cuota litis.

En UMA sería el total regulatorio del 15 % equivale a 141, 15314632. Por lo que  un porcentaje de 59,52389524 sería pagado por el condenado en costas y un 40,47610476 % por el actor trabajador. Es decir 84, 019850943 UMA para el condenado en costas y 57,133295377 UMA para el demandante vencedor en la contienda.

El actor debería contribuir, además del pacto de cuota litis (20 %) con el excedente de 57,133295377 UMA, que a valores actuales ($ 2.638), arroja  a la fecha el importe de $ 159.717,6332.-

Debería el letrado oponerse al libramiento de giro para el actor, hasta que se le pague el excedente más el pacto. Y se advierte la lucha de abogado con cliente.

Lo más destacable de la cuestión es que no se beneficia a un indigente demandado, responsable por las costas a las que resulta ajeno, sino que la reducción o limitación favorece a quién generó los gastos, por su propio acto de no allanarse o no solucionar el conflicto, amén de aseguradoras que se amparan en la limitación. La norma tenía por finalidad, lo que los forjadores del Proyecto pensaron como idea real (luego transformado en ley 24.432), limitar la responsabilidad del Estado en materia de costas y, como siempre, la parte más débil (el abogado que vive de su trabajo, sin grandes lujos) se vio perjudicada.

XI. 3. Acatamiento de las Salas de la Cámara Nacional del Trabajo a la doctrina de la CS

Señaló el Alto Tribunal que “el texto agregado por la ley 24432 al art. 277 de la L.C.T. limita la responsabilidad del condenado en costas en los juicios laborales y no el ‘quantum’ de los honorarios profesionales. Tal limitación de responsabilidad, como las expresiones legislativas de topes indemnizatorios por razones de interés público, constituye un régimen especial en principio válido, siempre que el criterio de distinción adoptado no sea arbitrario, es decir, si obedece a fines propios de la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido, y de manera que no adolezca de inequidad manifiesta (fallos: 250:41)”. Por ello afirmó la Corte Suprema que atento a la finalidad tenida en vista por el legislador que se explicitara en los considerandos precedentes, la solución consagrada en el art. 277 de la L.C.T. se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando “la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial de la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos (CSJN A.151. XXXVIII in re: “Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente – ley 9688” [Fallo en extenso: elDial.com - AA528E]) y en igual sentido CSJN del 27/5/09 in re: “Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente – ley 9688” [Fallo en extenso: elDial.com - AA53BC]).

Si bien esta Sala ha sostenido, que el precepto normativo en cuestión resulta descalificable desde el punto de vista Constitucional (ver entre otras SD: 5082 del 30/10/98 en autos “Albornoz, José c/ Establecimiento Gamar y otro” y SI 14.646 del 23/8/07 in re “Domínguez, Luis c/ EFA y otro s/ accidente - ley 9688” del registro de esta Sala), la jurisprudencia del Alto Tribunal si bien no resulta obligatoria para los tribunales inferiores, cabe convenir que desconocerla significaría un dispendio jurisdiccional. Por ello, principios de economía procesal y seguimiento a la doctrina del más Alto Tribunal, tornan aconsejable receptar dicho criterio, por lo que cabe confirmar lo decidido en grado sobre el particular, y rechazar el pedido de inconstitucionalidad del art. 8 de la ley 24432[16].

Si bien con posterioridad al citado precedente del Supremo Tribunal Federal esta Sala declaró la inconstitucionalidad del art. 277, LCT (texto según el agregado del art. 8° de la ley 24.432), en ese caso los letrados de la parte actora invocaron razones no examinadas o no resueltas en el caso “Abdurraman” [Fallo en extenso: elDial.com - AA528E], al invocar el perjuicio que representaba para su cliente la resolución cuestionada y la injusticia que para el trabajador implicaba, el hecho de que parte de una indemnización por accidente del trabajo imputable a culpa de los demandados, se afecte al tener que afrontar, con dinero proveniente de tal indemnización, las denominadas “…consecuencias nefastas de una norma indudablemente inconstitucional…” (conf. C.N.A.T., Sala V, sent. int. n° 28.315, 30/12/2011, “Braggio, Pablo Gastón c/Avícola Capitán Sarmiento S.A. y otro” [Fallo en extenso: elDial.com - AA7384]).

En el presente caso los recurrentes no alegaron perjuicio alguno para el actor, ni la violación de derecho constitucional alguno de aquél, por lo que la situación es substancialmente análoga a la resuelta por nuestro más Alto Tribunal en “Abdurraman” [Fallo en extenso: elDial.com - AA528E], lo que impone en el “sub-lite” su leal acatamiento, sin perjuicio de dejar a salvo la opinión en contrario de este tribunal[17].

Afirmó la Corte Suprema que atento a la finalidad tenida en vista por el legislador que se explicitara en los considerandos precedentes, la solución consagrada en el art. 277 de la LCT, se manifiesta como uno de los posibles arbitrios enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad asegurando “la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos” (CSJN A.151 XXXVIII in re “Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente – ley 9688” [Fallo en extenso: elDial.com - AA528E]) y en igual sentido (CSJN del 27/5/09 in re “Villalba , Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente – ley 9688” [Fallo en extenso: elDial.com - AA53BC]).

Si bien al respecto esta Sala ha sostenido, con alcances similares a los admitidos en origen, que el precepto normativo en cuestión resulta descalificable desde el punto de vista constitucional (ver entre otras SD 5082 del 30/10/98 en autos “Albornoz, José c/ Establecimiento Gamar y otro” [elDial.com - AL252D] y SI 14646 del 23/8/07 in re “Domínguez, Luis c/ EFA y otro s/ accidente ley 9688” del registro de esta Sala), la jurisprudencia del Alto Tribunal si bien no resulta obligatoria para los tribunales inferiores, cabe convenir que desconocerla significaría un dispendio jurisdiccional. Por ello, principios de economía procesal y seguimiento a la doctrina del más Alto Tribunal, tornan aconsejable receptar dicho criterio, por lo que cabe confirmar la sentencia recurrida.

Con relación a los honorarios de la codemandada Estado Nacional cabe señalar que los mismos se encuentran a cargo del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires y no existe disposición que le impida a los letrados del Estado percibir honorarios del codemandado en costas cuando no es el Estado, siendo indiferente a los efectos del prorrateo si tales honorarios se ejecutan o no[18].

XI.4. En materia Civil y Comercial la causa “Latino”

En la causa “Latino”, ya citada, el dictamen de Procurador fue tomado en cuenta por la Corte Suprema y en sus partes, más salientes, dijo:

Cabe señalar que el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación establece, en lo pertinente, que, si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales superan el veinticinco por ciento del monto de la sentencia, el juez debe prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo de ese porcentaje, se tienen en cuenta los honorarios correspondientes a la primera y única instancia, y a todas las profesiones y especialidades, a excepción de los que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas. Esa disposición es análoga a la prevista en los artículos 1 y 8 de la ley 24.432, que modificaron los artículos 505 del Código Civil y 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, respectivamente (Del Dictamen del Procurador Fiscal, compartido por la CSJN).

En el caso, el beneficiario de la regulación tiene la posibilidad de reclamarle a su patrocinada el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la norma en cuestión, de allí que no ha demostrado que resulte lesionado su derecho de propiedad ni comprometido su derecho a una retribución efectiva por su labor. Esa conclusión no se ve controvertida por la circunstancia de que su patrocinada hubiera obtenido el beneficio de litigar sin gastos. Al respecto, el artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé el pago de las costas causadas en defensa de quien obtuvo el beneficio hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba si venciere en el pleito y reconoce a los profesionales la posibilidad de exigir el pago tanto a la parte condenada en costas como a su cliente, con la misma limitación (Del Dictamen del Procurador Fiscal, compartido por la CSJN).

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario en cuanto ha sido concedido y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase[19].

XI.           5 Posición de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (por mayoría)

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo, in fine, de la ley 11.653, si se constata que la sentencia del Tribunal del Trabajo transgredió la doctrina legal de la Suprema Corte -establecida por mayoría- referida a la aplicación del límite porcentual previsto en los arts. 505 del anterior Código Civil (semejante al actual art. 730 del nuevo Código Civil y Comercial) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo conforme la redacción dada por la ley 24.432[20].

Ha dicho la Corte -por mayoría- que ya se ha expedido en distintos pronunciamientos en el sentido de que la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432), es aplicable en el ámbito provincial (causas L. 77.914, cit.; L. 81.838, "Macalusi", sent. de 10-IX-2003; L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011).

La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432) ha sido declarada aplicable en el ámbito provincial por reiterados pronunciamientos emitidos -por mayoría- por esta Suprema Corte[21].

La primacía de la ley sustancial sobre la adjetiva, y en particular de la ley 24.432, no requiere demostración alguna de la parte, debiendo ser advertida y reconocida por el juzgador, quien está obligado a aplicar el derecho vigente (arts. 1, 15 y 16 del Código Civil) como también así por la gravitación del principio jura novit curia (art. 34 inc. 4) -dispositivo legal que expresamente estatuye que el sentenciante debe fundar su pronunciamiento "respetando la jerarquía de las normas vigentes (arts. 163 inc. 5 del C.P.C.C.; 47 y 63 de la ley 11.653)”[22].

XI. 6 Posición de la Cámara Nacional Civil, Salas D y K, contraria a la aplicación del artículo 730 Código Civil y Comercial por tildarlo inconstitucional

A pesar de la suerte que habrán de correr debido a la postura que, de momento, ha adoptado la CSJN, han sido numerosos los casos donde las Cámaras Nacionales de Apelaciones han decretado la Inconstitucionalidad de la limitación impuesta por el art. 730 del CCCN. -

            Algunos de esos fallos se han nutrido de votos que merecen ser rescatados por la fuerza y pertinencia de los argumentos de los magistrados. -

            En fecha 01/04/2019, la SALA "D", de la Cámara Civil de la Nación, en la Causa  56296/2014 (autos "CUCCI, ALBERTO LUIS c/ RODRIGUEZ, JORGE EDUARDO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC. TRAN. SIN LESIONES) abordó la cuestión afirmando que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal "constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como “ultima ratio” del orden jurídico (conf. C.S.J.N., Fallos 315:923)", y  "se trata de una atribución que sólo debe utilizarse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (conf., C.S.J.N. Fallos 316:2624), y en tanto no exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Ley Fundamental si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de menor jerarquía (conf., C.S.J.N., “in re” “Mitivie, Carlos M. c/ Estado Argentino –Ministerio de Defensa- Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiro y Pensiones Militares, noviembre 23-1989, Fallos 312:2315)".-

            Allí, por mayoría (votos de los Dres. Patricia Barbieri y Víctor F. Liberman), se decidió que la aplicación del tope previsto en el último párrafo del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, implica que los letrados "quienes trabajaron y cuya retribución fue fijada conforme a las pautas arancelarias vigentes, verían mermados sus ingresos en virtud de la limitación establecida, lo que claramente atenta contra el derecho de propiedad y el carácter alimentario de los estipendios. Lo expuesto comporta lisa y llanamente -según nuestro entender- una disminución de la retribución profesional derivada de los aranceles vigentes en cada jurisdicción, invadiendo potestades propias de las diversas provincias que se reservaron atribuciones exclusivas para la reglamentación en su territorio del ejercicio de distintas profesiones (art. 121 Constitución Nacional), lo que pone en evidencia su manifiesta inconstitucionalidad en tanto conculca lo preceptuado por los artículos 14, 14 bis, 16 y 17 de la C.N.".-

            Quizás faltó a los magistrados votantes remarcar más enfáticamente que, para el caso de que el letrado intentara el cobro al vencedor de la contienda, se estarían cercenando derechos patrimoniales de este último, aunque continúan citando a Carlos Ernesto URE, de la siguiente forma: "Como lo sostiene Ure,  “hacer soportar el abono de ese segmento (referido al porcentaje del 25%) a la parte que tenía razón, defendió su derecho y debido a la actitud de su contraria se vio impulsada a promoverle un juicio que ganó con costas, resulta manifiestamente repugnante al más elemental concepto de lo que es justo, más todavía si se piensa que correlativamente a esa carga extra que se vería compulsado a asumir el triunfador se apoyaría en la liberación graciosa del deudor incumplidor” (Ure, Carlos Ernesto, “La Corte y el tope del 25%...”, L.L. T. 2009-F, pág. 95). Entonces, “en cuanto a sus consecuencias, la transgresión constitucional aparece idéntica, tanto si se entiende que el actor triunfador en costas debe abonar una porción de éstas, que no podrá repetir del vencido, como si se concluye que el letrado que lo defendió, cuyo trabajo es oneroso, debe ser privado de un segmento del emolumento que le corresponde según el Arancel. La existencia de un crédito por honorarios, frente a la inexistencia de un deudor para cancelarlo, por presunta imposibilidad legal, genera una indudable lesión al derecho de propiedad de los profesionales afectados”. (“Honorarios mínimos y prorrata”, ED, 172-1069)".-

También dijo la Sala K, más recientemente, que: 1-El artículo cuya inconstitucionalidad se plantea, limitó el importe de las costas que debe afrontar el deudor incumplidor que se encuentra condenado en tal sentido. El art 730 del CC y CN, no se compadece con lo establecido por el legislador nacional en la nueva ley 27.423 de "Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal", cuando en su art 3°, proclama que "...la actividad profesional de los abogados y procuradores y de los auxiliares de Justicia se presume de carácter oneroso, salvo en los casos en los que conforme excepciones legales pudieren o debieren actuar gratuitamente. Los honorarios gozan del privilegio general, revisten carácter alimentario y en consecuencia son personalísimos, embargables sólo hasta el 20 por ciento del monto que supere el salario mínimo vital y móvil, excepto si se tratare de deudas alimentarias y de litis expensas. Los honorarios serán de propiedad exclusiva del profesional que los hubiere devengado. 2-Cabe concluir así que la norma sustantiva que se cuestiona, comporta lisa y llanamente una disminución de la remuneración profesional derivada de los aranceles vigentes en cada jurisdicción. Su inconstitucionalidad también es manifiesta, ya que invadió potestades propias de las diversas provincias, que se reservaron atribuciones exclusivas para la reglamentación en su territorio del ejercicio de las distintas profesiones (art 121 de la Constitución Nacional). De modo tal que su aplicación afecta lo preceptuado por los artículos 14, 14 bis, 16 y 17 de la CN. La Dra. Bermejo dijo: Coincide con los argumentos vertidos por sus colegas, con excepción en que la manera que se cuestiona comparta una disminución de la remuneración profesional derivada de los aranceles vigentes en cada jurisdicción.

Sostenemos que art. 730 del CC y CN, no se compadece con lo establecido por el legislador nacional en la nueva ley 27.423 de "Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal", cuando en su artículo 3º, proclama que "…la actividad profesional de los abogados y procuradores y de los auxiliares de la Justicia se presume de carácter oneroso, salvo en los casos en los que conforme excepciones legales pudieren o debieren actuar gratuitamente. Los honorarios gozan de privilegio general, revisten carácter alimentario y en consecuencia son personalísimos, embargables sólo hasta el veinte por ciento (20%) del monto que supere el salario mínimo, vital y móvil, excepto si se tratare de deudas alimentarias y de litis expensas. Los honorarios serán de propiedad exclusiva del profesional que los hubiere devengado”.

Tampoco encajan con la declaración del art. 10 de la citada ley de arancel, según el cual "los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o procurador matriculado y de los auxiliares de la Justicia. Ningún asunto que haya demandado actividad profesional judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación, podrá considerarse concluido sin el previo pago de los honorarios, y no se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier otra medida cautelar, entrega de fondos o valores depositados, inscripciones, o cualquier otra gestión que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hubieren cancelado los mismos o se contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado en la institución de matriculación pertinente. Se deberá también dar cumplimiento a las normativas previsionales y de seguridad social para abogados y procuradores, vigentes en cada provincia…".

Tales preceptos, exhiben valores propios de un régimen tuitivo incompatible con el límite de la responsabilidad del obligado a las costas puesto aquí en crisis y que establece el artículo de la norma citada, que no pueden ser desatendidos al medir la afectación constitucional del derecho a la propiedad involucrado –Conf. art. 17 CN-.

Por otra parte, hacer soportar el abono del segmento que regula el artículo mencionado, a la parte que tenía razón, defendió su derecho y -debido a la actitud de su contraria- se vio impulsada a promoverle un juicio que ganó con costas o, en su caso, a defenderse, resulta manifiestamente contrario al más elemental concepto de lo que es justo y equitativo, máxime si se piensa que, correlativamente, esa carga extra que se vería compulsado a asumir el triunfador se apoyaría en la liberación graciosa del deudor incumplidor (Ure, Carlos Ernesto, “La Corte y el tope del 25 %....”, L.L. 2009-F, pág. 95; CNCiv. Sala “L” ampliación de fundamentos del Dr. Liberman, en autos “Giménez, Guillermo Carlos c/ Barboni, Emiliano y otros s/ daños y perjuicios”, del 11/07/2018).

II. Cabe concluir así que la norma sustantiva que se cuestiona, comporta lisa y llanamente una disminución de la remuneración profesional derivada de los aranceles vigentes en cada jurisdicción. Su inconstitucionalidad también es manifiesta, ya que invadió potestades propias de las diversas provincias, que se reservaron atribuciones exclusivas para la reglamentación en su territorio del ejercicio de las distintas profesiones (art. 121 de la Constitución Nacional). De modo tal que su aplicación afecta lo preceptuado por los arts. 14, 14 bis., 16 y 17 de la Constitución Nacional. (Conf. “Código Civil y Comercial de la Nación – comentado, concordado y análisis jurisprudencial”, Ameal, Oscar J.: Director, Compiani, María F. y Santamaría, Javier: coordinadores, Tº 3, pág. 42, Ed. Hammurabi); CNCiv. esta Sala, “Díaz, Lidia Beatriz c/ Micro ómnibus General Pacheco S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, del 15/04/16).

III. En definitiva, no obstante lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, habrán de desestimarse los agravios sustentados[23].

XII.          Requisitos para la aplicación de la norma

1) Incumplimiento de la obligación

Para que se aplique el artículo 730 del CCC es necesario que medie incumplimiento de la obligación, que derive en un litigio. Por lo tanto, el incumplimiento no es de las costas sino de la obligación originaria. Es más, el cumplimiento exacto de la obligación[24] repele la acción del acreedor[25].  Como bien se ha dicho, la mayor parte de las obligaciones son cumplidas voluntariamente por los deudores. La aplicación práctica del derecho supone el respeto de las reglas jurídicas sin que sea necesario acudir constantemente al apremio. El cumplimiento voluntario lleva el nombre de pago, siendo aquí extendida esa palabra en el sentido más amplio. A falta de cumplimiento voluntario, el acreedor puede dirigirse a la justicia para reclamar el cumplimiento forzado de la obligación[26].

Lo primero es no cumplir con la obligación, lo que genera el litigio, como puede también no hacerlo. Es que, el incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor a:

a) exigir el cumplimiento específico;

b) hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor;

c) reclamar los daños y perjuicios (artículo 777 CCC).

Sólo el incumplimiento autoriza la aplicación de la norma. En este sentido se ha dicho que, en obsequio a lo que puntualmente regula la ley arancelaria pierde atingencia el agravio relacionado a la desproporcionalidad de las regulaciones en consonancia con el monto del acuerdo. Es la propia ley la que prevé un honorario mínimo con prescindencia del contenido económico del asunto (argumento este Tribunal sala II c. 166233 Reg. 392/2018). Por lo demás, en lo que respecta a la aplicación del art. 730 del CC y C, corresponde su desestimación. La citada norma exige, como primera condición, que exista el incumplimiento de una obligación (esta Sala c. 152.684 sent. de mayo de 2013 Reg. 96/13; ver Gandolla, Julia "Honorarios Profesionales" Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 95; Pessarón Julio Federico-Pesaresi Guillermo Mario "Honorarios Judiciales, Ed. Astrea T° II, pág.85). Más aún, hay quienes interpretan que, si en la sentencia se determina que no ha existido "incumplimiento obligacional" no rige la limitación porque falta uno de los requisitos necesarios (su operatividad) (Gandolla, ob. cit. pág. 97). Además, otro de los recaudos exigidos sobre el que insiste la doctrina es que el incumplimiento haya derivado de un litigio judicial o arbitral, dado que de ese modo existen dos partes contrapuestas: un vencedor y un perdedor. Consecuentemente, en este proceso, que ha finiquitado por uno de los modos anormales (transacción) no cabe aplicarla porque no podría existir un incumplimiento obligacional (Padilla "Reflexiones sobre el límite porcentual en las costas (ley 24.432)" La Ley 1995 B-1150; Neira-Ure "La nueva ley de aranceles" La Ley 1997-C-871; Novellino "Aranceles y cobro de honorarios" p. 347; Palavecino Alberto comentario al fallo de la Cam. Civ. y Com de San Francisco en autos, pub. en LLC 1998-132 25/3/97)[27].

La última parte del fallo es errónea, pues el litigio nace como consecuencia del incumplimiento (Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral).

2)    No importa la fuente de la obligación que se incumple

No importa cuál es la obligación que se incumple (es decir, su fuente). Puede ser contractual o extracontractual y el incumplimiento absoluto o relativo, total o parcial. La norma se aplica en todos los supuestos. El pago es lo único que permite cumplir la obligación de dar sumas de dinero (artículo 865 del CCC). El objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización (artículo 867 CCC). El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida (artículo 869 CCC).

3)    El incumplimiento debe ser por culpa y no por dolo

Es claro que el incumplimiento de la obligación debe ser por culpa y no por dolo, pues en este caso no puede favorecerse la situación del deudor (artículos 271 a 275, 1728[28], 1742[29], 1743 y concordantes del CCC). Por ello, si en el litigio se ha declarado como maliciosa o temeraria la conducta del deudor, no corresponde atenuar su responsabilidad por las costas (artículo 45 del CPCC).

4)    El incumplimiento derivado de litigio judicial o arbitral

            Si se trata de jurisdicción voluntaria no se aplica la reducción o limitación de costas[30].

La mediación como se sabe es previa, extrajudicial y obligatoria. Si no se llega a juicio, pero realizada la mediación no se pagan los honorarios de mediadores y otros partícipes, corresponde su reclamo judicial, sobre el que no se aplica, obviamente, el artículo 730 del CCC.

Es que la labor de los mediadores es previa y los honorarios correspondientes a dichos profesionales preceden a la primera o única instancia a la que refiere la norma al establecer el tope obligacional y, por lo tanto, han de excluirse del cómputo respectivo.

Si se llega a la vía judicial y se dicta sentencia o se transa, a nuestro juicio, tampoco podría sostenerse que se ha generado un tema de costas susceptible de reducción. Ello por la razón de que los honorarios no se deben por el juicio, sino por la mediación previa. Y la mayor prueba de ello es que el artículo 77 del CPCCN tuvo que incluir la mediación en la condena en costas, para evitar cuestionamientos de si la integraban o no. En la provincia, ello no ha ocurrido. Aparte, entendemos, que el mediador puede ir contra ambas partes y aun contra el no condenado en costas.

5)    Condena en costas

Es la condena en costas del accionado la que genera la posibilidad de aplicar la reducción o limitación de la responsabilidad. En consecuencia el deudor de las costas, es el interesado en la reducción y el legitimado para solicitar la aplicación de la norma[31]

XIII.        Los dos momentos: Estimación (regulación) y distribución

El piso regulatorio que se desprende de la ley arancelaria debe ser respetado al momento de realizarse la estimación (regulación) de los honorarios, pero no cuando se realiza la distribución para evitar que la condena en costas supere el límite de la responsabilidad del deudor, toda vez que el art. 730 del CC y C no prevé ningún tipo de coto inferior que deba ser respetado[32].

Se ha dicho que se destaca, asimismo, que -en cuanto a la aplicación de las previsiones del art. 505 del Código Civil (actual art. 730 CC y CN)- una vez regulados los honorarios (y revisados, en su caso, por la Alzada), debería, en caso de corresponder, efectuarse el pertinente prorrateo (en la instancia previa) en orden a determinar los alcances del deber de responder del condenado en costas por aplicación de la regla legal antes aludida[33].

En consecuencia, cuando se solicita la regulación de honorarios no corresponde planteo alguno, acerca de la limitación o reducción en las costas, sino que debe regularse conforme la ley arancelaria vigente y las tareas de los profesionales intervinientes. Esta regulación puede ser apelada y debe quedar firme.

En un segundo momento y cuando se intenta ejecutar, el obligado al pago de las costas debe plantear la cuestión. Incluso no puede hacerlo y, en tal caso, no corresponde a nuestro juicio la adecuación de oficio.

XIV.        Honorarios pactados por la demandada no incluidos en el prorrateo

Si al concluir un acuerdo la demandada hubo de reconocer en favor del letrado de la parte actora -en concepto de honorarios, comprendidos en la definición de costas, a cuyo pago se obligó- un determinado porcentaje en relación al capital conciliado, dicho convenio -que indudablemente vincula a la accionada, en tanto proveniente del ejercicio de la autonomía individual- no puede afectar el porcentaje que, en cada caso, y en virtud de la aplicación del límite establecido en el art. 730 del Código Civil y Comercial, el Juez defina aplicable respecto de las regulaciones de los honorarios de los restantes profesionales que han intervenido en la causa. En consecuencia, no corresponde incluir los honorarios del letrado de la actora que fueran expresamente pactados con la demandada en el acuerdo conciliatorio, a los fines de definir si se ha excedido el límite del 25% establecido en la norma citada, pues, de lo contrario, se afectaría el derecho de aquél a percibir lo que, voluntariamente, la accionada se avino a abonarle, lo que redundaría -asimismo- en detrimento de los honorarios regulados a los restantes profesionales actuantes[34].

Por regla la limitación por la responsabilidad de las costas prevista en el CC y CN: 730 resultaría aplicable siempre y cuando la fijación de los honorarios la determine un tercero imparcial (véase que la norma refiere a “regulaciones de honorarios”) y no cuando, como en el caso, integra parte de un convenio entre partes en el cual la accionada pudo evaluar como incidiría tal contingencia en el escenario de la distribución de las costas causídicas. De modo que si voluntariamente la accionada asumió el pago de los honorarios de la representación letrada de su contraria, no corresponde que tales sumas se incorporen para su prorrata (cfr. esta Sala, 15/3/2018, “Grupo Klauss SA c/Telecom Personal SA s/ordinario”, Expíe. n° 39197/2011).

Como la postulación de la demandada conllevó bilateralidad y controversia, desde una visión estrictamente procesal resultó ajustado a derecho cargarle las costas de la incidencia donde resultó perdidosa, tal como decidió el magistrado de grado (erg., CPr.:68, 69). Es que no se aprecia en el caso el acaecimiento de alguna circunstancia que pueda justificar el excepcional apartamiento del criterio objetivo de la derrota, puesto que la desestimación de la vía intentada -precedida de la correspondiente sustanciación- es la que determina la aplicación de la regla general que impera en esta materia[35].

XV.         Demanda rechazada

No resulta de aplicación la limitación en la responsabilidad del pago de las costas prevista en el art. 730 del CC y C -análogo al art. 505 del C. Civil ley 340- en los casos de demanda rechazada, ya que no se cumple con la primera condición que edicto la norma, esto es: que exista el incumplimiento de una obligación, cualquiera sea su fuente. En el caso de autos, observamos que si bien la incidentista es la parte condenada a sufragar los gastos causídicos generados, no es la parte incumplidora que dio origen al inicio del incidente, por el contrario, resulta victoriosa en la contienda, pero asumiendo las costas por resultar su verificación tardía[36].

En sentido contrario: La aplicación del límite porcentual previsto en los arts. 505 del anterior Código Civil (semejante al actual art. 730 del nuevo Código Civil y Comercial) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo conforme la redacción dada por la ley 24.432 deben extenderse a supuestos -como el de autos- donde las costas se impusieron a la actora perdidosa por el rechazo de su demanda[37].

XVI.        Litisconsortes

Esta Sala ya ha señalado citando un fallo de la Suprema Corte de Justicia que el 25% establecido como límite por el art. 505 del Código Civil (730 del CCCN) comprende a la totalidad de los litisconsortes causa (Ac. 75.597, del 22-10-2013)[38].

XVII.       Declaración de oficio y aplicación de las normas nacionales sobre las locales arancelarias

El contralor oficioso por parte de los jueces de la constitucionalidad de las leyes encuentra sustento en el Art. 31 de la Carta Magna (al igual que en su antecedente), que pone en primer lugar a la Constitución Nacional, cuyos derechos y garantías se ven complementados por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 72 Inc. 22, C.N.).Estos tratados, al tener jerarquía constitucional (arts. 31 y 75 Inc. 22, C.N.), imponen un contralor judicial de convencionalidad -o si se quiere de constitucionalidad- de oficio. Se ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico, expresión latina que literalmente alude a la "última razón" o al "último argumento", lo cual es una falacia, ya que el tamiz constitucional debe preceder a todo análisis. Primero debemos analizar si la aplicación de la norma pasa por la puerta de la Constitución, para lo cual no es necesario que la repugnancia a la Carta Magna sea de gran entidad, manifiesta o indudable. De lo contrario, habría que distinguir las violaciones a la Constitución, a los efectos de su declaración oficiosa, según el grado (pequeñas y de gran entidad), exteriorización (manifiestas y no manifiestas), y certeza (dubitables e indubitables), lo cual sería un desvío del razonamiento típico del absurdo. Si bien el art. 1 de la ley 14.967 consagra su carácter de norma de orden público en función de la necesaria participación del abogado para el adecuado servicio de justicia y establece su aplicación exclusiva y excluyente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, hay normas nacionales que rigen por sobre todas las leyes arancelarias y su aplicación puede entrar en conflicto con los mínimos legales que establecen los arts. 9 y 22 de la ley 14.967 (verbigracia límite del 25% del monto del juicio en el pago de las costas procesales de los arts. 277, ley 20.744 -L.C.T.- y 730 del C.C.C.N.; art. 13, ley 24.432 que autoriza a regular honorarios sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales; art. 1255 del C.C.C.N. que permite al juez fijar equitativamente la retribución si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente a injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida).Es por ello que si bien el "orden público" es tal, para esas cuestiones en particular, se puede hablar de un "orden público atenuado"[39]-

            XVIII. Conclusiones:

XVIII.1 Generales

La aplicación del inconstitucional y virtualmente derogado último párrafo del art. 730 del CCCN supone, respecto del letrado y de los auxiliares de la justicia, una posición retrograda, que catapulta figuras como la del abogado nuevamente hasta los albores de la profesión, donde la percepción de honorarios era nula, simbólica o magra, así ocurría en la antigüedad. -

Desde el punto de vista del justiciable que ha ganado el proceso, el tope legal cuestionado implica un verdadero despropósito que conlleva a un atropello al derecho de propiedad y al principio objetivo de la derrota en juicio. -

            No creemos aceptable que la normativa legal y la justicia coloquen a profesionales y justiciables vencedores frente al dilema de decidir el derecho de cuál de ellos se verá vulnerado, de modo injusto y contrario a derecho. -

            Cualquiera de las dos soluciones posibles a las que lleva la aplicación del art. 730 del CCCN resulta inconstitucional, irrazonable y arbitraria, debiendo evitarse por contrariar la noción más elemental de justicia. -

            El correcto camino para hacerlo es la declaración de inconstitucionalidad, inaplicabilidad por derogación tácita de tope legal del último párrafo del art. 730 del CCyC. con la sanción de las posteriores y específicas leyes arancelarias y, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, también la impertinencia de su aplicación territorial. -

            Por los motivos que se han expuesto, creemos que no existe solución técnica, jurídica y moralmente sólida que resuelva la cuestión de modo distinto. -

Deben prevalecer las nuevas y específicas leyes de honorarios profesionales, sin cercenamiento alguno de los derechos de los letrados y sin perjudicar aún más a la parte cumplidora que ha resultado vencedora en un litigio. –

 

XVIII.     2 En la provincia de Buenos Aires

 

Cada vez se va haciendo más insostenible la limitación o reducción que el artículo 730 CCC realiza en relación a los honorarios de los letrados y auxiliares de la justicia, la que no tiene justificación alguna y violenta la garantía de la propiedad (artículo 17 de la Constitución Nacional) que no es sólo el dominio de las cosas materiales, sino todo lo que un individuo pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad.

La Corte Suprema la ha limitado al ámbito local, lo que importa decir que en la Justicia Nacional (CABA) y en la jurisdicción federal impera la reducción y la aplicación del artículo 730 CCC.

En la justicia contenciosa del Gobierno Autónomo puede entenderse que no es aplicable la reducción, mientras no exista norma que adhiera a la Nación o bien se dicte una ley procesal que así la establezca.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, entiende que el artículo 730 CCC es nacional y regulatorio de las obligaciones; y en razón de ello ha declarado la constitucionalidad de la restricción y su aplicación en el ámbito provincial, en doctrina casatoria, obligatoria para los tribunales inferiores, los que pueden dejar a salvo su opinión personal. No se comparte este criterio, pero se lo debe acatar si actuamos como magistrados.

No obstante ello, los letrados debieran agotar los medios para obtener un pronunciamiento de la Corte Federal por violación del artículo 121 de la Constitución Nacional, por parte de la Suprema Corte local. Ello ante la falta de adhesión de una cuestión que corresponde al poder no delegado en la Nación. Amén de que la propia Corte Federal ha dejado a salvo el tema constitucional (intocado), al indicar que no se expedía sobre la violación de las autonomías locales en razón de que tenía que decidir sobre una cuestión que correspondía al ámbito en que el Código Civil y Comercial o la Ley de Contrato de Trabajo reglan el tema excluyentemente. 

La SCBA debe conceder el recurso, a pesar de tratarse de honorarios, sin que quepan limitaciones pues están en juego derechos y garantías constitucionales sobre las que debe expedirse y que, en definitiva, deberá resolver la CSJN. En el sub punto siguiente explicamos las razones para la admisibilidad.

XVIII. 3 Admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de la ley, sin tener en cuenta las restricciones, cuando está en juego la Constitución Nacional y los casos constitucionales (artículo 14, incisos 1 a 3 de la ley 48)[40]

Debe ponerse de resalto que, a pesar de estas restricciones, si queremos mantener vivo el caso constitucional, para el recurso extraordinario federal, debemos plantear el recurso de inaplicabilidad de la ley y la inconstitucionalidad de la restricción para este caso concreto, pues en caso contrario se frustra el remedio federal (Causa “Di Mascio” de la CSJN entre otras). No es que se aplique la doctrina de que, dada la no superación del valor del litigio, el superior tribunal de la causa sería la Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial o Tribunal de única instancia. Si se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley (desestimación por la Cámara en lo Civil y Comercial o Tribunal del Trabajo, que tienen la primera línea de la admisibilidad formal), hay que ir en queja a la SCBA en los términos del artículo 292 del CPCC[41]. Rechazada la queja por la Suprema Corte provincial (obviamente, por no superarse el valor del litigio o por la falta de depósito previo o el no cumplimiento del depósito de la sentencia, intereses y costas en materia laboral), plantear contra dicho rechazo el recurso extraordinario federal y si éste se deniega ir en queja a la CSJN. 

Dada la evolución actual de la doctrina de la SCBA si se invoca correctamente el derecho constitucional violado y se fundamenta el agravio concreto en el recurso de inaplicabilidad de la ley, la Cámara o Tribunal de Única instancia debe declarar admisible el recurso y la Corte provincial tratar el mismo. Estas son las consecuencias directas de las causas “Strada” y “Di Mascio” entre otras. Y, en consecuencia, la SCBA, sin reparos formales, debe introducirse en la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad de las normas.

Así, en materia penal, la SCBA dijo que, es admisible el recurso de inaplicabilidad de ley, ya que las cuestiones de naturaleza federal traídas por el impugnante -el plazo razonable del encarcelamiento preventivo- hacen necesario que este Tribunal supere los recaudos formales frustratorios del acceso a la instancia extraordinaria local -las limitaciones que prevé el art. 494 C.P.P.- a fin de asegurar el control de constitucionalidad difuso que consagra el art. 31 de la C.N. en pos del adecuado tránsito de esas cuestiones por el superior Tribunal de la causa provincial. ("Strada", "Di Mascio", "Christou", entre otros)[42].En igual sentido dijo que, si bien el caso de autos no encuadra en los presupuestos previstos por el art. 494 del C.P.P. para la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley pues el recurrente ha sido condenado a la pena de ocho años y diez meses de prisión, en tanto de los planteos que efectúa en su presentación subyacen cuestiones de naturaleza federal violación del plazo razonable de duración de la etapa recursiva y aquel por el cual se tacha de arbitraria la sentencia- deben ser considerados. En tal sentido, este Tribunal debe superar los recaudos formales frustratorios del acceso a la instancia extraordinaria local -las limitaciones que prevé las art. 494 cit.- a fin de asegurar el control de constitucionalidad difuso que consagra el art. 31 de la C.N. en pos del adecuado tránsito de esas cuestiones por el superior Tribunal de la causa provincial ("Strada", "Di Mascio" "Christou")[43].

En materia laboral ha dicho que, aun cuando, ante la insuficiencia del valor del litigio, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deba ser resuelto en el marco delimitado por el art. 55 -primer párrafo, última parte- de la ley 11.653, corresponde abordar sin restricciones los agravios vinculados a cuestiones federales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Strada" (Fallos 308:490), "Christou" (Fallos 310 v.1: 324) y "Di Mascio" (Fallos 311: 2478) estableció como doctrina que todo pleito radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales, debe arribar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo después de "fenecer" ante el órgano máximo de la judicatura local, dado que los tribunales de provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprendan puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. Así, en los casos aptos para ser conocidos por la Corte Federal según el art. 14 de la ley 48, es necesaria la intervención del Superior Tribunal de provincia en virtud de la regulación que el legislador nacional hizo del art. 31 de la Constitución, de modo que la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso a aquel órgano en tales supuestos[44].

En igual sentido expresó que, encontrándose en debate una cuestión de naturaleza federal deben soslayarse las restricciones impuestas por la ley local respecto de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fin de que, a través del tránsito por el Superior Tribunal de la causa, el recurrente pueda acceder eventualmente al remedio federal[45]. 

Lo ha reiterado en materia civil y comercial, al indicar que, hallándose configurada una típica cuestión federal (art. 14, inc. 1º, ley 48), deben soslayarse las interdicciones que pudieran surgir del régimen local, por ejemplo, en lo concerniente a la restricción de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por razón del valor de lo cuestionado, a fin de que, a través del tránsito por el superior tribunal de la causa, el recurrente pueda acceder eventualmente al remedio federal[46]. 



(*) Juez de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial de La Matanza, Docente titular de la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Universidad Nacional de La Matanza, Secretario Académico del Colegio de Abogados de La Matanza).

(**) Integrante de las Cátedras de Derecho Procesal Civil y Práctica Profesional II de la Universidad Nacional de La Matanza, del Instituto de Derecho Procesal Civil y Coordinador Académico del Colegio de Abogados de La Matanza

 

[1] ARTICULO 16 de la ley 24.432. – Invitase a las provincias a adherir al presente régimen, en lo que fuera pertinente.

[2] Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

[3] Artículo 75 Corresponde al Congreso de la Nación:… 12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados… 15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.

[4] Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

[5] Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

[6] Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

[7] Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.

[8] Félix A. Trigo Represas en Código Civil Comentado, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2.005, Obligaciones, Tomo I, página 90, número 8.

[9] CSJN, 05/05/2009, “Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9688”, colección de Fallos de la CSJN, Tomo 332, Volumen segundo, página 927.

[10] La Corte Suprema de la Nación tiene dicho sobre la cuestión de la sanción de normas procesales, en los códigos de fondo por el Congreso de la Nación  que, está habilitado para dictar normas de procedimiento en relación con el derecho común, aplicables por los tribunales locales –sin perjuicio de ser una atribución reservada  por las provincias según el artículo 121 de la Constitución Nacional-, cuando fuesen razonablemente estimadas necesarias para el mejor ejercicio de los derechos consagrados por las normas de fondo. Dijo específicamente que el artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional (actual artículo 75, inciso 12) no impide que se incluyan en las leyes nacionales de fondo medidas de forma razonablemente estimadas necesarias para el mejor ejercicio de los derechos que aquellas acuerdan (Fallos CSJN, causa “Luis Alberto Spinetto v. Miguel Vincent”, 12 de junio de 1.968, Tomo 271 (año 1.968), página 36 y siguientes). Esta doctrina se siguió pacíficamente desde el precedente “Bernabé Correa” (Fallos Tomo 138, página 157).

[11] Desde sus primeros pronunciamientos esta Corte ha resuelto que las relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el antiguo art. 67, inc. 11 (actual art. 75, inc. 12) de la Constitución Nacional (Fallos: 322:1050, considerando 7º y sus citas).

Ello alcanza –obviamente– a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor (Fallos: 271:140, último considerando).

Más aún, cuando el Tribunal examinó leyes que excluían del embargo a ciertos bienes (por razones que calificó “de humanidad”), consideró que las normas dictadas por el Congreso Nacional constituían, por la materia que regulaban y por el hecho de haberlas sancionado aquél, preceptos de fondo, o sustantivos, destinados a regir las relaciones entre acreedor y deudor y, por consiguiente, normas generales del derecho civil establecidas en virtud del poder conferido por el artículo constitucional citado supra (Fallos: 138:240, 244, 245) BANCO DEL SUQUIA S.A. V. JUAN CARLOS TOMASSINI RECURSO EXTRAORDINARIO: Fallos CSN, Tomo 325, página 428 y siguientes).

[12] José Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, Editorial Reus, Madrid, 1923, Tomo II, páginas 452 y 453, párrafo 77.

[13] Art. 277. —Pago en juicio.- Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del Tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus derecho-habientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder. Queda prohibido el pacto de cuota litis que exceda del veinte por ciento (20%) el que, en cada caso, requerirá ratificación personal y homologación judicial.

El desistimiento por el trabajador de acciones y derechos se ratificará personalmente en el juicio y requerirá homologación.

Todo pago realizado sin observar lo prescripto y el pacto de cuota litis o desistimiento no homologados, serán nulos de pleno derecho.

La responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas (Párrafo incorporado por art. 8 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995).

 

[14] A. 151. XXXVII - "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9688" - CSJN - 05/05/2009 elDial.com - AA528E.

[15] j V. 1418. XXXVIII. - "Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/accidente-ley 9688" - CSJN - 27/05/2009 elDial.com - AA53BC.

[16] Sentencia Interlocutoria 17963 - Expediente. 28.639/05 - “García Jorge Abrahan c/ La Holando Sudamericana Cía. Seguros S.A. y otro s/ accidente – acción civil” - CNTRAB - SALA X - 29/10/2010 elDial.com - AA65B9.

[17] Sentencia Interlocutoria 28406 – Expediente. 21525/05 – “Lourenco Juan Carlos c/ Hospital Británico de Buenos Aires y otro s/ accidente-acción civil” – CNTRAB – SALA V – 28/02/2012 elDial.com - AA747E.

[18] Causa n° 18205/2008 – “Rivas Diana Edith y otros c/ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/ diferencias de salarios” – CNTRAB – SALA X – 20/04/2016 elDial.com - AA969E.

[19] CIV 45865/2009/CS1 – “Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop de Seg. Ltda. y Otros s/ daños y perjuicios” – CSJN - 11/07/2019 elDial.com - AAB48E.

[20] SCBA LP L. 119599 S 11/04/2018 Juez SORIA (MA), “Silveira Ros María Ximena contra Comdisud S.A. y otros. Daños y perjuicios”, Juba B5049496.

[21] SCBA LP L. 118434 S 12/04/2017 Juez PETTIGIANI (MA), “Virgili, María del Carmen contra Mar del Plata Gestiones y contactos S.A...Despido”; SCBA LP L. 117427 S 20/05/2015 Juez KOGAN (SD), “Caraballo, Miguel Ángel contra Air Liquide Argentina S.A. Enfermedad profesional”; SCBA LP L 93064 S 02/03/2011 Juez SORIA (MA), “Vas de Silva, Armando c/Formametal S.A. s/Incapacidad absoluta”; SCBA LP L 112832 S 02/05/2013 Juez KOGAN (MA), “G. ,D. H. c/F. P. S. S. s/Enfermedad accidente”; Juba B54234.

[22] SCBA LP L 77859 S 27/07/2005 Juez DE LAZZARI (MA), “Acosta, Victorino A. c/Expreso Nueve de Julio S.A. s/Daños y perjuicios y ley 24.028”, Juba B47245.

[23] CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. Sala K. A., E.L. c/ A., R.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. 26/03/2019 (Sumario n° 27620 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil) elDial.com - AE2C15.

[24] ARTÍCULO 731.- Efectos con relación al deudor. El cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor.

[25] Se ha dicho, con referencia a la legislación anterior, sustancialmente análoga, que el artículo 505 confiere al deudor que ha cumplido exactamente con la prestación, el derecho de paralizar la acción del acreedor y obtener de éste la liberación correspondiente, con la devolución de la deuda, la cancelación de los derechos accesorios, etcétera (Pedro N. Cazeaux, Derecho de las Obligaciones,, 2ª edición actualizada y aumentada, Librería Editora Platense, La Plata, 1975, Tomo 1, página 172, párrafo V).

[26] Georges Ripert- Jen Boulanger, Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, La Ley, Buenos Aires, 1965, Tomo V (Obligaciones segunda parte), página 359, número 1470.

[27] CC0101 MP 167834 I 27/08/2019 “Deliso Adrián c/ Materia Verbel Ignacio s/ Daños y Perjuicios”, Juba B5064006.

[28] ARTICULO 1728.- Previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento.

[29] ARTICULO 1742.- Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable.

[30] Félix A. Trigo Represas en Código Civil Comentado, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2.005, Obligaciones, Tomo I, página 90, número 8.

[31] Autor y obra citada en nota anterior, mismo Tomo, página 91, mismo número 8.

[32] CC0102 MP 164245 278-R I 15/07/2019, “SAICHA, ANA VALERIA C/ PENNISI, MIGUEL ANGEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS AUTOM.S/LESIONES”, Juba B5062387.

[33] Expediente. Nº 16532-2014 - “S. d. M. A. A. y otro/a c/ Gerez, Juan Alberto y otro/a s (n1)/daños y perjuicios automotores c/les. o muerte (excepto Estado)” - CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MORÓN (Buenos Aires) - SALA SEGUNDA – 02/05/2019 elDial.com - AAB389.

[34] CC0100 SN 10837 15 I 04/07/2019, “Sánchez Facundo Sebastián/ Transporte Giozzi y Pollier Socienda de hecho y otros s/ daños y perjuicios”, Juba B861820.

[35] Expediente. COM 6663/2011 - “Distribuidora Belgrano Norte S.R.L. c/ Cesce Argentina S.A. seguros de crédito y garantía s/ordinario” – CNCOM – SALA F – 03/07/2018 elDial.com - AAAA6B.

[36] CC0102 MP 164571 105-R I 28/03/2019, “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VELIZ, MARIO ALEJANDRO S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO”, Juba B5059816.

[37] SCBA LP L. 119599 S 11/04/2018 Juez SORIA (MA), “Silveira Ros María Ximena contra Comdisud S.A. y otros. Daños y perjuicios”, Juba B5049499.

[38] CC0001 SI 37970 2014 560 I 17/12/2018, “AVILA ELENA GABRIELA C/ MARZETTI MARIA PAOLA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Juba B5055556.

[39] CC0201 LP 124496 RSD 338/18 S 20/11/2018 Juez SOSA AUBONE (OP), "PETRONIS VIRGINIA MARTA ELEONORA C/ DIAZ LEONCIA Y OTRO/A S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS", Juba B258380.

[40] Ver nuestro libro sobre Recursos Procesales, Tomo II (Recursos Extraordinarios) de Editorial Estudio, Buenos Aires, 1.917, 2ª edición incluye CD, de donde se han extraído estas apostillas (páginas 195, 196 y 197 del citado Tomo II). .

[41] Recomendábamos el recurso por las dudas, es decir el doble recurso, extraordinario local y federal contra la sentencia de Cámara: Pero ante los términos de la doctrina de la CSJN no resulta necesario el doble planteo, ya que el recurso federal ante la Cámara será rechazado por la CSJN por la doctrina de los casos “Strada” y “Di Mascio”. Hay que plantear un solo recurso extraordinario local ante la Cámara o Tribunal de Única instancia.

[42] SCBA LP Rp 118325 I 05/02/2014, “Monzón Torres, Ángel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 50.653 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”; SCBA LP RP 106861 I 21/10/2009, “V., R. D. s/Recurso de casación. Rec. extraordinario de inaplicabilidad de ley”; Juba B73647.

[43] SCBA LP RP 107233 I 17/03/2010, “D., J. L. s/Recurso de casación”, Juba B74180.

[44] SCBA LP L 117573 S 28/09/2016 Juez KOGAN (MA), “Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A...Apelación de resolución administrativa”; SCBA LP L 88616 S 05/06/2013 Juez KOGAN (SD), “Ibáñez, José Teodoro y otro c/Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas s/Indemnización despido, etc.”; Juba B57189...

[45] SCBA LP 108698 S 10/12/2014 Juez NEGRI (OP), “Arguello Ávalos, Dionisia contra ASSI S.A. Despido”; SCBA LP L 115488 S 10/09/2014, “Cahuapé Pereyra, Rubén contra Bongiorno, Osvaldo Adrián. Despido”; SCBA LP R.I. 117035 I 25/09/2013, “Abregu, Francisco Reynaldo y otros c/Simmons de Argentina S.A. s/Cobro de pesos”; Juba B3550594.

[46] SCBA LP Rc 119013 I 05/11/2014, "Fauci, Gabriela Paola c/ Piedrabuena, Pedro Rubén y otro/a S/ Ejecución hipotecaria", Juba B4200677.

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Publicado el 29/06/2020

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