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septiembre  20, 2020

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La prestación del servicio de justicia bonaerense durante el estado de emergencia sanitaria

Por Andrés Leonel Nizzo y Ramiro Rosales Cuello


“En este trabajo procuraremos recorrer, en forma ordenada y esquemática, las principales medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia para reglamentar el funcionamiento de los tribunales bonaerenses y la actividad procesal de las partes durante la emergencia sanitaria, a fin de exponer su evolución y determinar sus alcances y efectiva vigencia.”

“Las limitaciones en el servicio de justicia en la jurisdicción bonaerense comenzaron con el dictado de la Resolución de Corte 386/2020 a través de la cual el Tribunal decretó asueto con suspensión de términos procesales en todo el ámbito del Poder Judicial provincial entre el 16 y el 31 de marzo de 2020, ambos inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplieran (art. 1º). Se dispuso, asimismo, una mínima prestación de servicios, restringida a la atención de los asuntos urgentes o que por su naturaleza no admitieran demora (art. 2º). Para ello, quedaron habilitados únicamente los organismos en turno, con una guardia reducida conformada con el magistrado a cargo (en los colegiados, al menos uno de sus integrantes), un funcionario letrado y los agentes indispensables que el titular determine.”

“El 18 de marzo de 2020, la Presidencia de la Suprema Corte dictó la Resolución 10/20, la cual constituye ciertamente un “reglamento” para la actividad judicial durante el estado de emergencia. Mediante esta trascendente resolución, se establecieron una serie de disposiciones, instrucciones y recomendaciones de carácter excepcional y transitorias, para regular la prestación del servicio de justicia en la situación de emergencia sanitaria.”

“En principio, se resolvió prorrogar la vigencia de las medidas dispuestas por la Resolución de Corte 386/20, pero con numerosas adaptaciones para ampliar, de manera progresiva, la prestación del servicio de justicia (art. 1º). A la par, se extendió la vigencia de las resoluciones complementarias dictadas sucesivamente por la Presidencia del Tribunal durante el curso del estado de emergencia (art. 2º).”

“Hemos sido testigos del nacimiento de un `derecho procesal de emergencia`, ciertamente excepcional, por medio del cual la Suprema Corte de Justicia -como máxima autoridad del Poder Judicial y responsable del dictado de las medidas reglamentarias que aseguren el mejor cumplimiento de las normas procesales- procedió a reglamentar, con foco en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles, los más variados aspectos de la actuación procesal de los litigantes, profesionales y órganos jurisdiccionales en el marco de la pandemia, en pos de garantizar y ampliar, paulatina y progresivamente, la prestación del servicio de justicia.”

“A lo largo de estas líneas hemos pasado revista al copioso entramado normativo dado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para reglamentar la prestación del servicio de justicia de los organismos jurisdiccionales bonaerenses y la actuación procesal de las partes durante el estado de emergencia sanitaria. En este excepcional contexto, se exhibieron con particular relieve los beneficios que nos brindan las herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión judicial, irremplazables para la ejecución remota de una enorme cantidad de actos procesales. Sin embargo, a pesar de los importantísimos avances registrados en la justicia bonaerense en torno a la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al proceso judicial, las normas legales y reglamentarias vigentes al inicio de la crisis sanitaria no eran idóneas para permitir que la actividad judicial continuara desarrollarse normalmente.”

Citar: elDial.com - DC2B44



Publicado el 29/06/2020

Copyright 2020 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Texto Completo

La prestación del servicio de justicia bonaerense durante el estado de emergencia sanitaria

 

Por Andrés Leonel Nizzo(*) y Ramiro Rosales Cuello(**)

 

 

Sumario: I. El servicio de justicia y la emergencia sanitaria: su impacto en la provincia de Buenos Aires. II. Asueto judicial y suspensión de términos. III. Un reglamento para la justicia bonaerense durante el estado de emergencia. IV. Inicio de nuevas causas: supuestos admitidos y modalidad electrónica. V. Progresiva ampliación de servicios y reanudación de términos procesales. VI. Medidas específicas para actuaciones y fueros en particular. VII. Reflexiones finales.

 

 

I.              El servicio de justicia y la emergencia sanitaria: su impacto en la provincia de Buenos Aires

 

La crisis sanitaria y social sin precedentes provocada por la pandemia del COVID-19, obligó a las autoridades de todos los países a tomar enérgicas medidas destinadas a mitigar el contagio de la enfermedad entre la población y su impacto en los sistemas sanitarios.

La prestación del servicio de justicia, por supuesto, no estuvo ajena a ese contexto y, rápidamente, se fueron adoptando variadas disposiciones en cada una de las jurisdicciones del país que, si bien bajo diferentes variantes y/o apelativos (“feria judicial”, “feria judicial extraordinaria”, “receso judicial extraordinario”, “suspensión de términos”, “asueto”), implicaron la paralización casi total de la administración judicial y la seria alteración de la marcha normal del trámite de los procesos[1].

Luego de esas primeras reacciones, en forma gradual y escalonada se empezaron a dictar normas complementarias y ampliatorias (v.gr., resoluciones, acuerdos) para ordenar la prestación del servicio de justicia, así como la actuación procesal de los litigantes, profesionales y organismos jurisdiccionales durante la crisis sanitaria, lo que fue conformando un verdadero entramado normativo procesal de emergencia.

Desafortunadamente, y pese a los importantes avances registrados en los últimos años en la adopción de herramientas tecnológicas para la gestión judicial, el inicio de la emergencia originada por la pandemia del COVID-19 no encontró a ninguna administración de justicia suficientemente preparada para afrontarla sin trastocar la normal prestación del servicio.

En el escenario expuesto, y luego de la aparición de los primeros casos de la enfermedad en la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia adoptó, en un primer momento, algunas medidas de carácter netamente preventivo[2].

            La precipitada propagación del virus y la declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud, junto al establecimiento del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional y provincial, constriñó a la Suprema Corte provincial a profundizar el curso de acción inicial y disponer un considerable número de medidas extraordinarias y excepcionales, tendientes a limitar al máximo posible la concurrencia de personas a los organismos judiciales, procurando -a la vez- garantizar la prestación esencial del servicio de justicia.

            En este trabajo, entonces, procuraremos recorrer, en forma ordenada y esquemática, las principales medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia para reglamentar el funcionamiento de los tribunales bonaerenses y la actividad procesal de las partes durante la emergencia sanitaria, a fin de exponer su evolución y determinar sus alcances y efectiva vigencia.

                       

II.             Asueto judicial y suspensión de términos

 

Las limitaciones en el servicio de justicia en la jurisdicción bonaerense comenzaron con el dictado de la Resolución de Corte 386/20[3], a través de la cual el Tribunal decretó asueto con suspensión de términos procesales en todo el ámbito del Poder Judicial provincial entre el 16 y el 31 de marzo de 2020, ambos inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplieran (art. 1º).

            Se dispuso, asimismo, una mínima prestación de servicios, restringida a la atención de los asuntos urgentes o que por su naturaleza no admitieran demora (art. 2º). Para ello, quedaron habilitados únicamente los organismos en turno, con una guardia reducida conformada con el magistrado a cargo (en los colegiados, al menos uno de sus integrantes), un funcionario letrado y los agentes indispensables que el titular determine.

Los Ministros delegaron en la Presidencia del Tribunal la adopción de decisiones respecto de las cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de la aplicación de esta resolución (art. 10º), así como el dictado de normas excepcionales para regular los procesos, procedimientos y formas de trabajo (incluyendo el teletrabajo) a fin de ampliar las medidas dispuestas, en la medida en que ello no represente un riesgo para la salud (art. 11º).

            A los pocos días del dictado de la Resolución de Corte 386/20 y complementando lo allí dispuesto, el Presidente del Tribunal emitió la Resolución 135/20[4], donde recordó que sólo debían asistir a los lugares de trabajo los agentes estrictamente indispensables, de acuerdo con la competencia o caudal de trabajo, para garantizar la prestación mínima del servicio de justicia en el acotado marco de urgencia dispuesto por la aquella resolución (art. 1º).

            El asueto y la suspensión de términos dispuestos mediante la Resolución de Corte 386/20, fueron sucesivamente prorrogados -con algunas adecuaciones, como iremos viendo-, a medida que el Poder Ejecutivo Nacional fue extendiendo la vigencia temporal de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio[5].

           

III.           Un reglamento para la justicia bonaerense durante el estado de emergencia

 

            El 18 de marzo de 2020, la Presidencia de la Suprema Corte dictó la Resolución 10/20, la cual constituye ciertamente un “reglamento” para la actividad judicial durante el estado de emergencia.

            Mediante esta trascendente resolución, se establecieron una serie de disposiciones, instrucciones y recomendaciones de carácter excepcional y transitorias, para regular la prestación del servicio de justicia en la situación de emergencia sanitaria.

           

a)    Atención al público

En primer lugar, se hizo saber a los litigantes, profesionales y público en general, que deberán canalizar todo trámite, gestión, información u otras actuaciones que sean necesarias y urgentes, por medios telemáticos (arts. 1º-1-a y 1º-3-e).

El ingreso de personas a organismos y dependencias judiciales se limitó a quienes hayan sido previamente citados o que sean parte procesal, siempre que la gestión no pueda efectuarse por medios electrónicos o telefónicos (art. 1º-3-e.2).

Se previó, para el caso de ser estrictamente necesario, el establecimiento de turnos para garantizar la prestación del servicio, adoptando medidas de seguridad para evitar el contacto directo con el personal.

Posteriormente, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia dispuso, a través de la Resolución 28/20[6], aprobar un "servicio de consulta a la mesa de entradas de los órganos jurisdiccionales", incorporado a la Mesa de Entradas Virtual, destinado a que los profesionales y el público en general cuenten con un mecanismo de contacto y comunicación con juzgados y tribunales por correo electrónico a fin de evacuar en forma remota las consultas que comúnmente se hacen de manera presencial en las mesas de entradas de los distintos organismos.

 

b)    Pautas de trabajo

Aparece, por primera vez, la posibilidad de que el personal judicial preste servicios a distancia, esto es, en forma remota desde su domicilio (modalidad de teletrabajo), empleando la tecnología apropiada (art. 1º-1-b).

Las condiciones regulatorias del trabajo domiciliario fueron posteriormente acordadas el 25 de abril de 2020 a través de la suscripción de sendos convenios con la Asociación Judicial Bonaerense[7] y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia[8].

 

c)     Reglas procesales de excepción

Se aprobaron una serie de pautas especiales para la tramitación de las limitadas actuaciones que se habilitaron durante el estado de emergencia.

Ante todo, se suspendió la totalidad de las actuaciones procesales ordenadas por los organismos jurisdiccionales con anterioridad al inicio del asueto -incluidas las audiencias-, salvo aquellas relativas a movimientos bancarios (apertura de cuentas, pedidos de saldo, giros y transferencias) y las que los magistrados consideren urgentes (art. 1º-2-a).

Se estableció que, a los efectos del cómputo del plazo de caducidad previsto en el artículo 311 del CPCCBA, los días comprendidos en el período del asueto judicial con suspensión de términos se reputan inhábiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 152 del código citado (art. 1º-2-c).

La presentación de nuevas demandas quedó suspendida, y el ingreso de escritos de inicio se limitó sólo a los que se refieran a causas de naturaleza urgente o en las que sea inminente la prescripción de la acción.

Asimismo, se modificó en forma excepcional y provisoria los regímenes de presentaciones y notificaciones electrónicas aprobados por los Acuerdos SCBA 3886/18 y 3845/17, respectivamente.

En este sentido, se limitó la presentación de escritos judiciales exclusivamente para cuestiones que requieran urgente despacho (art. 1º-3-b.1) y, además, se estableció que la totalidad de las presentaciones sean en soporte electrónico (art. 1º-3-b.2).

Para los supuestos en que fuera necesario presentar un escrito que no se considere de mero trámite[9] y la parte actúe por derecho propio, se previó un novedoso mecanismo, introduciendo la figura del “abogado depositario”[10]: bajo esta modalidad, el escrito es generado en papel y suscripto en forma ológrafa por el litigante “en presencia de su abogado” (art. 1º-3-b-3). Luego, el profesional se encarga de generar, suscribir e ingresar en el sistema informático un documento electrónico "de idéntico contenido" al elaborado en formato papel. El ingreso al sistema de una presentación de tales características implica la presentación formal del escrito y la declaración jurada del abogado de que se ha cumplido con las referidas previsiones y, a su vez, la asunción de las obligaciones propias del depositario del escrito firmado en forma ológrafa.

Se facultó a los órganos judiciales a ordenar, de oficio o a pedido de parte, la exhibición del escrito en soporte papel, bajo apercibimiento de que la presentación se tenga por no formulada en caso de incumplimiento.

A fin de ingresar documentación a los procesos, se estableció que sólo se presente en soporte digital, como archivo adjunto a una presentación electrónica, quedando eximidos de acompañarla en soporte papel (art. 1º-3-b.4).

En torno a las notificaciones procesales, se impuso como obligación a los órganos judiciales notificar de oficio y en soporte electrónico todas las providencias, resoluciones y sentencias que legalmente deban notificarse por cédula, siempre que sean de carácter urgente (art. 1º-3-c.1). Las cédulas en papel quedaron reservadas exclusivamente para los casos en que deban ser cursadas a un domicilio real.

Inclusive, se modificaron algunas previsiones contenidas en la ley adjetiva, en tanto se resolvió que aún en los casos en que las normas procedimentales aplicables prevean que la notificación de la sentencia definitiva o equiparable a ésta se efectúe en formato papel (v.gr., art. 143, CPCCBA), sea realizada en forma electrónica (art. 1º-3-c.2).

 

IV.           Inicio de nuevas causas: supuestos admitidos y modalidad electrónica

 

A partir de las gestiones encomendadas a la Secretaría de Planificación y a la Subsecretaría de Tecnología Informática del Tribunal, el 3 de abril de 2020 el presidente de la Suprema Corte resolvió excepcionalmente permitir, a partir del día 6 de ese mes y año, la presentación de escritos de inicio de expedientes en forma electrónica.

De este modo, mediante la Resolución 15/20, se habilitó la presentación de demandas a través del portal web de notificaciones y presentaciones electrónicas[11], ante los Juzgados de Paz y los órganos jurisdiccionales de los fueros Civil y Comercial, de Familia, Contencioso Administrativo y del Trabajo que se encuentren de turno (art. 1º).

El mecanismo previsto implicó adecuar el portal web, incorporando un aplicativo específico para la generación de escritos de inicio, en donde los abogados completan los datos habitualmente requeridos por las Receptorías de Expedientes (art. 2º).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 1º-3-a de la Resolución de Presidencia 10/20, el ingreso electrónico de causas se limitó exclusivamente a causas que requieran urgente despacho o en los que sea inminente la prescripción de la acción (art. 3º, primer párrafo).

Se previó que, una vez finalizado el período de excepcionalidad, los órganos judiciales que hayan recibido demandas electrónicas a través del portal web, remitirán los expedientes a la Receptoría de Expedientes Departamental, la que procederá a su sorteo y radicación definitiva (art. 4º).

También se contempló la presentación de quejas por recursos de apelación denegados o “mal concedidos” en forma electrónica, ante las Cámaras de Apelación (art. 6º).

La Resolución de Presidencia 15/20 fue posteriormente derogada por la Resolución de Corte 558/20, dictada el 27 de mayo de 2020 -con excepción de su artículo 6°, que habilita el ingreso de quejas ante las Cámaras de Apelación-.

En esta última resolución, el Tribunal estableció mantener el ingreso electrónico de escritos de demanda, pero -en lugar de presentarse directamente ante los órganos de turno- se dispuso que a partir del 1° de junio de 2020 sean recibidos por las Receptorías de Expedientes, para su registro y posterior remisión electrónica al órgano jurisdiccional que se encuentre de turno en los fueros Civil y Comercial, Laboral, de Familia y en lo Contencioso Administrativo (art. 1°). Se reiteró que el ingreso de nuevas causas se limitaría a asuntos urgentes o de inminente prescripción de la acción (art. 2°).

Se habilitó que las Receptorías de Expedientes puedan “observar” los escritos de inicio que no cumplieran con algún recaudo reglamentario, aunque se dejó expresamente establecido que la constancia de presentación se considerará igualmente en esos casos a los efectos del cómputo de los plazos que correspondan (arts. 5° y 7°).

Por otro lado, se dispuso que en las causas iniciadas bajo este procedimiento que deban transitar la etapa de mediación prejudicial obligatoria, ésta quedará suspendida hasta tanto puede realizarse por el medio o bajo la modalidad que se disponga oportunamente (art. 9°).

Finalmente, el 20 de junio de 2020, la Suprema Corte dictó la Resolución 593/20, a través de la cual habilitó -a partir del 25 de junio de 2020- el inicio de todo tipo de causas (ya no sólo las de carácter urgente) para los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral y Contencioso Administrativo.

Lo más trascendente de la Resolución 593/20 es que consagra una modalidad de ingreso de causas en soporte electrónico de carácter definitivo, es decir, para regir la presentación de todo tipo de escritos de inicio aún en tiempos de “normalidad”.

 

V.            Progresiva ampliación de servicios y reanudación de términos procesales

 

A poco más de un mes del inicio del asueto judicial, el Tribunal en pleno dictó la Resolución 480/20[12], la cual sentó las bases para comenzar el camino hacia la progresiva reanudación de la actividad judicial en la Provincia de Buenos Aires, seriamente afectada a partir de las medidas de aislamiento social dispuestas con motivo de la pandemia del COVID-19.

Se estableció, de este modo, una "hoja de ruta" a seguir en ese tránsito, con fases progresivas de ampliación de los servicios de la administración de justicia, sin perder de vista el mantenimiento de las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo a la libre circulación de personas.

Se consideró especialmente que el ejercicio liberal de la abogacía en el ámbito bonaerense no estaba exceptuado de las restricciones establecidas, lo que decididamente incide sobre la actividad profesional. Se concluyó entonces que la actividad judicial susceptible de desarrollarse en tal contexto debía ser, principalmente, aquella capaz de llevarse a cabo en modo no presencial (ver considerandos 4º a 9º).

Se destacó que, en base al entramado normativo generado durante la emergencia y establecida la factibilidad técnica de funcionamiento del sistema con una cantidad significativa de conexiones remotas a los sistemas informáticos de gestión, era posible ir avanzando hacia la creciente prestación de servicios por parte de la administración de justicia, siempre que sean compatibles con las limitaciones impuestas por la situación de emergencia sanitaria (ver considerandos 20º y siguientes).

 

a)    Prórroga de asueto y normas complementarias de emergencia

En principio, se resolvió prorrogar la vigencia de las medidas dispuestas por la Resolución de Corte 386/20, pero con numerosas adaptaciones para ampliar, de manera progresiva, la prestación del servicio de justicia (art. 1º). A la par, se extendió la vigencia de las resoluciones complementarias dictadas sucesivamente por la Presidencia del Tribunal durante el curso del estado de emergencia (art. 2º).

 

b)    Reanudación progresiva de plazos

Sin perjuicio de mantener la suspensión general de plazos (art. 1º), el Tribunal determinó implementar un cronograma para la reanudación progresiva y segmentada de los plazos procesales.

De este modo, a partir del 29 de abril de 2020 se reanudaron los plazos para el dictado de toda clase de resoluciones y sentencias (así como de su notificación electrónica), para los órganos judiciales de los fueros Civil y Comercial, Laboral y Contencioso Administrativa (art. 3º).

Originariamente también se contemplaba la reanudación de estos plazos para el fuero de Familia; empero, considerando la elevada carga de trabajo y las cuestiones urgentes que deben atender, mediante la Resolución de Presidencia 23/5[13] se aclaró que los órganos judiciales del fuero de Familia quedaban exceptuados de esa reanudación, debiendo expedirse únicamente con relación a los asuntos de urgente despacho.

Para los organismos comprendidos en la habilitación de plazos, implicó el deber de dictar todos los actos jurisdiccionales pendientes y los que se fueran solicitando, dentro de los términos legalmente establecidos. Se aclaró que los plazos posteriores al dictado de esos proveídos y resoluciones también quedan habilitados (por ejemplo, el plazo para interponer un recurso a partir de la notificación del acto jurisdiccional).

Por otra parte, a partir del 6 de mayo de 2020, se reanudaron los plazos para la realización de presentaciones electrónicas y actos procesales “compatibles con las restricciones vigentes en razón de la pandemia y la emergencia sanitaria” (art. 4º, primer párrafo, primera parte). Es decir que, para los actos procesales que puedan ser cumplidos a través de la remisión de una presentación electrónica o bien que puedan llevarse a cabo en el marco de esas restricciones indicadas, los plazos se reanudaron a partir de la fecha señalada. Quedó excluido de esta disposición el fuero de Familia (art. 4º, último párrafo).

            El proveimiento de las presentaciones electrónicas por parte de los órganos judiciales quedó supeditado a que los medios tecnológicos disponibles lo permitan y siempre y cuando no impliquen afluencia o traslado de personas a la sede de los organismos o dependencias judiciales o al lugar donde deba practicarse la diligencia (art. 4º, primer párrafo, segunda parte). Aquí también se precisó que se reanudan los plazos correspondientes a todo acto o diligencia posteriores a cada presentación, cuya realización sea posible en los términos señalados (art. 4º, segundo párrafo).

 

c) Mantenimiento de la suspensión de inicio de nuevas causas

La Resolución de Corte 480/20 conservó la limitación de iniciar nuevas causas judiciales (art. 5º), a excepción de las que se refieran a casos urgentes y aquellas en los que sea inminente la prescripción de la acción.

 

d)    Utilización de herramientas tecnológicas para la ejecución de actos procesales

Se contempló que, a petición de parte, los órganos judiciales autoricen, en atención a las circunstancias y según su "sana discreción", el uso de herramientas tecnológicas "accesibles" para realizar a distancia actos procesales que de otro modo pudieran verse impedidos (art. 6, primer párrafo).

Asimismo, se facultó a los jueces a ordenar de oficio la realización de actos procesales cuya suspensión o postergación pudiera ocasionar un grave perjuicio a derechos fundamentales, también a practicarse a través los medios tecnológicos disponibles (art. 6º, segundo párrafo).

Se excluyó en forma expresa la realización de los siguientes actos y diligencias procesales: la declaración de testigos y la absolución de posiciones, las audiencias de vista de causa en los procesos laborales y de familia y las audiencias con niños, niñas y adolescentes o con personas con capacidad restringida -en estos últimos casos, salvo que medie un previo informe técnico profesional sobre su procedencia- (art. 7º).

La producción de prueba pericial, de reconocimiento judicial, de informes y documental, se habilitó sólo en la medida de que el órgano jurisdiccional estime que puedan llevarse a cabo a través de medios tecnológicos y siempre que no impliquen afluencia o traslado de personas a las sedes de los organismos o dependencias judiciales o al lugar donde deba practicarse la diligencia.

 

e)    Pautas para el fuero penal y penal juvenil

Se estableció que estos fueros continúen prestando servicios bajo el esquema normativo de emergencia, permitiendo solamente la realización y sustanciación de procedimientos específicos (art. 8º).

 

f)      Regulación del trabajo a distancia

Se dispuso en forma expresa que la totalidad del personal perteneciente a la administración de justicia quede afectado a la prestación de servicios desde su domicilio (teletrabajo) en el marco de los acuerdos oportunamente celebrados entre la Suprema Corte y la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, respectivamente (art. 9º).

 

En línea con la progresiva normalización del servicio de justicia, la Suprema Corte dictó, posteriormente, la Resolución 655/20[14]. En esta última, el Tribunal resolvió establecer una serie de condiciones para la habilitación y funcionamiento de los órganos y dependencias judiciales, a saber:

a)    Que se encuentren dentro de alguno de los Partidos que se encuentren en las fases más amplias de las medidas de restricción dispuestas por los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial;

b)    Que se cuente con protocolo aprobado para el ejercicio de la abogacía en el Municipio o a nivel provincial; y

c)     Que se ajusten a las decisiones sanitarias y observen las reglas de funcionamiento fijadas por las autoridades competentes.

La habilitación progresiva del servicio de justicia pleno de los organismos y dependencias judiciales que cumplan las pautas indicadas fue delegada en la Presidencia del Tribunal, y se aprobó un protocolo de funcionamiento a observar por los órganos cuya actividad se vaya reestableciendo.

 

 

VI.           Medidas específicas para actuaciones y fueros en particular

 

Más allá de las distintas medidas de carácter general dispuestas por la Suprema Corte de Justicia durante la emergencia sanitaria, se fueron dictando otras destinadas a regular aspectos o situaciones específicas, muchas de ellas de suma trascendencia, habida cuenta de los derechos e intereses comprometidos.

 

a)    Medidas para el fuero de Familia

En especial, nos interesa destacar la Resolución de Presidencia 12/20, dictada el 20 de marzo de 2020, mediante la cual se resolvió “considerar prorrogadas hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta que la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio cese, las medidas cautelares o de protección judicialmente decretadas”, a saber: exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y contacto, perímetros de exclusión, otorgamiento de dispositivos de alerta, internaciones, y cualquier otra que haga a la protección de las personas tuteladas, por situaciones de violencia familiar, de género, restricción a la capacidad o adultos mayores, salvo que el juez de la causa adopte una medida en concreto y/o que la propia víctima o parte solicite su cese u otra medida distinta (art. 1º).

Se consideró especialmente que las medidas de aislamiento social impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional “probablemente recrudecerán las situaciones, lógicas y prácticas de violencia familiar y de género a que se ven sometidas las personas en situación de vulnerabilidad en general y las mujeres en particular”. También que “la combinación de ambas situaciones (v.gr., encierro y recrudecimiento de las violencias), constituirá un obstáculo grave para el acceso a la justicia de las personas que se vean sometidas a las mismas (v.gr., imposibilidad de contactarse con su abogado), las cuales requieren de medidas urgentes para garantir su derecho fundamental a la vida e integridad” (considerando “I”).

Esa prórroga automática de las medidas de protección fue puesta en conocimiento de las fuerzas de seguridad provincial y municipal, a efectos de que, cuando las víctimas requieran de su protección de su protección, sepan que las medidas oportunamente vigentes permanecen vigentes.

Asimismo, se dispuso que la prórroga ordenada no debía ser notificada en cada causa judicial (art. 2º).

Otra importante medida, prevista en la citada resolución, es la autorización a los Juzgados de Familia y de Paz en turno a recibir las denuncias por violencia familiar o de género proveniente de las respectivas Comisarías por cualquier canal telemático en los teléfonos oficiales, incluso mediante la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea tales como WhatsApp o similares (art. 3º).

Finalmente, se habilitó a los órganos judiciales competentes que, una vez recibida la denuncia, a utilizar cualquier medio telemático a su alcance (incluso aplicaciones de mensajería instantánea) para informar de manera inmediata a las partes: el órgano que intervendrá en el caso, los datos de contacto del organismo, las medidas que se dispongan en la causa y el envío y requerimiento de información relevante de la causa. De igual modo, se autorizó la celebración de audiencias por los mismos medios, destacando que todos los actos detallados y ejecutados bajo las citadas modalidades cuentan con plena validez (art. 4º).

A través de la Resolución 7/20 del 16 de marzo de 2020, el presidente de la Suprema Corte dispuso que los Equipos Técnicos especializados que integran los Juzgados del Fuero de Familia deben “indefectiblemente” colaborar con aquellos órganos judiciales del mismo fuero y departamento judicial que se encuentre en turno, con los alcances que requiera el magistrado (art. 1º).

Se precisó que el juez de turno cuente con los datos de contacto de los profesionales que integran los cuerpos técnicos, para convocarlos y requerir la concurrencia y la realización de las tareas que estime necesarias.

 

b)    Funcionamiento de la Justicia de Paz

La Suprema Corte de Justicia resolvió, mediante la Resolución de Presidencia 8/20 dictada el 17 de marzo de 2020, establecer que en cada uno de los Juzgados de Paz existentes en la Provincia de Buenos Aires se organice y garantice la prestación mínima del servicio de justicia en los términos y alcances que establece la Resolución de Corte 386/20.

Asimismo, se dispuso que, para el caso de vacancia o dispensa de concurrir a los lugares de trabajo de los titulares de los Juzgados de Paz, los asuntos de urgente despacho o que no por su naturaleza no admitan postergación, correspondientes a dichos Juzgados de Paz serán atendidos por los Juzgados de Familia, en lo Civil y Comercial, y Juzgados Correccionales en turno de acuerdo con la materia de que se trate.

A tenor de la evolución de la situación epidemiológica y la habilitación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de nuevas fases de las medidas de aislamiento y distanciamiento social diferenciadas por zonas geográficas, la Suprema Corte reestableció -a partir del 17 de junio de 2020- el funcionamiento pleno del servicio de justicia en unos treinta y tres Juzgados de Paz de la provincia que, a su juicio, reunían con las condiciones fijadas para la habilitación y funcionamiento[15]. Se delegó en la Presidencia del Tribunal la habilitación gradual de nuevos órganos del mismo fuero, en tanto cumplan con los recaudos previstos.

Para los órganos que se habiliten, se establecieron rigurosos protocolos sanitarios de funcionamiento, aprobados por la Resolución SPL 5/20[16].

 

c)     Órdenes judiciales de pago

Sin perjuicio de la suspensión de términos oportunamente dispuesta por la Resolución de Corte 386/20 y sus prórrogas, la Presidencia del Tribunal aclaró que la paralización de las actuaciones procesales no incluía aquellas relativas a movimientos bancarios, esto es: apertura de cuentas, pedidos de saldos, giros y transferencias (art. 1º-2-a, Resolución de Presidencia 10/20).

Por otra parte, la Suprema Corte destacó que gran parte de los fondos depositados en las cuentas judiciales resultan pasibles de libranza judicial, dado que revisten carácter alimentario (v.gr., pagos por alimentos o indemnizaciones por despido, accidente de trabajo y/o de tránsito) y/o -además de tal carácter- se constituyen en una fuente de ingresos inaplazable en tiempos de emergencia (v.gr., honorarios profesionales), por lo que su postergación implica un serio riesgo para la supervivencia de los destinatarios (partes y profesionales) y su grupo familiar (v. considerando “II” de la Resolución de Presidencia 14/20).

En base a ello, en el artículo 6º de la Resolución de Presidencia 14/20 se exhortó al Banco Provincia a arbitrar las medidas necesarias para hacer efectiva la normativa vigente respecto de la implementación y puesta a disposición de los órganos judiciales de un sistema informático de acceso remoto a las cuentas judiciales que permita a las autoridades judiciales gestionar consultas y pagos.

Asimismo, y hasta tanto la entidad bancaria satisfaga la obligación a su cargo, se le requirió que asegure el cumplimiento de las órdenes judiciales de pago pendientes y las que se le cursen en el período que abarque el aislamiento social, preventivo y obligatorio (art. 6º, segundo párrafo, res. cit.).

Luego, en la Resolución de Presidencia 18/20[17], se impuso el deber a los órganos judiciales de “[p]rogramar sus tareas para dictar las providencias, resoluciones interlocutorias y/o definitivas que se encuentren pendientes (…), incluidas las órdenes de transferencias bancarias” (art. 4º-a.2).

 

d)    Audiencias telemáticas

En el marco de las Resoluciones de Presidencia 10/20 y 12/20, el Tribunal aprobó el plan elaborado por la Subsecretaría de Tecnología Informática para la toma y participación de audiencias en forma remota, a través de la plataforma Microsoft Teams, que se evaluó como la opción que cumple con todos los requerimientos para dicha función y que además reviste “grado corporativo”, lo que permite recolectar y tratar orgánicamente la información de las audiencias a distancia.

 

VII.          Reflexiones finales

 

            A lo largo de estas líneas hemos pasado revista al copioso entramado normativo dado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para reglamentar la prestación del servicio de justicia de los organismos jurisdiccionales bonaerenses y la actuación procesal de las partes durante el estado de emergencia sanitaria.

En este excepcional contexto, se exhibieron con particular relieve los beneficios que nos brindan las herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión judicial, irremplazables para la ejecución remota de una enorme cantidad de actos procesales.

Sin embargo, a pesar de los importantísimos avances registrados en la justicia bonaerense en torno a la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al proceso judicial, las normas legales y reglamentarias vigentes al inicio de la crisis sanitaria no eran idóneas para permitir que la actividad judicial continuara desarrollarse normalmente.

Las limitaciones a la circulación y traslado de personas derivadas de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, objetivamente incidieron sobre la administración de justicia y el ejercicio liberal de los abogados. Y, sin bases normativas aptas, no era viable que la prestación del servicio por parte de los organismos judiciales se mantuviera sin alteraciones.

Tales condicionamientos fueron los que justificaron, en un primer momento, la fuerte restricción de la actividad judicial, para dar inicio rápidamente a un ciclo normativo que cimentara el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y reglara el cumplimiento de actos procesales a distancia a través de medios telemáticos.

Hemos sido testigos, así, del nacimiento de un “derecho procesal de emergencia”, ciertamente excepcional, por medio del cual la Suprema Corte de Justicia -como máxima autoridad del Poder Judicial y responsable del dictado de las medidas reglamentarias que aseguren el mejor cumplimiento de las normas procesales- procedió a reglamentar, con foco en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles, los más variados aspectos de la actuación procesal de los litigantes, profesionales y órganos jurisdiccionales en el marco de la pandemia, en pos de garantizar y ampliar, paulatina y progresivamente, la prestación del servicio de justicia.

 

 

 



(*) Abogado. Auxiliar Letrado en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata

(**) Juez de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata; Abogado especializado en Derecho Procesal por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Salvador; Profesor en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

[1] Un muy buen trabajo de recopilación de las distintas normas dictadas en cada jurisdicción en todo el país puede ser consultado en el sitio web del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ): http://www.saij.gob.ar/mapa-acordadas.jsp

[2] Estas medidas incluyeron el otorgamiento de licencias de carácter excepcional a todo magistrado, funcionario y agente que hubiera reingresado al país proveniente de alguno de los países mayormente afectados por la enfermedad (Res. SCBA 271/20, del 11/3/20) y la orden a los organismos jurisdiccionales de contemplar los requerimientos que pudieran formular los abogados relativos a los inconvenientes para el normal desarrollo de su actividad con motivo de la situación sanitaria (Res. Presidencia SCBA 123/20, del 12/3/20).

[3] Dictada el 16/3/2020.

[4] Dictada el 18/3/2020.

[5] La Res. de Corte 386/20 fue prorrogada por las Res. de Presidencia 14/20 -hasta el 12/4/2020-, 18/20 -hasta el 26/4/2020- y 21/20 -hasta el 10/5/2020-. Posteriormente, mediante la Res. de Corte 480/20, se prorrogó -con múltiples adecuaciones- la Res. de Corte 386/20 hasta el 10/5/2020; luego, la Res. de Presidencia 25/20 extendió la vigencia de la Res. de Corte 480/20 hasta el 24/5/2020 y, finalmente, la Res. de Corte 535/20 prorrogó nuevamente esta última hasta el 7/6/2020.

[6] Dictada el 18/5/2020.

[7] Res. SCBA 478/20.

[8] Res. SCBA 479/20.

[9] Cuestión regulada en el Ac. SCBA 3842/17; Para ampliar, ver BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., "Los escritos de 'mero trámite' en el proceso judicial bonaerense. Reglamentación por parte de la SCBA y su implicancia en el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas", AR/LCON/7UT1.

[10] Para ahondar sobre dicha figura, ver BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., "El letrado depositario judicial de documentación y escritos a la luz del Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense", LLBA, febrero (2020), p. 1, AR/DOC/3658/2019.

[11] En el canal oficial de la SCBA de YouTube se publicó un video tutorial sobre esta modalidad: https://youtu.be/MzUaLUtfPI8

[12] Dictada el 27/4/2020. A tenor del mantenimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio informado por las autoridades nacionales, el Presidente de la Suprema Corte resolvió, mediante la Resolución 25/20, prorrogar la Resolución de Corte 480/20 y sus aclaratorias (Resoluciones de Presidencia 22/20 y 23/20) hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive.

[13] Dictada el 4/5/2020.

[14] Dictada el 24/6/2020.

[15] Res. SCBA 583/20, dictada el 15/6/2020.

[16] El protocolo aprobado por la citada resolución contiene pautas, procedimientos y reglas generales y especiales en materia de seguridad e higiene, a las que deberán someterse todas las personas que se encuentren involucradas en la prestación del servicio de justicia, con el fin de prevenir la transmisión del COVID 19 y proteger la salud e integridad personal.

[17] Dictada el 12/4/2020.

Citar: elDial.com - DC2B44



Publicado el 29/06/2020

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