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Procesos con sujetos vulnerables. Necesidad de incorporación de reglas procesales

Por Verónica Noelia Pérez Yacuzzi


“Tener en cuenta a la persona que interviene en el proceso y sus condiciones particulares, es un deber de todos los que intervienen en la prestación del servicio de justicia. Ello permite lograr una igualdad real (y no meramente formal) de las partes, garantía necesaria del debido proceso por mandato constitucional y convencional, por lo que, en consecuencia, creemos necesaria la incorporación en los códigos procesales reglas de procedimiento que deban observar obligatoriamente todos los funcionarios judiciales en los procesos en que intervengan sujetos en condición de vulnerabilidad, en todas las instancias, independientemente de la materia de que se trate. Siendo que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad es un derecho humano, inalienable, imprescriptible e irrenunciable.”

“Lograr el acceso a la justicia como condición de igualdad, implica remover barreras de todo tipo, tanto estructurales como procesales. A fin de lograr ese objetivo resulta imprescindible, como bien expresan BIRGIN y KOHEN, desarrollar una alfabetización jurídica de los diferentes sectores de la sociedad, eliminar los altos costos económicos requeridos para acceder a los sistemas judiciales y administrativos, crear redes de articulación de demanda y la prestación de servicios jurídicos gratuitos.”

“Resulta fundamental que las puertas de los sistemas judiciales estén siempre abiertas frente a las necesidades de cualquier persona, aún más tratándose de quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Todos, sin distinción, deben tener a su alcance herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan sus derechos. No deben influir las desigualdades estructurales y/o naturales en el acceso a la jurisdicción.”

Citar: elDial.com - DC2B45



Publicado el 29/06/2020

Copyright 2020 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Texto Completo

 

 

Procesos con sujetos vulnerables. Necesidad de incorporación de reglas procesales

Por Verónica Noelia Pérez Yacuzzi [1]

 

Introducción:

Como bien expresa CARMEN ARGIBAY, los vulnerables se identifican con un sector de la población que pueden ser heridos o dañados, se trata del grupo de personas que por sus características son más susceptibles a los daños que provoca la sociedad, los que están más desprotegidos en todos los aspectos.[2]

En su relación con los Poderes Judiciales o Sistemas Judiciales, podemos identificarlas como aquellas a las que les resulta aún más dificultoso el acceso a justicia, el ejercicio de sus derechos y un desigual trato dentro de los procesos. Resulta indispensable la existencia de una igualdad real, que permita a las personas sentirse amparadas por el sistema de justicia y que puedan entender el alcance de los actos que se desarrollan en el proceso del que forman parte, independientemente del rol que desempeñen.

            Muchas veces se enfrentan a procesos que comienzan y culminan sin contar con todas las herramientas que les permitan tomar las mejores decisiones que hacen a sus derechos, en las audiencias no comprenden los alcances de lo que está sucediendo y menos aún respecto de las sentencias que en numerosas ocasiones son redactadas sin tener en cuenta esta su especial condición.

Desarrollo:

            Acceso a la Justicia:

El acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad se puede considerar como el requisito más básico, el derecho humano más fundamental, en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos los individuos.[3] Es condición básica del Estado de Derecho.

A pesar de ello y, no obstante, la gran cantidad de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las garantías judiciales y la protección judicial, a lo largo de estos años, no existe en su jurisprudencia un concepto claro y exacto, ni precisión respecto de su alcance en el ordenamiento interamericano.

Sin embargo, podemos concluir que el acceso a la justicia incluye:

-       El derecho a ser oído siempre que esté en cuestión la determinación o garantía de un derecho, de cualquier tipo, y, por lo tanto, el derecho a contar con los mecanismos judiciales o extrajudiciales idóneos y suficientes para tal efecto.

-       El derecho a un tribunal independiente e imparcial.

-       El derecho a contar con todas las posibilidades de preparar una defensa en igualdad de condiciones.

-       El derecho a obtener una respuesta en un plazo razonable.

-       El derecho a una respuesta conforme a derecho, así como su cumplimiento efectivo.[4]

Empero, encontrarse frente a un Poder Judicial que no brinda una respuesta urgente y ágil a personas que por su especial condición de vulnerabilidad requieren soluciones inmediatas, implica una de las dificultades que presenta el ejercicio efectivo del debido proceso en cuanto garantía de acceso a una justicia razonablemente pronta, efectiva y eficiente. Justamente, esas falencias acumuladas importan una negación del Estado de derecho, que supone igualdad de trato entre iguales.

            Lograr el acceso a la justicia como condición de igualdad, implica remover barreras de todo tipo, tanto estructurales como procesales. A fin de lograr ese objetivo resulta imprescindible, como bien expresan BIRGIN y KOHEN, desarrollar una alfabetización jurídica de los diferentes sectores de la sociedad, eliminar los altos costos económicos requeridos para acceder a los sistemas judiciales y administrativos, crear redes de articulación de demanda y la prestación de servicios jurídicos gratuitos. [5] Mejorar los procesos mediante la incorporación de normativa que permita tener en cuenta la condición de vulnerabilidad de quienes golpean la puerta de los tribunales, haciéndose efectivo el derecho a ser oído pero sobre todo lograr una pronta y eficaz solución. No existe mayor acto de desigualdad que tratar igual a quienes no son iguales.

100 Reglas de Brasilia y su recepción en el Derecho Argentino

Las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”, es sin dudas el instrumento que mejor recepta la necesidad de considerar las condiciones especiales de los sujetos de derecho y el adecuado trato que deben recibir.

Éstas han sido aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tuvo lugar en Brasilia, República Federativa de Brasil, durante los días 4 a 6 de marzo de 2008.

En Argentina, se adhirieron todos los Superiores Tribunales de Justicia o Cortes Supremas de Provincia, así como también la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acordada Nº 5 del 24 de febrero de 2009. También lo hizo la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, órganos de gobierno del Ministerio Público Nacional, conforme el art. 120 de la Constitución Nacional.[6]

Las Reglas de Brasilia establecen los estándares básicos que los Poderes Judiciales Iberoamericanos deben cumplir para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Desde definir quiénes son los beneficiarios que se encuentran incluidos dentro de los grupos vulnerables, por razones de edad, pobreza, género, etc. hasta la revisión de procedimientos, celebración de actos procesales, teniendo en cuenta la accesibilidad, seguridad y participación adecuadas de los sujetos en cuestión.

Sin dudas, estamos hablando de reglas cuya observancia resulta fundamental a la hora de impartir justicia y de llegar a todos los sectores de la sociedad.

Personas en Condición de Vulnerabilidad en los Códigos Procesales

 Si bien, como se ha mencionado con anterioridad, Argentina adhirió a las 100 Reglas de Brasilia, creemos que es importante que sean receptadas en los distintos códigos procesales civiles y comerciales a lo largo del país. En este orden de ideas, corresponde que se trate de reglas de procedimiento que deban observar obligatoriamente los magistrados, funcionarios, letrados, empleados, auxiliares de la justicia, peritos, como todos los que intervienen de una u otra forma en el funcionamiento del sistema judicial (Regla 24 de las 100 Reglas de Brasilia),  en la tramitación de procesos en que intervengan sujetos vulnerables en cualquier condición procesal (actor, demandado, testigo, víctima, etc.) en todas las instancias, a fin de que el proceso resulte un  instrumento para la defensa efectiva de los derechos de todas las personas, evitando la discriminación y la re victimización, logrando la tutela de sus derechos e intereses legítimos, alcanzando la igualdad efectiva de condiciones, a través de  mecanismos de protección de sus bienes jurídicos, mediante el acceso a los procesos judiciales de tramitación ágil y oportuna.

De manera que estas disposiciones estén dirigidas al sujeto procesal y no a materia determinada o tipo de proceso, sino que el fin último resulta ser establecer reglas básicas, de raigambre constitucional y convencional cuya observancia resulte obligatoria en todas las instancias, a fin de que el derecho procesal en ellas contenido se adecúe a las garantías y principios constitucionales de carácter supremo, tanto a nivel Provincial como Nacional.

Como impedimento para el acceso efectivo a la jurisdicción la Regla 4ta. De las “100 Reglas” señala: Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.

Siendo que el acceso a la justicia se caracteriza por “la posibilidad concreta y efectiva de emplear los mecanismos y/o estructuras judiciales o extrajudiciales que instituye el Estado para la plena defensa y ejercicio de los derechos reconocidos a las personas por la Constitución Nacional (arts. 16 y 18) (…) y las Declaraciones, Pactos y Convenciones Internacionales incorporadas al Derecho Argentino, en especial, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XVIII); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 7, 8 y 10); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2 y 14); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 y 25).

En atención al punto que nos atañe, las 100 Reglas de Brasilia, además de contener el concepto de personas en condición de vulnerabilidad (Reglas 3 y 4), “sobresaltan la importancia de la participación de funcionarios y operadores de la justicia en la labor del diseño, la divulgación y la capacitación en orden a la aplicación de las condiciones necesarias que garanticen a las personas en condición de vulnerabilidad el efectivo acceso a la justicia”.

Como bien expresa MARÍA SILVIA VILLAVERDE la importancia de estas reglas reside en que tienen como destinatarios a todos los actores del sistema de justicia y a quienes intervienen de una u otra forma en él. De este modo el propio sistema puede contribuir a la reducción de las desigualdades, favoreciendo la cohesión social.[7]

Así las cosas, puede mencionarse la presentación de un proyecto ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, que forma parte del actual Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial (2019), el mismo cuenta con 10 artículos (46 a 55) dentro del Capítulo 6 denominado “Procesos con Sujetos Vulnerables” y cuenta con reglas procesales que deben ser observadas en todo tipo de proceso, por ello su ubicación en Libro Primero, Parte General. Conteniendo cuestiones relativas a la necesariedad de equipos técnicos interdisciplinarios, gratuidad de las actuaciones, concentración de los actos, acompañamiento, en su caso, por referentes afectivos y la incorporación de la figura del intérprete cultural y/o lingüístico. Además de la utilización del lenguaje sencillo y de fácil comprensión, entre otras.[8]

CONCLUSIONES

A modo de una pequeña reflexión puede expresarse que tener en cuenta a la persona que interviene en el proceso y sus condiciones particulares, es un deber de todos los que intervienen en la prestación del servicio de justicia. Ello permite lograr una igualdad real (y no meramente formal) de las partes, garantía necesaria del debido proceso por mandato constitucional y convencional, por lo que, en consecuencia, creemos necesaria la incorporación en los códigos procesales reglas de procedimiento que deban observar obligatoriamente todos los funcionarios judiciales en los procesos en que intervengan sujetos en condición de vulnerabilidad, en todas las instancias, independientemente de la materia de que se trate. Siendo que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad es un derecho humano, inalienable, imprescriptible e irrenunciable.

Resulta fundamental que las puertas de los sistemas judiciales estén siempre abiertas frente a las necesidades de cualquier persona, aún más tratándose de quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Todos, sin distinción, deben tener a su alcance herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan sus derechos. No deben influir las desigualdades estructurales y/o naturales en el acceso a la jurisdicción.

En la práctica, debe garantizarse que las personas puedan acudir a los tribunales y solicitar las protecciones y remedios correspondientes de manera efectiva con procesos justos, equitativos y sensibles a las vulnerabilidades, siendo el primer paso, la incorporación de normas positivas en todos los códigos procesales del país.

Bibliografía

ACOSTA ALBARADO, P. A. (2007). El derecho de acceso a la justicia en la jurisprudencia interamericana, Instituto de estudios constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita. Colombia .

ALTABE, M. H. (2020). El Control de Convencionaldad en la Argentina. Tesis de Maestría de la Carrera de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, sustentada el 07/02/2020 en Buenos Aires. Inédita. .

Argentina justa, pacífica e inclusiva - Justicia 2030. (s.f.). Recuperado el 26 de Octubre de 2019, de https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2019/05/Politicas-J2030-Acceso-1.pdf

BIRGIN, H. y. (2006). El acceso a la justicia como garantía de igualdad: instituciones, actores y experiencias comparadas. Buenos Aires: Biblos.

CAPPELETTI, M. y. (1996). CapEl acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos, trad. Mónica Miranda. México: Cappeletti, M. y Garth, B., El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiFondo de Cultura Económica.

CARRANZA TORRES, L. R. (2013). Protección Jurídica de la Salud. Córdoba: Alveroni Ediciones.

DI LORENZO, J. L. et al. (2011). Vulnerables. Buenos Aires: Lajouane.

GOZAÍNI, O. (2015). Garantías, Principios y Reglas del Proceso Civil. Buenos Aires: Eudeba.



[1] Abogada, Profesora Adscripta de la Cátedra C de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas (UNNE), Especialización en Teoría y Técnica del Proceso Judicial UNNE (cursado completo). Especialización en Derecho Administrativo UNNE (en curso), Maestría en Magistratura y Función Judicial UNNE (en curso). Miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes (2019). Vocal de Comunicaciones de la Junta Directiva de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal (2017-2019). Miembro de la Comisión Reformadora del Código de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (2020). Miembro de la Escuela Procesal del Nordeste. Participación como ponente en Congresos y Jornadas de Derecho Procesal.

[2] Di Lorenzo, J. L. et al., Vulnerables, Lajouane, Buenos Aires, 2011, pág. 11.

[3] Cappeletti, M. y Garth, B., El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos, trad. Mónica Miranda, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.

[4] Acosta Albarado, Paola Andrea, El derecho de acceso a la justicia en la jurisprudencia interamericana, Instituto de estudios constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Colombia, 2007.

[5] Birgin, H. y Kohen, B. Acceso a la justicia como garantía de igualdad: Instituciones, actores y experiencias comparadas, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2008. 

[6] Altabe, Martha Helia. “Control de Convencionalidad en la Argentina”. Tesis de Maestría de la carrera de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, sustentada el 07/02/2020 en Buenos Aires. Inédita.

[7] Di Lorenzo, J. L. et. al., Vulnerables, Lajouane, Buenos Aires, 2011.

[8] Proyecto presentado por las Dras. Martha Helia Altabe de Lértora, Lucía Centurión y Verónica Pérez Yacuzzi (2019)

Citar: elDial.com - DC2B45



Publicado el 29/06/2020

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