El enigma de la habilitación constitucional a la cesión de soberanía

Por Maria Victoria Kristan

“A lo largo del presente artículo he analizado las implicancias normativas de la inclusión del derecho de la integración en el ámbito estatal conjuntamente con las modificaciones soberanas que ello implica, tanto desde una óptica intergubernamental como supranacional. La misma es, desde un principio, constitucionalmente problemática por las alteraciones que produce en la esfera estatal soberana por dos factores, la creación de un nuevo derecho distinto al derecho interno y al derecho internacional que se hará parte del primero, y la legitimidad de la transferencia de atribuciones a órganos supranacionales. Se ha descartado que la misma cumpla, tal como se ha planteado hasta el momento, un rol legitimador respecto a la voluntad del pueblo. Los efectos que la integración regional produce tanto en los Estados miembros como en sus ciudadanos, son merecedores de un una amplia deliberación y de la instrumentación de mecanismos de consulta y participación, como así también de control. La mayoría de la doctrina coincide en que los procesos de integración regional en su inicio ostentan un fuerte déficit de legitimidad, o bien dicho de otra manera, no se han propuesto o generado instancias mínimas de deliberación que permitan aseverar que en la decisión de integrar un proceso de integración se encuentra el pueblo, donde las instancias que constitucionalmente se han estipulado aún no se equiparan a un instrumento democratizador en cuanto a la participación de los individuos afectados por las decisiones de las instituciones supranacionales en la elaboración de las mismas.”

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Términos mencionados en esta doctrina: integración, inclusión.