Quiebra e inconstitucionalidad de los artículos 7 y 8 de la ley 23.928. Una declaración que urge en tiempos de pandemia

Por Gabriela Fernanda Boquin

“En la actualidad, ante un escenario inflacionario sostenido durante los elongados plazos de la quiebra, el mantenimiento de la prohibición de la actualización de las deudas, importaría una disociación de la realidad económica y el patrimonio del acreedor no sólo está disminuido por la quita propia de la insuficiencia del activo, o la suspensión de los intereses desde el decreto de quiebra, sino que experimenta un daño adicional que está dado por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por una multiplicidad de causas, entre ellas, las políticas económicas y el tiempo insumido en el pago del crédito.”

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Términos mencionados en esta doctrina: acreedor.