Decreto 324/2020 - Se instruye a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735/20

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2020
Publicación en B.O.: 11/09/2020

VISTO:

La Ley N° 23.548, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 705/03, 194/16, 399/16, 257/18 y 735/20, el Expediente Electrónico N° 21.888.959-GCABADGTALMHF/20; y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional prevé en su artículo 75 inciso 2 respecto de las contribuciones coparticipables, que una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación y que la distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; Que el mismo artículo prescribe que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires, en su caso y un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en su composición; Que el artículo 8° de la Ley N° 23.548 estableció que la Nación, de la parte que le correspondía conforme a esa ley, debía entregar a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podía ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987; Que a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 705 del 26 de marzo de 2003, de acuerdo a lo previsto en la cláusula primera del Acta Complementaria entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 12 de diciembre de 2002, aprobada por Ley de la Ciudad N° 1008 del 8 de enero de 2003, se fijó la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, en un coeficiente equivalente al uno coma cuarenta por ciento (1,40%) del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la mencionada ley, indicando que dichas transferencias se realizarán a través del Banco de la Nación Argentina, en forma diaria y automática; Que el convenio suscripto el 5 de enero de 2016 entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires; Que por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 194/16 se fijó la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8 de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, en un coeficiente equivalente al tres coma setenta y cinco por ciento (3,75%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el Artículo 2° de la citada ley, a partir del 1° de enero de 2016; Que mediante el artículo 2° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 399 del 24 de febrero de 2016, se estableció que los fondos transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultantes de la diferencia existente entre el coeficiente de participación que estaba previsto en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 705/03 y el dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 194/16, serán destinados para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que posteriormente y en virtud del convenio de Consenso Fiscal, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 257/18 redujo el porcentaje de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los impuestos coparticipables al tres coma cinco por ciento (3,5%); Que luego, el 22 de octubre de 2019, se suscribió un convenio entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional en el que se acordó que el coeficiente de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el monto total de los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la Ley N° 23.548 y sus modificatorias, determinado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 257/18, resulta razonable a fin de contribuir al normal desenvolvimiento fiscal y patrimonial de la Ciudad en condiciones de sustentabilidad, atendiendo a la situación económicafinanciera de la jurisdicción al momento en que dicho Decreto fue suscripto; Que por el artículo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735/20, se estableció que, a partir de su entrada en vigencia y hasta la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al dos coma treinta y dos por ciento (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley; Que asimismo, por el artículo 2° del decreto del Poder Ejecutivo Nacional precitado, se estableció que, a partir de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la correspondiente asignación de recursos en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fijará en un coeficiente equivalente al uno coma cuarenta por ciento (1,40%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley; Que la reducción de dicho coeficiente resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad; Que el artículo 6º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional; Que atento a lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo por el cual se instruya a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover acción judicial contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735/20, se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del Decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados y se solicite una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada.

Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1°.- Instrúyese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735/20, se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del Decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados y a solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada.

Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese.

Fdo.: RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel