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El reconocimiento y fijación administrativa de honorarios del abogado litigante en materia de consumo
Por Adrián Ganino
Publicado por elDial.com
"En el ámbito de la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, los procedimientos administrativos conciliatorios y sancionatorios ante las Autoridades de Aplicación (Oficinas Municipales de Información al Consumidor - OMICs, Secretarías de Comercio, Tribunales de Faltas) constituyen la primera línea de contención institucional y constitucional ante los abusos del mercado. No obstante, durante años ha prevalecido un criterio restrictivo que niega o invisibiliza el derecho del abogado patrocinante del consumidor a percibir sus honorarios profesionales por la labor desarrollada en dicha sede. Se ha pretendido fundar esta postura en dos premisas falaces: por un lado, en que la asistencia letrada no es de carácter obligatorio para el consumidor (conf. art. 56 de la Ley 24.240 y art. 9 de la Ley 26.993 – ya derogada-); y por otro lado, en una interpretación descontextualizada del principio de gratuidad (art. 25 de la Ley Provincial 13.133 y art. 53 de la Ley 24.240)."
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Términos mencionados en esta doctrina: consumidor, administrativos, gratuidad, administrativa, honorarios, derechos, procedimientos, aplicación, judicial.
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