Limpiar filtros

Doctrina

Inicio / Doctrina

noviembre  29, 2022

(5411) 4371-2806

Resumen de la Doctrina Volver >

Un nuevo agravio a la garantía de legalidad tributaria
-Análisis del fallo “Municipalidad De Berazategui C/ Molinos Rio De La Plata S.A. S/Apremio de la CSJN"-

Por Lía D’ Aloisio; Tomás Brusco; Mauro Crisafulli; Matías Dambruoso y Eduardo Laguzzi


I) Introducción; II) Admisibilidad del recurso extraordinario federal en materia tributaria; III) Aplicación del principio de reserva y IV) Conclusiones.

Citar: elDial.com - DC281C



Publicado el 15/08/2019

Copyright 2022 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Texto Completo

Un nuevo agravio a la garantía de legalidad tributaria

-Análisis del fallo “Municipalidad De Berazategui C/ Molinos Rio De La Plata S.A. S/Apremio de la CSJN"-[1]

 

Por Lía D’ Aloisio; Tomás Brusco; Mauro Crisafulli; Matías Dambruoso y Eduardo Laguzzi[2]

 

I) Introducción; II) Admisibilidad del recurso extraordinario federal en materia tributaria; III) Aplicación del principio de reserva y IV) Conclusiones.

 

 

I.- INTRODUCCION:

 

El fallo que analizaremos a continuación surge a raíz de un conflicto que se generó entre la Municipalidad de Berazategui contra la empresa Molinos Rio de la Plata S.A., a partir de haberse iniciado una ejecución fiscal, basada en una ordenanza municipal que no había cumplido con los recaudos de publicación. La Municipalidad de Berazategui reclamaba el pago por derechos de propaganda y publicidad por los períodos fiscales 2006 a 2009.

La parte ejecutada (Molinos Rio de la Plata S.A) planteo en su defensa, la improcedencia de la pretensión fiscal, porque la ordenanza municipal sobre cuya base se exigía el pago, no había sido publicada de manera regular.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos extraordinarios de nulidad de sentencia y de inconstitucionalidad que planteó  la empresa y dejó firme la sentencia por la cual se mandó a llevar a cabo la ejecución fiscal promovida por el municipio de Berazategui.

A raíz de esto, Molinos Rio de la Plata interpuso un recurso extraordinario federal, el cual le fue concedido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, fundamentándose en los motivos antes ya mencionados.

Vemos como en este fallo vuelven a entrar en discusión algunos temas tributarios que daría la sensación que hacía tiempo habían sido zanjados, pero que recurrentemente aparecen.

Vamos a analizar a continuación algunos de esos temas.

 

II.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL EN MATERIA TRIBUTARIA:

 

El control de constitucionalidad argentino, judicial y difuso, también es de aplicación en litigios de materia tributaria, en los cuales cualquier juez tiene jurisdicción suficiente para determinar la inconstitucionalidad de una norma jerárquicamente inferior a la Constitución de la República Argentina.

Será a su vez el recurso extraordinario federal el instituto que permitirá acceder a la competencia por apelación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando haya sido sentenciado y culminado ya en las instancias provinciales o nacionales previas que correspondan al caso, según se han regulado en nuestro ordenamiento jurídico los artículos 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional[3].

El acceso para las partes de la litis a esta competencia, exclusiva en un principio en lo que refiere a materia federal, está previsto en el artículo 14 de la Ley 48, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación[4] y en la Acordada 4/2017 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta “cuestión federal” debe ser introducida durante el transcurso del proceso. Nuestra Carta magna y la Ley reglamentaria determinan los requisitos de competencia o de fondo, mientras que la mencionada Acordada hace lo suyo con los requisitos de admisibilidad o de forma.

Vale aclarar que, como dijo Luis Armando Rodríguez Saiach, «los medios extraordinarios se dan solamente para ciertos cuestionamientos o vicios de la sentencia, no se refieren jamás a cuestiones de hecho, salvo el supuesto de arbitrariedad, sólo se refieren a cuestiones de derecho o jurídicas»[5]. En otras palabras, exceptuando los saltos de instancia (per saltum por gravedad institucional) o las aceptaciones por arbitrariedad de la sentencia recurrida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación únicamente entiende en cuestiones de derecho y no de hecho, de modo que las cuestiones que sean llevadas hasta su jurisdicción deben estar basadas en cuestionamientos realizados a la aplicación del derecho argentino por las instancias jurisdiccionales previas que hayan entendido en el caso particular.

El recurso extraordinario, una vez admitido por la Cámara, es dado ante la Corte para su aceptación o rechazo. Este puede ser tratado o rechazado a través de la mera aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según la «sana discreción» de los jueces llamados a resolver en el litigio. Las causales para este rechazo son la falta de agravio federal suficiente o la intrascendencia del litigio.

La admisibilidad será juzgada por el tribunal superior correspondiente a la causa, mientras que la procedencia del fondo será analizada por la Corte. Es este último tribunal quien deberá rechazar o aceptar finalmente el caso, en una suerte de Kompetenz-Kompetenz en agravio federal. Esto, hasta ahora, en lo que refiere al recurso extraordinario federal en general.

La admisibilidad de dicho recurso en materia tributaria incluye, además de lo general mencionado, las particularidades que hacen a esta rama del derecho, las cuales se han ido explicitando en el devenir de la jurisprudencia que emanó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esto es así debido a que no existe al día de la fecha una norma imperativa que establezca específicamente cuáles son los casos de derecho tributario en los que particularmente esta Corte puede entender a través de su competencia por apelación. Esta discrecionalidad permite al tribunal rechazar el recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El caso que vemos (“Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Río de la Plata S. A. s/ apremio”[6]) llegó a la competencia de la Corte a través de un recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada, el cual fue planteado por causa de ausencia de publicación oficial de la Ordenanza Municipal de la cual emanaba —para las instancias locales— la obligación tributaria cuyo pago reclamaba el Municipio. Este tribunal revocó la sentencia recurrida, argumentando que la regular publicidad de las normas emanadas de organismos legislativos electos por la voluntad popular es un presupuesto constitucional para que sea posible exigir su cumplimiento[7].

El fallo mencionado, en el argumento de cuatro jueces, cita a una decisión anterior del mismo tribunal como análoga: la del caso «Municipalidad de Mercedes c/ Arcor S.A.I.C. s/ apremio»[8], en donde también se admitió el recurso contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Allí se hizo lugar a la queja, al recurso extraordinario y se decidió revocar la decisión por exigir indebidamente el cobro a la empresa de «derechos de publicidad y propaganda», ya que la ordenanza que lo haría exigible tampoco se encontraba acreditada en su regular publicación. Dicha argumentación evidencia la línea jurisprudencial de la Corte en la cuestión de la admisibilidad, que tiende a aceptar los recursos extraordinarios basados en quebrantamientos de principios constitucionales en materia tributaria, tales como son el principio republicano de gobierno y el debido proceso legal.

El veintiocho de octubre de 2014, en el caso “Asociación Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA) y otros c/Estado Nacional -decreto 746/03- A.F.I.P. s/medida cautelar (autónoma)”[9], de forma excepcional, la Corte revocó con voto mayoritario un levantamiento de medida cautelar sentenciado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, alegando gravedad institucional. Esta era una medida de no innovar hasta tanto se dictara sentencia en la acción declarativa iniciada respecto del beneficio que poseían las actoras en virtud del art. 2° del decreto 746/03.

Así, este fallo confirma la tendencia: incluso sin existir sentencia definitiva es posible recurrir ante la Corte en materia tributaria para defender los derechos constitucionales de los contribuyentes.

 

III.- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RESERVA:

 

Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y al dictado de una serie de resoluciones jurisprudenciales que han sido significativas para la rama tributaria, mucho se ha discutido una y otra vez respecto del principio de reserva de ley en esta materia.

Sin embargo, con los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocidos como “Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Río de La Plata s/apremio” y “Municipalidad de Mercedes c/ Arcor SAIC s/apremio”, es posible sostener que el Máximo Tribunal ha marcado un nuevo precedente en lo que respecta a estas cuestiones, toda vez que ha establecido como inválido un tributo que, habiéndose fijado por una ordenanza municipal, no había sido publicado oficialmente por el Municipio.

Al respecto, es dable destacar que es la propia Constitución Nacional argentina la que prevé ciertas disposiciones de las cuales se desprende la importancia del presente principio, considerándose insostenible la creación, modificación o extinción de normas de naturaleza tributaria por medio de otros mecanismos que sean ajenos a la ley, entendida a ésta como la emanada del órgano competente.

En ese orden de ideas, deberá recordarse que fue el profesor Dino Jarach[10] quien entendió a la reserva de ley en el derecho tributario como el axioma fundamental de esa rama jurídica, concibiéndolo como su “partida de nacimiento”, es decir, como una de las bases por las cuales se sostiene.

Por otro lado, Carlos María Giuliani Fonrouge[11] coloca a este principio dentro del portal de principios jurídico-constitucionales, considerándolo como una de las mayores limitaciones al poder tributario propio del Estado.

En atención a ello, es menester hacer notar que el Dr. Giuliani Fonrouge es uno de los más reconocidos doctrinarios en el estudio del derecho tributario, tratándose, además, de uno de los coautores del Modelo de Código Tributario para América Latina, donde en su artículo 4° también se prevé a la ley como única causa fuente posible para la creación, modificación o extinción de obligaciones tributarias.

Al mismo tiempo, y de acuerdo a lo sostenido por autores como el Dr. Rodrigo R. Spisso[12], el principio de reserva de ley se desprende específicamente del artículo 19° del texto constitucional, que en su parte pertinente tiene previsto que “ningún habitante de la Nación está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. De todas formas, el mismo considera que si bien el núcleo de la reserva de ley está basado en esa disposición, en lo que respecta a la materia tributaria no basta con que sea cualquier norma jurídica, sino que debe tratarse de aquella que haya sido emanada de los representantes del pueblo.

Indudablemente, y más allá de las distintas posturas que pudieran suscitarse, se trata de uno de los principios tributarios que con mayor amplitud se constituye como límite ante el poder tributario del Estado, sirviendo para amparar a los contribuyentes de los abusos llevados a cabo desde la órbita estatal.

Sin embargo, y pese a la claridad de las disposiciones constitucionales que prohíben expresamente al Poder Ejecutivo llevar adelante el dictado de normas de esta naturaleza, el principio de reserva de ley en materia tributaria ha sido configurado con mayor precisión a través de la jurisprudencia.

Como bien sostiene el Dr. Pablo Revilla[13], jurisdiccionalmente se ha reconocido la coexistencia de cuatro tipo de reglamentos: los autónomos, cuyo fundamento se encuentra en el inciso 1 del artículo 99 de la CN, otorgados al Presidente como responsable político de la Administración; ejecutivos, que de acuerdo con éste, son los necesarios para poner en práctica a la ley, previstos en el inciso 2 del artículo 99; los delegados, que antes de 1994 surgían del artículo 86, inc.2, y ahora se encuentran expresamente reconocidos por el artículo 76 CN; y por último, los de necesidad y urgencia, contemplados en el inciso 3 del artículo 99, también de la Constitución Nacional.

Si bien el texto constitucional es claro respecto de la legalidad que debe servir de causa fuente de los tributos, fallos como “Video Club Dreams c/Instituto de Cinematografía” o “Selcro S.A. c/Jefatura Gabinete Mos deci.55/00 (dto. 360/95 y 67/96 s/ amparo ley 16.986), han venido a echar luz respecto de ciertas disputas generadas hasta entonces.

Doctrinariamente se había planteado la discusión en torno a si la materia tributaria, prohibida para los decretos de necesidad y urgencia, también lo era para la delegación legislativa, en supuestos en los cuales concurrieran los requisitos previstos por el artículo 76 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, dicha cuestión quedó zanjada cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que, respecto de los elementos estructurales del tributo, es decir, del aspecto material, personal, espacial y temporal, no podrá existir nunca una delegación legislativa válida. Al respecto, el Dr. Mario Augusto Saccone[14] concluye: “(…) el principio de legalidad no significa que la ley se limite a proporcionar directivas generales de tributación, sino que ella debe contener, por lo menos, los elementos básicos y estructurales del tributo(…)”. 

Posteriormente, en “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/amparo”, donde también se estaba ante la cuestión de la delegación legislativa, la Corte reconoció naturaleza tributaria a los derechos de exportación, por lo que declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía e Infraestructura a través de la cual se habían fijado estas retenciones, que recaían sobre las mercaderías procesadas por una empresa pesquera. Así las cosas, consideró que el dictado de la resolución por parte de la Administración Pública avanzaba sobre una materia que la Constitución había reservado al Congreso Nacional en forma exclusiva.

Por otro lado, en el fallo “Video Club Dreams”, el Máximo Tribunal ordenó la invalidación de un tributo establecido por decreto de necesidad y urgencia, indicando que tales normas no son un medio admitido por la Constitución, de acuerdo al artículo 99, inciso 3°, para llevar a cabo la creación de nuevos hechos imponibles.

De todo lo expuesto se desprende con total claridad que es el Congreso de la Nación el único órgano competente para establecer las contribuciones y tributos que el artículo 4° menciona, debiendo concluirse que no puede haber tributos sin ley, es decir, sin una norma jurídica sancionada conforme al procedimiento previsto para ello.

Al mismo tiempo, en el marco provincial, son las legislaturas las que poseen potestades similares, siendo éstas y no otras las que crean, modifican o extinguen tributos, ya sean impuestos, contribuciones especiales o tasas. Asimismo, no deberá pasarse por alto que dependiendo del grado de autonomía que las Constituciones provinciales le otorguen a sus municipios, serán éstos los que ejercerán con mayor o menor medida su poder tributario, sancionando ordenanzas fiscales vigentes dentro del espacio municipal.

Sin embargo, y conforme ha sido resuelto en los autos “Municipalidad de Mercedes” y en base a éste, “Municipalidad de Berazategui”, los Municipios deberán dar el debido cumplimiento al procedimiento previsto para hacer públicas sus resoluciones y ordenanzas, como bien lo hace el Congreso de la Nación Argentina cuando, aprobado un proyecto de ley en sus dos Cámaras, lo remite al Poder Ejecutivo para que sea sancionado y publicado en el Boletín Oficial.

Al respecto, el artículo 5° del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial”. Siendo que, a su vez, el artículo 6 del mismo cuerpo legal considera: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.

Por lo tanto, no entrará en vigencia aquella ley cuyo acto de promulgación no haya existido, debido a que adquirirá su correspondiente obligatoriedad una vez que haya sido publicado oficialmente. Esto aplicará tanto a la ley sancionada como al acto de promulgación, toda vez que ambos requieren de la publicación a los fines de producir efectos jurídicos.

Cabe preguntarse, en atención a ello: ¿Cómo podría un contribuyente pagar un determinado tributo si la norma por la cual el mismo se ha establecido no ha sido publicada en el diario de publicaciones legales para el conocimiento de los particulares?

De acuerdo a lo resuelto por los Ministros de la Corte, y con especial atención al voto del Dr. Rossati en la contienda mencionada, sostener otra postura implicaría lesionar el principio de reserva de ley, que no solo requiere en la materia tributaria que se cumpla con todos los otros recaudos ya establecidos tanto normativa como jurisprudencialmente, sino también con los propios relativos a la publicidad de las normas.

De lo contrario, la vulneración a los derechos constitucionales de los contribuyentes sería sumamente grave e irreparable, ya sea que la norma cuya publicación no se efectúe pertenezca al ámbito nacional, provincial o bien municipal, donde la ausencia de este requisito en lo que respecta a las ordenanzas fiscales es mucho más común de lo que parece.

 

IV.- CONCLUSIONES:

 

Analizando el fallo de Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ apremio, podemos decir que uno de los puntos clave del análisis jurídico que realiza la Corte es el de la necesidad de publicidad para requerir obligatoria cualquier ley, y que dicho recaudo es extensible a las ordenanzas municipales. Esto nos remite a la necesidad de conocer qué se entiende por "publicidad".

Mientras “publicación” es la acción y efecto de publicar, la “publicidad” es la cualidad o estado de público de las cosas o de los hechos o el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos.

A partir de estas definiciones, es posible trazar una primera línea divisoria entre la publicidad y la publicación. La publicación es un acto que se agota en sí mismo; la publicidad, por el contrario, aparece identificada con un estado o con los medios a través de los cuales se logra ese estado. Pero ese status con el que se identifica la publicidad de determinado hecho o cosa es esencialmente dinámico y depende de las herramientas que se usan para mantener esa publicidad. Esta cualidad puede estar presente en el momento instantáneo de la publicación, pero perderse inmediatamente después. La publicidad es, temporalmente hablando, mucho más que la publicación.

El principio de inexcusabilidad se deriva de otro principio que el C.C. y C. —como hacía el anterior C.C.— receptan de manera implícita y se resume en el adagio “La ley se presume conocida por todos”. Justamente, el art. 5° dispone de manera precisa que las leyes entran en vigencia transcurridos un plazo determinado a correr desde un momento preciso: su publicación oficial si es que no se establece otro momento —también preciso— para su vigencia.

Si bien publicidad no es sinónimo de conocimiento, lo cierto es que la legislación civil y comercial —como lo hacía su par anterior— presume que publicidad y conocimiento se relacionan y que una lleva como consecuencia la otra. Ello, a los fines de evitar “el caos y la inseguridad jurídica” que se derivaría de tener que demostrar en cada conflicto que la persona efectivamente conocía la existencia de la ley y la obligación —permisión o prohibición— que ella disponía. En definitiva, como se sostuvo en un precedente: “Una vez publicada y vencidos los plazos respectivos (art. 5° CCCN), la ley se reputa conocida por todos, sin que los particulares puedan invocar su ignorancia para eludir la aplicación de ella (art. 8 CCCN). Este principio constituye la base de todo el orden social, pues si se pudiese invocar la ignorancia de las leyes para escapar a las consecuencias de los actos, ningún derecho podría subsistir y reinaría la inseguridad y anarquía”.

Entendiendo que no se puede alegar la ignorancia de la norma como justificación de su incumplimiento y que su obligatoriedad se hace efectiva con su correspondiente publicación, no es difícil darse cuenta el nivel de vulnerabilidad jurídica que sufren los sujetos de derecho ante quienes no publican ni permiten conocer aquello que se les exigirá y por consecuencia de su posible incumplimiento responderán con la sanción contemplada en su letra.

La publicidad limitada al acto instantáneo de la primera publicación solo sirve para satisfacer la necesidad de los funcionarios de otorgar a la misma la condición de existencia y exigibilidad, sin contemplar la necesidad posterior de las personas de tener acceso real a las normas que rigen su vida cotidiana.

Habiendo delineado lo que se entiende por publicación y publicidad y mencionado los principios que establece el CCCN en sus art. 5 y 8, debemos analizar el hecho puntual que determinó el resultado del fallo en que se basa este análisis: la falta de publicación.

Sea con fines específicos, sea por desidia, sea por simple ignorancia o por supuesta carencia de medios, la falta de publicación y posterior publicidad (es decir, tanto en el momento inicial que da vigencia a la norma cuanto en la vida posterior del instrumento), son realidades que se viven cotidianamente en nuestro país, en todos los niveles de gobierno.

Ni siquiera el Estado federal, más avanzado en materia de publicación y publicidad de normas y actos de todo tipo que el resto de los niveles de gobierno, termina de satisfacer el estándar.

Actos publicados sin sus anexos, emitidos sin número de registro ni firma y sin respetar el procedimiento establecido, son situaciones nada excepcionales. Vivimos tiempos en los que un sistema regulatorio aprobado por ley formal del Congreso puede ser dejado sin efecto —en los hechos— por una simple nota de un Subsecretario jamás publicada.

Ante este estado de cosas, la ausencia de publicación aparece como una de las respuestas más comunes, tal vez la más común de todas, al imperativo de la publicidad republicana. Y cuanto menos iluminado es el rincón de la actividad que por la norma se regula, mayores serán las chances de que la publicación y la publicidad nunca lleguen, o lo hagan en dosis insuficientes, todo ello en detrimento del debido proceso, de la transparencia y de la posibilidad real de control de la gestión de la cosa pública.

La materia tributaria fue y sigue siendo uno de los principales escenarios donde proliferan constantemente un sinfín de conflictos vinculados con la falta de vigencia de las normas que se invocan como fundamento de la determinación y posterior exigencia administrativa y judicial del pago de tributos.

En el ámbito municipal, encontramos una práctica muy difundida en tal sentido, en la medida en que por lo general no cuentan con un Boletín Oficial propio, lo cual conlleva a que muchas veces se emplean mecanismos que no garantizan un mínimo y adecuado conocimiento por parte de los destinatarios de la normativa. Aún en aquellas que sí poseen Boletín Oficial, no se tiene certeza de una correcta publicidad de las normas, porque tampoco se respetan los tiempos ni las formas exigidas, lo cual se corrobora cuando la exigencia de su contenido se establece en el propio texto de la norma desde la fecha de promulgación y no desde su eventual publicación, lo que en los hechos significa otorgar indebidamente efectos retroactivos.

Los vicios o disfuncionalidades del sistema contribuyeron a que, en muchos supuestos, por falta de publicación no se supiera con precisión la fecha cierta de entrada en vigencia de las normas. En esta situación, la justicia provincial determinó que recae en las partes acreditar su cumplimiento o falta.

Por su lado, el Alto Tribunal Federal señaló que cumplir con la publicación tiene como finalidad lograr una satisfactoria divulgación y certeza sobre la autenticidad del texto de aquellas decisiones de contenido normativo general , y la discusión sobre su incumplimiento puede incluso plantearse en el limitado marco cognoscitivo de la ejecución tributaria, toda vez que requiere el desarrollo de una simple actividad de constatación, que no altera ni desnaturaliza el carácter de abreviadísimo del juicio de apremio (Fallo 355:1459 Municipalidad de Mercedes, fallo al que se remite por analogía en la letra del fallo que da pie a este artículo).

Nos preguntamos qué futuro nos queda esperar en un país en el que podemos ser tenidos por sujetos pasivos de obligaciones y regímenes sancionatorios que no conocemos ni podríamos conocer de antemano aun si lo intentáramos, mucho más cuando quien exige su cumplimiento —monopolizando la fuerza pública— cuenta con innumerables presunciones a su favor.

¿Cómo se resuelve la tensión entre los preceptos que exigen la publicación de las normas y los actos como condición de vigencia y aquellas otras que los presumen conocidos, cuando ni la publicación ni el conocimiento existen por voluntad o desidia de los órganos obligados a publicarlos y a mantenerlos accesibles en el tiempo?

Debe tomarse conciencia de la importancia que tiene esta cuestión para el desarrollo de un estado de derecho moderno que emplea todas las herramientas que tiene a disposición para asegurar la vigencia de los principios constitucionales y de derecho internacional adoptados por la República.  Los jueces tienen el deber de penalizar a las administraciones y cuerpos deliberativos con la ineficacia de sus actos en caso de que sean ocultados tanto de manera dolosa como culposa, ya que esto generará los incentivos necesarios para que la publicidad de actos y normas sea una realidad en todos los niveles de gobierno que se prevén en la Argentina, todos ellos en mayor o menor medida responsables de esta situación de inseguridad jurídica.

Hoy en día, con una penetración de internet en la población a través de computadoras y smartphones que nos permite más que nunca estar conectados de manera instantánea las 24hs del día, es inexcusable una falta de publicación y publicidad efectiva de las normas emanadas por todo el sistema gubernamental argentino. Es una deuda que tiene el sistema democrático actual con la población y un paso necesario para lograr una mayor conciencia institucional y política.

Consideramos que lo establecido por la CSJN en el fallo Molinos Río de la Plata SA es un importante avance y precedente en esta necesaria tarea de concientizar sobre la necesidad de control de la publicación de toda norma emanada de un órgano de gobierno elegido por el sufragio popular y con carácter obligatorio. Sin embargo, este camino solo puede llevar a buen puerto si estas sentencias son acompañadas de un debido control y compromiso por parte de la sociedad civil, quienes son los que sustentan la autoridad de los miembros de las instituciones gubernamentales. Con el conocimiento surge la capacidad de cumplir en tiempo y forma, así como también la de cuestionar. La pasividad de la población solo beneficia a aquellos a quienes les interesa mantener bajo un velo de oscuridad el accionar del Estado.

 



[1] CSJ 692/2017/CSJ – “Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ apremio” – CSJN – 27/09/2018 (elDial.com - AAAC13)

[2] Mauro Crisafulli: Estudiante Derecho (UBA), orientación en tributario.

Eduardo Laguzzi: Abogado, docente universitario, especialista en Derecho Tributario

Lía D’ Aloisio: Estudiante Derecho (UBA), orientación en tributario, Estudio Jurídico Krell/Zelenay

Tomás Brusco: Estudiante Derecho (UBA)

Matías Dambruoso: Estudiante Derecho (UBA), orientación en tributario

[3]PALACIO, Lino E., “El recurso extraordinario federal. Teoría y técnica”, AbeledoPerrot, 1997, pág 14.

[4] Artículos 256, 257, 280, 285 y 286.

[5] RODRÍGUEZ SAIACH, Luis A., “El recurso extraordinario federal”, Revista Verba Iustitiae Nro. 2, Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, 1996, pág. 27.

[6] Csj 000692/2017/Cs001 Municipalidad De Berazategui C/ Molinos Rio De La Plata S.A. S/Apremio, 27/09/2018.

[7]Estos argumentos pueden ser vistos en el considerando séptimo del voto de Horacio Rosatti.

[8] M. 1020. Xlvi. Rhe Municipalidad De Mercedes C/ Arcor Saic S/Apremio, 07/08/2012.

[9] A. 92. Xlv. Rex Fallos: 337:1117 Asociacion De Editores De Diarios De Bs As (Aedba) C/ En Dto 746/03 Afip S/Medida Cautelar, 28/10/2014.

[10] Jarach, Dino: “Curso Superior de Derecho Tributario”, 2 ed., T. 1, Capítulo III”, p.101 y ss.

[11] Giuliani Fonrouge, Carlos María: “Derecho financiero”, 6°ed., vol 1, Título tercero,  Capítulo 1, punto 180, página 364 y siguientes.

[12] Spisso, Rodrigo R.: “Derecho Constitucional Tributario”, Capítulo X, p.187 y ss.

[13] Revilla, Pablo: “Delegación legislativa vedada para los aspectos sustanciales del tributo: artículo 76 de la Constitución Nacional”, Publicado en La Ley Online

[14] Saccone, Mario Augusto: “Manual de Derecho Tributario”, 2° edición actualizada y ampliada, página 65, La ley.

Citar: elDial.com - DC281C



Publicado el 15/08/2019

Copyright 2022 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Fallo comentado

LIBROS Y CAPACITACIONES QUE PODRÍAN INTERESARTE