La Mora Judicial: violencia institucional contra los adultos mayores

Por Aníbal Paz^[1]

La intención del presente comentario no es exponer al Juzgado ni a la Cámara interviniente -ni mucho menos a la parte actora. La pretensión hoy es dejar en evidencia que la burocracia judicial paralizante contribuye al agravamiento de los daños y problemas en cuya reparación se acude a la Justicia en primer término. ¿Y por qué no exponer a los tribunales intervinientes? Digamos con claridad: la mora judicial es la consecuencia de problemas históricos y estructurales que en largo exceden a los tribunales que han intervenido en el caso que se comentará a continuación. A la falta de recursos humanos y materiales – cuyo origen puede rastrearse en la desvergonzada y patética disputa de poder por las sillas vacantes en el Consejo de la Magistratura^[2]- se suman las pésimas condiciones y ambientes de trabajo. La otra mitad del problema, se encuentra en la actividad estatal desplegada desde lo inmemorial de los tiempos en contra de la clase pasiva, que a su turno se ve forzada a litigar in eternum en pos de la salvaguarda de sus derechos, generando una sobrecarga laboral que hace titánica la tarea judicial. Todo esto empuja, sin lugar a dudas a un desempeño anestesiado de la labor tribunalicia, al desempeño de la labor a reglamento, en piloto automático, y con el sentido común y la creatividad profesional adormecidos.

El caso que produce mi furiosa indignación comienza el 21/11/19, cuando se inicia una acción de inconstitucionalidad en contra de la ANSES, en el marco de la cual se solicitó una medida cautelar urgente con habilitación de días y horas inhábiles. Se peticionó expresamente la aplicación de Ley 27.360 que aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y que en mérito de ella se remueva todo tipo de obstáculo ritual o burocrático, para que se garantice la tutela judicial real, efectiva y oportuna.

En concreto se solicitaba que se ordene a la ANSES que se abstenga de retener o descontar suma alguna con base al art. 80 bis inc. 2 de Ley 19.101, que ya ha sido declarado inconstitucional por la CSJN en infinidad de causas a consecuencia del fallo Dondi^[3]. Se apeló también a la función preventiva del daño normada en el art. 1.710 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Resulta que el actor se encuentra gozando de un Retiro Militar del Instituto de Ayuda Financiera [IAF]. Ese beneficio es compatible con las tareas que viene desempeñando desde hace casi 30 años como profesor en la Universidad Tecnológica Nacional. Recordemos que con 25 años de servicios con aportes en tal carácter tiene derecho al otorgamiento de la Jubilación Ordinaria de Ley 26.508, correspondiente al Régimen Especial de Docentes Universitarios.

Pues bien, resulta que la pretensión de ANSES consiste en que la suma del beneficio militar más el beneficio civil que pretende el actor no puede superar la suma del Tope, establecido en el cuestionado Art. 80 bis Inc. 2 de Ley 19.101, lo que implica en la práctica y en su caso concreto, que el haber jubilatorio civil -calculado en la simultaneidad del Régimen Docente Universitario de Ley 26.508 más el Régimen Docente del Dec. 137/05- deberá reducirse hasta quedar reducido a prácticamente cero, lo que resulta ridícula y absurdamente confiscatorio e inconstitucional.

En esa inteligencia, al momento de iniciar la acción, la ANSES había retenido inconstitucionalmente –en virtud del mentado Art. 80 bis- una suma de los haberes jubilatorios civiles parciales otorgados (conforme servicios docentes previos del Dec. 137/05) y ha mandado a hacer un recupero por una suma muy importante de dinero. Entonces, aquí nos encontramos con un daño que al momento de demandar era actual. Pero también había un daño de inminente, producción que estaba a punto de producirse: el actor estaba a punto de perder su fuente de trabajo en la Universidad, ya que una vez que cumpliera los 70 años de edad podría ser dado de baja de la universidad, sin haber obtenido el alta al beneficio jubilatorio civil de ley 26.508 del docente universitario (en simultaneidad con el régimen jubilatorio docente [Dec. 137/05] que ya percibía).

En esa situación el juzgado con fecha 10/02/20 rechaza la medida cautelar, lo que fuera apelado. Pandemia mediante, recién con fecha 30/03/21 se provee la apelación deducida más de un año antes. Si bien la emergencia sanitaria podría ser un atenuante a la enorme demora, también ralentizó la causa a resultas de una subrogancia, y como si ello no fuera suficiente, con excesivo rigor formal, y un ritualismo inútil rayando en el sinsentido, se solicitó reacomodar los PDFs subidos al LEX100. Claro, para entonces el daño original ya se había agravado, lo que motivó un nuevo pedido cautelar, basado en las nuevas circunstancias: el actor cumplió 70 años de edad y fue intimado por su patronal para iniciar trámite jubilatorio, bajo apercibimiento de darlo de baja de su cargo.

En ese momento se planteó que el actor había obtenido un turno para iniciar el trámite jubilatorio de Reajuste por Suplemento Docente ante ANSES para el día 29/03/2021 y ya se anticipaban las conductas probables de ANSES. Por experiencias previas de casos análogos se sabía de dos alternativas de ANSES: a) o bien acepta el inicio del trámite, para luego aplicar el Tope establecido en el Art. 80 bis Ley 19.101, y en consecuencia denegar el beneficio solicitado – lo que finalmente ocurrió; o bien b) rechaza el inicio del trámite, precisamente por ese motivo. Se planteó entonces la nueva cautelar ya que en cualquiera de esos escenarios el actor quedará en falta ante su empleador, quien procederá a darlo de baja, con la pérdida de su salario, sin que haya podido acceder al beneficio contributivo especial solicitado.

Recién entonces, el 30/03/21, ante el nuevo planteo cautelar, como se ha dicho, el tribunal finalmente dijo:

“Sin perjuicio de lo solicitado, y advirtiendo en este estado que aún se encuentran sin despachar las presentaciones digitales de la actora efectuadas el 11/02/2020, e incorporadas a la causa el 23/12/2020, proveo: Concédase en relación el recurso de apelación deducido contra el interlocutorio dictado el 10/02/2020 (…)”

En pocas palabras, el juzgado no resuelve la medida cautelar, sino que se limita a elevar una causa apelada más de un año antes.

Para mayor indignación, en el despacho transcripto es que se omitió proveer un escrito presentado el 10/11/21, mediante el cual se urgía el despacho precedente y la resolución de la cautelar. En ese momento también se planteó que el daño por entonces temido se había consumado: ANSES dispuso el rechazo del reajuste iniciado. Es decir que el daño continuó agravándose.

Es en este punto donde la indignación adquiere su magnitud máxima: aquel escrito presentado el 10/11/21 es proveído, ya por la Cámara, recién con fecha 29/04/2022, y dice:

“Hágase saber al presentante que lo peticionado será atendido en la medida de las posibilidades atento el cúmulo de tareas que pesan sobre el Tribunal. (…) Sigan los autos según su estado”

A estas alturas resulta válido que el lector se pregunte ¿Son realmente viables las medidas cautelares intentadas en este caso? ¿No se tratará de alguna aventura judicial? La respuesta fue incorporada al propio expediente en la forma de dos antecedentes previos de medidas cautelares análogas despachadas favorablemente^[4]:

[El actor] “(…) ya se encuentra gozando de beneficios previsionales como lo son, Retiro Militar de Ayuda Financiera y Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra y que la presente acción tiene como finalidad el otorgamiento de la Jubilación Ordinaria Ley 26.508 Régimen Especial Docentes Universitarios. Habida cuenta que se encuentra en juego un derecho de carácter alimentario, y el peligro en la demora surge que el actor tiene más de 70 años de edad y oportunamente presentó su renuncia condicionada ante la Universidad Tecnológica Nacional, quedando a la actualidad cesante y privado de sus ingresos, previo ofrecimiento de fianza por parte de dos (2) letrados inscriptos en la matrícula federal, ha lugar a la misma. En consecuencia, ordenase a la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES otorgue en el plazo de veinte (20) días hábiles, la jubilación civil de Ley 26.508 (Jubilación Docente Universitario) oportunamente solicitada y se abstenga de aplicar el Art. Art. 80 bis. Inc. 2 de la Ley 19.101, es decir se abstenga de retener/ descontar o deducir suma alguna de los haberes jubilatorios del actor con fundamento en el Art. 80 bis. Inc. 2 de la Ley 19.101 (…) “

Así las cosas, las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la acción, y que dieron origen a los distintos planteos cautelares – debidamente fundados y con respaldo en precedentes- se han agravado, y a ello ha contribuido el desempeño de la propia Justicia, que estaba llamada a prevenir el daño, o en su caso a no tolerar su agravamiento. Para peor, el daño aún puede ser mayor: se acerca el momento en el cual la Universidad empleadora le dará de baja al actor, por vencimiento del plazo de la intimación. A partir de ese momento el actor perderá todos sus ingresos civiles, ya que para entonces quedará cesante de la universidad, sin haber obtenido aún la jubilación contributiva especial peticionada.

 ¿Resolverá la Justicia antes de que el daño sea total? Mucho me temo que no, ya que la Justicia se sigue enredando e incurriendo en “exceso ritual manifiesto que puede implicar el rechazo de peticiones urgentes sobre derechos alimentarios, constitucionales y urgentes”, tal como afirma la Comisión de Seguridad Social de la Asociación Abogados del Fuero al criticar en un comunicado^[5] del 20/05/22 la Res. CFSS 02/2022, relativa a los “Índice de Voces de Escritos del Fuero Federal de la Seguridad Social”.

En este punto debo retornar a la Convención ya citada, la cual aconseja un enfoque diferencial con perspectiva de edad a los fines de la resolución de este tipo de causas en las cuales se encuentran en juego derechos alimentarios de personas adultas mayores. La Justicia no queda al margen de las prescripciones del Art. 31 de la Convención que con claridad establece: “La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, (…) para la determinación de sus derechos (…) asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales (…) en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos (...) judiciales”. [Los destacados me pertenecen]

Es más, la Convención agrega: “Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna (…)”. A su turno el Art. 3 dice: ´Son principios generales aplicables a la Convención: (…) g) La seguridad (…) económica y social. (…)”. En tanto, en su Art. 9 la Convención aclara el concepto de seguridad económica: “La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de (…) la posición socio-económica, (…) su contribución económica o cualquier otra condición”. Además aclara que “se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre distintos tipo de abusos, incluso el financiero y patrimonial (…)´ todo aquel que ´(…) sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”.

En definitiva, el concepto de violencia contra la persona adulta mayor incluye aquella violencia patrimonial o financiera perpetrada por el Estado, y en lo que este comentario versa, a la tolerada por la propia Justicia. En los términos ya expresados, es válido afirmar que el actor en esta causa padece de violencia patrimonial, financiera -y también simbólica- perpetrada por el Estado/ANSES, y tolerada por la Justicia.

Por supuesto, el caso analizado podría decirse que es atípico, que es único, y que no pueden extrapolarse conclusiones desde un caso particular hacia todo el sistema judicial. Si bien todo ello es cierto desde la lógica académica y judicial, cuando hablamos de sentido común, son los propios adultos mayores quienes con sabiduría afirman que, para muestra, solo hace falta un botón. Absit iniuria verbis.